La PGR, guardián de los secretos de Fox

Apro / Daniel Lizárraga / México

El pasado 6 de junio, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado a unos 900 funcionarios reunidos en el Palacio Nacional para que acabaran con el influyentismo y el amiguismo, a fin de construir un Gobierno caracterizado por rendir cuentas.

A la izquierda del mandatario estaba el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, quien aplaudió efusivamente el discurso presidencial en el salón Tesorería. Relamido y de traje oscuro, escuchó la orden de actuar con transparencia y “ponerse en los zapatos de la gente o al otro lado del mostrador”.

No obstante, entre el 23 de mayo de 2007 y el presente mes la dependencia ha incumplido 12 veces la entrega de averiguaciones previas y expedientes sobre no ejercicio de la acción penal en casos de interés público, en su mayoría relacionados con el expresidente Vicente Fox y su familia, como consta en estadísticas e informes del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a los que tuvo acceso este semanario.

De esa media docena de incumplimientos, en cinco casos PGR los ha rebotado convertidos en denuncias contra el IFAI ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), precisamente por pretender que rinda cuentas de su actuación.

Según la PGR, los expedientes sólo son accesibles para los involucrados, nadie más, aun cuando los casos estén cerrados y exista un mandato del IFAI para facilitar la información.


Obligadas a acatar

De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, la PGR y otras 240 dependencias están obligadas a acatar las resoluciones del IFAI, no importa si los funcionarios encargados de la custodia de los expedientes están de acuerdo con los comisionados del instituto. Como sucede con un juez de última instancia, sus decisiones son inapelables.

Eso dice la norma. Pero la PGR se negó a entregar averiguaciones previas desde que una organización no gubernamental de Cuernavaca, llamada Observatorio por la Transparencia, pidió la investigación sobre los Amigos de Fox.

En los reportes internos del IFAI consultados por el reportero se establece que siete de los 12 desacatos afectaron las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández, de Reporte Índigo; Elizabeth Velasco y Gustavo Castillo (por separado) de La Jornada; Arelí Quintero, reportera independiente; y Omar Sánchez de Tagle, jefe de información de W Radio.

La lista incluye a Rogelio Flores, coordinador del Banco de Datos de Proceso, así como del corresponsal de este semanario en Chiapas, Isaín Mandujano.

Los juicios de nulidad promovidos por la PGR contra las resoluciones de los cinco comisionados del IFAI están en trámite en el TFJFA, peculiar tribunal que pertenece al Gobierno federal. El presidente y los 15 magistrados de la Sala Superior son nombrados directamente por el Mandatario en turno, en este caso Felipe Calderón.

En años recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intentado que el TFJFA quede bajo su responsabilidad para garantizar su independencia respecto del Ejecutivo, pero no ha tenido éxito. El tema forma parte de la reforma al Poder Judicial, que aún se discute en el Congreso de la Unión.

Los gobiernos panistas y el TFJFA tienen estrechos vínculos. Actualmente, la cabeza del tribunal es el magistrado Francisco Cuevas Godínez, quien se desempeñó como consejero adjunto de la Consejería Jurídica de la Presidencia en el sexenio de Fox. Entonces, el titular de esta oficina era Juan De Dios Castro, actual subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.


Prohibido indagar

En febrero de 2007, el representante de la ONG Observatorio por la Transparencia, Ignacio Suárez Huape, recurrió a la PGR como parte del seguimiento que realizaba de una de las empresas relacionadas con Amigos de Fox, ya que presuntamente también habría financiado la campaña del ex gobernador Sergio Estrada Cajigal.

“La mejor forma de desahogar esa idea era tener acceso a la investigación. Los expedientes cerrados son públicos. Lo difícil, al menos así parecía, era esperar a que abrieran”, comentó. Sin embargo, eso jamás sucedió.

Desde hace seis meses, Observatorio por la Transparencia espera recibir la versión pública de la averiguación sobre Amigos de Fox. Pero según los registros del IFAI, este fue el asunto en que la PGR dio un viraje a la cerrazón.

La periodista Arelí Quintero, pidió acceso al mismo expediente, pero la PGR clasificó el archivo por 12 años. Y aunque la resolución de la dependencia fue rechazada por unanimidad en el IFAI, la victoria le duró poco a la reportera.

Desde hace tres o cuatro meses está esperando recibir la versión pública de ese caso: “Hago una investigación. Segura estoy que en el expediente aparecerán cosas nuevas. Sé que hay declaraciones y documentos importantes”, comenta.

En la misma situación está Gustavo Castillo, reportero de La Jornada. Según el expediente 35551/07, él solicitó “copia de las averiguaciones previas contra Vicente Fox”.


70 días de espera

La PGR perdió este caso el 21 de noviembre de 2007. Desde entonces el IFAI no ha recibido notificación de que se le haya entregado a Castillo una versión pública de los expedientes, como ordenaron los comisionados.

Al igual que en los casos anteriores, en la sesión del instituto donde se trató la petición de Castillo, los comisionados Alonso Lujambio y Jacqueline Peschard se excusaron de votar porque fueron consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y como tales participaron en la investigación sobre Amigos de Fox.

En busca de una salida, la comisionada María Marván le dio una opción al reportero Castillo: si quería copias de las averiguaciones concluidas tendría que esperar 70 días, y si prefería sólo el dictamen de no ejercicio de la acción penal, el plazo era de 15 días. La PGR nunca se mostró dispuesta a cumplir ninguna de las dos posibilidades.

Otros expedientes que la Procuraduría se ha negado a entregar corresponden a investigaciones ya concluidas sobre lavado de dinero en los últimos tres años. Estos documentos fueron solicitados, también el año pasado, por el coordinador del banco de datos de Proceso, Rogelio Flores.

Uno más trata sobre un presunto desvío de recursos públicos en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Este archivo fue requerido por el corresponsal de Proceso en Chiapas, Isaín Mandujano, a quien los comisionados del IFAI le dieron la razón por unanimidad, puesto que se trataba de un expediente concluido.

En el mismo caso está el ciudadano Norberto Vázquez, quien pidió estadísticas sobre las averiguaciones previas contra el exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett, y el senador panista Santiago Creel.


Decidirán foxistas

Desde que llegaron los primeras solicitudes de acceso a expedientes en poder de la PGR, en su mayoría tramitados por reporteros, los comisionados del IFAI fueron tejiendo lineamientos para saber cómo actuar. Los reunieron en el Régimen aplicable a las averiguaciones previas en materia de acceso a la información.

En esta norma precisaron que los expedientes en trámite o en espera de nuevas pruebas permanecerán cerrados. En el documento se establece que son susceptibles de abrirse aquellas averiguaciones previas en las que se decidió no ejercitar acción penal.

Usualmente los comisionados aprueban la entrega de versiones públicas en las que se omiten los datos personales. Cuando se reciben recursos promovidos por reporteros, el criterio ha sido el siguiente:

“En ciertos casos, particularmente de averiguaciones previas respecto a servidores públicos por delitos relacionados con el ejercicio de su encargo o asuntos de alto interés público como delitos electorales o tráfico de influencias, el IFAI ha efectuado una ponderación para determinar si existe un interés público de conocer cierta información que en principio podría considerarse confidencial, en relación de su relevancia en la vida pública del País”, se indica.

Este criterio pesó de forma decisiva en los casos sobre Amigos de Fox. Lo mismo sucedió con las peticiones para saber cómo los hermanos Bribiesca Sahagún se libraron de las acusaciones por tráfico de influencias formuladas por la Cámara de Diputados. La única diferencia entre ambos asuntos es que, en el relativo a los hijos de Marta Sahagún, la PGR ya presentó una denuncia contra los comisionados del IFAI.


Archivos cerrados

La decisión definitiva y rotunda de la PGR es no abrir esos archivos, como confirma el comunicado que envió la PGR a Proceso cuando este medio quiso averiguar las razones para no ejercer acción penal contra Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.

La dependencia encabezada Medina Mora ratificó que el tema está cerrado por 12 años, a pesar de que el IFAI les ordenó desclasificar el expediente. Agregó la Procuraduría:

“El titular de asuntos jurídicos de la presente institución presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra la resolución 042/2008 dictada por el IFAI. Por lo que en ese sentido, me permito informar que no existe dicha versión pública (sobre los hermanos Bribiesca)”.

La PGR envió su negativa a este reportero, pero también a otro destinatario: la Suprocuraduría de Derechos Humanos, encabezada por Juan de Dios Castro, quien fuera jefe del actual presidente del TFJFA.

El subprocurador y Francisco Cuevas trabajaron juntos en la Consejería Jurídica de la Presidencia de Vicente Fox. Ahora, el primero de ellos es uno de los principales opositores a que la PGR libere los expedientes judiciales, y el segundo será el responsable de conducir el TFJFA en la resolución sobre la postura del IFAI sobre la exoneración de los Bribiesca Sahagún.


Demandas en trámite

En total son cinco demandas contra al IFAI, incluyendo el caso de los Bribiesca. De acuerdo con los mencionados informes internos del instituto, están en trámite ante el TFJFA las protestas de la PGR ante las demandas de que abra los archivos de los siguientes casos:

–Averiguaciones previas cerradas contra la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, solicitadas por el ciudadano Blas Alejo Buendía. El número de expediente es el JN826-17-10-2.

–Averiguaciones previas y procesos penales concluidos en los que la líder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo Morales, sea la presunta responsable. Fueron requeridas por la reportera de La Jornada Elizabeth Velasco. El expediente es el JN 1458/08-17-01-3.

–Datos estadísticos sobre cuántos juicios contenciosos administrativos han iniciado ante la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa. Hizo la petición el ciudadano Jacinto Ibáñez y su expediente es el JN 6243/08-17-04-2.

–Averiguaciones previas terminadas, en su modalidad de versiones públicas, sobre delitos relacionados con la trata de personas, requeridas por Omar Sánchez de Tagle, jefe de información en W Radio (expediente JN 11343/08-17-10-8).

–Averiguación previa contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ya sentenciado por delitos contra la salud, solicitada por la periodista de Reporte Índigo, Anabel Hernández. El número de expediente es JN 4025/08-17-06-4.

Consultada por Proceso, esta última periodista dice que desarrollaba una investigación sobre personajes de la vida política y de los altos mandos castrenses que podían haber quedado impunes a pesar que existían pruebas contra ellos por su relación con el cártel de Juárez.

De hecho, comentó, una parte de esta investigación ya apareció en el libro Fin de fiesta en Los Pinos, pero necesitaba profundizar para comprender mejor lo que sucedió.

Anabel Hernández no sabía que el incumplimiento en la entrega de copias del expediente del general Gutiérrez Rebollo obedece a un juicio de la PGR contra el IFAI. Ninguna de las dos instancias se lo informó. En cambio, Omar Sánchez de Tagle, de W Radio, recordó haber sido notificado por el TFJFA, pero luego no supo más.


Montiel sí

A diferencia de lo que sucede con Fox y su familia, cuando Proceso pidió a la PGR conocer una de las dos exoneraciones al ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, la actitud de la dependencia no fue tan radical.

La primera reacción fue reservar durante 12 años ese expediente, pero tras perder un litigio, en lugar de ignorar a los comisionados o recurrir a una demanda de nulidad, como lo han hecho con los asuntos de Fox, esta vez sí entregaron una versión pública.

En las 78 páginas de las que consta la averiguación previa PGR/28/LD2001 se va desmoronando una de las denuncias que causaron mayor escozor, cuando este semanario, en su edición del 3 de julio de 2005, informó que Montiel había depositado 2 millones 800 mil dólares en la correduría Merrill Lynch, en Nueva York.

Desde septiembre de 2004 llegó a la desaparecida Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) una denuncia supuestamente formulada por Nicolás Neuman Stem, dueño de la empresa Envases y Productos Plásticos, S.A., contra el ex Gobernador mexiquense. Supuestamente aportaba copias de los depósitos en una transacción financiera que involucraba al secretario particular, Miguel Sámano Peralta, y al secretario de Economía del estado, Carlos Rello Lara.

Esto es lo que se manejó públicamente. La PGR investigó este caso durante dos años y tres meses sin poder comprobar algún delito de Montiel. En el expediente consta se trató de una denuncia apócrifa, pues el empresario Nicolás Neuman aseguró que él nunca solicitó la intervención de la Secodam, que las cartas enviadas no pertenecían a su compañía y que la firma plasmada en ellas no era la suya.

Además, la PGR afirma que Montiel y sus colaboradores no viajaron a Estados Unidos en esa época, tampoco tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, no hay indicio alguno de trasferencias de dinero irregulares entre ellos y, sobre todo, no existe disparidad alguna entre su forma de vida y sus propiedades con lo que ganaron como servidores públicos.

Según la PGR, Montiel es inocente.