Más operativos, más violencia

El diagnóstico de especialistas en temas militares y de seguridad nacional es duro: El combate contra los cárteles de la droga es “una guerra perdida” para el Estado mexicano. Consultados por Proceso, los expertos advierten que mientras más recursos destine a ella el gobierno de Felipe Calderón, las organizaciones criminales responderán con mayor virulencia y el país se irá envolviendo en una crisis de ingobernabilidad “similar a la de Afganistán”. “Estamos –dice uno de los expertos– en la antesala de un estallido cuyas consecuencias políticas y económicas podrían ser catastróficas”.

Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, cabeza del clan conocido como Los Tres Caballeros, es uno de los protagonistas de la guerra sin tregua que libra esta organización en contra de sus exsocios del cártel de Sinaloa. Y, además, con su ejército de sicarios ha puesto en jaque al gobierno federal en buena parte del norte del país.

Expertos consultados por Proceso coinciden en señalar que los operativos contra el narcotráfico ya no funcionan, resultan obsoletos y sólo están generando más violencia.

Eduardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quien ha estudiado lo que llama “la feudalización del narco” en México, explica:

“Los operativos no funcionan porque el gobierno está atrapado en la paradoja de la acción penal: mientras más fuerza imprima a la guerra contra el narco, los grupos criminales responderán con mayor violencia, como está ocurriendo, a tal grado que el Estado ya no puede garantizar vidas ni patrimonios.”

–Tanto el presidente, Felipe Calderón, como el procurador, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, afirman que se va ganando la batalla al crimen organizado. ¿Está usted de acuerdo con la visión gubernamental? –se le pregunta al especialista.

–La mayor presencia militar y policiaca en terrenos del narco no es indicador de éxito. La de Calderón es una guerra que pretendió ser algo así como una sinfonía, pero a la que le faltan muchos instrumentos. Por desgracia, el gobierno está empujando al país hacia una crisis de ingobernabilidad similar a la que padece Afganistán. En México, lamentablemente, ya hay muchos territorios afganizados…Y para muestra ahí están los muertos y las balaceras incontenibles.

Erubiel Tirado, experto en temas castrenses y de seguridad nacional, dice: “El gobierno argumenta que está golpeando en las redes de distribución y financiamiento de las organizaciones, particularmente del narco, pero es un razonamiento engañoso. Que haya más decomisos de droga o armas y de dinero también puede implicar que las operaciones delictivas son de mayor envergadura, lo que explica la persistencia del fenómeno tanto de la violencia como de las actividades criminales en sí”.

Javier Herrera Valles, comisario y excomisionado de la Coordinación de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien durante el inicio de la guerra contra el narco encabezó varios operativos en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, asegura:

“Los operativos son un fracaso desde que iniciaron en Michoacán, en diciembre de 2006, pues sólo se hace patrullaje urbano. Los elementos no tienen una idea clara de lo que persiguen. Se les instruye para el combate (al narcotráfico), pero no se les aporta la información suficiente ni se realiza el trabajo de inteligencia. Esto explica por qué los policías federales y militares no van sobre blancos específicos, sino de oportunidad. Como consecuencia de estas fallas, donde llegan las fuerzas del orden se generan estallidos de violencia.”

Defensa de territorios

La crisis interna del cártel de Sinaloa se debió a diferencias entre sus miembros y no fue resultado de los golpes gubernamentales. Según los expertos, esa crisis se ha convertido en el principal detonante de la violencia que asuela el norte del país. En este contexto, Sinaloa y Chihuahua, entidades ahora invadidas de militares, policías y narcos, son el ejemplo de la crisis más aguda que sufre el país en materia de seguridad.

Arturo Beltrán Leyva, con una larga trayectoria en el mundo del narcotráfico, parece estar decidido a destruir a sus exsocios y a utilizar todo su poder criminal para defender los territorios que ocupa su organización, como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, por citar sólo algunas entidades norteñas.

Dotado de dinero y armamento, Beltrán Leyva no ceja en su esfuerzo para eliminar a su viejo socio y exalumno, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sobre todo desde la detención de Alfredo, El Mochomo, hermano del primero, efectuada en enero de este año.

La violencia que se desató en Sinaloa –casi 950 ejecuciones en lo que va del año– es indicativa de que el pleito entre ambos es a muerte, a pesar de que en el pasado tuvieron una estrecha relación (Beltrán apoyó a El Chapo durante su encarcelamiento y después de su fuga del penal de Puente Grande), rota por diferencias financieras y disputas territoriales.

Es por eso que Beltrán Leyva ha concentrado sus ataques en contra del cártel de Sinaloa y de sus principales miembros: Ismael y Rey Zambada García; Ignacio Coronel y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, aunque de este último poco se habla.

Sus acometidas las realiza aliado con viejos rivales: Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez, y con una fracción de Los Zetas, a quienes les interesa controlar la ruta Sinaloa-Sonora, una de las más rentables para el narco.

El pleito entre Arturo Beltrán y los integrantes del cártel de Sinaloa, que comenzó a finales de 2007, derivó en una escalada de ataques que ya alcanzó a las familias de ambos bandos, con lo que se rompió una regla de oro del narcotráfico. Un severo golpe, por ejemplo, cimbró a El Chapo en mayo pasado: al parecer, sicarios de los Beltrán Leyva ejecutaron en un tiroteo a su hijo, Édgar Guzmán.

En esa balacera, cuyo escenario fue la ciudad de Culiacán –donde la semana pasada estallaron cuatro carros con explosivos, como los que detonaba Pablo Escobar en Colombia contra sus rivales del cártel de Cali–, también acribillaron a Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, conocida como La Emperatriz, y quien es identificada por las autoridades federales como operadora financiera de Ismael El Mayo Zambada, otro de los rivales de Beltrán.

Y eso no es todo. En una casa de seguridad de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en Culiacán, fue capturado, luego de una prolongada balacera, Alfonso Gutiérrez, identificado por las autoridades como primo de El Chapo Guzmán. Además, en las inmediaciones del lujoso fraccionamiento Urbi Quintas fue detenido Isaí Martínez Zepeda, señalado como sobrino del jefe del cártel de Sinaloa, quien circulaba en su camioneta con un fusil AK-47.

La célula de los Beltrán Leyva, conformada por los hermanos Arturo, Héctor, Mario y Carlos, también le ha pegado fuerte a la Secretaría de Seguridad Pública. Las investigaciones federales atribuyen a Arturo el asesinato de Édgar Millán, comisionado de la PFP, y de ocho agentes más de esa corporación en Sinaloa.

Pero al mismo tiempo que los Beltrán Leyva arremeten contra sus examigos, policías y militares, los integrantes del cártel de Sinaloa, quienes también cuentan con aliados en las policías federales, responden con la misma violencia.

Mediante sus órganos de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) detectó que por lo menos 40 ejecuciones perpetradas en los últimos 15 días en Sinaloa pueden atribuírseles a las siguientes personas: Manuel Torres Félix, El M1 –lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada–; Gustavo Izunza Izunza, El Macho Prieto, operador de Ignacio Nacho Coronel y presunto enlace con el llamado Zar de la efedrina, Zhenli Ye Gon, así como otro personaje conocido como El Cholo.

Desestabilización

La violencia y el miedo que enfrentan los pobladores de Sinaloa y Chihuahua, dos de las entidades con el mayor número de asesinatos en plena aplicación de los operativos, están presentes desde que inició la guerra contra el narco en Michoacán, en diciembre de 2006.

En cuanto comenzó la Operación Conjunta Michoacán, el estado cayó en una incontrolable desestabilización. Tan sólo entre diciembre de 2006 y finales de 2007, en la entidad hubo casi 3 mil ejecuciones con sellos espectaculares como las decapitaciones y la aparición de cuerpos mutilados de manos, lengua y órganos genitales.

Lo mismo ocurrió en Tijuana, donde el Ejército tomó el control de la ciudad, acuarteló y desarmó a la policía –vieja aliada de la organización Arellano Félix–, y mantuvo patrullajes intensos en zonas críticas. Pese a ello, las matanzas continuaron.

Lejos de convertirse en un dique para contener la violencia, los operativos la han fomentado en Guerrero –feudo de los Beltrán Leyva–, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas. Durante 2006 y 2007, estas entidades se convirtieron en tierra de nadie, pues aunque la SSP reforzó sus acciones con un mayor número de efectivos, al igual que lo hizo en Sinaloa y Chihuahua, la violencia siguió imparable.

“No contábamos con estrategia ni información de inteligencia. Los Zetas podían pasar enfrente de nosotros y no podíamos identificarlos. Andábamos dando, como se dice comúnmente, palos de ciego”, dice Herrera Valles.

–¿Tienen sentido los operativos para combatir el narcotráfico?

–Sí, pero deben ir acompañados de todo un aparato de inteligencia, logística y estrategia policial. Eso no se ve en los operativos. Los elementos sólo hacen presencia, recorridos, y eso no basta, pues los narcos ya no se inhiben al vernos: ahora nos atacan con sus mejores armas.

Buscaglia, conocedor del comportamiento del crimen organizado en más de 50 países, dice que los operativos contra el narco generan más violencia porque “la empresa criminal en México, como en Rusia, Colombia o África, cuando ve venir una sanción penal mayor, como lo hace Calderón con la represión de los operativos, asigna mucho más esfuerzo, dinero, recursos humanos y criminales para protegerse.

“Y se protegen a través de dos canales: la corrupción de funcionarios públicos a niveles bajos y altos del Estado, y mediante la violencia exacerbada. Y en esta estrategia de defensa los narcos utilizan muchos recursos económicos. Se valen del dinero para corromper, para reforzar sus ataques y generar más violencia.”

En el caso de México, añade, “esto es muy claro: vemos que la sanción penal aumenta y la violencia se recrudece. La sanción penal se refuerza (más operativos y más elementos policiacos y militares) y la delincuencia crece. Se trata de un contrasentido al que yo llamo la paradoja de la acción penal”.

Considera que ganarle la batalla al narco sólo con represión militar “es como pretender interpretar la Novena Sinfonía de Beethoven con dos violines”. A la orquesta gubernamental, dice, le faltan muchos instrumentos, como el ataque a los mapas criminales y financieros, y atajar los flujos de financiamiento que los cárteles destinan para responder a la guerra en su contra. En Estados Unidos se calcula que estos recursos son de entre 300 y 400 millones de dólares, indica.

Buscaglia observa que el escenario mexicano es crítico. Tanto, dice, que el presidente Calderón encamina al país a un estado de ingobernabilidad similar al que vive Afganistán.

“Cuando los grupos criminales le cobran dinero a los empresarios mayores y menores para salvaguardar su vida y su patrimonio, como ya ocurre en México, y el Estado no tiene un impacto en la producción de bienes y servicios y, peor aún, ante los ojos de la ciudadanía es irrelevante, estamos en camino de convertirnos en lo que las Naciones Unidas llaman un ‘Estado fallido’.”

Explica: “Si vamos a la versión más extrema de un ‘Estado fallido’ te encuentras a Sudán o Afganistán. Esperemos que México no llegue a ese punto, pero estamos caminando hacia allá. Hay determinadas áreas del territorio nacional que se están ‘afganistando’ y marchan, paulatinamente, por medio de la expansión operativa de los grupos criminales, hacia una ‘afganización’ o ‘Estado fallido’”.

Sin planes

Erubiel Tirado atribuye la violencia que se ha desatado en el país a dos factores: a la autodefensa de los cárteles por la acción de los operativos policiaco-militares, y a las luchas entre esas organizaciones. En esas pugnas, puntualiza, se dirimen venganzas y cuentas pendientes de esos cárteles con sus redes de protección oficial.

Sin embargo, afirma que los operativos –cuestionados porque sólo han generado más violencia en lugar de contenerla– tienen una falla de origen, que consiste en “pensar que una presencia abrumadora de militares y paramilitares era suficiente para disminuir la incidencia delictiva y los asesinatos”.

Puntualiza: “El enfoque presencial sin labores de inteligencia criminal hizo no sólo que persistiera el fenómeno, sino que las organizaciones delictivas aprendieran el comportamiento de los operativos para, tal como ocurrió después, enfrentarlos”.

El investigador y analista coincide con Herrera Valles cuando éste afirma que las fallas de la estrategia gubernamental son evidentes en el enfoque y en la instrumentación de los operativos, pues falta inteligencia.

Además, Tirado comenta que una de las fallas más graves del presidente Calderón al declararle la guerra al narco consiste en que sacó al Ejército a las calles sin un plan, pues a su juicio “es relativamente fácil sacar al Ejército para cualquier cosa, pero lo difícil es regresarlo a los cuarteles”. La razón: “En la última década se han generado tantos intereses en el Ejército por su uso en tareas de seguridad pública que difícilmente querrán ser confinados a sus tareas originales de defensa”.

Lo que ocurre en Sinaloa, dice Tirado, “es grave porque se trata de un escalamiento del conflicto. El narco ya aprendió la manera en que el gobierno está actuando y parece haber llegado a la conclusión que es hora de incrementar el costo de las acciones calderonistas en una zona de singular importancia para varios cárteles; de ahí el uso de los carros bomba”.

Cuando se le pregunta su opinión acerca de la infiltración del narco en la política, fenómeno que el investigador Buscaglia denomina “la feudalización”, Tirado responde:

“Estamos en la antesala de una crisis que explotará hacia 2012. El propio Calderón reconoció el problema hace unos meses en Tamaulipas. Aunque lo limitó al ámbito local, es evidente que el gobierno tiene indicios del fenómeno en otros niveles. A mi juicio (la infiltración del narco en la política) es otra degradación. Y si en lo social estamos fracasando, políticamente no podemos esperar otra cosa. El riesgo es grande y toca a la legitimidad misma del Estado.”

Proceso
21/07/2008