Carlos Acosta Córdova/ Proceso
MEXICO, D.F., 19 DE JULIO /Si los 16 contratos entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar –la mayoría de ellos firmados por el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando era simultáneamente apoderado legal de la empresa y funcionario público– mostraron el tráfico de influencias entre la paraestatal y la élite gobernante, la relación comercial entre el hermano del funcionario, Carlos Mouriño Terrazo, y Pemex Refinación, da cuenta de los favores que el gobierno de Felipe Calderón dispensa a la familia del secretario.
Información obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revela que Carlos Mouriño Terrazo firmó –hasta febrero de este año, un mes antes de que se desatara el escándalo por los contratos de Juan Camilo– 108 contratos con Pemex Refinación, de los cuales 37 son contratos de franquicia para estaciones de servicio (gasolineras), otros 37 contratos de suministro de combustibles y 34 contratos de crédito, que le permiten a Mouriño pagarle a Pemex hasta nueve días después de que le suministró las gasolinas y el diesel.
En total, son 105 contratos en la administración de Calderón, pues los otros tres –uno para estación de servicio, otro para suministro y uno más de crédito– fueron firmados en julio de 2006, todavía en el gobierno de Vicente Fox.
Los contratos fueron firmados invariablemente por Carlos Mouriño Terrazo en su calidad de secretario del Consejo de Administración de ESGES, S.A. de C.V., que son las siglas de Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste, filial de GES.
De los expedientes obtenidos por Proceso en relación con los contratos entre ESGES y Pemex Refinación –de mil 707 páginas– se desprende que Carlos Mouriño Terrazo pudo establecer 16 gasolineras en 2007 y otras 20 en 2008, en este último caso en un tiempo récord: 15 estaciones de servicio en enero y 5 más en febrero.
A principios de marzo de este año, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer públicamente los contratos entre Ivancar y Pemex Refinación, firmados por Juan Camilo Mouriño (aunque días antes la revista Contralínea había dado cuenta del hecho). Acaso por ello, la familia detuvo la febril carrera por llenar de gasolineras el sureste mexicano.
Porque, en efecto, no hay entidad de esa región que no cuente con gasolinera de ESGES. Según los contratos obtenidos por Proceso, estos son los municipios donde los Mouriño tienen estaciones de servicio, obtenidas en este sexenio: Campeche: Calakmul, Hopelchen, Champotón, Calkini, Hecelchakan, Carmen, Palizada, Escárcega, Ciudad del Carmen, Puerto San Francisco y Campeche, la capital, donde pusieron siete estaciones de servicio.
En Tabasco: Macuspana, Emiliano Zapata, Nacajuca, Centro, Jonuta y Centla. En Quintana Roo: Chetumal, Othón Blanco y Cancún. Yucatán: Mérida y Halacho. Chiapas: Palenque. Veracruz: Minatitlán.
Pero si es llamativa la celeridad con la que Mouriño Terrazo obtuvo tantas franquicias para operar estaciones de servicio en tan poco tiempo, lo es más la generosidad de Pemex Refinación hacia el empresario español, pues éste en muchos casos no pagó un quinto para operar la estación de servicio, ya sea que estableciera una nueva gasolinera o que se tratara de un cambio de franquiciatario.
De acuerdo con la información obtenida, de las 37 estaciones de servicio que obtuvo, en 27 casos “pagó” –y así dice en varios de los contratos–“$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) más IVA”. En las diez restantes efectuó pagos –son cuotas por el cambio de franquiciatario, para operar como estación de servicio, y cuotas por posiciones de carga– que fluctuaron entre los 150 mil pesos y los 313 mil pesos (como fue el caso de la gasolinera que puso en Mérida, Yucatán, y que fue la más “cara”).
En realidad, le salieron baratas las 37 gasolineras al hermano del secretario de Gobernación: hizo un desembolso total –en cuotas a Pemex Refinación– por 1 millón 956 mil 575 pesos. Una bicoca.
Y un negociazo, pues por cuenta de Pemex corre la asistencia técnica para la construcción y la operación de la estación de servicio; mientras que el franquiciatario obtiene a crédito el suministro de gasolinas, diesel, lubricantes y demás productos que en ella se expenden.
Esa es sólo una parte del emporio de los Mouriño, que ha logrado despuntar en los gobiernos panistas, pues el Grupo Energético del Sureste, el corporativo, está integrado, además de las estaciones de servicio, por una creciente y poderosa flota transportista que distribuye los productos de Pemex a cuanta gasolinera se pueda, propia o ajena, y también por una igualmente creciente cantidad de franquicias, tales como Burger King, Church’s Chicken, Benedetti’s Pizza, Hipocampo, Baskin Robbins, Tintoreria MAX, GES Autowash y Tiendas de Conveniencia GES Express.
Y van por más. Por lo menos han hecho pública su intención de incursionar en el sector de la energía con la construcción de torres eólicas de última generación, que iniciaron este año. El Grupo Energético del Sureste armará 6 mil aerogeneradores, que producirán más de 5 mil megavatios de energía “limpia”: casi el doble de la capacidad eólica instalada en España o en Estados Unidos (Proceso 1648).
Tanta generosidad de Pemex con algunos ciudadanos de excepción fue definida por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, como parte de ese mundo de “irregularidades, opacidad y corrupción” que se vive en Pemex.
Durante su participación en el foro senatorial sobre la reforma energética del jueves 17, el titular de la ASF reveló que “el exceso de discrecionalidad de servidores públicos de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, ha propiciado la presentación de denuncias penales por parte de la Auditoría Superior, por cerca de 3 mil 500 millones de pesos.
“En cuanto al desempeño de Pemex, y como parte de la revisión de las últimas siete cuentas públicas, se le practicaron 240 auditorías, en las que se determinaron mil 590 observaciones, y 2 mil 100 acciones promovidas, que incluyen pliegos de observaciones, promociones de responsabilidades administrativas y denuncias penales. Derivado de la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, se lograron recuperar 3 mil 546 millones de pesos en beneficio del patrimonio de Pemex.”
Cuando reinaban los Fox
Si los Mouriño han destacado en este sexenio entre los principales beneficiarios de Pemex, en el anterior, con Vicente Fox, fueron muchos los que gozaron de la generosidad de la paraestatal y del gobierno. Pero pocos como la propia familia del presidente. Más allá de los célebres hermanos Bribiesca Sahagún, uno de los hermanos de Vicente Fox –Javier– gozó también de las mieles del parentesco.
Es el caso de la empresa transportista Flensa S.A. de C.V., que dirige Miguel Ortega Chaurand y de la que es socio importante Javier Fox Quesada, según detectó desde 2006 la comisión legislativa que se creó para investigar los negocios de la familia de Juan Bueno Torio, el ahora senador que fue director de la subsidiaria Pemex Refinación durante la administración pasada.
De acuerdo con información obtenida también a través de la Ley de Transparencia, dicha empresa firmó con la subsidiaria 20 contratos y convenios para el servicio de transporte terrestre de productos derivados del petróleo –la mayoría por adjudicación directa– por un valor total superior a los 674 millones de pesos.
Pero resulta que el grueso de los contratos y la mayor parte de ese monto –aproximadamente 660 millones, casi el 98%– se concretaron en el gobierno de Fox, de manera señalada en los últimos años y meses.
De acuerdo con los contratos consultados por Proceso, Autotransportes Flensa –en la que Javier Fox participa con más de 20 camiones, según las indagatorias de la comisión legislativa, a la que nunca desmintió el señalado–fue fundada en 1989, en Celaya, Guanajuato, y tiene su planta matriz en el Rancho Fracción Los Órganos, sobre la carretera Celaya-Salamanca, en Villagrán, Guanajuato.
De ser una empresa muy menor, es hoy todo un portento tecnológico, con sucursales en Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y Laredo, Texas. También cuenta –reza su publicidad– con autotanques dotados de sistemas a presión para el transporte de gas y amoniaco, así como unidades equipadas con tanques a presión atmosférica para transportar combustóleo y sus derivados. La propia empresa dice que, tan bien le va, que “en los últimos años hemos incrementado nuestras ventas en más de 20%”.
Con “últimos años” se refiere específicamente a los del gobierno de Vicente Fox, porque de acuerdo con las copias de los mencionados contratos, Flensa es contratista de Pemex desde 1999, en el gobierno de Ernesto Zedillo.
Antes esa empresa se dedicaba sobre todo al transporte de alimentos, principalmente perecederos. En el sexenio referido obtuvo siete contratos, que apenas sumaron 14 millones de pesos. El más alto fue de poco más de 6 millones de pesos y está fechado el 23 de diciembre de 1999. Pero apenas llegó Vicente Fox a la Presidencia… y el descaro: el primer contrato, firmado el 20 de diciembre de 2000, con Pemex Refinación –Bueno Torio al mando– fue hasta por 23 millones 611 mil pesos.
Y de ahí p’al real. Si durante el último tramo del gobierno de Zedillo, los contratos de Flensa tenían una duración de 12 meses, con Fox los contratos millonarios eran a veces de días, como el firmado el 5 de diciembre de 2002, por 5 millones de pesos, con una vigencia desde esa fecha hasta el día 31 del mismo mes.
Con frecuencia, Flensa gozó del privilegio de firmar contratos adicionales o modificatorios que aumentaban generosamente el monto original. Un ejemplo: el 20 de diciembre de 2002 firmaron las partes un contrato por 81 millones 500 mil pesos, que fue modificado cuatro meses después, el 28 de abril de 2003, para llegar a casi 98 millones de pesos.
Fue una constante la modificación de contratos, obviamente siempre para ampliar su monto. En las justificaciones para hacerlo así hubo de todo, aunque reiteradamente se argumentaba una sobredemanda en la utilización de los equipos de transporte a causa de un mayor movimiento de los productos petrolíferos. Explica uno de los contratos: “Derivado de la baja producción en la refinería de Salina Cruz, se requirió incrementar los movimientos de Pemex Diesel y Pemex Magna”. Otras causas: “Incremento en el movimiento de insumos desde las refinerías de Minatitlán y Madero; déficit de gasolina Pemex Magna en el sistema nacional; sobreproducción de Pemex Diesel en la refinería de Cadereyta, lo que generó un mayor desplazamiento del producto hacia la zona Golfo del país, y conclusión de los contratos para la utilización de buquetanques para el suministro del Golfo y el Pacífico”.
En otros casos, para ampliar el monto de los contratos, se argumentó “movimientos de producto no programados”, que crecieron “considerablemente” por varias causas, entre ellas: “Derivado de la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, se continúan (sic) los movimientos de Pemex Diesel y Pemex Magna con origen Zona Norte hacia las terminales que reciben vía poliducto dentro y fuera de su zona de influencia, tales como Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Celaya”.
También se argumenta: “Excedentes de combustóleo en las refinerías de Caderyta, Tula y Salamanca, generando movimiento de este producto con destino a las terminales de Ciudad Madero y Pajaritos, a fin de evitar la baja de proceso en dichas refinerías”.
Para cualquier contingencia que se presentara, ahí estaba Autotransportes Flensa, de Miguel Ortega Chaurand y Javier Fox Quesada… para resolver los problemas y llevarse otra buena tajada. Como el contrato firmado el 29 de diciembre de 2003, por 89 millones 300 mil pesos, con plazo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, pero que requirió un complemento de casi 18 millones más, el 29 de noviembre del mismo año.
Al final del sexenio foxista ya ni las formas se guardaron. Flensa obtuvo un generoso contrato por casi 314 millones, con características inéditas: “El plazo del presente contrato será a partir del 1 de junio de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2008, o antes de esta última fecha si se agota el monto máximo autorizado en el contrato, lo que ocurra primero”.
El contrato es multianual y estipula así el desglose: 41.4 millones de pesos para los últimos siete meses de 2005; 84.6 millones para todo 2006; 91.5 millones para 2007 y 96.4 millones para 2008. Todo, obviamente, por adjudicación directa.
A Flensa le fue mejor inclusive que a Ivancar, de Juan Camilo Mouriño, pues el contrato multianual más grande que ésta firmó con Pemex Refinación, y con vigencia del 1 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2008, fue sólo por casi 40 millones de pesos.
No obstante, como en su momento fue de los únicos que se supo, los contratos de Ivancar y otros autorizados por Juan Bueno Torio fueron motivo para que en 2006 los entonces diputados Sofía Castro, Martha Palafox y Jesús González Schmal interpusieran quejas y demandas en la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República por “abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias”, delitos en los que presuntamente habrían incurrido los funcionarios de Pemex Refinación al autorizar las contrataciones multianuales, que son contrarias a las leyes en la materia.
La acción de los diputados no prosperó. La opacidad y las irregularidades en Pemex, como dice el auditor González de Aragón, salieron triunfantes.
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