Atención médica de elite para 96 mil burócratas
| Autor: Ana Lilia Pérez | Sección: Portada |
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Los funcionarios del país, desde los secretarios de Estado hasta personal de enlace, son privilegiados con un sistema de salud privado a costa del erario, en claro desdén del servicio médico público y a espaldas de millones de mexicanos –derechohabientes o no– que a duras penas obtienen este beneficio constitucional
En México hay dos servicios de salud: uno para millones de trabajadores comunes y otro para 96 mil 254 funcionarios.
Ambos se sostienen con recursos públicos. Mientras que un funcionario cobija a toda su familia en exclusivos hospitales, el 90 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrenta a un servicio deplorable.
El Sistema Nacional de Salud es una quimera para la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).
La PEA en México es de 42.5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales 21 millones 432 mil tienen seguridad social: 18 millones 721 mil del IMSS y 2 millones 516 mil en el ISSSTE, 140 mil de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), más sus respectivos derechohabientes. El 50 por ciento de la PEA carece de este derecho pese a que la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al sistema de salud a los 120 millones de mexicanos, independientemente de si trabajan o no.
Entre los 21 millones de derechohabientes hay un abismo: los empleados comunes reciben atención médica en un sistema donde las mujeres mueren por parto, los hombres de diabetes, los niños por un resfriado, y cualquiera por descuido o negligencia. Es el rostro de las 25 mil quejas que cada año recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por negligencias y maltrato.
Los funcionarios públicos son beneficiarios de ese mismo sistema –integrado por el ISSSTE, IMSS, ISSFAM y Pemex–, pero mejor optan por atenderse donde la atención médica implica confort, habitación privada, love set, teléfono y televisor con control remoto, dieta saludable y una confortable cama para la familia. Así evitan una larga espera, el tedio, la frustración por falta de medicinas, malos tratos y negligencia. Eso queda para los millones de derechohabientes que cotizan puntualmente.
Por el servicio de salud que se recibe se califica el tipo de ciudadano que se es en México, dice el legislador Joaquín de los Santos Molina, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
“Hay mexicanos de primera y de segunda. Quizá el Ejecutivo quiera revestir de legalidad que a sus funcionarios les contrate servicios de salud privados, pero es completamente inmoral, sobre todo porque es el gobierno quien impone ese trato a los mexicanos, cuando el ejemplo que debía dar es la igualdad, es decir, mandar a sus funcionarios públicos a recibir atención pública”, dice el legislador.
Prebenda presidencial
De acuerdo con el Manual de percepciones de la administración pública federal, es el jefe del Ejecutivo quien decide los beneficios de los funcionarios y su personal de enlace. Para su gestión “en un marco de austeridad y transparencia”, Felipe Calderón autorizó cuatro seguros: de servicios médicos, de vida, de incapacidad total y permanente, y de desempleo, para mandos medios y altos de la Presidencia, Consejería Jurídica, secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados.
Con ello dio continuidad a la prebenda de Vicente Fox para que la burocracia evitara el deficiente sistema de seguridad social público. Tan sólo el seguro de servicios médicos implica una partida de más de 1 mil millones de pesos que anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina bajo el rubro “Seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades participantes de la administración pública federal”.
La SHCP contrató el seguro con la trasnacional Metlife en marzo de 2008, por 1 mil 304 millones 347 mil 826 pesos, es decir, unos 80 millones de pesos mensuales, vigente para el periodo del 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2009.
Los beneficiados son 96 mil 254 funcionarios, 53 mil 285 cónyuges o concubinas, 106 mil 766 hijos, 7 mil 86 padres.
En total, 263 mil 391 asegurados. La póliza cubre el diagnóstico y tratamiento médico, cirugía, hospitalización y rehabilitación. El esquema no sólo impacta a las finanzas públicas, sino al sistema de salud pública, que también contempla a este segmento privilegiado como derechohabientes.
Proporcionalmente, el servicio médico de cada funcionario, su cónyuge y cada uno de sus hijos costaría a los contribuyentes 303 pesos diarios, pero para Metlife, todos tienen un valor distinto: la salud de un secretario de Estado y cada uno de sus beneficiarios cuesta 333 salarios mínimos mensuales por persona (unos 18 mil 248 pesos). Es decir, la póliza mensual de cada secretario (y cada uno de sus familiares) cuesta a los contribuyentes lo que 10 obreros cobran durante casi un año de trabajo. Hay 107 asegurados en esta modalidad.
La salud de un subsecretario cuesta 295 salarios mínimos mensuales, lo mismo que su cónyuge y cada uno de sus hijos, así como los oficiales mayores, jefes de unidad, y sus respectivas familias, es decir unas 1 mil 709 personas.
La atención médica de los directores generales cuesta 259 salarios mínimos mensuales (4 mil 452 personas); sus adjuntos, 222 salarios (entre funcionarios y derechohabientes suman 5 mil 154 beneficiarios); directores de área, 185 salarios (19 mil 956 beneficiarios); sus subordinados directos, 148 salarios (con sus derechohabientes suman 51 mil 969 beneficiarios); los jefes de departamento, 111 salarios (funcionarios y derechohabientes, 64 mil 817); el personal de enlace, 74 salarios (funcionarios y derechohabientes, 115 mil 227).
El contrato que diseñó la SHCP implica privilegios para otros personajes vinculados a las altas esferas del poder. Por ejemplo, en las bases, Hacienda le estipula que la empresa contratada debía integrar un grupo de hospitales adicionales a los que tuviera en convenio, entre los cuales pidió a Metlife que incluyera al Hospital San José de Zamora, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del expresidente Fox.
En unas semanas se licitará la renovación del seguro de gastos médicos mayores (que concluye en septiembre de 2009) y varias compañías preparan ya sus propuestas.
“En un momento en que el país está en crisis, debe haber congruencia de los altos funcionarios. Los nueve años del régimen panista se han caracterizado por la poca preocupación por el ahorro y la austeridad, es decir, no son gobiernos austeros, ni que se hayan preocupado en recortar salarios, ajustarlos un poco a la baja, por el contrario, se ha incrementado el gasto corriente, se han incrementado los privilegios, y una de las expresiones es el sistema de salud privado del que disfrutan”, señala Sergio Aguayo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Joaquín de los Santos, miembro de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, dice que debe eliminarse esta prebenda. Critica: “No es posible que Hacienda autorice este gasto cuando el país está en recesión; pero además, ante la displicencia de esa secretaría, las dependencias rembolsan a sus funcionarios hasta lo que gastan en aspirinas, cuando ese presupuesto debía destinarlo a suministrar medicamentos en el sector público, sobre todo en las clínicas rurales donde no hay nada, lo que he confirmado personalmente”.
El trato preferencial que el presidente hace en materia de salud atenta contra las políticas públicas, considera Clara Jusidman Rapoport, miembro del Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En entrevista, analiza que las disparidades en la atención de la salud de cada uno de los mexicanos “contribuyen a profundizar la desigualdad social”.
“Por intereses de diversos sectores, entre ellos los sindicatos, el gremio médico, el grupo de poder político del sector salud y los grupos conservadores y neoliberales, hemos mantenido un sistema de salud segmentado: salud para ricos, salud para clases medias, salud para trabajadores y sus familias, salud para población pobre y población excluida de todo los servicios”, detalla la también presidenta de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social.
En 2003, Jusidman fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó el análisis del derecho a la salud –estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se trata, asegura la investigadora del Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, de uno de los derechos más vulnerados a las clases pobres del país. Tal situación, “hace que cada vez más las clases medias y altas, entre las que se encuentran los servidores públicos, se alejen de los servicios públicos de salud y acudan a los privados y por lo tanto se profundice el papel que la provisión de salud tiene en aumentar la desigualdad y ciudadanías diferenciadas”.
Salud de elite
Si bien los funcionarios del gobierno de Calderón no gozan de óptima salud –revela la siniestralidad del contrato Metlife–, con la prebenda presidencial se atienden con especialistas en todas las ramas de la medicina. En contraste, los usuarios del IMSS o el ISSSTE esperan en promedio seis meses para que los diagnostique un especialista, señalan las quejas ante los órganos internos de control en ambos servicios a las que tuvo acceso Contralínea.
La siniestralidad del “seguro colectivo de gastos médicos mayores de las secretarías y entidades participantes de la Administración Pública Federal” revela los principales padecimientos por los cuales se han atendido los funcionarios del gobierno de Calderón. Indistintamente, todas las dependencias reportan casos de operaciones de nariz, lo que, según el diputado De los Santos, de la Comisión de Salud, deberá revisarse “para aclarar si se trata de procedimientos estéticos o médicos”.
Los empleados al mando directo de Felipe Calderón, en la Presidencia de la República, se atienden desde un reflujo, se operan el tabique nasal, se cuidan las anginas y se tratan las infecciones y alergias en hospitales del Grupo Ángeles, Médica Sur, Hospital Español, el ABC y el Hospital y Clínica OCA.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación usan, además, los hospitales Ángeles, el Christus Muguerza del Parque, el Centro Médico Tiber, el Inovamed de Cuernavaca, el Sanatorio Florencia y otros 37 hospitales privados para tratarse desde un colesterol alto, una fiebre, una urticaria, un absceso o una hernia.
Los que trabajan con Agustín Carstens, encargados de las finanzas públicas del país, y de aprobar las supuestas políticas de austeridad, usan unos 30 hospitales privados, clínicas de terapia y rehabilitación, centros de diagnóstico, oftalmológicos especializados para tratarse desde una dermatitis, venas varicosas, corregirse el tabique nasal, molestias de reflujo y hasta enfermedades como el hipopituitarismo.
Los de la Secretaría de la Función Pública, que dirige Salvador Vega Casillas, cuya función es evitar el manejo irregular y derroche del dinero público, son clientes de los hospitales Ángeles de las Lomas, Pedregal, Metropolitano, Médica Sur, el Country 2000, el Hospital Santa Coleta, el Hospital San José Satélite, Olympus Managed Health Care In, el Hospital Santa Mónica, para hacerse cirugías de nariz, tratarse arritmias, luxaciones, hipertrofia de la próstata, várices esofágicas, reflujo y gastritis, principalmente.
Los burócratas de elite de la Secretaría de la Reforma Agraria acuden al Hospital México Americano, el Ángeles del Pedregal, Metropolitano y de Las Lomas; al Infantil Privado, al Hospital Santa Elena y a Médica Sur. Mientras que los funcionarios se atienen enfermedades respiratorias y trastornos gástricos, sus hijos el acné y las torceduras de tobillos o luxaciones por caídas en patinaje o deportes extremos.
Aunque los funcionarios de la Secretaría de Marina, que encabeza el almirante Francisco Saynez, son derechohabientes del ISSFAM, prefieren atenderse en el ABC y Médica Sur, desde un trastorno de nariz, hipertensión o dolores de articulaciones. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales prefieren el Ángeles del Pedregal, el Hospital Bernardette, Thera Clinic y Médica Sur.
La elite diplomática al mando de Patricia Espinosa (en la Secretaría de Relaciones Exteriores) acude a los hospitales Ángeles y al Fresenius Medical Care. Los que comanda Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública se atienden una urticaria, gastritis, reflujo; se eliminan verrugas, se controlan la hipertensión o se operan la nariz en el Ángeles Metropolitano, mientras que sus hijos se curan el acné en el Centro Médico Atlanta y el Hospital del Valle; sus esposas evitan la preclampsia en el Hospital Ángeles del Pedregal.
Los directivos que administran los programas de combate a la pobreza (Secretaría de Desarrollo Social) usan el Hospital San Ángel Inn, el Christus Muguerza del Parque y el Ángeles de las Lomas si están en el Distrito Federal, o bien, las distintas sucursales del grupo Ángeles o el CIMA, en las entidades, si salen a trabajar a los estados.
Quienes trabajan con el procurador Eduardo Medina Mora (en la Procuraduría General de la República) acuden al Ángeles de las Lomas, al Metropolitano, al Dalinde y Médica Sur, y el Centro Médico Tiber, principalmente.
En su mayoría, se operan la nariz, se atienden ruptura de tendones, hernias y trastornos de próstata, o bien, se tratan problemas de reflujo y gastritis.
Desdén por el sector salud
El sistema público de salud mexicano fue punta de lanza a nivel mundial, porque redujo la mortalidad y aumentó la perspectiva de vida. El IMSS alcanzó altos niveles de calidad, sin embargo, “desde hace varios años se le ha dejado caer: en la calidad de su personal, su capacitación, equipamiento técnico, y, sobre todo, su sentido del servicio público.
En lugar de buscar que los servicios de salud a población abierta, que históricamente ha proporcionado la Secretaría de Salud para la población más pobre, alcanzaran los estándares de calidad del IMSS, la política de salud fue que los estándares del IMSS bajaran al del sistema de la Secretaría de Salud; es decir, la calidad se ha comprimido hacia abajo”, explica Clara Jusidman.
Sergio Aguayo, otro de los consultores que elaboró el diagnóstico de 2003 para la ONU, define como “paradójica” la política oficial ante el deterioro paulatino de esa institución: “A medida que ha ido sufriendo un deterioro paulatino, la solución de los altos funcionarios no ha sido la de acercarse a estos servicios de salud públicos, sino de buscar la protección privada, lo que realmente suena incongruente y poco sensible frente a la mayoría de la población que son los pobres”.
En efecto. Ni los funcionarios al mando del cirujano José Ángel Córdova Villalobos parecen confiar en el sistema para el que laboran, sólo así se explica que también su atención médica y la de sus familias sea en clínicas privadas. Los altos directivos son beneficiarios del seguro contratado por la SHCP a Metlife. Acuden en promedio a 13 clínicas de este nivel.
Desde la esposa del secretario de Salud, que se trata la gastritis, hasta los subsecretarios y sus hijos que se curan el reflujo en el Ángeles del Pedregal; se alivian los catarros en el ABC y se medican para la osteoporosis en el Hospital Español; las hemorroides, en el Hospital San José Satélite; se arreglan el tabique nasal en el Hospital Santa Fe y los esguinces en el Médica Sur, mientras los galenos del Hospital Infantil Privado vigilan el crecimiento de sus hijos.
Los directivos del Hospital General de México envían a sus hijos a curarse las amígdalas en el Hospital Durango; ellos se tratan los cálculos en el ABC. Sus esposas llevan su revisión ginecológica en Médica Sur. Los del Hospital General Doctor Manuel Gea González usan el Mocel para problemas de rodillas; el Hospital Español para tratarse la próstata. Los del Hospital Juárez de México acuden con especialistas del Dalinde para sus problemas intestinales.
Para su atención personal y la de sus familias, los funcionarios del Instituto Nacional de Salud Pública usan el sistema privado; son clientes del Sanatorio Henri Dunat, el Ángeles del Pedregal, Ángeles de las Lomas, Ángeles Metropolitano, el Hospital Santa Teresa, el Mocel, Español, ABC, Sports Clinic. En éstos se atienden desde un esguince de tobillo hasta el cuidado en el embarazo de sus cónyuges.
Los directivos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición usan Médica Sur y el Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tratan males como la laringotraqueitis aguda de sus hijos en el Médica Sur; los del Instituto Nacional de Cancerología son clientes del Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Rehabilitación acuden al Olympus Managed Health Care; los funcionarios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez son clientes de Médica Sur, Ángeles Metropolitano y Ángeles del Pedregal.
Además de expresar la enorme desigualdad que priva en el país, la disparidad en el sistema de salud es un atentado contra la democracia. En su informe de 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo documenta cómo las desigualdad en el acceso a los satisfactores mínimos –la salud es uno de ellos– es un problema estructural para un régimen democrático.
Sergio Aguayo, uno de los expertos del tema, explica: “Un ingrediente esencial de la democracia es que el Estado haga un esfuerzo por corregir las distorsiones que se generan en una sociedad por múltiples motivos, pero aquí lo que vemos, y es lamentable, es cómo los altos funcionarios contribuyen a que se amplíe esa brecha de desigualdad al protegerse con la medicina privada y darle la espalda a la medicina pública.
Estoy seguro que si el gabinete tuviera que atenderse en una clínica del Seguro Social o del ISSSTE lo pensaría dos veces antes de tomar decisiones, que perpetúan por múltiples caminos la desigualdad en el ingreso”.
Salud de burócratas, el negocio
| Autor: Ana Lilia Pérez | Sección: Portada |
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Con cargo al erario, paraestatales, fondos y banca de desarrollo e instituciones para la asistencia pública contratan de manera directa los servicios de hospitales de elite
La danza de los millones que se usan en la atención médica de la elite mexicana no termina en la contratación global que cada año hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entre 2007 y 2009, de manera directa, diversos funcionarios han echado mano de eventuales sumas millonarias para servicios médicos adicionales a los de su seguro institucional, contratados en su mayoría sin licitación pública.
Unas 200 empresas –entre ellas grandes corporativos y pequeñas clínicas– están empadronadas como prestadoras de servicios médicos y hospitalarios para el gobierno federal. La elección depende de cada funcionario, sin que necesariamente se atiendan los criterios que marca la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público de contratar la mejor oferta técnica y económica.
Por ejemplo, los del corporativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) son clientes frecuentes del Hospital Ángeles del Pedregal, los directores de las zonas petroleras se atienden en la cadena de hospitales que el mismo consorcio (Operadora de Hospitales Ángeles) tiene en el resto del país; los de la Lotería Nacional se rehabilitan en la Clínica Londres; los del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) se hospitalizan en el Ángeles o el Hospital Clínica Santa Fe; los de la Secretaría de Seguridad Pública también contratan cirujanos privados.
Por el número y monto de contrataciones, según el portal de Compranet, el consorcio más socorrido es Operadora de Hospitales Ángeles, SA de CV, razón social constituida en 2005. Su posición como médico de cabecera de los funcionarios se dio en el sexenio de Vicente Fox.
Entonces era pública la estrecha relación entre el presidente del corporativo, Olegario Vázquez Raña, y la familia de Los Pinos, a la que albergó en el Hotel Camino Real de Mariano Escobedo durante varias semanas, una vez concluida su gestión, y el mismo donde Ana Cristina Fox era jefa de relaciones públicas y donde, desde una suite, Manuel Bribiesca despachaba sus negocios.
La primera entidad de gobierno que contrató los servicios médicos del Grupo Ángeles para todos sus directivos fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuando estuvo encabezada por Luis de Pablo. El contrato anual implicaba 82 millones de pesos anuales.
En el actual gobierno, Pemex es la entidad que mayores servicios le ha requerido sin licitación pública de por medio, aunque la petrolera cuenta con su red médica. Se le conoce como la tercera organización de servicios de salud pública del país –después del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado– porque tiene dos hospitales centrales, seis regionales, 12 generales, tres clínicas-hospital, cuatro clínicas, 33 consultorios, 115 unidades de servicios preventivos de medicina del trabajo, 20 consultorios en centros de desarrollo infantil y siete coordinaciones médicas de zona.
En sus informes de productividad, la Secretaría de Salud indica que Pemex es la dependencia que más invierte en infraestructura y medicamentos. No obstante, sus funcionarios desdeñan esos servicios y optan por los que les ofrecen los privados.
Invariablemente, los directivos de las subsidiarias acuden al Ángeles del Pedregal; sus mandos inmediatos (directores generales adscritos a las zonas petroleras) utilizan la red de hospitales Ángeles, y los gerentes, superintendentes y mandos medios usan clínicas privadas de menor costo. El 80 por ciento de estos servicios se contrata sin licitación pública.
Algunos de los servicios pagados por la Subdirección de Servicios Médicos de Pemex en la gestión de Jesús Reyes Heroles son: El 2 de enero de 2007 pagó al Ángeles del Pedregal 170 mil pesos por el servicio de resonancia magnética (contrato 4800001538); el 1 de enero de 2008, estudios radiológicos de resonancia magnética, por 320 mil pesos (contrato 4400089824); al siguiente día, 330 mil pesos por un tratamiento de hemangioma (contrato 4800005267) en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
Ese mismo mes, la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex pagó 2 millones 169 mil 816 pesos por la atención médica de urgencia de uno de sus directivos (contrato 4400087919). El 1 de abril, 200 mil pesos por un tratamiento de hemodinamia en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
A la red de clínicas que maneja la Operadora de Hospitales Ángeles en los estados, el 1 de enero de 2008, la Coordinación Médica de Zona en Tampico le contrató 11 servicios de atención hospitalaria, que suman 2 millones 868 mil pesos (contratos 4400088793, 4400089027, 4400089029, 4400089451, 4400089466, 4400089467, 4400089468, 4400089469, 4400089470, 4400089471 y 4400089824). El día 22 la Subdirección Administrativa de Tula pagó el servicio de resonancia magnética por 320 mil pesos (contrato 4400087927).
El 23 de diciembre contrataron “estudios médicos” por 1 millón 621 mil pesos, mediante seis adjudicaciones (contratos 4400102039, 4400102045, 4400102052, 4400102054, 4400102112 y 4400102115).
El pasado 1 de enero pagó los servicios médicos, radiología, dermatología, entre otras, para Ciudad Juárez, por 442 mil pesos (adjudicaciones 4800007501 y 4800007813). El 13 de febrero se le pagaron servicios por 507 mil pesos (contrato CMZG-TLAQ-AD10-2009), y el pasado 29 de abril, por 402 mil 500 pesos (4800007628).
El consorcio médico no ha estado exento de observaciones del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex. El 15 de agosto de 2008, el titular del Área de Responsabilidades, Juan Adrián Puig Márquez, emitió una circular (número OICPM-AR-GI- 001/2008) a todas las dependencias del gobierno federal para que se abstuvieran de hacer contratación alguna con Operadora de Hospitales Ángeles, según la resolución OICPM-AR-202/2162/2007 del expediente 0018/2008, donde se le determinó como “infractor”.
La información que difundió el OIC es que “esta sociedad fue sancionada conforme a lo dispuesto a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 60, párrafo tercero, que establece que si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación no se ha pagado la multa que hubiere sido impuesta, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago”.
La multa ascendió a 81 mil 514.50 pesos y una inhabilitación de tres meses; se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de ese año.
Como surtía efecto al día siguiente, las entidades de gobierno tenían prohibido hacerle contratación alguna entre el 30 de agosto y el 30 de noviembre de 2008; sin embargo, funcionarios de Pemex rompieron este ordenamiento. Entre otros contratos, los números 48000098552 y 4400098549 se suscribieron el 7 de septiembre de 2008 –según el sistema Compranet–, es decir, en el periodo prohibido por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Al respecto, se solicitaron entrevistas con los directivos de Pemex y los de la compañía hospitalaria, pero no hubo respuesta.
Por servicios médicos entre 2007 y 2009, Pemex ha pagado 36 millones de pesos al Hospital Aranda de la Parra, de León Guanajuato; 2 millones 114 mil 468 pesos al Hospital de Cardiología y Cirugía Los Ángeles, de Irapuato; 4 millones 561 mil pesos al Hospital Bellavista, de Cuernavaca; 720 mil pesos al Hospital Bonavia, de Playas de Rosarito; 2 millones 434 mil pesos al Hospital Central de Apizaco.
Un millón 393 mil pesos al Hospital Ceracom, de Tabasco; al Hospital de La Paz, en Durango, 6 millones de pesos de Pemex; al Hospital de la Santa Cruz, de Querétaro, 45 mil pesos; al Hospital de Praga, de Mante, Tamaulipas, 451 mil 827 pesos; en Sonora, al Hospital del Socorro de Nogales, cuatro servicios por 865 mil pesos, al Hospital Fátima, ocho servicios por 2 millones 965 mil pesos; en Michoacán, al Hospital Fray Juan de San Miguel Uruapan, tres servicios por 1 millón 450 mil pesos; al Hospital Memorial, 8 millones 700 mil pesos.
Al Hospital Guadalajara, de Tijuana, Pemex le ha pagado 6 millones 110 mil pesos. Entre 2008 y 2009 le ha contratado al Hospital Siglo Veintiuno, de Mexicali, servicios por 3 millones 334 mil 698 pesos; al Hospital Metropolitano, de Tapachula, 3 millones 322 mil pesos; al Hospital Privado Magallanes, de Acapulco, 4 millones 522 mil 057 pesos; al Hospital Privado San José de Cajeme, Sonora, entre 2007 y 2009, Pemex le ha contratado servicios por 9 millones 426 mil 400 pesos; al Hospital San José de Monclova, en Coahuila, 3 millones 172 mil pesos.
Al Hospital San Agustín de Guadalupe, Zacatecas, entre 2007 y 2009, Pemex le ha pagado 5 millones 58 mil pesos; al Hospital San Javier, de Guadalajara, 39 millones de pesos; al Hospital San Jorge, de Durango, 453 mil 200 pesos; al Hospital San José de Hermosillo, 13 millones 775 mil pesos; a Hospitales y Quirófanos del Golfo, en Veracruz, 2 millones de pesos por servicios de hospitalización.
En diciembre de 2008, se contrató también una restauración dental a Médico Dental Arcam por 25 mil pesos.
Las contrataciones del Sae
El 31 de enero de 2008 –mediante la licitación 06812002-002-08–, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes contrató a Operadora de Hospitales Ángeles el servicio hospitalario y estudios de gabinete para sus directivos, cónyuges e hijos (1 mil 307 beneficiados), del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2008.
El monto fue de 19 millones 92 mil pesos por servicios médicos, y “una habitación con baño completo, teléfono, televisor a color con control remoto, reposet confortable de descanso, sofá o cama para acompañante con sábanas y cobertor, toma de oxígeno y succión directa, cama eléctrica u ortopédica con diversas posiciones según sea el caso, aditamentos para intercomunicación con la central de enfermería, lámpara de cabecera, mesa puente para alimentos sobre la cama, clóset, dieta conforme a la orden médica para cada caso”.
El 23 de diciembre el Sae le recontrató el servicio para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, pero el monto subió a 42 millones de pesos.
Adicional al paquete, el 1 de febrero pasado, el Sae pagó 1 millón 450 mil pesos (contrato BCR/NAL/EMP-020-09) por servicios de hospitalización de dos personas (adjudicaciones 06812002-0089- 09 y 06812002-0149-09).
A otras clínicas del interior del país también les ha pagado servicios. Tal es el caso de un servicio en el Hospital San José de Monterrey, que le supuso un costo de 210 mil pesos el 9 de abril de 2007 (contrato SAE/1257/2007).
Lotenal, altruismo simulado
Aunque todos sus empleados son derechohabientes del IMSS desde el sexenio pasado, la Lotería Nacional (Lotenal) es cliente frecuente de los hospitales privados.
Las contrataciones de este servicio –que anualmente implica una erogación de 100 millones de pesos– en el sexenio de Felipe Calderón, con Francisco Yáñez Herrera y Miguel Ángel Jiménez Godínez, dos personajes cercanos a Elba Esther Gordillo, al frente de la institución, han sido cuestionadas incluso por los mismos propietarios de los hospitales que, incluso, hablan de licitaciones amañadas.
En 2008 los servicios de primer nivel, por 40 millones de pesos, se contrataron a Médica Londres (que opera con la razón social Clase Médica), propiedad de Jorge Kahwagi, presidente del Partido Nueva Alianza (Panal), fundado por Gordillo.
Los de segundo nivel o alta especialidad se contrataron a Hospitales Ángeles por 47 millones 52 mil 559 pesos del 6 de febrero al 31 de diciembre de ese año; en diciembre se le pagó otro servicio médico por 2 millones 839 mil 856 pesos.
En 2009, la contratación regresó a manos del Grupo Ángeles, que desde el sexenio pasado entró como médico de la Lotería Nacional, en el mismo periodo en que esta institución era administrada por Laura Valdés Ruiz, cuya hermana, María Elena Valdés Ruiz, fungía como secretaria de la fundación Vamos México de Marta Sahagún, de la que Vázquez Raña era patrocinador.
Los servicios médicos que Lotenal contrata son supuestamente para los directivos de la institución, trabajadores de base y de confianza y billeteros, en toda la red de hospitales que maneja el Grupo Ángeles. En realidad, sólo los directivos de Lotenal tienen la posibilidad de recibir atención médica en cualquier de ellos. Para los billeteros la opción es el hospital Mocel, siempre y cuando cumplan las metas de venta.
Mario Montes, secretario general de la Federación Mexicana de Vendedores de Billetes de la República Mexicana, explica que es prácticamente imposible que los billeteros tengan este servicio. Detalla que la cuota mínima que se les pide es vender el equivalente a 397 salarios mínimos cada semana (es decir unos 22 mil pesos semanales) durante seis meses consecutivos o, de lo contrario, alcanzar la meta de 284 salarios mínimos para tener acceso al IMSS.
“Con la situación económica, cada vez son menos los vendedores con la posibilidad de esta prestación. Para acceder al Mocel hay que manejar varios estanquillos y vendedores porque el billetero no los vende. Si uno llega a la meta y en los siguientes meses no sostiene la venta, de inmediato le quitan ese derecho, y lo peor es que la mayoría de los que han perdido la prestación son los viejitos, que más necesitan el seguro”, dice Montes en entrevista.
Aunque perdió el contrato de Lotenal, el candidato a diputado federal por el partido Nueva Alianza Jorge Kahwagi tiene como clientes a los directivos de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y del Sae. El 10 de abril de 2007 el Sae le contrató los servicios hospitalarios generales y de alta especialidad de sus directivos por dos meses (del 9 de abril al 9 de junio de 2007), a un costo de 7 millones de pesos (contrato SAE/1264/2007).
El 11 de febrero de 2008, Nacional Financiera le contrató los servicios de estudios de radiología e imagen para sus directivos por 1 millón 597 mil pesos; el 21 de febrero los estudios de Laboratorio y Análisis por 530 mil pesos; el 3 de marzo le contrató los servicios integrales de atención médica y hospitalaria por 68 millones de pesos del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2008; el 31 de marzo, otro paquete de estudios de radiología e imagen por 387 mil pesos, el 14 de abril le contrató los servicios integrales y atención médica hospitalaria y de apoyo diagnóstico por 6 millones de pesos (licitación 06780018-010-08).
El caso Fonatur
A partir de esta administración, todos los empleados del Fonatur quedaron inscritos como derechohabientes del IMSS, explica su vocera, Sonia Figueroa; aún así, se gastan millonarias sumas en hospitales privados. Los mandos medios y altos mandos tienen un seguro de gastos médicos con la trasnacional Metlife, adicionalmente contratan otros servicios, como el que el 1 de enero de 2008 pagó Fonatur al grupo Ángeles por el servicio de cardiología y hemodinamia para ellos, por 6 millones 426 mil 713 pesos (contrato C-152-08).
El mismo 1 de enero le contrató al Hospital Santa Fe servicios de cirugía por 5 millones 478 mil 307 pesos (contrato C-147-08,) y el día 14 otros servicios de cirugía laparoscópica por 4 millones 763 mil 745 pesos. Al Sanatorio Oftalmológico Mérida, el 14 de enero de 2008 se le pagó una cirugía ocultar por 245 mil 611 pesos, y al Hospital los Cedros, 182 mil 608 pesos por un servicio.
En la salud de las autoridades no hay límites. A algunos se les permite contratar servicios de cirujanos y médicos privados, cuyos honorarios cargan también al presupuesto. Por ejemplo, entre mayo y junio de 2007 el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública federal, contrató a los médicos Edgar Morales Bonilla y Francisco Javier Muñoz Rodríguez para que hicieran una cirugía máxilofacial por 138 mil 888 pesos.
En abril de 2008 se pagó al médico Sergio Sital Gastélum 33 mil 300 pesos por un servicio de cirugía ocular (contrato OADPRS/030/200).
Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las autoridades involucradas en la contratación de servicios médicos ni los encargados de los sistemas del sector público respondieron a la solicitud de entrevista con Contralínea.
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