Reino de España
El acto se desarrolló frente a la sede del Ministerio de Cultura, ante la cual se dirigieron contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, al considerar que está "incapacitada legalmente" para tomar decisiones, "debido a su anterior vinculación al mundo del cine y sus relaciones familiares", manifestó Domingo en declaraciones a Europa Press.
El representante de los internautas denunció la negativa por parte del Gobierno de atender a las reivindicaciones que la asociación les ha manifestado, desde el nombramiento de González-Sinde como encargada de la cartera ministerial de Cultura. Entre estas reivindicaciones, destacan la universalidad de la banda ancha, para "hacer posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento". "Hay 4 millones de españoles que no pueden acceder a la banda ancha por el sitio donde viven, tenemos una ralentización del crecimiento del adsl, porque tenemos la banda ancha más cara y más lenta de Europa", denunció Víctor Domingo.
También se produjeron durante el acto discursos contra el canon digital. Desde la asociación defienden la "ineludible necesidad de restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura". "La Industria de contenidos debe asumir que los modelos de negocio que no puedan competir en el nuevo escenario tecnológico tienen que desaparecer y no pueden sostenerse artificialmente a costa de restringir las libertades civiles", demandó la asociación en un manifiesto.
En favor de "los derechos civiles de los internautas" la asociación también reivindicó, ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, la iniciativa del paquete 'Telecom' que pretende liberar la banda ancha de aquí a 2012 y permitirá que sea utilizada por los distribuidores de Internet, a través de una transmisión más rápida y más barata.
El abogado especializado en asuntos civiles en internet, Carlos Sánchez Almeida, reivindicó durante el acto la "defensa de la libertad en la red, la libertad de expresión y la inviolabilidad de las comunicaciones", porque "los derechos fundamentales no pertenecen a los necios que se aúpan a hombros de los corruptos, aquellos que llenan los pasillos de los juzgados y de los parlamentos conspirando para acabar con las libertades de los ciudadanos en la red", sino que "son de todos los ciudadanos".
"El Gobierno está pretendiendo recortar lo que dice el artículo 20 de la Constitución donde se dispone que solamente los jueces pueden secuestrar publicaciones", y reprochó al Ejecutivo "la pretensión de cerrar paginas webs, que no son más ni menos que una publicación".
Sánchez Almeida denunció la práctica que pretende llevar a cabo la Sociedad General de Autores (SGAE), que "se dedican a chalanear a los órganos administrativos con la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información para proporcionarles información y datos personales de los internautas, para que de esa forma la SGAE pueda demandar a los usuarios".
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