Impulsan alternativa frente al Consenso de Washington

En esta coyuntura de crisis estructural es bueno recordar que en 1989 se formuló el Consenso de Washington, programa general de los países subdesarrollados y subordinados a Estados Unidos y que incluye “una lista de 10 políticas que eran más o menos aceptadas por todo Washington” y de las cuales se destacan las de reordenamiento de las prioridades del gasto público, liberalización del comercio internacional y privatización. El consenso es considerado como un “complejo político-económico-intelectual” cuyas entidades son: FMI, BM, el Congreso de Estados Unidos, la Reserva Federal, la elite de la administración estadunidense y los institutos económicos.

Relativo al sector agroalimentario de México, desde los años 90 el consenso condicionó el financiamiento mediante el ajuste estructural; por eso la intervención gubernamental decantó en la reducción de Conasupo y Banrural; los liquidados, Anagsa y Conafrut; otros desmantelados como Inmecafé; y otros más privatizados como Fertimex y Pronase.

El continuismo en este sector a partir de 2000 ha sido fundamentalmente en favor de una política agresiva hacia la modernización rural vía negocios empresariales y reforzamiento del mercado con priorización a la distribución-abasto de las trasnacionales agroalimentarias.

En contraparte, se está prefigurando el Consenso de HARC, que es una propuesta de cuatro ejes: desarrollar la reducción de las importaciones, dinamizar el desarrollo interno, impulsar la autosuficiencia y, por ende, lograr la independencia económica.

Recientemente se publicó el libro sobre el Consenso de HARC, cuyo autor es el mexicano nonagenario y autodidacta Humberto Antonio Rodríguez Carrillo.

Guillermo Portugal Vela, asesor del sector social rural