domingo, 15 de julio de 2007
Reportaje
Felipe Calderón encubrió a los hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox y se burló de la Cámara de Diputados al ocultar durante seis meses información sobre las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
El gobierno calderonoista encubrió a los hijastros del ex presidente Fox y se burló de la Cámara de Diputados al ocultar durante seis meses información sobre las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún
El gobierno de Felipe Calderón encubrió a los hijastros del ex presidente Vicente Fox y se burló de la Cámara de Diputados al ocultar durante seis meses información sobre las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
Además, los actuales funcionarios del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) justificaron los precios de “ganga” en que subastaron miles de casas de interés social, terrenos, departamentos y acciones del textilero Grupo Infomin a Construcciones Prácticas, cuyo dueño, Miguel Khoury Siman, ha sido socio de Manuel Bribiesca Sahagún en varias empresas.
Lo anterior se desprende de tres comunicados de la PGR que la semana pasada recibió la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de revisar los contratos con los que diversas dependencias federales beneficiaron a Construcciones Prácticas.
En el primero, entregado el lunes 9, la PGR informa al presidente de esa Comisión, Elías Cárdenas Márquez, que desde el 29 de noviembre de 2006 se autorizó “el no ejercicio de la acción penal” en contra de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, así como del ex secretario Ejecutivo del IPAB Mario Bouregard, y del propietario de Construcciones Prácticas, Miguel Khoury Siman.
“Lo que se cuestiona (a la PGR) es que desde mayo pasado, tanto yo como Jesús González Schmal (quien presidió la segunda Comisión Especial durante la LIX Legislatura) solicitamos información al subprocurador que lleva el caso, Felipe Muñoz, sobre el estado que guardaba dicha indagatoria. Él nos dijo que se estaban desahogando las diligencias. Ahora nos enteramos de que lo único que hicieron fue darle una patente de impunidad a los hermanos Bribiesca”, dice Cárdenas Márquez, diputado por Convergencia.
Sostiene que cuando Vicente Fox estaba en la Presidencia pidió que se exonerara a sus hijastros a través del entonces procurador, Daniel Cabeza de Vaca; lo mismo hizo el gobierno de Felipe Calderón, pues, dice, tanto él como su consejero jurídico –el mismo Cabeza de Vaca–, ocultaron información sobre el caso.
El pasado 11 de mayo, añade, la Comisión que encabeza hizo una petición formal de información al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, sobre el estado del expediente, pero no fue sino hasta el pasado lunes 9 cuando la dependencia les informó de la exoneración de los hermanos Bribiesca y de las autoridades federales implicadas.
Apoyo falaz
La Comisión legislativa que preside Cárdenas Márquez es la tercera que se aboca al caso y se conformó el pasado 5 de marzo, aunque comenzó a funcionar hasta finales de abril. Al principio, dice el diputado por Convergencia, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, le envió solícito una carta, fechada el 27 de ese mes, en la que le decía: “Reciba usted la garantía de que la Secretaría de la Función Pública contribuirá a que la comisión de investigación cumpla con eficacia el mandato que le ha dado el pleno de la Cámara de Diputados”.
Pero Martínez nunca informó a los legisladores del carpetazo de la PGR a la denuncia contra los hermanos Bribiesca Sahagún. Para Cárdenas Márquez ese silencio es sintomático, pues cuando era diputado Martínez demandó una explicación sobre la riqueza inexplicable de los hijos de Marta Sahagún.
“No le pueden hacer eso (los hijos de Marta) al gobierno más limpio y más honesto que ha tenido el país, que es el que encabeza Vicente Fox”, dijo Germán Martínez el 30 de diciembre de 2005 en una entrevista.
Y agregó: “Esto puede considerarse una traición a la transparencia que Fox ha impulsado desde su gobierno y no lo debemos dejar pasar. La explicación sobre su riqueza la deben dar (los) Bribiesca, no el PAN ni Felipe (Calderón). Nosotros estamos deslindados de cualquier responsabilidad del probable enriquecimiento inexplicable de los Bribiesca”.
La denuncia que presentaron los diputados de la II comisión especial en 2006 contra los hermanos Bribiesca Sahagún recibió el número de averiguación previa 59/UEIDOCSPCAJ/2006 y tiene que ver con las irregularidades que detectaron en las cuatro subastas en las que la empresa Construcciones Prácticas resultó “ganadora”.
Por lo general Manuel Bribiesca aparece como aval, mientras que en una su hermano Jorge Alberto pagó al IPAB una tercera parte del valor de la subasta, según el cheque que está en poder de la comisión legislativa.
Las cuatro subastas, realizadas entre abril y junio de 2004, se relacionan con varios terrenos, con la adquisición de miles de casas de interés social y de 25 departamentos en el estado de Puebla, así como con acciones del Grupo Infomin. Según los documentos que el IPAB entregó a la Comisión que presidía González Schmal –y que remitió nuevamente a los legisladores de la LX Legislatura–, Construcciones Prácticas pagó 34.5 millones de pesos, cuando el valor en libros de dos de las subastas alcanza 2 mil 952 millones 624 mil 162 pesos; es decir, una ganga para los adquirientes.
Esta desproporción de escándalo fue denunciada en diversas ocasiones por los integrantes de la primera y la segunda comisiones, y el pasado 28 de mayo Cárdenas Márquez solicitó al IPAB un informe detallado de los avalúos de cada uno de los paquetes inmobiliarios, accionarios y de terrenos que conformaron las cuatro subastas.
La respuesta del IPAB a los integrantes de la tercera Comisión llegó el jueves 12. Sin embargo, en ninguno de los ocho documentos remitidos proporciona el estudio que dio como resultado que inmuebles que tenían un valor de casi 3 mil millones de pesos fueron entregados al socio de Manuel Bribiesca en tan sólo 34.5 millones de pesos.
Lo que sí les envió el secretario Adjunto de Recuperación de Activos del IPAB, León Barri Colín, a nombre de la nueva secretaria ejecutiva del instituto, María Teresa Fernández, fue “un informe detallado” de las cuatro subastas, así como documentación que ya había remitido su antecesor, Mario Bouregard, a las comisiones I y II.
Este “informe detallado” llegó con un documento anexo de 11 cuartillas en el que el IPAB justifica el bajo precio de las subastas y denomina este rubro como “antecedentes del entorno económico y consideraciones con respecto a la venta de bienes que se han realizado”.
El secretario Adjunto de Recuperación de Activos agrega que los créditos estaban “castigados” en la contabilidad del banco (Bancrecer, el único con activos que fueron subastados por la Administradora de Activos Fénix)… “Como resultado de dicho proceso, se obtuvo razonablemente el máximo valor de recuperación posible”, dice Barri Colín.
Y rechaza las aseveraciones de la tercera Comisión, la cual, en su petición del pasado 28 de mayo, afirma “que no se obtuvo la mayor recuperación del valor”. Por último, el funcionario del IPAB “precisa” a la Comisión que “ninguno de los bienes enajenados a través de procesos instrumentados por Fénix fueron subastados a favor de los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún… se enajenaron a Construcciones Prácticas”.
Para que no quedara duda, el encargado de Recuperación de Activos del IPAB envió el acta constitutiva de la empresa Construcciones Prácticas, en la que efectivamente no aparecen los hermanos Bribiesca. Sin embargo, lo que no dice es cómo fue que el IPAB aceptó un cheque que el propio Jorge Alberto Bribiesca Sahagún dio al instituto para la adquisición de uno de los paquetes.
Quien detectó el cheque a nombre de Jorge Alberto Bribiesca fue la propia Auditoría Superior de la Federación, y lo remitió tanto al IPAB como a la segunda Comisión legislativa; esta última lo utilizó incluso como prueba del involucramiento de los hermanos Bribiesca en la adquisición de las subastas. Según González Schmal, el propio auditor Arturo González de Aragón admitió ante él y ante Sofía Castro, entonces diputada del PRI, que la presentación del cheque de Jorge Alberto fue irregular, así como parte del procedimiento de subasta.
(Jesusa Cervantes/APRO)
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