Miles de centroamericanos que van en pos del “sueño americano” viven una pesadilla cuando transitan por territorio mexicano. Organizaciones criminales, coludidas con las autoridades migratorias, policiacas e incluso militares, han encontrado un filón en estos migrantes a quienes secuestran y asesinan. Entrevistado por Proceso, el defensor de migrantes Alejandro Solalinde Guerra sostiene que tanto víctimas como verdugos ya estaban muertos. “Los mató hace mucho una sociedad que no les dio amor. Los mató un sistema que niega oportunidades lo mismo a jóvenes que a viejos. Los mataron muchas instituciones que ya no sirven al hombre, sino que se sirven de él. Los matamos todos con nuestra cobardía”.
OAXACA, OAX., 13 de enero (Proceso).- El secuestro de migrantes se ha convertido en una actividad que produce ganancias multimillonarias.
Aunque es imposible conocer el número exacto de las víctimas, el hecho de que ocurra es de por sí una tragedia, dice en entrevista con Proceso el coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano Sur-Sureste, Alejandro Solalinde Guerra.
El pasado 21 de diciembre, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, reconoció que durante 2010 se documentaron 222 secuestros perpetrados contra migrantes centroamericanos en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León.
El religioso, también coordinador del albergue Hermanos en el Camino, insiste en que nunca se conocerán las cifras reales; sin embargo, en un trabajo que realizó conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se calcula que en 2009 pudo haber 20 mil secuestros en la ruta del migrante que abarca Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas.
El viernes 7 la propia CNDH informó que entre abril y septiembre de 2010 registró 10 mil centroamericanos plagiados en todo el país.
Solalinde detalla que sólo en el segundo semestre de 2009, los 52 albergues del migrante que hay en el país tuvieron conocimiento de 9 mil 758 casos. Ello representa, precisa, ganancias de millones de dólares para el crimen organizado.
Tan sólo en 2010, abunda, el albergue Hermanos en el Camino contabilizó 362 casos de secuestro, lo cual representa casi un secuestro por día, sin considerar los hechos del pasado 16 de diciembre.
“No se muevan cabrones. Esto es un asalto. Los vamos a matar”. El sonido de las ametralladoras se mezcló con los gritos y lamentos de mujeres y jóvenes atrapados por un grupo armado que ha hecho del secuestro su industria en el istmo de Tehuantepec.
A pesar de los testimonios y declaraciones de las víctimas, el gobierno mexicano negó el secuestro de 30 migrantes centroamericanos ocurrido la noche del 16 de diciembre. Esta postura podría desencadenar un conflicto diplomático con El Salvador, Honduras y Guatemala, pues estas naciones centroamericanas aseguran que México ha incumplido con tratados y acuerdos internacionales.
Un mecánico guatemalteco y dos hondureños relataron lo ocurrido esa noche. Otros testimonios fueron entregados a la CNDH.
El guatemalteco asegura fue la “ayuda divina” lo que le permitió escabullirse de la redada que montaron los agentes de migración, federales y militares en la que fueron capturados 92 centroamericanos. Minutos después pudo escapar del grupo armado que secuestró a sus compañeros y se refugió en el monte.
El tren conocido como La Bestia salió de Arriaga, Chiapas, con destino a Ixtepec, Oaxaca. Son 150 kilómetros de zozobra para los migrantes, pues en este tramo hay la posibilidad de que los detengan y deporten a sus países. También pueden ser asaltados por la policía, el Ejército o los agentes de migración. En el peor de los casos es posible que los secuestren y asesinen bandas del crimen organizado.
Para esos migrantes su odisea comenzó el 16 de diciembre en Arriaga, donde 300 de ellos se subieron a los vagones y las góndolas del ferrocarril. Antes de llegar a la estación de Chahuites se encontraron con los agentes de migración, federales y militares. Muchos pudieron huir del cerco y metros más adelante volvieron a subirse al tren.
Los hondureños y el guatemalteco comentan que el asalto al tren ocurrió entre las 10 y las 11 de la noche en el tramo que va de Chahuites a la estación de Reforma de Pineda. Pudo ser, coinciden, en el paraje conocido como Las Anonas.
“Unas 10 personas pararon el tren y gritaron: ‘No se muevan cabrones’, o algo así. ‘Esto es un asalto y los vamos a matar’; luego hicieron unos tiros, salimos corriendo y me tiré al monte”, dijo el mecánico.
El gobierno de El Salvador denunció el pasado 21 de diciembre, por medio de su cancillería, el secuestro de 50 centroamericanos en territorio mexicano y exigió al gobierno de México investigar el plagio de migrantes retenidos desde el 16 de diciembre por un grupo armado. Ese mismo día el Instituto Nacional de Migración (INM) negó esa versión y la consideró “sin sustento”.
En su comunicado, la cancillería salvadoreña aseguró que el secuestro ocurrió la medianoche del 16 de diciembre cuando “hombres armados pararon un tren de carga en la localidad de Chahuites (Oaxaca) y se llevaron por la fuerza a unas 50 personas de diversas nacionalidades”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración respondió: “No existe evidencia de que el tren haya sido obstaculizado o bloqueado por ningún grupo en la localidad de Chahuites, Oaxaca, antes del operativo efectuado por agentes migratorios”.
Detalló que al consultar a las autoridades locales y federales, así como a la compañía ferroviaria, no se encontraron antecedentes que confirmen las versiones señaladas por la representación salvadoreña; agregó que tampoco existían denuncias ante autoridades mexicanas presentadas por parte de migrantes extranjeros.
“Huele a 2012”
Para el sacerdote Solalinde Guerra, la negación del secuestro de migrantes centroamericanos en Chahuites, Oaxaca, se relaciona con la sucesión presidencial de 2012. “Es para cuidar la imagen gubernamental”.
Agrega que las acciones de la delincuencia organizada en la región del istmo de Tehuantepec representa un peligro enorme para la frontera sur. Además, afirma que para combatir este fenómeno el titular del INM “no está bien asesorado e informado; hay una desarticulación tremenda en la base y las cúpulas, así como en todos los niveles de gobierno”.
Desde hace varios meses, apunta, llegaron al istmo “los de la Mara Salvatrucha denominados M-13 y marcaron su territorio; poco después Los Zetas se unieron con gente de la región para establecer la industria del secuestro en Ciudad Ixtepec”.
El defensor de migrantes sabe que esas declaraciones ponen en peligro al albergue y a él mismo. “Me siento todavía más vulnerable porque no tengo el apoyo del gobierno”, lamenta.
“Durante varias horas –dice el religioso–, la cónsul de El Salvador, Vilma Mendoza, tomó los testimonios de sus paisanos y luego volvió a Chahuites para ahondar sus investigaciones. Pese a que registró unos 50 secuestros, ahora existe la certeza de que son entre 25 y 30”.
A raíz del asesinato de 72 migrantes centroamericanos ocurrido en Tamaulipas en agosto pasado, Solalinde Guerra publicó un escrito titulado Masacraron nuestra carne, pero no nuestro espíritu. En una parte del texto se lee:
“Es tiempo de rebelarnos ante toda acción que pretenda ponerle precio a la vida humana. Cristo nos liberó dándonos la dignidad de hijos de Dios. Reducir a cualquier ser humano, sobre todo a los pobres, a las personas transmigrantes, al nivel de mercancías y cobrarles dinero para ejercer su condición de hijos libres, es un crimen que clama al cielo.”
E ironiza: “Si por esta masacre exigiésemos nada más una investigación, ‘hasta sus últimas consecuencias’ nos responderán que ‘se aplicará todo el peso de la ley, que se buscará a los culpables, caiga quien caiga’”.
Señala que la experiencia indica que eso no va a suceder.
“Y ahí están las matanzas de Acteal, de Aguas Blancas. Los casos de Digna Ochoa, de Manuel Clouthier, de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, de Juan Jesús Posadas, y de un sinnúmero de periodistas asesinados. Además de todos los muertos y muertas en el sexenio (de Ulises Ruiz Ortiz). No, esas soluciones oficiales, declarativas, se ahogarán en la impunidad, en el ‘no pasa nada’. Tampoco removerán a ningún funcionario o funcionaria, por más presiones que haya.
“La matanza de migrantes en Tamaulipas nos revela que los asesinados no fueron 72, sino muchos más: los secuestradores, los asesinos ¡ya iban muertos! Los mató hace mucho una sociedad que no les dio amor. Los mató un sistema que niega oportunidades lo mismo a jóvenes que a viejos. Los mataron muchas instituciones que ya no sirven al hombre, sino que se sirven de él. Los matamos todos con nuestra cobardía.”
Ante la gravedad de la situación que prevalece en la región del istmo, el pasado 27 de diciembre el INM y el gobierno de Oaxaca instalaron una mesa permanente interinstitucional de atención al migrante. En este marco, el gobernador Gabino Cué y Salvador Beltrán del Río ratificaron su compromiso con los derechos humanos de quienes transitan por territorio oaxaqueño.
Compromisos internacionales
El pasado 8 de octubre, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió con representantes de 17 países para suscribir un convenio a fin de aplicar en los estados del sur-sureste del país, entre ellos Oaxaca, la estrategia general para la atención de flujos de migrantes de esas naciones.
En el evento, el procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel López López, dio a conocer el avance de las investigaciones sobre los presuntos secuestros de migrantes centroamericanos, ocurridos los días 16 y 21 de diciembre, en la región del istmo. El caso se armó a partir de testimonios rendidos ante la PGR, el INM y la CNDH por quienes afirmaron haber sido víctimas de privación ilegal de la libertad.
“Desde el momento que se conocieron las denuncias por los medios de comunicación, se han realizado rastreos y recorridos a lo largo de 10 kilómetros de vías férreas desde la estación Chahuites y se realiza una investigación en el ámbito de su competencia para verificar si hay delitos del fuero común, pero colaborando estrechamente con autoridades federales. En este caso, las indagatorias han resultado infructuosas hasta este momento”, reportó el funcionario estatal.
Sin embargo, el pasado 23 de diciembre se localizó el cuerpo del salvadoreño Tomás Fermán Villatoro en las inmediaciones de San Juan Guichicovi. Este migrante formaba parte de un grupo de ocho personas privadas de su libertad en el trayecto Ixtepec-Matías Romero, los días 21 y 22 de diciembre.
Como resultado de las indagatorias, dos de sus captores, el mexicano Carlos Castillejos Morales El Carrito y el hondureño José Ramón Núñez Flores El Pelón fueron detenidos y son investigados para deslindar responsabilidades. Tres testigos sobrevivientes los señalan como integrantes del grupo que los secuestró.
No obstante, estos hechos no tienen relación con la denuncia pública de la presunta desaparición de 40 personas en las inmediaciones de Chahuites, el pasado 16 de diciembre, precisó el fiscal.
En tanto, el delegado del INM en Oaxaca, Omar Heredia, detalló que durante 2010 en esta entidad se realizaron mil 200 operativos y se aseguraron 5 mil 240 extranjeros, 2 mil 200 más que en el año anterior. Tan sólo en el mes de diciembre, precisó, 360 fueron devueltos a su lugar de origen.
El titular del Instituto Nacional de Migración reconoció que en 2010 se documentaron 222 secuestros y no descartó que polleros, coyotes y bandas delictivas que operan localmente en cada país estén entregando a los migrantes al crimen organizado.
Asimismo, informó que los más de 5 mil 500 trabajadores del INM están siendo sometidos a exámenes de control de confianza para garantizar su probidad y honestidad. Ello debido a los señalamientos que existen en el sentido de que varios agentes, policías municipales, estatales, federales y hasta del Ejército están coludidos con el crimen organizado.
En torno al presunto secuestro perpetrado contra migrantes el pasado 16 de diciembre en el istmo de Tehuantepec, Beltrán del Río resaltó que todavía no hay indicios del hecho; sin embargo, se siguen realizando las investigaciones correspondientes en la ruta Tapachula-Arriaga, en el estado de Chiapas; Chahuites-Ixtepec, en Oaxaca, y en Veracruz.
La LXI legislatura local aprobó por unanimidad la creación de una Fiscalía de Atención a Delitos Contra Migrantes. l
