Echeverría, el juego perverso
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Es, además, una demostración contundente del fracaso de la llamada transición a la democracia en México, que tenía en el tema de los derechos humanos uno de sus grandes y primeros pendientes.
Fue una simulación que tomó siete años, cinco del gobierno de Vicente Fox y dos de Felipe Calderón, quienes transaron con el PRI la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen autoritario priista: torturas, desapariciones y ejecuciones.
A diferencia de lo ocurrido en Centro y Sudamérica y algunas experiencias de África donde esos crímenes de lesa humanidad fueron investigados y sancionados, en México nadie es culpable.
Si bien lo ocurrido entre los años sesenta y entrados los ochenta no es de la magnitud de aquellos países, el mensaje que reitera México al mundo es el de la impunidad.
Participante en la simulación del establecimiento de responsabilidades, la justicia mexicana llegó a la conclusión, en el caso del 68, que sí hubo genocidio; pero nadie es responsable. Quienes lo fueron ya se murieron o se beneficiaron de la prescripción del delito.
Fue una acusación que en ese juego de perversión el entonces fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, en su irrefrenable grandilocuencia, se encargó de presentar como un propósito del Estado mexicano de "exterminar" al sector de la población representado por los estudiantes, tanto en la matanza del 2 de octubre de 1968, como en la del 10 de junio de 1971.
Las diferentes instancias judiciales que debieron pronunciarse sobre la acusación se dividieron. Para unos, sí existió esa pretensión del Estado mexicano; para otros, no.
Peor aún, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el genocidio en México fue prescriptible en ambos casos, a pesar de que la legislación internacional humanitaria establece lo contrario.
El Poder Judicial no estuvo a la altura de las necesidades de justicia no sólo de las víctimas y sus familiares, sino de todo el país. Se plegó a los intereses del PRI y el PAN que por conveniencia política hicieron todo lo posible para enterrar el tema.
A pesar de su animadversión contra Echeverría, Fox lo hizo con la ingenuidad de que el PRI apoyaría en el Congreso sus reformas. Ahora, lo hace Calderón con el desprecio que ha demostrado hacia el tema de los derechos humanos.
De ese desdén da cuenta el notable incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas sobre todo por el Ejército con pretexto del combate al narcotráfico. Esa será una herencia que dejará Calderón a los militares, a menos de que hacia el final de su sexenio declare una amnistía o antes logre cambios legales para proteger a quienes estén implicados en tales violaciones.
En México, ninguna autoridad política ha sido procesada por esa causa. No ocurrió con la llamada "guerra sucia" ni con la desproporcionada represión gubernamental contra los pobladores de San Salvador Atenco, ni se espera que haya responsables en el caso de las violaciones ocurridas durante el movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), según ya adelantó la propia Suprema Corte.
Sí, en cambio, hay sanción de más de cien años de prisión para quienes se enfrentan a la autoridad en la defensa de sus intereses, como ocurrió en Atenco.
A pesar del ruido mediático por su condición de expresidente de la República, Echeverría fue sólo una muestra –la más prominente hasta ahora– de que en México la impunidad está garantizada por el Estado para proteger a quienes detentan su poder.
jcarrasco@proceso.com.mx
El Consejo Universitario recuerda que la sociedad aspira al respeto irrestricto del estado de derecho
Debe conocerse “a fondo” la verdad histórica, dice el rector luego de la exoneración a Echeverría
El ex presidente Luis Echeverría, durante una conferencia de prensa ofrecida en su domicilio el 9 de julio de 2002Foto Jesús Villaseca
Laura Poy Solano
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, afirmó que mantendrá una “permanente exigencia” para que se esclarezcan los hechos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y se conozca “a fondo la verdad histórica”.
Lo anterior, luego de que se dio a conocer la decisión de un tribunal colegiado de exonerar al ex presidente Luis Echeverría Álvarez del delito de genocidio, con lo que quedó absuelto de los cargos que le imputó la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Al respecto, el Consejo Universitario, reunido en su primera sesión anual, emitió un pronunciamiento en el que destaca que a más de 40 años de los “indignantes acontecimientos en que muchos fueron masacrados”, y reitera su exigencia de “continuar las investigaciones ministeriales y judiciales, a fin de que la sociedad mexicana conozca la verdad histórica de los hechos y se castigue a los responsables”.
Asimismo, recordó a las autoridades de procuración y administración de justicia su obligación de actuar con la “atingencia y celeridad que plantea el reclamo histórico de una colectividad que espera que tales hechos no permanezcan impunes”.
Por ello, consideró que el esclarecimiento de sucesos “lamentables y dolorosos”, como los ocurridos el 2 de octubre de 1968, así como las condiciones que los propiciaron, es tarea fundamental frente a una sociedad que aspira al respeto irrestricto del estado de derecho y de los derechos humanos.
Rosaura Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, destacó que es “muy grave que se acepte que hay genocidio, pero sin culpables, porque, en mi opinión, que no es de jurista, creo que (Echeverría) es culpable”.
Ejemplo de impunidad: Ibarra, AI y Comité del 68
Ángeles Cruz y Andrea Becerril
Representantes del Comité del 68, Amnistía Internacional (AI) y la senadora Rosario Ibarra deploraron la resolución judicial que exonera al ex presidente Luis Echeverría de responsabilidad en la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ya que “es ejemplo del clima de impunidad que hay en México”.
La gran ausente de México sigue siendo la justicia, porque no se le ve por ninguna parte, resaltó Ibarra, dirigente del Comité Eureka. Para ella, Echeverría debe ser juzgado también por los cientos de desaparecidos políticos durante su sexenio.
Por su parte, el dirigente del Comité del 68, Raúl Álvarez Garín, desmintió la versión difundida por Juan Velázquez, abogado de Echeverría, de que éste puede salir de su casa, ya que –explicó– la sentencia que lo exculpa del crimen estudiantil surtirá efecto hasta que forme parte del expediente.
Álvarez Garín exigió a los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito que expliquen públicamente las consideraciones hechas para llegar a la conclusión de que Echeverría es inocente de genocidio por los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.
Destacó que conforme a lo difundido, parece que los juzgadores se limitaron a retomar los criterios del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien concedió el amparo al ex mandatario con el argumento de que no hay pruebas para culparlo de lo ocurrido en Tlatelolco. “De especial gravedad y significación política es que en este momento ese magistrado está sujeto a un proceso disciplinario de la Judicatura por dos resoluciones muy controvertidas, ya que dejó en libertad a Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y al secuestrador Maldonado Leza”, dijo.
Integrante del Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 1968, informó que una vez agotadas las instancias nacionales, sobre todo si prevalece la impunidad, el caso Echeverría será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entrevistada por separado, la senadora Rosario Ibarra destacó que de poco serviría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exoneró a los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, a pesar de la represión contra movimientos sociales.
Absolver a Echeverría –insistió– es desconocer la lucha popular, pero en el caso del ex presidente no se ha dicho la última palabra, porque falta que lo enjuicien por los desaparecidos políticos, que son más de 300.
