PETATLÁN, GRO.- 3 de marzo (Proceso).- Las comunidades serranas de Petatlán, Guerrero, sobreviven de milagro. La región, dicen, es tierra de nadie. Pero lo cierto es que en sus inmediaciones merodea la guerrilla, y caciques como Rogaciano Alba siembran el terror, apoyados por sus sicarios y, según los pobladores, por elementos del Ejército. Largo es aquí el memorial de agravios, el último de los cuales sucedió el martes 16 –cuatro días después de la detención de Rogaciano– contra la familia de Javier Torres Cruz, un activista que en 2007 se atrevió a denunciar al cacique.
Aquí, en la sierra, los habitantes no saben de quién cuidarse más, pues por la zona transitan lo mismo narcotraficantes que talamontes y guerrilleros. Lo peor, dicen los lugareños, es que el Ejército se extralimita en sus patrullajes y con frecuencia sus tropas arremeten contra ellos, a veces azuzados por los caciques o sicarios locales.
El martes 16, efectivos del 68 Batallón de Infantería, perteneciente a la 27 Zona Militar, atacaron a habitantes de la comunidad La Morena. Hubo un muerto y otro campesino resultó herido, aseguran varios de los sobrevivientes. Dicen que dos más fueron acusados por delitos federales y hoy están recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco.
La ofensiva ocurrió cinco días después de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó sobre la detención de Rogaciano Alba Álvarez, un cacique al que las autoridades vinculan con los cárteles de Sinaloa y La Familia michoacana. Los habitantes de La Morena le atribuyen a él esa agresión.
“Es una venganza contra nosotros porque hemos denunciado sus crímenes”, asegura Javier Torres Cruz, defensor de los bosques, quien en septiembre de 2007 se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para aportar pruebas que incriminaban a Rogaciano Alba con la muerte de Digna Ochoa, la activista ultimada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México.
Esa denuncia le costó caro a la familia de Torres Cruz. En noviembre de 2008, unos 80 militares dirigidos por el propio Rogaciano allanaron ocho viviendas en La Morena. Al mes siguiente, Torres Cruz fue detenido en un retén militar en Tecpan de Galeana, el que, dice, lo entregó a sicarios del cacique. Fue torturado durante cuatro días, relata. Finalmente logró escapar (Proceso 1678). Desde entonces los hombres de La Morena viven escondidos en la sierra. Hoy, la comunidad es un caserío poblado sólo por mujeres, niños y ancianos.
Organizaciones sociales de Guerrero llevaron el caso de Torres Cruz a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interviniera en favor de Torres Cruz y su familia. El 21 de diciembre de 2008, la comisión acordó el otorgamiento de medidas en favor del campesino. Hasta la fecha el gobierno mexicano no ha cumplido.
Desde hace años, Alba Álvarez ha sido señalado por la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, organización a la que pertenece Torres Cruz, de tener el respaldo de altos mandos del 19 Batallón de Infantería, con sede en Petatlán, para reprimir a comunidades que lo denunciaban por la tala indiscriminada de bosques y por convertir los predios en plantíos de mariguana.
El jueves 11, finalmente, la Policía Federal detuvo a Rogaciano en Guadalajara, Jalisco, acusado de portación ilegal de armas y de droga. Arraigado en la Ciudad de México, espera el dictamen de las autoridades que lo investigan por sus presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa y La Familia michoacana.
Para recabar información sobre la reciente incursión militar, el miércoles 17, representantes de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), del Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Guerrero (Rogaz), realizaron un recorrido por esta zona de Petatlán, en el que participaron los reporteros de Proceso.
Isaías Torres Rosas, uno de los sobrevivientes, relata: El martes 16 a mediodía, en el paraje conocido como Barranca del Infierno, los soldados dispararon contra él, su padre, su hermano Adolfo y contra Huber Vega Coria, originario de Zihuatanejo.
El miércoles 17 por la noche, la 27 Zona Militar difundió un comunicado en el que aseguraba que durante un recorrido para quemar plantíos ilícitos, los militares fueron agredidos en la comunidad de Las Humedades.
Según el comunicado, publicado sólo en la edición local de La Jornada y en Diario 17, en ese enfrentamiento presuntamente murió Juan Torres Rosas y fueron detenidos Anselmo Torres y Huber Vega Coria con ocho armas: cinco largas y tres cortas, así como cartuchos útiles y droga.
El miedo de Isaías
La comunidad de Las Humedades, donde según el Ejército sucedieron los hechos, se localiza en la zona conocida como Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, a ocho kilómetros de La Morena, mientras que el Infierno pertenece a esta comunidad, localizada en la parte media de la sierra, a hora y media de la cabecera municipal de Petatlán.
En Filo Mayor se cultiva mariguana y amapola desde hace décadas, lo que no ocurre en la parte media de la sierra debido a su condición forestal y agrícola. Sin embargo, por esta región suele transitar la guerrilla.
El incidente de la sierra de Petatlán ocurrió luego de que habitantes de la sierra de Tlacotepec, en el Filo Mayor, denunciaron que el viernes 12 un grupo de soldados al parecer alcoholizados mataron a golpes a Juan Alberto Rodríguez Villa, de 18 años, y dejaron malherido a Francisco Javier Martínez, de 16 años.
Postrado sobre un sillón de alambre e hilo, cubierto de sarapes, Isaías Torres Rosas convalecía por un balazo que recibió la víspera. El impacto entró por la espalda, del lado derecho, y salió por el cuello. Se mantiene fuera de peligro gracias a los remedios caseros y a los medicamentos para prevenir la infección y calmar el dolor.
En la vivienda que sirve de refugio, Isaías fue auscultado por el doctor Raymundo Díaz, miembro del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), quien constató que la bala no dañó ningún órgano vital ni los huesos.
De cualquier forma, Isaías sólo podía recibir los cuidados de su familia pues, dice Javier Monroy, integrante de Tadeco, “por órdenes del Ejército no podía subir ninguna ambulancia a rescatarlo”.
Temeroso de que él y su familia sufran represalias, Isaías rindió su testimonio al coordinador regional de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien transmitió la queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El miedo de Isaías y de su familia se acrecentaba por el vuelo de un helicóptero blanco que, desde la mañana del miércoles 17 y hasta después de las dos de la tarde, no dejaba de merodear sobre la sierra.
En entrevista con Proceso, el campesino narra: “Estábamos preparando comida en una casita que es de Adolfo (su hermano). Habíamos cazado una chachalaca con una .22 cuando, de repente, llegaron (los soldados) echando tiros. No creímos que fuera el gobierno (soldados), porque no marcaron el alto ni nada”.
Delgado, de piel curtida por el sol, pelo y barba negros, Isaías asegura que una vez que se escucharon los primeros balazos, él y sus acompañantes corrieron.
“Me tiraron por la espalda y me dieron por muerto, porque sangraba mucho. Pude ver a gente vestida como gobierno (soldado). No supe cuántos, pero eran hartos. Cuando se fueron, me fui a mi casa, a La Morena. Caminé como hora y media”, dice Isaías, tío de Javier Torres Cruz.
De acuerdo con Torres Cruz, el destacamento que atacó a su familia llegó a la sierra el lunes 15. Eran unos 100 soldados. Iban en hummers y en camiones que subieron hasta el Filo Mayor, a Las Humedades y a Rancho Nuevo, pueblos abandonados entre 1994 y 2000 debido a los asesinatos “cometidos por la gente de Rogaciano”, dice.
El miércoles 17 al mediodía, Javier se enteró por la radio que Anselmo y Huber estaban en manos del Ejército, pero no tenían noticias de Adolfo. “Los compañeros personalmente se comunicaron y dijeron que no hiciéramos nada contra los militares, porque estaba su vida de por medio”.
El activista asegura que entre los militares que atacaron a sus parientes había sicarios de Rogaciano Alba, entre ellos, Misael Orozco Serna, conocido como El Chirris. El propio Alba lo menciona como integrante de La Familia michoacana en un video difundido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el viernes 12.
“El Chirris ha sido el encargado de hacer estos operativos entre sicarios y el Ejército. Se le vio el 13 de noviembre de 2008 cuando entraron por la madrugada en La Morena. Es una persona que, según sabemos, desde hace dos o tres años opera con Rogaciano y que se le ha visto en el 19 Batallón de Infantería de Petatlán, donde vivía Rogaciano”, sostiene Torres Cruz.
Una versión distorsionada
El jueves 18, la familia Torres recuperó el cuerpo de Adolfo Torres Rosas, de 26 años, en una funeraria de Zihuatanejo, lo llevaron a La Morena, donde le dieron sepultura la mañana del viernes.
Anselmo Torres Quiroz, de 79 años, y Huber Vega Coria, de 18, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, y trasladados al Cereso de Acapulco ese mismo viernes. Se les acusa de tentativa de homicidio, delincuencia organizada, posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, en la modalidad de siembra y cosecha con fines de comercio.
El parte militar firmado por Rogelio Marín Guzmán, Dani Marino Díaz, Bladimir Pineda Cruz, miembros del 68 Batallón de Infantería, señala que los campesinos atacaron a los militares tras ser descubiertos en un plantío de mariguana en Las Humedades, y que se les aseguraron cinco armas largas (dos AK-47, dos rifles calibre .22, y una escopeta calibre .12), tres armas cortas (calibres .38 súper, .22 y .45), 16 cargadores, 355 cartuchos de distintos calibres, 19 kilos de mariguana y otro de semillas de cannabis.
Durante su declaración preparatoria en el Juzgado Segundo de Distrito, el sábado 20, Anselmo y Huber confirmaron la versión de Isaías: los soldados dispararon sin advertencia de por medio, cuando estaban en el patio de la casa de Adolfo, en la Barranca del Infierno.
Además, comentaron que, tras su captura, los soldados los obligaron a disparar armas de fuego y los trasladaron en helicóptero a Rancho Nuevo, cercano a Las Humedades, donde los fotografiaron.
En su declaración ministerial, que ratificó posteriormente, Huber asegura que fue torturado psicológicamente. Detalla: “Bajando del helicóptero un soldado notificó a un superior: ‘Estos son los que dispararon’. A lo que éste le respondió: ‘Para qué los trajeron, mejor los hubieran matado’”.
Otro soldado intervino en la conversación: “¿Y si les damos una violadita?”. Otro terció: “Pero el ruquito ya no aprieta… es mejor una calentadita”.
Huber y Anselmo aseguran que mientras estuvieron en manos de los militares fueron golpeados en la cabeza, sobre todo durante el traslado, cuando ellos intentaban ver a dónde los llevaban.
Entrevistado en la rejilla de prácticas, don Anselmo, patriarca de La Morena, reconoció que las armas mostradas por los militares estaban en la casa de Adolfo. “Mis hijos estaban armados porque han tenido problemas con Rogaciano Alba”, dice. Sin embargo, las armas que, según los militares, llevaban el día del presunto enfrentamiento fueron llevadas al lugar días antes por “indillos” que pasaron por ahí.
Con lágrimas en los ojos, asegura que vio caer a su hijo Adolfo cuando huía de la “baliza”; también recuerda que en dos ocasiones pidió a los militares que lo mataran y lo dejaran con su hijo.
Javier Torres Cruz llamó por teléfono a la reportera para decirle que al abrir el ataúd en que estaba Adolfo, descubrieron que tenía huellas de tortura, así como un disparo calibre .762 en la espalda y otro calibre .45 en la axila derecha, realizado a corta distancia.
Las fotografías de la necropsia de Adolfo obtenidas por Proceso muestran moretones en el rostro y el cuerpo por golpes de culata que recibió. Su rostro está desfigurado y se observa un escurrimiento de sangre por la axila derecha, en tanto que el hombro izquierdo está descarnado.
Asimismo, Torres Cruz señala que cuando fue sepultado Adolfo, la mañana del viernes 19, mujeres de la comunidad vieron a sicarios de Rogaciano Alba rondando por La Morena.
“La gente de Rogaciano esperaba que los hombres de La Morena bajáramos al entierro para matarnos, por eso nos quedamos arriba, escondidos en la sierra. Cuando las mujeres se dieron cuenta de que andaba gente rondando el pueblo, salieron a buscarlos y los espantaron”, cuenta Torres Cruz.
E insiste: “Detrás de los acontecimientos del martes 16 está la mano de Rogaciano Alba. Ese señor manda todavía en esta región aunque esté arraigado; lo que quiere es intimidarnos para que no sigamos con las denuncias por los crímenes que ha cometido en la sierra”.
Y remata: aun cuando las autoridades sólo consideran a Rogaciano como jefe del narcotráfico, en Petatlán queremos que el gobierno lo responsabilice de todos los asesinatos que ha cometido, incluido el de Digna Ochoa, “así como del intento de desaparecerme”.
Reportaje publicado en la edición 1739 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Las disposiciones resultan contradictorias para el sociólogo y maestro en ciencia política Valeriano Ramírez. “Al efectuar las escuchas se vulneran las garantías individuales y los derechos fundamentales del ser humano; y no sólo las de la persona investigada, sino de quienes interactúan con él y que nada tienen que ver con las supuestas investigaciones: su pareja, sus familiares, sus amigos. Se trata de una vulneración a los derechos humanos, aunque sea un mecanismo legalizado por la Ley de Seguridad Nacional”.
