La violencia juvenil ya es un problema de salud pública en México. Informes de organismos nacionales e internacionales demuestran que este sector de la población vive expuesto al maltrato físico y sicológico, perpetrado por familiares, autoridades y docentes, principalmente, sin que exista un programa público que los atienda
“Viví una experiencia horrible. Fui violada por un familiar; la verdad, a mí no me gustó por el simple miedo que tenía hacia esa persona. Le conté a mi mamá lo que me había pasado, y me dijo que a ella le había pasado lo mismo” (sic), revela una estudiante de 16 años ante el anonimato que le da una encuesta que busca conocer los niveles de violencia a los que se enfrentan los jóvenes.
Éste es uno de los 186 relatos (relacionados con la violencia familiar) escritos por mujeres y hombres en edad adolescente, para el Diagnóstico sobre la violencia en la educación media superior, y las relaciones entre estudiantes y docentes, para la promoción de los derechos humanos y las relaciones igualitarias, elaborado en 2008 por la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH).
El informe de la AMDH, vinculado con la Cátedra Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que “los jóvenes no están exentos de sufrir o perpetuar la violencia. A su vez, la escuela tampoco está exenta, por el contrario, regularmente los establecimientos escolares son escenarios de violencia, a veces sutil, a veces manifiesta y, en ocasiones, incontrolable”.
“Ahorita en la escuela tengo muchos problemas con las materias, porque he faltado mucho y no me quieren justificar las faltas. Ya les expliqué y les traje los papeles de la demanda que le metí a mi padrastro, que desde los ocho años me ha estado violando. Ahorita mi mamá ya lo sabe… ahora se asusta, pero antes no me creía (sic)”, dice el testimonio de otra joven de 15 años de edad.
La AMDH, presidida por Gloria Ramírez Hernández, doctora en ciencias sociales por la Universidad Sorbona de París, Francia, aplicó 1 mil 700 cuestionarios en 18 planteles CETIS (Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios); la hipótesis fue: “La violencia, la discriminación, la injusticia social y de género provocan una radical desigualdad de oportunidades; la escuela puede contribuir a acrecentar esta situación cuando no es debidamente atendida”.
Los resultados obtenidos sobre 800 encuestas validadas por la academia indican que los alumnos expresaron que habían sido víctimas de violencia: 412, en el trato que reciben de las y los docentes al dar clase; 362 más, en la convivencia entre estudiantes; 267, al exterior del plantel (calles cercanas); 186, familiar; 99, en las relaciones de pareja; 85, en la relación con personal del plantel (directivos, administrativos y prefectos), y 228 más hablaron de experiencias ajenas.
La también coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez, dice en entrevista: “Vemos una situación preocupante, que parece estar instalada en la absoluta resignación de la comunidad escolar. Los jóvenes siempre han sido un sector vulnerable, poco atendido. Cuando hicimos la encuesta, nos dimos cuenta de que no hay una oficina que se ocupe de esta situación”.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), contenidos en el estudio Hechos sobre adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe, indican que la trasgresión inicia desde la edad infantil y deja un saldo de 220 niños y adolescentes, menores de 18 años, que mueren todos los días víctimas de la violencia doméstica –el equivalente a 80 mil personas por año.
La Unicef también alerta que América Latina y el Caribe tienen la tasa más alta de homicidios entre adolescentes de 15 a 17 años en el mundo, con un promedio de 22 asesinatos (37.7 hombres y 6.5 mujeres) por cada 100 mil habitantes.
Acoso en las escuelas
El diagnóstico de la AMDH indica que de los 412 casos que dejaron sus testimonios del trato que reciben de las y los docentes al dar clase, el 58 por ciento corresponde a 239 mujeres. Mientras que 173 varones denunciaron algún tipo de violencia contra su persona y/o de sus compañeros.
Ejemplo de ello es el breve relato de una joven: “El profesor nos decía putas teiboleras, que estábamos feas y gordas, y que somos humanos”. Casos como éste fueron denunciados por 103 mujeres que dijeron haber pasado por alguna situación de violencia verbal. En tanto, este tipo de violencia se presentó en 239 varones.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia juvenil está caracterizada como un problema de salud pública. El organismo internacional define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
El diagnóstico de la AMDH también revela que el acoso sexual y el hostigamiento son otra de las situaciones a las que se enfrentan los estudiantes. De las acusaciones recavadas, sólo 43 mujeres dejaron muestra de ello: “Personalmente, este profesor me llegó a insinuar que yo le interesaba y que podía ayudarme para aprobar el curso. Después me enteré que no era la única alumna a la que acosaba; nunca se le denunció”, dice una joven de 18 años de edad.
Mientras, un varón de 16 años hace referencia al acoso que observa por parte de los maestros: “En la escuela es bien notorio que los profesores, sobre todo el de… es bien lanzado con las chavas… se hace el gracioso y se quiere pasar de listo. Ya platicamos con las que se les ha insinuado; les pide cuerpomático y además una lana para pasar” (sic).
De las relaciones entre el personal docente y los alumnos se desprende que 47 hombres denunciaron violencia sicológica, mientras que 55 mujeres se vieron agredidas de esta manera. “Hay maestros que nos dicen: son unos mediocres y nunca van a poder ser nada en la vida”, dice una joven.
La coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos enfatiza que en el país prevalece la violencia de género en todos los ámbitos. “Aquí, a la mujer se le viola, se le maltrata y se le mata. Es la sociedad que estamos heredando, y las autoridades no han representado una figura de protección”.
Novios violentos
“Un día, él y yo estábamos bien, nos la estábamos pasando muy bien, pero a la hora de la salida (de la escuela) platiqué con un compañero y (mi novio) se puso muy mal. Me empezó a azotar en un carro, me fracturó la muñeca derecha, me gritó que yo lo provocaba (a enojarse), que era una golfa. Me aventó hacia la avenida, tiró todas mis cosas al suelo… intentaba pegarme hasta que una amiga me defendió y me llevó con ella”, dice una estudiante de 17 años de edad.
Según el Diagnóstico sobre la violencia en la educación media superior, y las relaciones entre estudiantes y docentes, 99 mujeres (entre 15 y 22 años de edad) manifestaron ser víctimas de violencia en las relaciones de noviazgo. De esta cifra, 42 dijeron padecer violencia verbal; 34, física; 15, sexual, y ocho, discriminación.
Una joven de 17 años, estudiante y que vive con su pareja, relata: “Llegaba a golpearme, y sus padres no decían nada. Las pocas cosas que tenía, me las robó para comprar su porquería (droga). Ahora estoy embarazada y tengo miedo de que mi bebé nazca con problemas. No sé qué hacer, él me sigue golpeando y abusa sexualmente de mí”.
El informe La violencia juvenil, elaborado por la OMS, dice que en casi todos los países, los adolescentes y los adultos jóvenes son las principales víctimas y los principales perpetradores de esa violencia. “Los homicidios y las agresiones no mortales que involucran a jóvenes aumentan enormemente la carga mundial de muertes prematuras, lesiones y discapacidad”.
Ello, indica el organismo mundial, daña profundamente a las víctimas y también a sus familias, amigos y comunidades. Sus efectos se ven en los casos de muerte, enfermedad, discapacidad y en la calidad de vida. “La violencia que afecta a los jóvenes incrementa enormemente los costos de los servicios de salud y asistencia social; reduce la productividad, disminuye el valor de la propiedad, desorganiza una serie de servicios esenciales y en general socava la estructura de la sociedad”.
En el caso de los jóvenes que violentan, explica que a menudo presentan problemas como el ausentismo escolar, el abandono de los estudios y el abuso de sustancias sicotrópicas. También suelen ser mentirosos compulsivos, conductores imprudentes, y estar afectados por tasas altas de enfermedades de transmisión sexual.
La sicóloga social Miriam Camacho Valladares, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, indica que los jóvenes “son un sector vulnerable, porque no hay atención a los múltiples conflictos que los afectan”.
La especialista en atención del sector juvenil indica que el “sujeto” es el reflejo de todas las dinámicas que se dan en la familia: de cómo se piden las cosas en casa o de cómo los padres resuelven los problemas. “La violencia es la forma en que los jóvenes han aprendido a solucionar los conflictos y nadie más que la familia es el ejemplo”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el Instituto Mexicano de la Juventud –institución federal encargada de las políticas públicas de atención a los y las jóvenes– a través de Patricia Ferreira, directora de Prensa y Relaciones Públicas, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.
Juventud y pobreza en América Latina y el Caribe
El estudio Hechos sobre adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indica que en la actualidad hay más de 158 millones de jóvenes, entre 10 y 24 años de edad, que representan el 30 por ciento de la población total de la zona, “el mayor número en la historia de la región”.
El organismo internacional indica que 15 millones de adolescentes entre 10 y 18 años viven con menos de 1 dólar al día. Además, estima que entre un 25 y un 32 por ciento de la población joven sufre las consecuencias de comportamientos riesgosos como: la deserción escolar, la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a las drogas o los conflictos con la ley.
En materia de empleo, el informe de la Unicef señala que 22 millones de jóvenes no tienen empleo y no asisten a la escuela.
Otro de los aspectos que muestra el organismo internacional es que el embarazo en adolescentes, entre 15 y 19 años, registra “la segunda tasa más alta del mundo”. Indica que el 20 por ciento de los nacimientos en la región es de madres menores de 20 años y el 40 por ciento es de embarazos no deseados.
También resalta que hay aproximadamente 420 mil adolescentes y jóvenes, de 15 a 24 años, que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana /Sida. (ER)
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De los barrios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, los Sureños 13 viven todos los días hostigamiento, abuso de autoridad y exclusión por lucir como lucen. Ellos se reúnen porque en la pandilla está su familia, su identidad, su forma de expresarse, su arte. El Estado mexicano no les asegura ni garantiza el respeto a sus derechos humanos. Ellos, como otras identidades juveniles, son discriminados por miedo, ignorancia y olvido. De no acabar con la segregación a los jóvenes, no habrá un futuro posible, aseguran especialistas
Los Sureños 13 de Nezahualcóyotl y Ecatepec saltaron (o, como explican: “recibieron una putiza”) cuando tenían 10 años para pertenecer a la pandilla. Desde niños ya caminaban en las calles. Son de una segunda generación. Los anteceden los migrantes de Estados Unidos que trajeron la ideología del barrio. También herederos de los roncanroleros, ya no usan pantalones entubados ni el cabello relamido. Se visten con ropa guanga, se rapan, se tatúan, se dan a respetar. En la sala de el Boli, ocho barrios están representados.
La regla es que quien pertenece al barrio, pertenece a una familia. La firmeza, el respeto, el apoyo y la amistad están en un código no escrito. Todos tenían algo en común: problemas en casa y por eso fueron al encuentro de los camaradas. Se buscaban una identidad, una compañía, una escuela, como dice el Mex: “Ellos me enseñaron a vestir, a no dejarme, a tener respeto, a caminar las calles”.
Para el Chiquis, brincarse al barrio significó encontrar una familia: “En ese momento decidí mi vida. Siempre ha sido mi rutina; mi forma de vestir es siempre floja, yo no cambio ni disfrazo nada. La gente que nos mira de arriba abajo por nuestra apariencia no entiende que hay una realidad en la pandilla: que somos una familia”.
En el barrio, quienes no son “guangos” o “tumbados”, como ellos, los respaldan: “Respetan nuestra placa –describe el Mex, quien también colabora con la organización civil Cauce Ciudadano en el área de Derechos Humanos y Reinserción Social–, porque saben que nosotros damos respeto y por eso lo recibimos. Muchas veces estamos cotorreando y llegan las patrullas y se arma el desmadre, quieren llegar al barrio a apañarnos, y salen las jefas de los cantones y se ponen al pedo con la tira. Saben que la neta es el barrio”.
Les costó tiempo ganarse esa honra en la calle y en el hogar. Recuerdan lo difícil que fue que los aceptaran los suyos, ahí comenzó la segregación: que si debían subirse los pantalones porque parecían “cagados”, o si la lavada era por metro o lucían locos con la cabeza rapada. Se congratulan porque han conseguido terminar con esos estereotipos: “Se dieron cuenta que en los momentos difíciles, la pandilla está contigo y ahora es bienvenida en nuestras casas”.
El municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se convirtió en la “capital del cholo” en 1995. En un principio fue una expresión en apariencia y conducta, ahora es para ellos una protesta, una revolución, una consigna por lo nacional. Al respecto el Smiley, quien produce jerseys, describe que si usan ropa holgada es porque así vestían a los braceros en Estados Unidos: “No les hacían los uniformes a la medida y la banda dijo ‘presta, los voy a alinear y vas a ver cómo uso mi ropa de obrero’”.
Los pachucos se mofaban de los gabachos, los provocaban, ataviándose con sus prendas: el traje, los mocasines, el sombrero y la pluma. De esa manera expresaban su inconformidad hacia los opresores. Hoy, ellos intentan defender lo “mexicano” a través de la vestimenta, de la música y las artes. Así los que quedaron, los que no murieron o están torcidos (en la cárcel), siguen aquí, rapeando, maquilando ropa, publicando revistas, pintando, manteniendo vivo el espíritu de que el cholo es cultura, no sólo locura.
El Smiley asegura que no todo es violencia. Tienen proyectos: fomentar la cultura y el arte en el barrio, porque es esa raíz la que no quieren dejar morir. El Maru confiesa que después de vivir una vida en pandilla (discriminación, abandono, drogas, cárceles) lo que queda es amar al barrio de otra forma, ya no juntándose en una esquina, pero sí representándolo. Ya no “tiran la placa”, la respetan. Ahora todos son Neza 13.
Aunque consideran que se debería favorecer públicamente a los movimientos juveniles, todo lo logrado ha sido por ellos mismos, sin ayuda de nadie, ni del Estado ni de ninguna institución privada. Buscan mejorar la vida de la gente del barrio, pero gobierno, sociedad y medios de comunicación no ven más allá: los discriminan.
El Mex relata que en una entrevista realizada por el diario El Excélsior la reportera le preguntó si alguna vez había matado a alguien. En la nota periodística, comenta, lo retratan como un asesino. El Mex, el Smiley y el Maru pertenecen al colectivo Rap Pandillero Estilo Mexicano (Rapem). El grupo ha sido invitado a MTV, Radio Acir y al Tecnológico de Monterrey. Aun así, en cada lugar no los dejaron entrar, pues creen que causarán problemas: “Estamos tan aterrizados que sabemos que si tocamos puertas no nos abren y por el otro lado va a salir una patrulla”, lamenta el Smiley.
Son rechazados también en los lugares de trabajo por los tatuajes: sea que durante el proceso de selección no los acepten, o que una vez realizado el examen médico no los contraten. Una vez ocupada la vacante, son vigilados a cada momento. El Maru dejó de intentarlo, prefirió el autoempleo. Su mayor humillación, califica, ocurrió cuando desde la puerta de una oficina le aseguraron que no había vacantes.
La misma reacción se repite en la calle, en el transporte público, en establecimientos comerciales, en bares y centros nocturnos, donde incluso se leen letreros que dicen: “No se aceptan mascotas ni cholos”.
“Cuando decides entrar en esto –advierten– te das cuenta de que nunca embonarás en diferentes ámbitos. La gente cuando te mira pone una línea y no te deja demostrar lo que eres. Aquí hay mucho talento y no hay quien lo apoye. Podríamos destacar y no se nos permite por nuestra apariencia.”
Por las calles de Nezahualcóyotl y Ecatepec las perreras hacen sus rondines. El Chiquis dice que la policía se siente con autoridad porque está uniformada. Los suben y vigilan porque los ven reunidos o simplemente porque les caen mal. Han sufrido robos de judiciales hasta por seis veces y hasta los han encañonado para quitarles sus celulares. Alguna vez fueron capturados y llevados a un barrio enemigo; en otra, les aplicaron torturas como la máscara del diablo (envolverles la cara con una bolsa de plástico) para que confesaran dónde se vendía la marihuana.
Tienen el estigma de los Maras Salvatrucha. Dicen que les robaron la cultura del cholo y ahora los confunden. El Boli y el Smiley señalan que se les achacan sus business y ellos son diferentes: no faltan al respeto, no aparentan lo que no son ni intimidan: “Que se nos tache de imitadores de Maras es utilizado por las autoridades para desviar la atención y criminalizarnos. Ellos tomaron de nosotros, no nosotros de ellos”. Medios impresos y electrónicos los quieren usar con ese propósito: aparecer en la imagen como integrantes de esa banda.
Los Sureños 13 han sido perseguidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el aeropuerto, donde les piden identificarse. Al Chiquis lo detuvieron en Polanco cuando salía de trabajar. Por dos noches estuvo aprehendido. Fue llevado a la AFI, a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo y a Santa Martha Acatitla. Le preguntaron si era salvadoreño, fotografiaron sus tatuajes y le tomaron las huellas. En esa misma colonia, cuando grababa un material discográfico el Mex fue revisado por la policía. Tuvo que entonar una estrofa del Himno Nacional para comprobar que es mexicano.
El Smiley y otros fueron atrapados en un operativo de 15 patrullas, motos y “perreras” por estar cantando. En otra ocasión, los acusaron de golpear a una mujer embarazada, hecho que no sucedió, y los llevaron al palacio municipal. Refieren el caso de otro compañero que fue acusado de robo de automóvil, cuando ni siquiera sabe manejar, y otros que por robos que no cometieron pasan tiempo en la cárcel. Por igual son acusados por vecinos y elementos de seguridad pública.
Antes de lanzar el primer disco de Rapem, uno de sus integrantes fue asesinado por un disparo de arma en el pulmón. Para entregar el cuerpo, la familia tuvo que firmar el acta donde dice que la muerte fue por asfixia: “Después de decir que vamos por la paz, ves que las autoridades te hacen jugadas. Es imposible creer en ellas. Hablarles es hablarle a la nada”.
A los también padres de familia les enorgullece que el movimiento los mantiene unidos: “Somos pandilleros, pero pandilleros con valores”.
Discriminación a lo diferente
El artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define ésta como toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Entiende como conducta discriminatoria el que se realice o promueva el maltrato físico o sicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual.
Jean Philibert Mobwa Mobwa N’Djoli, subdirector de medidas administrativas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), asegura que la sociedad que discrimine a los jóvenes tendrá un futuro incierto.
Parte de las expresiones juveniles que son segregadas, son las mal llamadas “tribus urbanas”. Desde la definición misma se les discrimina. El funcionario aclara que el término es reductivo y discriminatorio. En su lugar, habla de identidades juveniles.
El concepto –define la CNDH en su Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el grupo juvenil conocido como emo– conlleva una posición clasista para definir de forma peyorativa la adscripción cultural de los jóvenes de condición económica baja, y posee rasgos excluyentes a partir de la asignación de rasgos violentos, salvajes o atrasados como supuestas características.
Mobwa Mobwa N’Djoli explica que debido a que los jóvenes no encuentran satisfecha su necesidad de pertenencia en el hogar o en la escuela, recurren a la calle y ahí encuentran esas identidades: jóvenes punketos, góticos, darketos, hardcores, emos, skatos, rastas, chavos banda, cholos, hippies, taggers. Estos grupos se caracterizan por utilizar diferentes aditamentos que marcan su identidad, pero por los que son excluidos.
En Las percepciones de las diferencias físicas en la Ciudad de México: la discriminación que vive la población obesa, con discapacidad, con cicatrices, tatuada, con perforaciones en la piel, darketos, punketos y personas cuya apariencia indica pertenencia indígena o a grupo religiosos, Jorge Horbath Corredor atiende los motivos por los que un joven es discriminado: la falta de tolerancia, el acceso limitado a diferentes formas de saber, la enseñanza y la inseguridad.
Según un sondeo realizado para propósitos de la investigación, los entrevistados reconocieron que existe una tendencia a estigmatizarlos como fuentes de contaminación social por llevar cierta indumentaria y pensar diferente. La apariencia física para los jóvenes, explica el autor, funciona como argumento de diferenciación social, con la que se construye la pertenencia, aceptación o exclusión.
Mobwa Mobwa N’Djoli apunta que sólo por el hecho de ser diferentes, esas identidades son discriminadas. Para él, el motivo está en el miedo a lo desconocido: “El otro no sabe qué pueda haber detrás de esa diferencia”. Él observa que se concibe que el estilo de vida y la forma de manifestarse causan choques, debido a la inseguridad social que vive el país y a la cantidad de jóvenes que están en esa encrucijada.
De acuerdo con cifras del Conapred, de enero de 2004 a junio de 2009 el órgano recibió 91 quejas y reclamaciones por discriminación por apariencia física. Mientras en 2004 sólo captó siete, para 2008 esa cantidad se elevó cuatro veces. En tanto que en el primer semestre de este año se presentaron 12, en todo 2007 se contaron 18.
Horbath Corredor observa a la discriminación como un proceso que origina prejuicios, que “se cristaliza en actitudes y prácticas que van en detrimento de un individuo o colectividad”. El documento de trabajo, publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en diciembre de 2007, señala que esas prácticas pueden estar tan arraigadas que no se cuestionan.
Una de las manifestaciones de discriminación que más afecta a los jóvenes, precisa, es “la tendencia de la policía al hostigamiento, a la sospecha infundada y a sus ataques, no sólo verbales, sino también físicos”. Refiere que los entrevistados indicaron que además de tratarlos despectivamente, los obligan a despojarse de su ropa y frecuentemente los acusan de portar armas o drogas.
El artículo “Joven, crimen y estigma”, de Carlos Mario Perea Restrepo, apunta que ser joven y violento, de un tiempo para acá, vienen a ser una única cosa: “Se les asocia no sólo con el acto sangriento, se les funde también con el hecho criminal. Al joven se le contempla como encarnación de la inseguridad urbana”.
Tras un análisis a las estadísticas en delitos contra la vida, el patrimonio y la salud, el autor detectó que en homicidio y lesiones los jóvenes no tienen ese pretendido protagonismo, como tampoco en narcotráfico. Sólo en robo alcanzan una distancia notable respecto de otras edades.
Aunque no niega que los jóvenes por debajo de los 20 años de edad estén involucrados en prácticas criminales, aclara que su participación se ubica en el nivel medio, con igual intensidad que los adultos de 30 años. Publicado en la Revista de Estudios sobre Juventud en 2004, el estudio concluye que la responsabilidad en incidencia delictiva en México “se comparte simétricamente entre jóvenes y adultos”.
Para Perea Restrepo, la criminalidad proviene no de los desquiciados jóvenes que perdieron toda referencia en una sociedad con hondas crisis, sino de la invasión del crimen al tejido social.
El subdirector de medidas administrativas del Conapred sugiere no olvidar que los elementos de seguridad pública se manejan, en el tema de las identidades juveniles, por medio de estigmas y estereotipos. Compara que así como en el pasado la policía sabía de antemano si alguien era criminal o no, sólo por la forma de conducirse, a los jóvenes con esas identidades, únicamente por la apariencia o el lenguaje, se les detiene.
Nuestra policía, indica, tiende a categorizar cuando la delincuencia se disimula de diversas formas, incluso, el vestir bien: “¿Si yo soy darketo, punketo o emo no tengo derecho a la vida, a divertirme, a manifestarme tal como soy?, cuestiona. Si hablamos de derechos humanos, el punto central es la dignidad y ésa no se presta, no se intercambia, no se transfiere, es algo que debe quedar intacto en cualquier momento”.
La segregación también ocurre en el hogar. El maestro en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana habla sobre la oposición entre la familia y los jóvenes: una se forma con un ideal imposible de alcanzar, mientras el otro sueña con la realidad, con los pies en la tierra.
Sin una base en el hoy, previene, y con el rechazo de por medio, los jóvenes tendrán como refugio la depresión, las drogas, el alcoholismo y la sexualidad. Asegura que alcanzar un país de valores que permita aceptar y admirar lo que hacen los otros es responsabilidad del gobierno, la familia y los particulares. Mobwa Mobwa N’Djoli recalca que sin un matrimonio entre el Estado y la juventud que resuelva la crisis de valores, habrá un futuro diferente.
“¿Qué futuro nos espera con la discriminación? Si la respuesta es negativa, entonces no comprendemos qué es un ser humano. La persona no es sólo una apariencia física; más allá de lo que se ve, es alguien. Un joven con cierta imagen puede darle otro giro a la sociedad el día de mañana”, reflexiona el especialista.
Grupo emo, grupo vulnerable: CNDH
El Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el grupo juvenil conocido como emo, publicado en marzo, describe que éste sufre violencia y discriminación tanto por autoridades como por la sociedad. Se pretende limitar su libertad de expresión, asociación y reunión, señala. La difusión, a veces distorsionada de su ideología y costumbres, como por sentimientos de rivalidad, es motivo para que las autoridades incurran en este tipo de conductas.
El 8 de marzo de 2008 en Querétaro ocurrió una agresión tumultuaria contra tres jóvenes emos. El incidente se intentó reproducir en otros estados, lo que, en algunos casos, se realizó “ante la inicial complacencia de las autoridades”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) enumera agravios de elementos de seguridad pública en el Distrito Federal: dispersar a jóvenes en la glorieta del Metro Insurgentes, su punto de reunión; del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, quien les pidió que se retirarán del centro histórico de esa ciudad, y de diputados locales de Oaxaca que sugirieron la creación de comités municipales de la juventud para evitar la formación de las “tribus urbanas como los emos o punketos”.
Analiza que las afrentas evidencian un problema de intolerancia social cargada de clasismo. Para la CNDH, son producto de la falta de acción y participación de las autoridades quienes, “en un efectivo ejercicio de sus funciones, deben mantener los espacios de libertad para cada grupo social y procurar el respeto a sus ideas”. No sólo eso, advierte el órgano, tienen que otorgar a los diferentes sectores las mismas oportunidades de desarrollo, con el propósito de evitar que se sientan agredidos por manifestar aspectos distintos.
Frente a violaciones a la Constitución, instrumentos y convenciones internacionales, el organismo propone la elaboración de campañas que enfaticen el respeto a la diversidad; el diseño de políticas públicas dirigidas a jóvenes; la inclusión en planes de estudio de temas relativos a la discriminación; la capacitación a los cuerpos de seguridad pública y al personal del Ministerio Público. (PM)
Desinterés por discriminación a personas tatuadas y con perforaciones
Presentada en 2008 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa para incluir en la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal como personas vulnerables a quienes tienen con tatuajes y perforaciones sigue en la congeladora.
Dante Salomo, precursor de la campaña contra la discriminación y por los derechos de las personas tatuadas y perforadas y promotor de la iniciativa, denuncia que no fue impulsada: “Hay desinterés y no les parece un tema importante, aun cuando ocurre en todo el país”.
En 2006 acudió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a las comisiones Nacional de Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero sus inconformidades no fueron atendidas.
La principal causa por la que una persona con tatuajes o perforaciones es discriminada, puntualiza en entrevista, es la criminalización. Comenta sobre ella que en 1899, hace un siglo y 10 años, se realizó la primera investigación sobre el tema en una muestra de reclusos tatuados, buscando una relación directa entre el tatuaje y el delito cometido: “Se le intentó vincular a lo peligroso. Ya no iban tras el crimen en sí, sino tras quien lo pareciera”.
Esa visión se reprodujo en las teorías de sicología criminal y, como advierte Cupatitzio Piña Mendoza en el capítulo “La construcción del sujeto tatuado como individuo peligroso”, del libro Tinta y carne, en el imaginario colectivo permanece la valoración de la persona tatuada como alguien que no es mental ni fisiológicamente normal, lo que permite que se le perciba como un sujeto amenazante y peligroso.
Debido a ello, especifica el autor, las relaciones son de dos tipos: una disciplinaria que intenta “normalizarlos” y otra fincada en la exclusión (discriminación, persecución y uso de la fuerza).
Mediante la Encuesta nacional contra la discriminación y por los derechos de las personas tatuadas y perforadas, realizada en 2007, Dante Salomo recogió los testimonios de jóvenes que sufrieron exclusión y anulación en todos los ámbitos. En su mayoría se trata de actos realizados por adultos y autoridades.
Entre los resultados que obtuvo, destaca el que 598 entrevistados (90 por ciento) sufrieron por lo menos algún tipo de discriminación. Casi el 50 por ciento, 298 personas, fue revisado por la policía o sufrió detención ilegal. En tanto, en el ámbito laboral, 226 fueron discriminadas; 205 en la calle; 208 en el hogar, y 123 en las oficinas de gobierno.
Sobre los casos, relata que en una fiesta, un joven, identificado con el grupo punketo, fue golpeado hasta quedar inconsciente por otros invitados que le gritaban: “Si quieres lastimar tu cuerpo, nosotros te ayudamos; sólo los putos se ponen aretes y tatuajes”.
Otros sufren ese rechazo en su hogar, desde que sus padres les arranquen los piercings hasta ser corridos. Y entre más tatuajes o perforaciones tengan, la gente en la vía y el transporte público prefiere alejarse o voltear la mirada.
En las contrataciones de personal, la exclusión es para todo candidato que posea un tatuaje o perforación. Durante el proceso de selección, son rechazados, sea desde la propia oferta laboral hasta los exámenes médicos, donde se les desnuda para detectar tinta, perforaciones o cicatrices.
Salomo alerta que eso motiva la automutilación: adultos jóvenes que usan ácido de coche, navajas de afeitar, planchas, cigarros o químicos para borrarse “al rojo vivo” los tatuajes. Veintidós de los encuestados tuvieron que recurrir a esos métodos, sólo seis lo hicieron de forma segura.
Desempleados (por lo que llevan grabado en la piel), sin dinero y con la urgencia de conseguir un empleo, no tienen más opción, pues las cirugías son muy costosas. Por si no fuera poco, la cicatriz no les garantiza que sean contratados. Advierte que con esas políticas de no empleo, el país se pierde de personas valiosas y capaces.
Para el activista esto parece el pago de un castigo muy caro por un error cometido: “Es una sociedad donde tienes que arrepentirte de eso que se califica como malo. Me parece terrible porque es el único grupo que tiene que mutilarse para ejercer sus derechos”.
La discriminación llega a excluir a toda persona tatuada o perforada como donante de sangre. No obstante, la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 “para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos” dice que sólo se rechazarán a quienes en el último año se hayan sometido a procedimientos efectuados con instrumentos potencialmente contaminados con líquidos de riesgo, tales como un tatuaje o perforación.
En relación con la persecución policiaca, dice que si algo ha cambiado es que ya no se hace de forma general, sino a aquél con un tatuaje rudimentario, como los elaborados en la cárcel. Por el contrario, quien posee un diseño estilizado no es perseguido, pues se entiende que pagó mucho por él.
Quien iniciara la campaña contra la discriminación y por los derechos de las personas tatuadas y perforadas concluye que se discrimina por ignorancia, por creencias antiguas y por rechazo al cambio. Por ello “no debemos parar hasta lograr que en el nivel nacional se nos reconozca plenamente con leyes, información y acciones”. (PM)
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