La ruta financiera del narco

Jesusa Cervantes


MÉXICO, DF, 14 de mayo (apro).- Las acciones de los cárteles de la droga en México no tienen límites. Lo mismo amenazan y obligan a un campesino a rentarles sus tierras para la siembra de amapola o mariguana que ejecutan a bandas rivales, envían mensajes a políticos o, incluso, llegan a matarlos.

Pero los miembros del crimen organizado, astutos como son en su mayoría, pueden también llegar a ser accionistas de bancos, como lo fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo de capos, y quien en la década de los ochenta llegó a tener acciones del Banco del Bajío.

O pueden también llegar a formar parte de partidos políticos, ser sus dirigentes locales o incluso candidatos y precandidatos, como ocurrió con Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien en 2007 contendió por la alcaldía de Río Bravo en Tamaulipas.

Más tarde, en 2009, llegó a ser precandidato a diputado federal por el PRD, aunque finalmente fue detenido en abril de ese año bajo la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) de formar parte del grupo de “ordeñadores” de Petróleos Mexicanos (Pemex) y estar vinculado a Los Zetas del cártel del Golfo.

El caso es que para el crimen organizado no hay imposibles.

Si hoy les conviene, se logran vincular a políticos o, en el peor de los casos, si nos les conviene, mandarlos ejecutar por denunciar sus actividades, como ocurrió con el tamaulipeco Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, del PT, quien desde 2007 empezó a denunciar los negocios ilícitos de Almaraz Maldonado.

Guajardo Anzaldúa finalmente fue ejecutado por un comando en noviembre de 2009.

La última acción del crimen organizado contra un político ocurrió el pasado jueves en el municipio de Valle Hermoso, también en Tamaulipas, con la ejecución del panista José Mario Guajardo Varela, quien contendía por dicha alcaldía.

Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, César Nava, reveló que el candidato ya había sido amenazado.

Los asesinatos, la siembra forzada y las vejaciones de los miembros de los cárteles en contra de políticos, o el envenenamiento de jóvenes, niños y adultos con la venta de la droga seguirán en este país. Esto será así mientras el gobierno mexicano y los de otros países no se decidan a atacar la parte operativa del lavado de dinero.

Acabar con el narcotráfico no es sólo “declararle la guerra”, como lo hizo Felipe Calderón; no se trata solamente de un asunto de estrategia militar, de policías y armas.

Debe contarse con otro ingrediente: ir directamente a la parte financiera de estos grupos, atacar las áreas donde los grandes cárteles logran limpiar las ganancias producto de su actividad.

El pasado jueves, el presidente estadunidense Barack Obama anunció el combate al lavado de dinero como parte de su nueva estrategia antidrogas.

En el documento de la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), se establece que parte del éxito consiste en “la verdadera cooperación con las autoridades mexicanas, en un mayor intercambio de inteligencia, incluida la información sobre las investigaciones financieras”.

Pero no bastan los buenos deseos.

Para lograr lo planteado por el gobierno estadunidense basta que las autoridades mexicanas también lo deseen y, como se ha visto a lo largo de los últimos diez años, lo menos que pretende el gobierno de México es seguirle la pista al dinero de los narcos.

He aquí algunos ejemplos:

De acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadunidense, desde el 2000 y hasta mediados de 2008, el gobierno identificó a 121 empresas que han servido de fachadas para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.

Dichas compañías se dedican principalmente a la importación, exportación, consultoría, compraventa de divisas, servicios, minería, transporte y a las industrias farmacéutica, inmobiliaria y alimentaria, entre otras.

Según el reporte de la OFAC, 48 de esas firmas están presumiblemente relacionadas con el cártel de los Arellano Félix; 34 con el de los Arriola Márquez, socios del cártel de Juárez, y 25 más con el de Ismael El Mayo Zambada.

En su reporte anterior, del 17 de mayo de 2007, la OFAC relacionó a seis empresas con Zambada: Establo Puerto Rico SA de CV; Jamaro Constructores SA de CV; Multiservicios Jeviz SA de CV; Estancia Infantil Niño Feliz, SC; Rosario Niebla Cardoza, A. en P., y Nueva Industria Ganadera de Culiacán SA de CV.

A pesar de este reporte y, aunque el procurador Eduardo Medina Mora aseguró ante los diputados que todas las empresas incluidas por la OFAC tienen averiguación abierta, Nueva Industria Ganadera de Culiacán, que comercializa la marca Leche Santa Mónica, es promovida por el gobierno federal.

El 13 de agosto pasado esta empresa fue incluida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en su padrón de compañías que ofrecen empleos; más aún, desde 2002 figura en el padrón de las empresas que reciben recursos a través del programa Pymes e, incluso, en 2004 recibió apoyos por cien mil pesos de parte del gobierno foxista.

Además, la misma empresa participó con apoyo logístico en la organización de la Consulta Infantil y Juvenil de los Valores Democráticos, que auspició el Instituto Federal Electoral (IFE) en el 2000, según consta en documentos de la Junta Local Electoral de Sinaloa, estado donde se ubica Nueva Industria Ganadera.

Cuando se dio a conocer esa lista negra, Karen P. Tandy, administradora de la DEA, advirtió: "Estamos estudiando con persistencia el patrón financiero para despojar a estos narcotraficantes de sus activos, drenando la sangre que da vida a sus empresas criminales."

En respuesta al boletín de la OFAC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo, a través de su vocero, que "en México no existen evidencias de operaciones ilícitas en las empresas señaladas por los estadunidenses", según reportó El Universal el 6 de junio de 2007.

Un ejemplo más: el 12 de diciembre de 2007, la OFAC boletinó a otras 19 empresas y 22 personas que presuntamente lavan dinero para El Mayo Zambada y Víctor Emilio Cázares Salazar.

Se trata de Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, Sepriv, Cazper Importaciones, PatracaM; las casas de cambio Mexglobo, Multiservicios Agsa y AGBAS Consultores; Toys Factory y las tienda Chika’s, una cadena de 20 boutiques de joyería y cosméticos.

Por cierto estos negocios tienen su sede en Sinaloa, Jalisco, Baja California y la Ciudad de México.

El 5 de agosto de 2008, la oficina del Departamento del Tesoro incluyó a 14 empresas mineras, constructoras e inmobiliarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco, que presuntamente son utilizadas para lavar dinero de Rigoberto Gaxiola Medina, supuesto operador financiero del cártel de Sinaloa.

Y así, año con año, mientras Estados Unidos emite advertencias sobre el posible lavado de dinero en México, las autoridades de nuestro país terminan diciendo que “no hay evidencias de operaciones ilícitas”.

Si esta actitud no cambia, difícilmente la nueva estrategia de Obama dará resultado, pues el “corazón financiero” que se pretende desarticular, del lado mexicano parece no campear la misma intención.

Por todo ello podemos afirmar que mientras no se ataque la parte medular de las ganancias del narcotráfico, éste difícilmente se acabará y de su mano seguirán los ejecutados, las torturas, la corrupción y seguramente su unión con la política.