El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos aplicar una modalidad del llamado “Plan Colombia”, con el fin de exterminar el narcotráfico y disminuir los impactos que ha provocado en la sociedad.
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Plan misterioso
ricardo ravelo México, D.F., 25 de junio (apro).- El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos aplicar una modalidad del llamado “Plan Colombia”, con el fin de exterminar el narcotráfico y disminuir los impactos que ha provocado en la sociedad.
Sin embargo, tanto el presidente Felipe Calderón como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, no han explicado a los legisladores en qué consistió la solicitud de ayuda al presidente norteamericano George W. Bush.
El tema de la ayuda norteamericana en México se mantiene en el silencio. En tanto, la violencia se recrudece en el país, como consecuencia de la guerra contra los cárteles y los choques de éstos por imponer sus dominios en las rutas de trasiego.
Cuantas veces se le ha preguntado al procurador Medina Mora en qué consistiría el Plan Colombia que se aplicaría en México, el funcionario ha respondido que la ayuda sólo consiste en una cooperación más estrecha entre ambas naciones para combatir al crimen organizado.
Pese a esta explicación, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados exigen la comparecencia de todo el Gabinete de Seguridad, pues, a juicio de los diputados, se debe detallar en qué consistirá la ayuda estadunidense: si tal apoyo equivale a la intervención directa de la DEA o de cualquier otra fuerza de seguridad de Estados Unidos en territorio nacional.
En su versión original, el llamado Plan Colombia fue uno de los proyectos más ambiciosos que se aplicaron en Colombia para abatir el tráfico de drogas, aunque no estuvo exento de costos políticos.
El Plan Colombia fue un ambicioso proyecto para disminuir el tráfico de drogas y resolver de paso el nudo originado por el conflicto armado que vive Colombia, por medio de la ayuda de Estados Unidos.
El proyecto fue concebido en 1999 por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango y su homólogo de Estados Unidos, Bill Clinton. Los objetivos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.
Sin embargo, el elemento más controvertido de este plan ha sido la estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de cocaína (en México esta tarea ya es controlada por el Ejército y no por la PGR). Esta actividad ha sido blanco de críticas debido a los daños provocados a los cultivos lícitos y, según expertos colombianos, tiene consecuencias adversas en la salud, en particular sobre las personas expuestas al contacto con los herbicidas.
Las razones del entonces presidente Pastrana para aplicar el plan Colombia eran variadas. Las más sólidas se basaban, según el presidente colombiano, en que “la cocaína era un problema social, cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado (en concreto la guerrilla); que los países desarrollados deberían brindar ayuda para implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el cual –según Pastrana– permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a los campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos”.
Según los datos históricos consultados, el diseño del Plan Colombia no contemplaba, al inicio, el combate al tráfico de drogas. Por lo menos no hacía mención al combate al narcotráfico, a través de un incremento de la ayuda militar o mediante las campañas de fumigación. Sólo enfatizaba la erradicación manual de los cultivos como una alternativa mejor.
Pero en agosto de 1998 todo dio un giro drástico. Durante un encuentro entre Clinton y Pastrana se discutió el tema crucial: la posibilidad de asegurar un aumento en la ayuda para los proyectos antinarcóticos; desarrollo sostenible; la protección de los derechos humanos; ayuda humanitaria, y estímulo a la inversión privada y unión con otras donantes e instituciones financieras internacionales para promover el crecimiento económico de Colombia.
Si embargo, la apertura de Colombia para la intervención militar estadunidense significó para Estados Unidos la posibilidad de penetrar al Estado colombiano. Si bien el plan original contemplaba el combate a la guerrilla –en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)--, el escrito elaborado por Washington tuvo mayores alcances: el 68% de toda la ayuda de Estados Unidos se enfocó a la esfera militar y antinarcóticos.
El costo fue muy alto, según los registros consultados: 7.5 mil millones de dólares, de los que el 51% se dedicaría al desarrollo institucional y social; un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% se destinó a la revitalización social y económica, y un 0.8% se canalizó al apoyo de los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. El apoyo económico de Estados Unidos fue de 1.3 mil millones de dólares y algo más: 500 efectivos militares para el entrenamiento de las fuerzas locales.
La revista Semana –una de las publicaciones más importantes de Colombia– sostuvo en un reportaje titulado “El Plan Colombia, instrumento de Washington”, que unos 300 civiles fueron enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos de coca. No sólo eso: Estados Unidos dispuso, tiempo después, de unos 330 mil millones de dólares para el apoyo militar.
La aportación de dinero no paró ahí. Según la publicación, en 2000 se destinaron 818 mil millones de dólares y en 2001, 256 mil millones. Esto convirtió a Colombia en el tercer país mayor receptor de ayuda estadunidense, sólo debajo de países como Afganistán e Irak.
El Plan Colombia fue unas de las intervenciones militares más cuestionadas en el ámbito internacional. En junio de 2000, por ejemplo, la organización Amnistía Internacional cuestionó sus alcances:
“El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora completamente las responsabilidades históricas del propio Estado colombiano. También ignora que las raíces profundas del conflicto están en la crisis de los derechos humanos. El plan propone principalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan para disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan. Además, es aparente que el Plan Colombia no es el resultado de un proceso genuino de consulta con las organizaciones no gubernamentales nacionales ni internacionales que (se esperaba) implementaran los proyectos, ni con los beneficiarios de humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo social. Como consecuencia, el componente de derechos humanos del plan, es defectuoso….”.
El extermino de la guerrilla
Aunque el Plan Colombia tiene algunos componentes que buscaron fomentar la ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa forma parte de un proyecto cuyo único objetivo es la ayuda militar y antinarcóticos.
La justificación oficial en Estados Unidos es que éste plan es parte de la guerra contra las drogas, aunque sus críticos consideran que el plan se centra en el exterminio de la guerrilla colombiana. En el Congreso norteamericano se festinan los logros del Plan Colombia porque, según los legisladores, se lograron erradicar 13 mil kilómetros cuadrados de plantaciones ilícitas --principalmente coca– en 2003, lo cual ha prevenido la producción –dicen– de más de 500 toneladas métricas de cocaína, lo que ha causado, además, pérdidas para los narcotraficantes del orden de los cien millones de dólares.
Pero actualmente otra es la realidad. Después de la intervención militar en Colombia y de las millonarias inversiones contra el narcotráfico, en Colombia sigue boyante el negocio de las drogas: unas 300 pequeñas organizaciones tienen ahora bajo su dominio la exportación de cocaína hacia Estados Unidos, cuyo paso obligado es México.
Estas microempresas exportadoras de cocaína tienen una bien organizada red de apoyos y una estratégica división del trabajo: cuentan con apoyos en casi todos los puertos colombianos y tienen capacidad para exportar drogas a cualquier parte del mundo.
Los cabecillas de lo que ahora de conoce como los “Baby cártels” son, en su mayoría, empresarios que mantienen camufladas sus operaciones ilícitas con actividades como el comercio, la renta de autos o, bien, el negocio de los bienes raíces, lo que también les permite lavar sus activos.
ricardo ravelo México, D.F., 25 de junio (apro).- El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos aplicar una modalidad del llamado “Plan Colombia”, con el fin de exterminar el narcotráfico y disminuir los impactos que ha provocado en la sociedad.
Sin embargo, tanto el presidente Felipe Calderón como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, no han explicado a los legisladores en qué consistió la solicitud de ayuda al presidente norteamericano George W. Bush.
El tema de la ayuda norteamericana en México se mantiene en el silencio. En tanto, la violencia se recrudece en el país, como consecuencia de la guerra contra los cárteles y los choques de éstos por imponer sus dominios en las rutas de trasiego.
Cuantas veces se le ha preguntado al procurador Medina Mora en qué consistiría el Plan Colombia que se aplicaría en México, el funcionario ha respondido que la ayuda sólo consiste en una cooperación más estrecha entre ambas naciones para combatir al crimen organizado.
Pese a esta explicación, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados exigen la comparecencia de todo el Gabinete de Seguridad, pues, a juicio de los diputados, se debe detallar en qué consistirá la ayuda estadunidense: si tal apoyo equivale a la intervención directa de la DEA o de cualquier otra fuerza de seguridad de Estados Unidos en territorio nacional.
En su versión original, el llamado Plan Colombia fue uno de los proyectos más ambiciosos que se aplicaron en Colombia para abatir el tráfico de drogas, aunque no estuvo exento de costos políticos.
El Plan Colombia fue un ambicioso proyecto para disminuir el tráfico de drogas y resolver de paso el nudo originado por el conflicto armado que vive Colombia, por medio de la ayuda de Estados Unidos.
El proyecto fue concebido en 1999 por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango y su homólogo de Estados Unidos, Bill Clinton. Los objetivos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.
Sin embargo, el elemento más controvertido de este plan ha sido la estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de cocaína (en México esta tarea ya es controlada por el Ejército y no por la PGR). Esta actividad ha sido blanco de críticas debido a los daños provocados a los cultivos lícitos y, según expertos colombianos, tiene consecuencias adversas en la salud, en particular sobre las personas expuestas al contacto con los herbicidas.
Las razones del entonces presidente Pastrana para aplicar el plan Colombia eran variadas. Las más sólidas se basaban, según el presidente colombiano, en que “la cocaína era un problema social, cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado (en concreto la guerrilla); que los países desarrollados deberían brindar ayuda para implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el cual –según Pastrana– permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a los campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos”.
Según los datos históricos consultados, el diseño del Plan Colombia no contemplaba, al inicio, el combate al tráfico de drogas. Por lo menos no hacía mención al combate al narcotráfico, a través de un incremento de la ayuda militar o mediante las campañas de fumigación. Sólo enfatizaba la erradicación manual de los cultivos como una alternativa mejor.
Pero en agosto de 1998 todo dio un giro drástico. Durante un encuentro entre Clinton y Pastrana se discutió el tema crucial: la posibilidad de asegurar un aumento en la ayuda para los proyectos antinarcóticos; desarrollo sostenible; la protección de los derechos humanos; ayuda humanitaria, y estímulo a la inversión privada y unión con otras donantes e instituciones financieras internacionales para promover el crecimiento económico de Colombia.
Si embargo, la apertura de Colombia para la intervención militar estadunidense significó para Estados Unidos la posibilidad de penetrar al Estado colombiano. Si bien el plan original contemplaba el combate a la guerrilla –en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)--, el escrito elaborado por Washington tuvo mayores alcances: el 68% de toda la ayuda de Estados Unidos se enfocó a la esfera militar y antinarcóticos.
El costo fue muy alto, según los registros consultados: 7.5 mil millones de dólares, de los que el 51% se dedicaría al desarrollo institucional y social; un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% se destinó a la revitalización social y económica, y un 0.8% se canalizó al apoyo de los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. El apoyo económico de Estados Unidos fue de 1.3 mil millones de dólares y algo más: 500 efectivos militares para el entrenamiento de las fuerzas locales.
La revista Semana –una de las publicaciones más importantes de Colombia– sostuvo en un reportaje titulado “El Plan Colombia, instrumento de Washington”, que unos 300 civiles fueron enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos de coca. No sólo eso: Estados Unidos dispuso, tiempo después, de unos 330 mil millones de dólares para el apoyo militar.
La aportación de dinero no paró ahí. Según la publicación, en 2000 se destinaron 818 mil millones de dólares y en 2001, 256 mil millones. Esto convirtió a Colombia en el tercer país mayor receptor de ayuda estadunidense, sólo debajo de países como Afganistán e Irak.
El Plan Colombia fue unas de las intervenciones militares más cuestionadas en el ámbito internacional. En junio de 2000, por ejemplo, la organización Amnistía Internacional cuestionó sus alcances:
“El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora completamente las responsabilidades históricas del propio Estado colombiano. También ignora que las raíces profundas del conflicto están en la crisis de los derechos humanos. El plan propone principalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan para disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan. Además, es aparente que el Plan Colombia no es el resultado de un proceso genuino de consulta con las organizaciones no gubernamentales nacionales ni internacionales que (se esperaba) implementaran los proyectos, ni con los beneficiarios de humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo social. Como consecuencia, el componente de derechos humanos del plan, es defectuoso….”.
El extermino de la guerrilla
Aunque el Plan Colombia tiene algunos componentes que buscaron fomentar la ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa forma parte de un proyecto cuyo único objetivo es la ayuda militar y antinarcóticos.
La justificación oficial en Estados Unidos es que éste plan es parte de la guerra contra las drogas, aunque sus críticos consideran que el plan se centra en el exterminio de la guerrilla colombiana. En el Congreso norteamericano se festinan los logros del Plan Colombia porque, según los legisladores, se lograron erradicar 13 mil kilómetros cuadrados de plantaciones ilícitas --principalmente coca– en 2003, lo cual ha prevenido la producción –dicen– de más de 500 toneladas métricas de cocaína, lo que ha causado, además, pérdidas para los narcotraficantes del orden de los cien millones de dólares.
Pero actualmente otra es la realidad. Después de la intervención militar en Colombia y de las millonarias inversiones contra el narcotráfico, en Colombia sigue boyante el negocio de las drogas: unas 300 pequeñas organizaciones tienen ahora bajo su dominio la exportación de cocaína hacia Estados Unidos, cuyo paso obligado es México.
Estas microempresas exportadoras de cocaína tienen una bien organizada red de apoyos y una estratégica división del trabajo: cuentan con apoyos en casi todos los puertos colombianos y tienen capacidad para exportar drogas a cualquier parte del mundo.
Los cabecillas de lo que ahora de conoce como los “Baby cártels” son, en su mayoría, empresarios que mantienen camufladas sus operaciones ilícitas con actividades como el comercio, la renta de autos o, bien, el negocio de los bienes raíces, lo que también les permite lavar sus activos.
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