El PRD perdió el rumbo
sara lovera lópez México, D.F., 28 de junio (apro-cimac).-En las zonas de tolerancia se ejerce la explotación sexual, el secuestro, el maltrato, la violencia a las que ahí son obligadas a "trabajar": las mujeres.
sara lovera lópez México, D.F., 28 de junio (apro-cimac).-En las zonas de tolerancia se ejerce la explotación sexual, el secuestro, el maltrato, la violencia a las que ahí son obligadas a "trabajar": las mujeres.
http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=51974
El PRD perdió el rumbo
sara lovera lópez México, D.F., 28 de junio (apro-cimac).-En las zonas de tolerancia se ejerce la explotación sexual, el secuestro, el maltrato, la violencia a las que ahí son obligadas a "trabajar": las mujeres.
“Y en las zonas de tolerancia, ¿qué buscan? No se pretende que sólo se limite a esa zona. ¿No es en realidad la formación de un gueto que viola de facto todo derecho humano vigente? ¿Acaso se desconoce que las zonas de tolerancia están estrechamente ligadas a las redes de explotación y a la trata de personas, de lo cual sólo se beneficia el sistema neoliberal y capitalista que nos imponen los de arriba?”
Este es un párrafo elaborado por un grupo de mujeres de Apizaco, que llegaron al zócalo capitalino a protestar porque Reyes Ruiz Peña, presidente municipal, busca crear una zona de tolerancia en ese pueblo de Tlaxcala.
La prostitución es el lugar de mayor opresión y violencia que existe para las mujeres.
Pretender legalizarla es consentir la violencia extrema contra las mujeres; es “regular” el trabajo que ellas y otros muchos hombres realizan. Atrás pareciera que está el deseo neoliberal de que paguen impuestos y certificar que en este país se admite un negocio, donde el objeto de
compra-venta es el cuerpo de las mujeres.
Se trata sin duda de un asunto polémico. Y no por moralina, sino porque los perredistas de la Ciudad de México perdieron el rumbo. Hace al menos tres años que en el Congreso se lucha por la aprobación de una ley de trata que garantice los derechos humanos de las personas explotadas sexualmente. ¿Puede un Estado admitir esta explotación, como lo ha hecho, y dar una salida equivocada?
A frenar la trata, la pornografía infantil, a eso y no a otra cosa debía dedicarse el trabajo legislativo. Tenemos suficiente información que hace urgente atender el problema. Si se legaliza, dice Teresa Ulloa, estarán contentos los negociantes que se embolsan cada año más de 5 mil millones de pesos por el uso, abuso, tráfico de migrantes y trata de personas, con fines de explotación sexual.
Un número creciente son niñas y niños. Un negocio del crimen organizado. Un negocio conocido, estudiado, con focos rojos. Se sabe que las casi niñas que se prostituyen en la zona centro de la ciudad precisamente son tratadas desde Tlaxcala. ¿Por qué será que no se puede ver desde ese lugar terrible de la violencia contra las mujeres el problema de la prostitución? ¿Por qué, me pregunto, se echa por la borda una postura abolicionista que ha caracterizado a la historia de este país?
Me dirán que, entonces, ¿qué hacemos? Y cómo no saberlo: hay que perseguir a los lenones, desde los de negocio en las calles, de la trata de mujeres jóvenes, indígenas, cuya ruta estudió hace una década, en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Porqué no poner freno a la trata? ¿Por qué no blindar la explotación?
Las mujeres que pintaron una manta con esmalte de uñas, pidiendo a gritos que no se las confine y no se las excluya, dicen que son “trabajadoras sexuales libres” de Apizaco y que se oponen con la sabiduría del ser humano, que sabe que se conspira contra sus libertades fundamentales.
Y no se trata de una contradicción. Es una demanda de un grupo organizado que ha eliminado el control y que ejerce la prostitución libremente, pero advierte que se trata una legalización o reglamentación hipócrita, que en el fondo quiere confinarlas para siempre a una actividad “legal”, pero vergonzante para quienes la legalizan.
Creo que la propuesta no resiste un análisis de Derechos Humanos y, en cambio, habría que perseguir al crimen organizado que trata con las mujeres, las niñas y los niños; crear mecanismos de reinserción social reales que alienten el empleo bien pagado; que prohíba el comercio sexual en los negocios de unos cuantos; que penalice a los clientes y los persiga; que evite el secuestro y el mal trato; que realice programas de buen trato y dignificación de estas mujeres confinadas a la peor de todas las violencias consentidas por el sistema.
Por qué los señores del PRD no se ponen a trabajar para distribuir el presupuesto, edificar escuelas y bibliotecas, capacitación a funcionarios a fondo y no talleres superficiales; en fin, la lista de acciones que están en la Ley de Acceso a Una Vida sin Violencia para las Mujeres, es todo un programa que debía ponerse en marcha y no dar salidas neoliberales y esas sí, de derecha.
Una zona de tolerancia en el Distrito Federal para excluir a las mujeres que están atrapadas en la prostitución, sin un plan de fondo, es una medida reaccionaria y contra las mujeres.
“Y en las zonas de tolerancia, ¿qué buscan? No se pretende que sólo se limite a esa zona. ¿No es en realidad la formación de un gueto que viola de facto todo derecho humano vigente? ¿Acaso se desconoce que las zonas de tolerancia están estrechamente ligadas a las redes de explotación y a la trata de personas, de lo cual sólo se beneficia el sistema neoliberal y capitalista que nos imponen los de arriba?”
Este es un párrafo elaborado por un grupo de mujeres de Apizaco, que llegaron al zócalo capitalino a protestar porque Reyes Ruiz Peña, presidente municipal, busca crear una zona de tolerancia en ese pueblo de Tlaxcala.
La prostitución es el lugar de mayor opresión y violencia que existe para las mujeres.
Pretender legalizarla es consentir la violencia extrema contra las mujeres; es “regular” el trabajo que ellas y otros muchos hombres realizan. Atrás pareciera que está el deseo neoliberal de que paguen impuestos y certificar que en este país se admite un negocio, donde el objeto de
compra-venta es el cuerpo de las mujeres.
Se trata sin duda de un asunto polémico. Y no por moralina, sino porque los perredistas de la Ciudad de México perdieron el rumbo. Hace al menos tres años que en el Congreso se lucha por la aprobación de una ley de trata que garantice los derechos humanos de las personas explotadas sexualmente. ¿Puede un Estado admitir esta explotación, como lo ha hecho, y dar una salida equivocada?
A frenar la trata, la pornografía infantil, a eso y no a otra cosa debía dedicarse el trabajo legislativo. Tenemos suficiente información que hace urgente atender el problema. Si se legaliza, dice Teresa Ulloa, estarán contentos los negociantes que se embolsan cada año más de 5 mil millones de pesos por el uso, abuso, tráfico de migrantes y trata de personas, con fines de explotación sexual.
Un número creciente son niñas y niños. Un negocio del crimen organizado. Un negocio conocido, estudiado, con focos rojos. Se sabe que las casi niñas que se prostituyen en la zona centro de la ciudad precisamente son tratadas desde Tlaxcala. ¿Por qué será que no se puede ver desde ese lugar terrible de la violencia contra las mujeres el problema de la prostitución? ¿Por qué, me pregunto, se echa por la borda una postura abolicionista que ha caracterizado a la historia de este país?
Me dirán que, entonces, ¿qué hacemos? Y cómo no saberlo: hay que perseguir a los lenones, desde los de negocio en las calles, de la trata de mujeres jóvenes, indígenas, cuya ruta estudió hace una década, en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Porqué no poner freno a la trata? ¿Por qué no blindar la explotación?
Las mujeres que pintaron una manta con esmalte de uñas, pidiendo a gritos que no se las confine y no se las excluya, dicen que son “trabajadoras sexuales libres” de Apizaco y que se oponen con la sabiduría del ser humano, que sabe que se conspira contra sus libertades fundamentales.
Y no se trata de una contradicción. Es una demanda de un grupo organizado que ha eliminado el control y que ejerce la prostitución libremente, pero advierte que se trata una legalización o reglamentación hipócrita, que en el fondo quiere confinarlas para siempre a una actividad “legal”, pero vergonzante para quienes la legalizan.
Creo que la propuesta no resiste un análisis de Derechos Humanos y, en cambio, habría que perseguir al crimen organizado que trata con las mujeres, las niñas y los niños; crear mecanismos de reinserción social reales que alienten el empleo bien pagado; que prohíba el comercio sexual en los negocios de unos cuantos; que penalice a los clientes y los persiga; que evite el secuestro y el mal trato; que realice programas de buen trato y dignificación de estas mujeres confinadas a la peor de todas las violencias consentidas por el sistema.
Por qué los señores del PRD no se ponen a trabajar para distribuir el presupuesto, edificar escuelas y bibliotecas, capacitación a funcionarios a fondo y no talleres superficiales; en fin, la lista de acciones que están en la Ley de Acceso a Una Vida sin Violencia para las Mujeres, es todo un programa que debía ponerse en marcha y no dar salidas neoliberales y esas sí, de derecha.
Una zona de tolerancia en el Distrito Federal para excluir a las mujeres que están atrapadas en la prostitución, sin un plan de fondo, es una medida reaccionaria y contra las mujeres.
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