domingo, 16 diciembre 2007
Reportaje
Quejas y testimonios turnados a la CNDH e información complementaria revelan el grado de descomposición al que llegó el programa de testigos protegidos. Algunos de éstos son obligados, bajo torturas o amenazas, a declarar contra personas que no conocen; a otros los presionan para que no involucren a personajes intocables; muchos de ellos no tienen ninguna protección y, después de rendir sus testimonios son ejecutados por los narcos, además de que la PGR suele dejarlos al garete y escamotearles los pagos convenidos…
Algunos han aparecido muertos sin explicación alguna; otros fueron ejecutados luego de revelar los secretos de la mafia; unos más fueron abandonados a su suerte por la Procuraduría General de la República (PGR) tras utilizarlos como delatores de varios delincuentes, y buena parte de los actuales “testigos protegidos” deambulan por las calles sin protección, sin dinero y con el temor de ser “levantados” o asesinados por los jefes del narcotráfico.
Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos tres años, el programa de testigos protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Instrumento para combatir al crimen organizado, el programa cayó, por distintas causas, en una crisis tan profunda que parece irreversible debido a la corrupción interna, a la manipulación de expedientes y declaraciones que son “cuadradas” para incriminar a personas, o bien para omitir datos y señalamientos cuando aparecen implicados en el narcotráfico altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
–Esto no se puede poner. La persona a la que usted se refiere es intocable – Le dijeron en la SIEDO a un testigo cuando había declarado que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presuntamente estuvo relacionado durante el sexenio pasado en el negocio de la efedrina con personajes afincados en el estado de Morelos.
– Quiero que asienten lo que digo– insistió el testigo con tono enérgico.
Y el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO –sostiene una fuente consultada dentro de la propia PGR– se negó a escribir los detalles del testimonio sobre García Luna.
Este ejemplo ilustra cómo, a 11 años de haberse creado la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada –uno de los proyectos legales más ambiciosos para combatir al narcotráfico y otros delitos federales–, terminó desvirtuada al punto de que varios testigos han renunciado al programa “por las presiones” que reciben dentro de la PGR, porque no les pagan y por algo peor: no les brindan protección.
Un año después de que fue aprobada dicha ley, empezaron a advertirse signos de descomposición en el programa de testigos protegidos al que dio origen, ya que éste paralizó las tareas de investigación y facilitó a la PGR el combate a los cárteles de la droga mediante delaciones y negociaciones con los delincuentes, a cambio de premios como perdonar algunos delitos o reducir las penas carcelarias.
El 5 de julio de 1997, Tomás Colsa McGregor –conocido en el mundo del narcotráfico como “el joyero de Amado Carrillo Fuentes”– fue asesinado en la Ciudad de México después de haber sido una pieza clave de la PGR. Con base en muchos de sus relatos, la PGR pudo integrar averiguaciones previas contra el cártel de Juárez, lo que a la postre se conoció como El Maxiproceso.
Colsa McGregor era compadre de Amado Carrillo Fuentes, y cuando el capo se hallaba preso en el Reclusorio Sur, en 1991, acusado de portación de arma de fuego, lo fue a visitar. El joyero andaba quebrado.
– Necesito ayuda– le dijo Colsa a Carrillo Fuentes.
El Señor de los Cielos no titubeó ante la petición de su compadre y amigo, y de inmediato lo envió con quien ya figuraba como jefe del cártel de Juárez: Rafael Aguilar Guajardo.
Mediante un préstamo otorgado por Aguilar Guajardo, Colsa pudo comprar joyas –brazaletes, diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas– que solía vender entre las esposas de los más importantes capos.
Así pudo conocer Colsa el agitado mundo de la mafia. Ante la PGR, el testigo declaró en contra de gobernadores, ex gobernadores, empresarios, artistas, comandantes, ex comandantes y hasta militares con los que tuvo relación durante sus andanzas como vendedor de joyas dentro del Cártel de Juárez.
Pero aquel 5 de julio de 1997, cuando bajaba de un camión de pasajeros, fue ejecutado en la Ciudad de México por personas que hasta ahora no han sido identificadas. Se asegura que, pese a ser un testigo clave para la PGR, Colsa no traía protección. Una hipótesis hasta ahora no desmentida es que fue asesinado por los narcos a quienes servía.
Sin ley reglamentaria ni mecanismos para el cambio de identidad, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el programa de testigos protegidos derivaron en una desprotección que, aparentemente, también ocasionó la muerte de Jaime Olvera Olvera.
Relacionado en una época con el Cártel de Juárez, Jaime Olvera rindió testimonios sobre los presuntos vínculos de Liébano Sáenz –entre otros altos funcionarios del gobierno– con dicha organización criminal, aunque la PGR determinó en una investigación que el entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo era inocente, ya que el testigo Olvera fue declarado clínicamente como “mitómano y manipulador”.
Sin embargo, después de realizar diversas declaraciones, que para otros casos sí resultaron reveladoras y consistentes, Jaime Olvera fue asesinado en agosto de 1998. Su ejecución, al igual que la de Colsa McGregor, sigue impune.
Al iniciar el gobierno de Vicente Fox, y ante los frecuentes crímenes y desapariciones extrañas de algunos testigos protegidos, el Ejército Mexicano se convirtió en el responsable de la custodia de unos 80 testigos de la PGR, de un total de 90 que en 2002 tenía esa institución bajo registro y con beneficios legales.
De acuerdo con datos consultados, en el 2002 la PGR gastaba unos 650 mil pesos mensuales en ayudas para presuntos miembros de la delincuencia organizada que decidieron colaborar con la autoridad revelando los secretos de la mafia: propiedades, asesinatos, socios, redes de vínculos, escondites, grupos de protección, formas de operar el tráfico de drogas
Actualmente, la PGR paga hasta 40 mil pesos mensuales a algunos testigos estelares, cuyos testimonios han servido para conocer la intimidad de los capos y para realizar detenciones importantes; otros reciben cantidades menores, así como despensas y casas para que vivan con sus familiares.
De acuerdo con varios expedientes criminales, algunos personajes del Cártel del Golfo se han convertido, como testigos protegidos de la PGR, en verdaderos “caballitos de batalla”. Tales son los casos de personas identificadas con las claves Karem, Rafael –a quien también se conoce como La Piña–, Geraldin (ex militar), Rufino y Roberto. Se asegura que este último es el nombre con que se identifica a una ex novia del jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano, El Lazca.
Pero en medio de la guerra contra el narcotráfico que libra el gobierno calderonista, los testigos protegidos no sólo se quejan de desprotección y de presiones para que declaren contra personas que no conocen, sino también de que sus pagos mensuales se han convertido en un suplicio, pues los funcionarios responsables del programa les regatean los apoyos económicos y en muchos casos transcurren varias semanas para que les cubran las cantidades comprometidas.
Según consta en cartas y oficios hechos llegar a la CNDH –que ya indaga todas estas anomalías–, existen incriminaciones amañadas, lo cual ha provocado que varios testigos renuncien al programa: algunos están, incluso, desaparecidos, pues resultaron incómodos para la PGR por asegurar que funcionarios gubernamentales, comandantes y altos jefes policiacos están ligados con el tráfico de drogas.
El drama de “Odilón”
El testigo protegido Jesús Miranda Verástegui, a quien en la SIEDO se le asignó la clave Odilón, vivió una pesadilla dentro y fuera de esa dependencia cuando su titular era José Luis Santiago Vasconcelos.
A la Redacción llegó la copia de una carta –en estricto sentido se trata de una queja– que en el 2005 fue dirigida –lo cual se pudo confirmar– a la CNDH. En su escrito, Jesús Miranda narra que fue secuestrado en Acapulco, Guerrero, por presuntos policías y/o militares que lo torturaron en una casa de seguridad de esa ciudad para obligarlo a declarar contra personas que no conocía.
El caso fue turnado a la Primera Visitaduría de la CNDH y quedó registrado en el expediente 2005/3336/1/Q. Conforme al oficio 37661, dirigido a Gabriela Ricaud Ratbun –ella presentó la queja por la desaparición de Miranda Verástegui, quien era empleado suyo en una casa de la colonia Las Brisas de Acapulco–, Gerardo Monfort Ramírez, director general de la Primera Visitaduría de la CNDH, le informó que no se acreditó en la PGR ni en el Ejército que personal de esas instituciones hubiesen participado en el secuestro de Jesús Miranda.
Sin embargo, la carta de la víctima da cuenta de las presiones, amenazas y malos tratos recibidos en la SIEDO, pues Miranda afirma que fue obligado a entrar al programa de testigos protegidos mediante la fuerza; que estuvo incomunicado; que no sabía dónde estaba su familia; que lo forzaron a declarar falsedades altos funcionarios de SIEDO, a quienes sólo se refiere como “Chimal” (Augusto Vázquez Chimal, coordinador A de Ministerios Públicos), la “licenciada Claudia” (Claudia Álvarez Cardoso) y “Murgia” (mayor Daniel Murga Rebolledo).
Jesús Miranda Verástegui revela que al entrar al programa de testigos protegidos bajo la amenaza de que si no lo hacía sería consignado, en la SIEDO le asignaron la clave de Odilón, pero al ver que no le cumplían con los ofrecimientos económicos –además de que sus familiares directos estuvieron desaparecidos y no le decían dónde se encontraban–, renunció al programa y prácticamente escapó de la PGR.
De acuerdo con los datos históricos de este caso, la PGR pretendía que el testigo declarara contra personas supuestamente ligadas a los hermanos Beltrán Leyva, personajes del cártel de Sinaloa que, según la PGR, están afincados en Acapulco, su plaza.
Escrita en hoja cuadriculada y con letra negra, la carta, fechada el 30 de noviembre del 2005, no sólo describe el oscuro mundo en el que son internados los testigos protegidos, sino también las violaciones a las garantías individuales en que presuntamente está incurriendo la SIEDO.
A continuación se transcriben las partes medulares de la misiva:
El 18 de de agosto del año 2005 yo salí de mi domicilio a trabajar. El lunes, como a las 8:30 de la mañana, yo vi una camioneta estacionada detrás de mi carro, pero no le tomé importancia. Las placas (eran) del D.F. y con unas ocho personas vestidas de color militar. Yo estaba sacando unas monedas para dejarle a mi hija para que comprara unas tortillas cuando dijeron “es ese güey” y se bajaron cuatro personas con rifles y me dijeron que me subiera.
Yo les dije que quiénes eran y respondieron que no me importaba y me subieron a empujones. Y cuando ya estaba arriba me pusieron como una capucha, me quitaron mi celular, mi cartera y mi reloj y una pulsera. Cuando llegamos, me llevaron a una casa y yo escuché que alguien dijo que si estaban seguros que yo era la persona. Luego me trasladaron por la costera Miguel Alemán y me llevaron a Chilpancingo, donde me tuvieron cinco días. Donde me tenían yo escuché que marchaban y ahí me golpearon y uno de ellos dijo: No, güey, lo vas a matar y de ahí me amarraron encima de una mesa.
Me enredaron en una sábana y alguien prendía un soplete y me quemaba las plantas de los pies y otros me tapaban con una bolsa de plástico la boca y la nariz. Me dijeron que tenían a mi hija y como no les contestaba nada me dijeron que habían mandado a alguien para que le hiciera daño. Les dije que llevo trabajando con mi patrón 11 años de mesero y taxista. Sacaron una lista de personas políticas y yo les dije que sí eran personas de la política, pero sus actividades no las sé…
Y fue cuando empezaron a hacer una lista de lo que yo tenía que decir, si no me cargaba (…) Me preguntaron que si yo trabajaba en Las Brisas (lujoso fraccionamiento de Acapulco famoso por albergar a narcotraficantes del cártel de Sinaloa), les dije que sí conocía varias casas y a qué se dedican los dueños no lo sé (…) Luego me indicaron lo que tenía que decir y sacaron la cámara y me dijeron que si yo volteaba hacia los lados me mataban y cada cosa que no decía correcta apagaban la cámara y me daban cachetadas en la cara y en la cabeza y volvían a prender la cámara hasta que me dijeron que con eso era suficiente.
(…) Me subieron a una camioneta con dirección a México, donde me tuvieron tres días más. Me amarraron las manos, en la boca una leyenda y el video, y me vendaron los ojos con cinta gris y me tiraron. Más o menos estuve como 10 ó 15 minutos cuando llegaron gritando unas personas que eran de la PGR y dijeron que ya no me iba a pasar nada. Fue cuando me trajeron a las oficinas de la SIEDO. Cuando llegaron las personas por mí serían como a la 1:30 de la mañana.
Les dije que yo era víctima y les pedí que me investigaran porque soy hombre de trabajo y con quién trabajo y me dijeron que eso salía sobrando. También pedí hacer una llamada telefónica y dijeron que no era conveniente y que me callara para que me tomaran las huellas…
Jesús Miranda afirma que, estando ya en la SIEDO, no pudo ver a su familia y no le decían dónde se hallaban sus parientes, además de que la PGR no le cumplió con la ayuda económica que le ofreció a cambio de ser testigo protegido.
En su carta agrega que en la SIEDO comentó que tenía un crédito con la Nissan y que lo estaba pagando, y me ofrecieron ayudar a pagarlo, y todo eso quedó en pura promesa y me han estado engañando jugando con mi persona y con mi familia…Y aquí hay tres personas que son con las que hablé desde un principio, el C. tal Murgia, el Lic. Chimal y la Lic. Claudia.
Al primero yo le dije que trabajo 6 meses de mesero y 6 meses de taxista (…) Que trabajaba en el fraccionamiento de Acapulco con el Sr. Gordon Rathbun y la SRA. GABY, su esposa. El señor Murgia me preguntó que cuántas veces los había transportado y yo le dije que tres veces solamente porque yo no los conozco de tiempo atrás (…) Entonces el señor Murgia dijo “tres veces transportándolos, quién te lo va a creer, ponle por lo menos un año y medio y yo le dije que no le podía (declarar) así porque no es verdad y él decía que si yo decía que año y medio pues ya era creíble.
El 28 de enero de 2005, el “testigo protegido” dirigió un oficio escrito a mano a los funcionarios de la SIEDO, en el que les dice:
Renuncio al plan de testigo protegido a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben perfectamente que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenazaron con hacerle daño si no obedecía de esa manera. Fui obligado a hacer el video que tienen en su poder. Cuando ustedes me encontraron tirado atado de pies y manos con los ojos vendados y ese video el cual dice puras mentiras y que me obligaron a decir, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí hacer una llamada para saber de mi hija y de mi familia y ustedes me dijeron que no era necesario.
(…) Yo les dije a ustedes (se sigue refiriendo a los altos mandos de la SIEDO) lo que me habían hecho las personas que me secuestraron, personas que nunca vi porque todo ese tiempo estuve vendado de los ojos y también por ustedes fui amenazado y obligado a ser testigo protegido de un delito (contra la salud) que no cometí (…) Que mis secuestradores me obligan a decir que participé, lo cual es falso y ustedes amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.
La esposa del testigo, Elia Rodríguez, relata en otro manuscrito los malos tratos que recibió de Claudia Ontiveros, Augusto Chimal y José Luis Salazar (todos ellos ex funcionarios de la SIEDO), a quienes responsabiliza de lo que pueda pasar a ella y a sus familiares. Lo dice con estas palabras:
Yo hago responsable de lo que nos pase a mis hijos y a mí al lic. Augusto Chimal, a la lic. Claudia Ontiveros, al lic. José Luis Salazar y al comandante Murgia, que son las personas que tuvieron a mi esposo Jesús Miranda Verástegui…
Como esta historia, la Procuraduría General de la República ha generado otros dramas similares, la mayoría relacionados con personas que abandonan el programa de testigos protegidos porque, aseguran por lo menos, la PGR “no nos cumple”.
(Ricardo Ravelo/APRO)
Algunos han aparecido muertos sin explicación alguna; otros fueron ejecutados luego de revelar los secretos de la mafia; unos más fueron abandonados a su suerte por la Procuraduría General de la República (PGR) tras utilizarlos como delatores de varios delincuentes, y buena parte de los actuales “testigos protegidos” deambulan por las calles sin protección, sin dinero y con el temor de ser “levantados” o asesinados por los jefes del narcotráfico.
Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos tres años, el programa de testigos protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Instrumento para combatir al crimen organizado, el programa cayó, por distintas causas, en una crisis tan profunda que parece irreversible debido a la corrupción interna, a la manipulación de expedientes y declaraciones que son “cuadradas” para incriminar a personas, o bien para omitir datos y señalamientos cuando aparecen implicados en el narcotráfico altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
–Esto no se puede poner. La persona a la que usted se refiere es intocable – Le dijeron en la SIEDO a un testigo cuando había declarado que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presuntamente estuvo relacionado durante el sexenio pasado en el negocio de la efedrina con personajes afincados en el estado de Morelos.
– Quiero que asienten lo que digo– insistió el testigo con tono enérgico.
Y el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO –sostiene una fuente consultada dentro de la propia PGR– se negó a escribir los detalles del testimonio sobre García Luna.
Este ejemplo ilustra cómo, a 11 años de haberse creado la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada –uno de los proyectos legales más ambiciosos para combatir al narcotráfico y otros delitos federales–, terminó desvirtuada al punto de que varios testigos han renunciado al programa “por las presiones” que reciben dentro de la PGR, porque no les pagan y por algo peor: no les brindan protección.
Un año después de que fue aprobada dicha ley, empezaron a advertirse signos de descomposición en el programa de testigos protegidos al que dio origen, ya que éste paralizó las tareas de investigación y facilitó a la PGR el combate a los cárteles de la droga mediante delaciones y negociaciones con los delincuentes, a cambio de premios como perdonar algunos delitos o reducir las penas carcelarias.
El 5 de julio de 1997, Tomás Colsa McGregor –conocido en el mundo del narcotráfico como “el joyero de Amado Carrillo Fuentes”– fue asesinado en la Ciudad de México después de haber sido una pieza clave de la PGR. Con base en muchos de sus relatos, la PGR pudo integrar averiguaciones previas contra el cártel de Juárez, lo que a la postre se conoció como El Maxiproceso.
Colsa McGregor era compadre de Amado Carrillo Fuentes, y cuando el capo se hallaba preso en el Reclusorio Sur, en 1991, acusado de portación de arma de fuego, lo fue a visitar. El joyero andaba quebrado.
– Necesito ayuda– le dijo Colsa a Carrillo Fuentes.
El Señor de los Cielos no titubeó ante la petición de su compadre y amigo, y de inmediato lo envió con quien ya figuraba como jefe del cártel de Juárez: Rafael Aguilar Guajardo.
Mediante un préstamo otorgado por Aguilar Guajardo, Colsa pudo comprar joyas –brazaletes, diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas– que solía vender entre las esposas de los más importantes capos.
Así pudo conocer Colsa el agitado mundo de la mafia. Ante la PGR, el testigo declaró en contra de gobernadores, ex gobernadores, empresarios, artistas, comandantes, ex comandantes y hasta militares con los que tuvo relación durante sus andanzas como vendedor de joyas dentro del Cártel de Juárez.
Pero aquel 5 de julio de 1997, cuando bajaba de un camión de pasajeros, fue ejecutado en la Ciudad de México por personas que hasta ahora no han sido identificadas. Se asegura que, pese a ser un testigo clave para la PGR, Colsa no traía protección. Una hipótesis hasta ahora no desmentida es que fue asesinado por los narcos a quienes servía.
Sin ley reglamentaria ni mecanismos para el cambio de identidad, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el programa de testigos protegidos derivaron en una desprotección que, aparentemente, también ocasionó la muerte de Jaime Olvera Olvera.
Relacionado en una época con el Cártel de Juárez, Jaime Olvera rindió testimonios sobre los presuntos vínculos de Liébano Sáenz –entre otros altos funcionarios del gobierno– con dicha organización criminal, aunque la PGR determinó en una investigación que el entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo era inocente, ya que el testigo Olvera fue declarado clínicamente como “mitómano y manipulador”.
Sin embargo, después de realizar diversas declaraciones, que para otros casos sí resultaron reveladoras y consistentes, Jaime Olvera fue asesinado en agosto de 1998. Su ejecución, al igual que la de Colsa McGregor, sigue impune.
Al iniciar el gobierno de Vicente Fox, y ante los frecuentes crímenes y desapariciones extrañas de algunos testigos protegidos, el Ejército Mexicano se convirtió en el responsable de la custodia de unos 80 testigos de la PGR, de un total de 90 que en 2002 tenía esa institución bajo registro y con beneficios legales.
De acuerdo con datos consultados, en el 2002 la PGR gastaba unos 650 mil pesos mensuales en ayudas para presuntos miembros de la delincuencia organizada que decidieron colaborar con la autoridad revelando los secretos de la mafia: propiedades, asesinatos, socios, redes de vínculos, escondites, grupos de protección, formas de operar el tráfico de drogas
Actualmente, la PGR paga hasta 40 mil pesos mensuales a algunos testigos estelares, cuyos testimonios han servido para conocer la intimidad de los capos y para realizar detenciones importantes; otros reciben cantidades menores, así como despensas y casas para que vivan con sus familiares.
De acuerdo con varios expedientes criminales, algunos personajes del Cártel del Golfo se han convertido, como testigos protegidos de la PGR, en verdaderos “caballitos de batalla”. Tales son los casos de personas identificadas con las claves Karem, Rafael –a quien también se conoce como La Piña–, Geraldin (ex militar), Rufino y Roberto. Se asegura que este último es el nombre con que se identifica a una ex novia del jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano, El Lazca.
Pero en medio de la guerra contra el narcotráfico que libra el gobierno calderonista, los testigos protegidos no sólo se quejan de desprotección y de presiones para que declaren contra personas que no conocen, sino también de que sus pagos mensuales se han convertido en un suplicio, pues los funcionarios responsables del programa les regatean los apoyos económicos y en muchos casos transcurren varias semanas para que les cubran las cantidades comprometidas.
Según consta en cartas y oficios hechos llegar a la CNDH –que ya indaga todas estas anomalías–, existen incriminaciones amañadas, lo cual ha provocado que varios testigos renuncien al programa: algunos están, incluso, desaparecidos, pues resultaron incómodos para la PGR por asegurar que funcionarios gubernamentales, comandantes y altos jefes policiacos están ligados con el tráfico de drogas.
El drama de “Odilón”
El testigo protegido Jesús Miranda Verástegui, a quien en la SIEDO se le asignó la clave Odilón, vivió una pesadilla dentro y fuera de esa dependencia cuando su titular era José Luis Santiago Vasconcelos.
A la Redacción llegó la copia de una carta –en estricto sentido se trata de una queja– que en el 2005 fue dirigida –lo cual se pudo confirmar– a la CNDH. En su escrito, Jesús Miranda narra que fue secuestrado en Acapulco, Guerrero, por presuntos policías y/o militares que lo torturaron en una casa de seguridad de esa ciudad para obligarlo a declarar contra personas que no conocía.
El caso fue turnado a la Primera Visitaduría de la CNDH y quedó registrado en el expediente 2005/3336/1/Q. Conforme al oficio 37661, dirigido a Gabriela Ricaud Ratbun –ella presentó la queja por la desaparición de Miranda Verástegui, quien era empleado suyo en una casa de la colonia Las Brisas de Acapulco–, Gerardo Monfort Ramírez, director general de la Primera Visitaduría de la CNDH, le informó que no se acreditó en la PGR ni en el Ejército que personal de esas instituciones hubiesen participado en el secuestro de Jesús Miranda.
Sin embargo, la carta de la víctima da cuenta de las presiones, amenazas y malos tratos recibidos en la SIEDO, pues Miranda afirma que fue obligado a entrar al programa de testigos protegidos mediante la fuerza; que estuvo incomunicado; que no sabía dónde estaba su familia; que lo forzaron a declarar falsedades altos funcionarios de SIEDO, a quienes sólo se refiere como “Chimal” (Augusto Vázquez Chimal, coordinador A de Ministerios Públicos), la “licenciada Claudia” (Claudia Álvarez Cardoso) y “Murgia” (mayor Daniel Murga Rebolledo).
Jesús Miranda Verástegui revela que al entrar al programa de testigos protegidos bajo la amenaza de que si no lo hacía sería consignado, en la SIEDO le asignaron la clave de Odilón, pero al ver que no le cumplían con los ofrecimientos económicos –además de que sus familiares directos estuvieron desaparecidos y no le decían dónde se encontraban–, renunció al programa y prácticamente escapó de la PGR.
De acuerdo con los datos históricos de este caso, la PGR pretendía que el testigo declarara contra personas supuestamente ligadas a los hermanos Beltrán Leyva, personajes del cártel de Sinaloa que, según la PGR, están afincados en Acapulco, su plaza.
Escrita en hoja cuadriculada y con letra negra, la carta, fechada el 30 de noviembre del 2005, no sólo describe el oscuro mundo en el que son internados los testigos protegidos, sino también las violaciones a las garantías individuales en que presuntamente está incurriendo la SIEDO.
A continuación se transcriben las partes medulares de la misiva:
El 18 de de agosto del año 2005 yo salí de mi domicilio a trabajar. El lunes, como a las 8:30 de la mañana, yo vi una camioneta estacionada detrás de mi carro, pero no le tomé importancia. Las placas (eran) del D.F. y con unas ocho personas vestidas de color militar. Yo estaba sacando unas monedas para dejarle a mi hija para que comprara unas tortillas cuando dijeron “es ese güey” y se bajaron cuatro personas con rifles y me dijeron que me subiera.
Yo les dije que quiénes eran y respondieron que no me importaba y me subieron a empujones. Y cuando ya estaba arriba me pusieron como una capucha, me quitaron mi celular, mi cartera y mi reloj y una pulsera. Cuando llegamos, me llevaron a una casa y yo escuché que alguien dijo que si estaban seguros que yo era la persona. Luego me trasladaron por la costera Miguel Alemán y me llevaron a Chilpancingo, donde me tuvieron cinco días. Donde me tenían yo escuché que marchaban y ahí me golpearon y uno de ellos dijo: No, güey, lo vas a matar y de ahí me amarraron encima de una mesa.
Me enredaron en una sábana y alguien prendía un soplete y me quemaba las plantas de los pies y otros me tapaban con una bolsa de plástico la boca y la nariz. Me dijeron que tenían a mi hija y como no les contestaba nada me dijeron que habían mandado a alguien para que le hiciera daño. Les dije que llevo trabajando con mi patrón 11 años de mesero y taxista. Sacaron una lista de personas políticas y yo les dije que sí eran personas de la política, pero sus actividades no las sé…
Y fue cuando empezaron a hacer una lista de lo que yo tenía que decir, si no me cargaba (…) Me preguntaron que si yo trabajaba en Las Brisas (lujoso fraccionamiento de Acapulco famoso por albergar a narcotraficantes del cártel de Sinaloa), les dije que sí conocía varias casas y a qué se dedican los dueños no lo sé (…) Luego me indicaron lo que tenía que decir y sacaron la cámara y me dijeron que si yo volteaba hacia los lados me mataban y cada cosa que no decía correcta apagaban la cámara y me daban cachetadas en la cara y en la cabeza y volvían a prender la cámara hasta que me dijeron que con eso era suficiente.
(…) Me subieron a una camioneta con dirección a México, donde me tuvieron tres días más. Me amarraron las manos, en la boca una leyenda y el video, y me vendaron los ojos con cinta gris y me tiraron. Más o menos estuve como 10 ó 15 minutos cuando llegaron gritando unas personas que eran de la PGR y dijeron que ya no me iba a pasar nada. Fue cuando me trajeron a las oficinas de la SIEDO. Cuando llegaron las personas por mí serían como a la 1:30 de la mañana.
Les dije que yo era víctima y les pedí que me investigaran porque soy hombre de trabajo y con quién trabajo y me dijeron que eso salía sobrando. También pedí hacer una llamada telefónica y dijeron que no era conveniente y que me callara para que me tomaran las huellas…
Jesús Miranda afirma que, estando ya en la SIEDO, no pudo ver a su familia y no le decían dónde se hallaban sus parientes, además de que la PGR no le cumplió con la ayuda económica que le ofreció a cambio de ser testigo protegido.
En su carta agrega que en la SIEDO comentó que tenía un crédito con la Nissan y que lo estaba pagando, y me ofrecieron ayudar a pagarlo, y todo eso quedó en pura promesa y me han estado engañando jugando con mi persona y con mi familia…Y aquí hay tres personas que son con las que hablé desde un principio, el C. tal Murgia, el Lic. Chimal y la Lic. Claudia.
Al primero yo le dije que trabajo 6 meses de mesero y 6 meses de taxista (…) Que trabajaba en el fraccionamiento de Acapulco con el Sr. Gordon Rathbun y la SRA. GABY, su esposa. El señor Murgia me preguntó que cuántas veces los había transportado y yo le dije que tres veces solamente porque yo no los conozco de tiempo atrás (…) Entonces el señor Murgia dijo “tres veces transportándolos, quién te lo va a creer, ponle por lo menos un año y medio y yo le dije que no le podía (declarar) así porque no es verdad y él decía que si yo decía que año y medio pues ya era creíble.
El 28 de enero de 2005, el “testigo protegido” dirigió un oficio escrito a mano a los funcionarios de la SIEDO, en el que les dice:
Renuncio al plan de testigo protegido a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben perfectamente que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenazaron con hacerle daño si no obedecía de esa manera. Fui obligado a hacer el video que tienen en su poder. Cuando ustedes me encontraron tirado atado de pies y manos con los ojos vendados y ese video el cual dice puras mentiras y que me obligaron a decir, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí hacer una llamada para saber de mi hija y de mi familia y ustedes me dijeron que no era necesario.
(…) Yo les dije a ustedes (se sigue refiriendo a los altos mandos de la SIEDO) lo que me habían hecho las personas que me secuestraron, personas que nunca vi porque todo ese tiempo estuve vendado de los ojos y también por ustedes fui amenazado y obligado a ser testigo protegido de un delito (contra la salud) que no cometí (…) Que mis secuestradores me obligan a decir que participé, lo cual es falso y ustedes amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.
La esposa del testigo, Elia Rodríguez, relata en otro manuscrito los malos tratos que recibió de Claudia Ontiveros, Augusto Chimal y José Luis Salazar (todos ellos ex funcionarios de la SIEDO), a quienes responsabiliza de lo que pueda pasar a ella y a sus familiares. Lo dice con estas palabras:
Yo hago responsable de lo que nos pase a mis hijos y a mí al lic. Augusto Chimal, a la lic. Claudia Ontiveros, al lic. José Luis Salazar y al comandante Murgia, que son las personas que tuvieron a mi esposo Jesús Miranda Verástegui…
Como esta historia, la Procuraduría General de la República ha generado otros dramas similares, la mayoría relacionados con personas que abandonan el programa de testigos protegidos porque, aseguran por lo menos, la PGR “no nos cumple”.
(Ricardo Ravelo/APRO)
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