* Reporte confidencial en poder del Por Esto! reconoce que no existe una estrategia real en las operaciones efectuadas en el país * Personal en puestos clave de la Policía Federal, por “compadrazgo”, carente del perfil idóneo * Planeación de acciones “al vapor”, sin información de inteligencia * Precedido por sinnúmero de irregularidades y desaciertos, García Luna propone ahora unificar las diferentes corporaciones federales en un solo mando
De la Redacción
La falta de una real estrategia en la lucha contra el narcotráfico en el país y el nombramiento de personal que carece de un perfil idóneo para estar al frente de puestos clave de la Policía Federal, ha orillado a la corporación a dar “palos de ciego”, dejando una estela de elementos muertos en enfrentamientos, según se señala en un reporte confidencial que los diarios POR ESTO! tienen en su poder.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, propuso la unificación de las diferentes corporaciones federales en un solo mando para combatir la delincuencia con “eficacia” y proporcionar la certeza de seguridad pública a la sociedad, lo cual no se ha llevado a cabo, engañando al propio Felipe Calderón Hinojosa y a toda la nación.
García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública Federal al inicio de este sexenio, y trajo consigo una nula actuación al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que él formó durante el mandato de Vicente Fox, para depurar a la Policía Judicial Federal.
Al frente de la AFI, García Luna vendió la idea de crear una “Policía Científica”, encargada de combatir la delincuencia organizada, pero lejos de frenarla se fortaleció e incrementó el narcomenudeo en el país, así como el tráfico de drogas y la violencia característica de la delincuencia organizada.
Y es que desde los directivos hasta los agentes de menor rango se vieron inmiscuidos en diferentes actos de corrupción como venta de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico y protección a la delincuencia organizada.
En el sexenio pasado creó el Cuerpo Federal de Policía con seis divisiones sin sustento legal, en los que nombró a su gente de confianza como encargados de las seis divisiones.
En la División de Proximidad Social estuvo a cargo Francisco Javier Garza Palacios; División Antidrogas, Armando Espinosa de Benito; División de Mandamientos Judiciales y Ministeriales, Edgar Eusebio Millán Gómez (recientemente ejecutado); División de Información y Análisis, Facundo Rosas Rosas; División de Fuerzas Federales de Apoyo, general Héctor Sánchez Gutiérrez y en la División de Inteligencia Policial, Luis Cárdenas Palomino.
Ahora García Luna ofreció al nuevo gobierno crear una policía nacional con estándares internacionales de confiabilidad y capacidad para terminar con la delincuencia organizada.
Operativos sin inteligencia
En dicho reporte confidencial cuya copia tiene POR ESTO! de Quintana Roo, se establece que cuando el gobierno de Felipe Calderón inició la lucha frontal contra la delincuencia organizada se anunció a todas luces el primer operativo el 16 de diciembre del 2006 en el estado de Michoacán con 200 elementos y 40 carros radio patrullas de la Coordinación de Seguridad Regional de la división caminos, además de elementos de las fuerzas federales de apoyo.
Con el interés de captar la atención nacional a través de los medios de comunicación, Genaro García Luna lanzó el “Operativo Michoacán” y ordenó al comisario jefe Alejandro Romero Romero, entonces jefe del Distrito Norte y actualmente jubilado, que un día antes concentrara en la capital del estado a los elementos y equipo, e instalara puntos de revisión en diferentes carreteras del estado sin mediar trabajo de inteligencia previo.
Cuando inició el 2007, el gobierno reiteró la “lucha frontal” contra el crimen organizado y dieron inicio así más operativos que sólo demostraron la falta de coordinación y de planeación en la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El 14 de enero, Javier Herrera Valles como jefe del Distrito Centro de la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP, recibió la orden de elaborar un Procedimiento Sistemático Operativo, pues al día siguiente se debía iniciar un operativo en el estado de Guerrero con 200 elementos y 40 carros radio patrullas de la Coordinación de Seguridad Regional.
100 de esos elementos fueron incorporados por la Coordinación de Inteligencia y muchos de ellos no estaban incluidos en la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas.
De nueva cuenta, el operativo inició sin información de inteligencia y el personal fue distribuido en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, agregándose posteriormente un equipo de Rayos Gamma operado por personal de la AFI, además de 330 elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo, 300 elementos de la Secretaria de Marina y tres helicópteros de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ahora se trataba del “Operativo Guerrero”, que de igual forma ya había sido anunciado con anterioridad en los medios de comunicación como parte de las campañas mediáticas de Genaro García Luna.
Como era de esperarse, como resultado de este operativo sólo se recuperaron algunos vehículos robados y se atendieron un par de casos de pederastia.
En febrero, el mismo Herrera Valles recibió la instrucción de iniciar el “Operativo Nuevo León-Tamaulipas” igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia para determinar los objetivos.
Aunado a la falta de resultados durante este operativo, se agregaron el incremento de accidentes y asaltos en las carreteras del país, pues por órdenes de García Luna los encargados de la vigilancia tuvieron que apoyar a la AFI con resultados muy escasos, incrementándose de manera alarmante las ejecuciones y la pugna entre cárteles de las drogas en donde tenían presencia policiaca.
En marzo del mismo año, García Luna dio a conocer la “Plataforma México”, presentando el nuevo uniforme de la Policía Federal que, hasta la fecha, ha sido cambiado en tres ocasiones, lo que ha derivado en gastos innecesarios para el erario federal.
Hasta la fecha, la “Plataforma México” carece de resultados, se sigue desplazando personal y equipo de las diferentes coordinaciones de la PFP de manera reactiva sin trabajo de inteligencia a diferentes partes de la República Mexicana.
Tal y como pasó con el operativo que se estableció en las inmediaciones de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas después de la agresión y muerte de dos elementos de la AFI, instalando 10 puntos de revisión de Seguridad Regional y Fuerzas Federales de Apoyo.
La improvisación y la falta de información del área de inteligencia obliga a los cuerpos policiacos a trabajar sobre blancos de oportunidad y no blancos específicos, pues son enviados a los operativos sin contar con datos, rostros, nombres o vehículos.
Esta falta de planeación, se demostró en el mes de julio del año pasado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; cuando cinco elementos fueron asesinados durante el desarrollo de un operativo conjunto AFI-PFP.
Dos de ellos fueron secuestrados y torturados hasta morir y los otros tres fueron ejecutados afuera del hotel donde se hospedaban.
En esa ocasión el grupo de inteligencia operaba al mando de Víctor Gerardo Garay Cadena, también gente cercana a Genaro García Luna, procedente de la AFI.
Genaro García Luna continúa sin dirección en la policía federal mintiéndole al propio Felipe Calderón Hinojosa y a la nación, pues ha hecho creer en una coordinación entre PFP y AFI que no existe. Para nadie es un secreto las pugnas que tiene con el secretario de la Defensa Nacional y el procurador general de la República (PGR).
Nombramientos por “compadrazgos”
Ante tantos desaciertos y carencia de resultados, Genaro García Luna ha efectuado una serie de modificaciones a la estructura de la policía federal relevando primeramente de la División de Inteligencia, a Luis Cárdenas Palomino, quien era su más cercano colaborador.
En su lugar fue nombrado Patricio Patiño Arias, quien se desempeñaba al inicio del periodo como subsecretario de Innovación y Desarrollo Institucional, a pesar de la falta de experiencia y conocimientos para esa responsabilidad.
Pero esa falta de preparación para ocupar el cargo las cubrió obedeciendo en todo a García Luna, siendo una muestra lo ocurrido el pasado 12 de octubre del 2007 cuando 25 elementos adscritos a la Comisaría de Sector Tampico, Tamaulipas, de la Coordinación de Seguridad Regional fueron detenidos incluyendo a dos secretarias.
La detención fue hecha por elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo quienes con engaños citaron al personal en servicio y a los que se encontraban en descanso para efectuar un supuesto operativo conjunto.
Una vez reunidos, los 25 policías fueron detenidos, esposados y trasladados a la ciudad de México por elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo sin una orden judicial.
El propio Patiño Arias los presentó aún uniformados y esposados ante los medios de comunicación, como elementos de la extinta Policía Federal de Caminos e integrantes de la delincuencia organizada.
Al otro día, 10 de los elementos incluyendo a las dos secretarias fueron liberados y posteriormente serían liberados otros siete por falta de pruebas.
Uno más de los movimientos de Genaro García Luna fue la destitución a mediados de mayo del año pasado de Francisco Javier Garza Palacios, quien fue removido del cargo por los hechos ampliamente conocidos en Cananea, Sonora.
Junto con él se fueron el comisario general Héctor Alfonso Luévanos Becerra, entonces coordinador de Seguridad Regional y otras cuatro personas, supuestamente por no haberle informado con oportunidad dichos acontecimientos.
Héctor Alejandro Moreno Mendoza, procedente de la AFI y el comandante regional de la misma corporación en el estado de Sonora, Martín Armendáriz Chaparro, conservaron sus cargos.
Pero Francisco Javier Garza Palacios fue “premiado” posteriormente por no desmentir a García Luna en su momento y fue nombrado por él mismo enlace policial en Bogotá, Colombia.
Para sustentar el nuevo nombramiento, García Luna declaró que Garza Palacios había sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo a la Comisión de Honor y Justicia, exonerándolo de toda responsabilidad.
Otro de los movimientos estratégicos de Genaro García Luna fue el de relevar de su cargo a Armando Espinosa de Benito, comisionado de la División Antidrogas, nombrando en su lugar a Ramón Pequeño García, quien fungía como delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el Estado de México.
Edgar Eusebio Millán Gómez fue nombrado como Comisionado de Proximidad Social, dejando su anterior puesto como comisionado de la División de Servicios Judiciales y Ministeriales.
Rosaura Paz fue asignada como comisionada de Análisis Táctico Policial, pasando a Facundo Rosas como comisionado de la División de Inteligencia Policial, cargos que a la fecha no existen y carecen de sustento legal.
Actualmente, Ramón Pequeño García funge como titular de la División de Información y Análisis en sustitución de Rosaura Paz, quien a su vez fue removida de su cargo.
Con estos movimientos, queda más que claro que sólo la gente de confianza de Genaro García Luna son los que pueden ocupar los puestos estratégicos, dejando de lado la continuidad en las responsabilidades asignadas con la consecuente falta de resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.
En mayo del 2007 por órdenes de García Luna se dio un curso a 200 elementos de la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP y 50 elementos de la AFI con la finalidad de relevar a los 34 comandantes de región y a los 32 comandantes regionales de ambas corporaciones.
El curso tuvo una duración real de dos semanas y tres semanas más pasaron en espera de órdenes, nombrando a los 34 regionales de la Coordinación de Seguridad Regional, aunque la mayoría de ellos no contaban con experiencia de mando y dirección. Todo con la finalidad de correr a los antiguos titulares de las respectivas Comandancias Regionales de la PFP y de la AFI.
Al quitarles la titularidad del cargo y mando, García Luna inventa un curso de “Alta Dirección” en la Academia Superior de Policía con duración de un año y con el que pretendía reunir mil mandos de la PFP y AFI así como de seguridad pública de las diferentes entidades federativas, quienes según su proyecto, serían los comandantes de las 500 estaciones de policía.
Esto fue anunciado en los medios masivos de comunicación, trayendo como consecuencia la interrupción de la continuidad a la capacitación de nuevos elementos. Finalmente, el propósito real era que todos los comandantes de región de la Coordinación de Seguridad Regional se jubilaran.
Para tratar de completar los mil elementos tuvieron que aceptar personal sin mando de la PFP incluyendo sargentos y cabos, lo que creó descontento en la mayoría de los convocados por lo que muchos de ellos declinaron al curso, siendo suplidos por voluntarios suboficiales y oficiales que creyeron en la buena voluntad de dicho curso.
En junio del 2007 terminaron su curso de Técnico Superior Universitario 536 cadetes en el Instituto de Formación Policial de la PFP en San Luis Potosí, quienes fueron distribuidos en 32 aeropuertos del país.
Paralelo al curso de los 536 cadetes, García Luna implementó en dicha academia un curso con duración de tres meses, impartido a 510 elementos con perfil de investigadores, mismos que fueron distribuidos en las 34 Comandancias Regionales para integrar las Unidades Modelo de Investigación Policial (UMIP) como las denominó y quienes fueron dados de alta desde el 15 de agosto del año pasado.
La actividad de estos elementos sería la de investigación e inteligencia policial, pero hasta la fecha no cuentan con identificación oficial, armamento, vehículos y equipo, por lo que no efectúan ninguna actividad para lo que fueron capacitados.
Como parte de la serie de irregularidades cometidas por Genaro García Luna, 12 comandantes de la AFI que fueron supuestamente destituidos ingresaron a la PFP con grados de Comisario y Director General Adjunto con un sueldo mayor.
Rubén Hernández Esparza, Antonio Cadena Méndez, Francisco Garduño Juárez, José Francisco Estrada Valencia, Antonio Pérez García, Pascual Fernando Rodríguez Valdivia y Artemio Juárez García reprobaron el examen en el Área de Control de Confianza y como este es un requisito indispensable para poder ingresar a la PFP, fueron elaboradas siete cartas responsivas de capacidad profesional y buena conducta.
Estas cartas fueron presentadas a Javier Herrera Valles para que las avalara con su firma y al obtener una respuesta negativa de su parte, los ingresaron a la PFP por la Coordinación de Inteligencia a partir del 16 de agosto de 2007, asignándolos en diciembre del mismo año a la Coordinación de Seguridad Regional, en donde cubren diferentes comisiones de carácter confidencial sin comprobación de gastos. De esta misma forma, un gran número de elementos de la AFI continúan ingresando a la PFP con mejores sueldos y prestaciones.
Pero lo más grave es que los comandantes regionales de la AFI Artemio Juárez García y Martín Armendáriz Chaparro, que ingresaron irregularmente a la PFP por la Coordinación de Inteligencia con el grado de comisarios, tienen en su haber varias acusaciones e irregularidades en el desempeño de sus actividades dentro de la AFI.
Un ejemplo es que en el 2003 estuvieron arraigados por 90 días por su probable participación en el homicidio de su jefe inmediato, el comandante Rubén Castillo Conde en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Como forma de presión para deshacerse de personal, enlaces administrativos de las 34 Comandancias de Región están siendo removidos de su cargo, concentrándolos en la ciudad de México, con la suspensión de sus pagos.
Obviamente, estos cargos que quedan libres son otorgados a gente de confianza del jefe del Estado Mayor de la PFP, Oswaldo Luna Valderrábano, a su vez persona de confianza de Genaro García Luna pues fue su chofer cuando era director de la AFI.
Otro incondicional de García Luna, es Alberto Valencia Velasco, director General de Administración y Finanzas, dependiente de la Coordinación de Administración y Servicios, quien en el área administrativa realiza operaciones millonarias como la adjudicación directa de Carros Radio Patrullas, equipo y uniformes entre otras.
De las 143 Comisarías de Sector, 64 Comisarías de Destacamento y 32 Comisarías de Aeropuertos, sus titulares dependientes de la Coordinación de Seguridad Regional tienen la responsabilidad del cargo desde el mes de junio del 2007, pero no así el sueldo y las prestaciones que por Ley les corresponden.
Alberto Valencia Velasco y el jefe de Estado Mayor Oswaldo Luna, se han negado a regularizar dicha situación y únicamente han regularizado los cargos del personal que ingresa proveniente de la AFI.
Todas las anomalías y movimientos que ha hecho García Luna son en las plantillas del personal que integran las Coordinaciones de Inteligencia, Fuerzas Federales de Apoyo, Administración y Servicios, Unidad de Desarrollo, Instituto de Formación Policial y transportes aéreos.
Esta serie de irregularidades afectan directamente la disciplina, cadena de mando, estructura jerárquica y los principios de ética policial que deberían ser los pilares de la institución, al otorgar de manera indiscriminada grados a personal de la corporación y recién ingresados sin los perfiles requeridos de conformidad a la normatividad vigente.
Todo ello ha generado indignación y desconfianza entre los verdaderos policías de carrera, con el consecuente riesgo de caer en apatía y desmoralización, lo que a su vez desencadenaría en actos de corrupción por no ver satisfechas sus expectativas de vida profesional, al no respetarse el servicio civil de carrera policial.
De la Redacción
La falta de una real estrategia en la lucha contra el narcotráfico en el país y el nombramiento de personal que carece de un perfil idóneo para estar al frente de puestos clave de la Policía Federal, ha orillado a la corporación a dar “palos de ciego”, dejando una estela de elementos muertos en enfrentamientos, según se señala en un reporte confidencial que los diarios POR ESTO! tienen en su poder.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, propuso la unificación de las diferentes corporaciones federales en un solo mando para combatir la delincuencia con “eficacia” y proporcionar la certeza de seguridad pública a la sociedad, lo cual no se ha llevado a cabo, engañando al propio Felipe Calderón Hinojosa y a toda la nación.
García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública Federal al inicio de este sexenio, y trajo consigo una nula actuación al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que él formó durante el mandato de Vicente Fox, para depurar a la Policía Judicial Federal.
Al frente de la AFI, García Luna vendió la idea de crear una “Policía Científica”, encargada de combatir la delincuencia organizada, pero lejos de frenarla se fortaleció e incrementó el narcomenudeo en el país, así como el tráfico de drogas y la violencia característica de la delincuencia organizada.
Y es que desde los directivos hasta los agentes de menor rango se vieron inmiscuidos en diferentes actos de corrupción como venta de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico y protección a la delincuencia organizada.
En el sexenio pasado creó el Cuerpo Federal de Policía con seis divisiones sin sustento legal, en los que nombró a su gente de confianza como encargados de las seis divisiones.
En la División de Proximidad Social estuvo a cargo Francisco Javier Garza Palacios; División Antidrogas, Armando Espinosa de Benito; División de Mandamientos Judiciales y Ministeriales, Edgar Eusebio Millán Gómez (recientemente ejecutado); División de Información y Análisis, Facundo Rosas Rosas; División de Fuerzas Federales de Apoyo, general Héctor Sánchez Gutiérrez y en la División de Inteligencia Policial, Luis Cárdenas Palomino.
Ahora García Luna ofreció al nuevo gobierno crear una policía nacional con estándares internacionales de confiabilidad y capacidad para terminar con la delincuencia organizada.
Operativos sin inteligencia
En dicho reporte confidencial cuya copia tiene POR ESTO! de Quintana Roo, se establece que cuando el gobierno de Felipe Calderón inició la lucha frontal contra la delincuencia organizada se anunció a todas luces el primer operativo el 16 de diciembre del 2006 en el estado de Michoacán con 200 elementos y 40 carros radio patrullas de la Coordinación de Seguridad Regional de la división caminos, además de elementos de las fuerzas federales de apoyo.
Con el interés de captar la atención nacional a través de los medios de comunicación, Genaro García Luna lanzó el “Operativo Michoacán” y ordenó al comisario jefe Alejandro Romero Romero, entonces jefe del Distrito Norte y actualmente jubilado, que un día antes concentrara en la capital del estado a los elementos y equipo, e instalara puntos de revisión en diferentes carreteras del estado sin mediar trabajo de inteligencia previo.
Cuando inició el 2007, el gobierno reiteró la “lucha frontal” contra el crimen organizado y dieron inicio así más operativos que sólo demostraron la falta de coordinación y de planeación en la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El 14 de enero, Javier Herrera Valles como jefe del Distrito Centro de la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP, recibió la orden de elaborar un Procedimiento Sistemático Operativo, pues al día siguiente se debía iniciar un operativo en el estado de Guerrero con 200 elementos y 40 carros radio patrullas de la Coordinación de Seguridad Regional.
100 de esos elementos fueron incorporados por la Coordinación de Inteligencia y muchos de ellos no estaban incluidos en la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas.
De nueva cuenta, el operativo inició sin información de inteligencia y el personal fue distribuido en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, agregándose posteriormente un equipo de Rayos Gamma operado por personal de la AFI, además de 330 elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo, 300 elementos de la Secretaria de Marina y tres helicópteros de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ahora se trataba del “Operativo Guerrero”, que de igual forma ya había sido anunciado con anterioridad en los medios de comunicación como parte de las campañas mediáticas de Genaro García Luna.
Como era de esperarse, como resultado de este operativo sólo se recuperaron algunos vehículos robados y se atendieron un par de casos de pederastia.
En febrero, el mismo Herrera Valles recibió la instrucción de iniciar el “Operativo Nuevo León-Tamaulipas” igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia para determinar los objetivos.
Aunado a la falta de resultados durante este operativo, se agregaron el incremento de accidentes y asaltos en las carreteras del país, pues por órdenes de García Luna los encargados de la vigilancia tuvieron que apoyar a la AFI con resultados muy escasos, incrementándose de manera alarmante las ejecuciones y la pugna entre cárteles de las drogas en donde tenían presencia policiaca.
En marzo del mismo año, García Luna dio a conocer la “Plataforma México”, presentando el nuevo uniforme de la Policía Federal que, hasta la fecha, ha sido cambiado en tres ocasiones, lo que ha derivado en gastos innecesarios para el erario federal.
Hasta la fecha, la “Plataforma México” carece de resultados, se sigue desplazando personal y equipo de las diferentes coordinaciones de la PFP de manera reactiva sin trabajo de inteligencia a diferentes partes de la República Mexicana.
Tal y como pasó con el operativo que se estableció en las inmediaciones de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas después de la agresión y muerte de dos elementos de la AFI, instalando 10 puntos de revisión de Seguridad Regional y Fuerzas Federales de Apoyo.
La improvisación y la falta de información del área de inteligencia obliga a los cuerpos policiacos a trabajar sobre blancos de oportunidad y no blancos específicos, pues son enviados a los operativos sin contar con datos, rostros, nombres o vehículos.
Esta falta de planeación, se demostró en el mes de julio del año pasado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; cuando cinco elementos fueron asesinados durante el desarrollo de un operativo conjunto AFI-PFP.
Dos de ellos fueron secuestrados y torturados hasta morir y los otros tres fueron ejecutados afuera del hotel donde se hospedaban.
En esa ocasión el grupo de inteligencia operaba al mando de Víctor Gerardo Garay Cadena, también gente cercana a Genaro García Luna, procedente de la AFI.
Genaro García Luna continúa sin dirección en la policía federal mintiéndole al propio Felipe Calderón Hinojosa y a la nación, pues ha hecho creer en una coordinación entre PFP y AFI que no existe. Para nadie es un secreto las pugnas que tiene con el secretario de la Defensa Nacional y el procurador general de la República (PGR).
Nombramientos por “compadrazgos”
Ante tantos desaciertos y carencia de resultados, Genaro García Luna ha efectuado una serie de modificaciones a la estructura de la policía federal relevando primeramente de la División de Inteligencia, a Luis Cárdenas Palomino, quien era su más cercano colaborador.
En su lugar fue nombrado Patricio Patiño Arias, quien se desempeñaba al inicio del periodo como subsecretario de Innovación y Desarrollo Institucional, a pesar de la falta de experiencia y conocimientos para esa responsabilidad.
Pero esa falta de preparación para ocupar el cargo las cubrió obedeciendo en todo a García Luna, siendo una muestra lo ocurrido el pasado 12 de octubre del 2007 cuando 25 elementos adscritos a la Comisaría de Sector Tampico, Tamaulipas, de la Coordinación de Seguridad Regional fueron detenidos incluyendo a dos secretarias.
La detención fue hecha por elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo quienes con engaños citaron al personal en servicio y a los que se encontraban en descanso para efectuar un supuesto operativo conjunto.
Una vez reunidos, los 25 policías fueron detenidos, esposados y trasladados a la ciudad de México por elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo sin una orden judicial.
El propio Patiño Arias los presentó aún uniformados y esposados ante los medios de comunicación, como elementos de la extinta Policía Federal de Caminos e integrantes de la delincuencia organizada.
Al otro día, 10 de los elementos incluyendo a las dos secretarias fueron liberados y posteriormente serían liberados otros siete por falta de pruebas.
Uno más de los movimientos de Genaro García Luna fue la destitución a mediados de mayo del año pasado de Francisco Javier Garza Palacios, quien fue removido del cargo por los hechos ampliamente conocidos en Cananea, Sonora.
Junto con él se fueron el comisario general Héctor Alfonso Luévanos Becerra, entonces coordinador de Seguridad Regional y otras cuatro personas, supuestamente por no haberle informado con oportunidad dichos acontecimientos.
Héctor Alejandro Moreno Mendoza, procedente de la AFI y el comandante regional de la misma corporación en el estado de Sonora, Martín Armendáriz Chaparro, conservaron sus cargos.
Pero Francisco Javier Garza Palacios fue “premiado” posteriormente por no desmentir a García Luna en su momento y fue nombrado por él mismo enlace policial en Bogotá, Colombia.
Para sustentar el nuevo nombramiento, García Luna declaró que Garza Palacios había sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo a la Comisión de Honor y Justicia, exonerándolo de toda responsabilidad.
Otro de los movimientos estratégicos de Genaro García Luna fue el de relevar de su cargo a Armando Espinosa de Benito, comisionado de la División Antidrogas, nombrando en su lugar a Ramón Pequeño García, quien fungía como delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el Estado de México.
Edgar Eusebio Millán Gómez fue nombrado como Comisionado de Proximidad Social, dejando su anterior puesto como comisionado de la División de Servicios Judiciales y Ministeriales.
Rosaura Paz fue asignada como comisionada de Análisis Táctico Policial, pasando a Facundo Rosas como comisionado de la División de Inteligencia Policial, cargos que a la fecha no existen y carecen de sustento legal.
Actualmente, Ramón Pequeño García funge como titular de la División de Información y Análisis en sustitución de Rosaura Paz, quien a su vez fue removida de su cargo.
Con estos movimientos, queda más que claro que sólo la gente de confianza de Genaro García Luna son los que pueden ocupar los puestos estratégicos, dejando de lado la continuidad en las responsabilidades asignadas con la consecuente falta de resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.
En mayo del 2007 por órdenes de García Luna se dio un curso a 200 elementos de la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP y 50 elementos de la AFI con la finalidad de relevar a los 34 comandantes de región y a los 32 comandantes regionales de ambas corporaciones.
El curso tuvo una duración real de dos semanas y tres semanas más pasaron en espera de órdenes, nombrando a los 34 regionales de la Coordinación de Seguridad Regional, aunque la mayoría de ellos no contaban con experiencia de mando y dirección. Todo con la finalidad de correr a los antiguos titulares de las respectivas Comandancias Regionales de la PFP y de la AFI.
Al quitarles la titularidad del cargo y mando, García Luna inventa un curso de “Alta Dirección” en la Academia Superior de Policía con duración de un año y con el que pretendía reunir mil mandos de la PFP y AFI así como de seguridad pública de las diferentes entidades federativas, quienes según su proyecto, serían los comandantes de las 500 estaciones de policía.
Esto fue anunciado en los medios masivos de comunicación, trayendo como consecuencia la interrupción de la continuidad a la capacitación de nuevos elementos. Finalmente, el propósito real era que todos los comandantes de región de la Coordinación de Seguridad Regional se jubilaran.
Para tratar de completar los mil elementos tuvieron que aceptar personal sin mando de la PFP incluyendo sargentos y cabos, lo que creó descontento en la mayoría de los convocados por lo que muchos de ellos declinaron al curso, siendo suplidos por voluntarios suboficiales y oficiales que creyeron en la buena voluntad de dicho curso.
En junio del 2007 terminaron su curso de Técnico Superior Universitario 536 cadetes en el Instituto de Formación Policial de la PFP en San Luis Potosí, quienes fueron distribuidos en 32 aeropuertos del país.
Paralelo al curso de los 536 cadetes, García Luna implementó en dicha academia un curso con duración de tres meses, impartido a 510 elementos con perfil de investigadores, mismos que fueron distribuidos en las 34 Comandancias Regionales para integrar las Unidades Modelo de Investigación Policial (UMIP) como las denominó y quienes fueron dados de alta desde el 15 de agosto del año pasado.
La actividad de estos elementos sería la de investigación e inteligencia policial, pero hasta la fecha no cuentan con identificación oficial, armamento, vehículos y equipo, por lo que no efectúan ninguna actividad para lo que fueron capacitados.
Como parte de la serie de irregularidades cometidas por Genaro García Luna, 12 comandantes de la AFI que fueron supuestamente destituidos ingresaron a la PFP con grados de Comisario y Director General Adjunto con un sueldo mayor.
Rubén Hernández Esparza, Antonio Cadena Méndez, Francisco Garduño Juárez, José Francisco Estrada Valencia, Antonio Pérez García, Pascual Fernando Rodríguez Valdivia y Artemio Juárez García reprobaron el examen en el Área de Control de Confianza y como este es un requisito indispensable para poder ingresar a la PFP, fueron elaboradas siete cartas responsivas de capacidad profesional y buena conducta.
Estas cartas fueron presentadas a Javier Herrera Valles para que las avalara con su firma y al obtener una respuesta negativa de su parte, los ingresaron a la PFP por la Coordinación de Inteligencia a partir del 16 de agosto de 2007, asignándolos en diciembre del mismo año a la Coordinación de Seguridad Regional, en donde cubren diferentes comisiones de carácter confidencial sin comprobación de gastos. De esta misma forma, un gran número de elementos de la AFI continúan ingresando a la PFP con mejores sueldos y prestaciones.
Pero lo más grave es que los comandantes regionales de la AFI Artemio Juárez García y Martín Armendáriz Chaparro, que ingresaron irregularmente a la PFP por la Coordinación de Inteligencia con el grado de comisarios, tienen en su haber varias acusaciones e irregularidades en el desempeño de sus actividades dentro de la AFI.
Un ejemplo es que en el 2003 estuvieron arraigados por 90 días por su probable participación en el homicidio de su jefe inmediato, el comandante Rubén Castillo Conde en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Como forma de presión para deshacerse de personal, enlaces administrativos de las 34 Comandancias de Región están siendo removidos de su cargo, concentrándolos en la ciudad de México, con la suspensión de sus pagos.
Obviamente, estos cargos que quedan libres son otorgados a gente de confianza del jefe del Estado Mayor de la PFP, Oswaldo Luna Valderrábano, a su vez persona de confianza de Genaro García Luna pues fue su chofer cuando era director de la AFI.
Otro incondicional de García Luna, es Alberto Valencia Velasco, director General de Administración y Finanzas, dependiente de la Coordinación de Administración y Servicios, quien en el área administrativa realiza operaciones millonarias como la adjudicación directa de Carros Radio Patrullas, equipo y uniformes entre otras.
De las 143 Comisarías de Sector, 64 Comisarías de Destacamento y 32 Comisarías de Aeropuertos, sus titulares dependientes de la Coordinación de Seguridad Regional tienen la responsabilidad del cargo desde el mes de junio del 2007, pero no así el sueldo y las prestaciones que por Ley les corresponden.
Alberto Valencia Velasco y el jefe de Estado Mayor Oswaldo Luna, se han negado a regularizar dicha situación y únicamente han regularizado los cargos del personal que ingresa proveniente de la AFI.
Todas las anomalías y movimientos que ha hecho García Luna son en las plantillas del personal que integran las Coordinaciones de Inteligencia, Fuerzas Federales de Apoyo, Administración y Servicios, Unidad de Desarrollo, Instituto de Formación Policial y transportes aéreos.
Esta serie de irregularidades afectan directamente la disciplina, cadena de mando, estructura jerárquica y los principios de ética policial que deberían ser los pilares de la institución, al otorgar de manera indiscriminada grados a personal de la corporación y recién ingresados sin los perfiles requeridos de conformidad a la normatividad vigente.
Todo ello ha generado indignación y desconfianza entre los verdaderos policías de carrera, con el consecuente riesgo de caer en apatía y desmoralización, lo que a su vez desencadenaría en actos de corrupción por no ver satisfechas sus expectativas de vida profesional, al no respetarse el servicio civil de carrera policial.
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