En el registro de precandidatos, más de lo mismo: dedazo y viejos políticos
■ El proceso de selección del PAN, cuestionado por falta de transparencia y confiabilidad
■ Resucita el tricolor a militantes de antaño, y el PRD se prepara para la batalla interna
Mientras la dirigencia nacional del PAN es cuestionada por la falta de un mecanismo que dé “transparencia, confiabilidad y mayor legitimidad al proceso” para designar candidatos a la Cámara de Diputados, en el PRI sigue la danza de viejos militantes e hijos de ex gobernadores que aspiran a una curul, y los perredistas adelantan una lucha interna entre las corrientes que encabezan Jesús Ortega y Alejandro Encinas para definir a sus abanderados para las próximas elecciones federales.
Al continuar ayer el registro en otros partidos, la dirigencia nacional de Convergencia recibió la solicitud de Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública federal, y se espera que en unas horas lo hagan Armando López Campa, dirigente de ese partido en Aguascalientes, y Alfonso Durazo, ex secretario particular del ex presidente Vicente Fox y de Luis Donaldo Colosio, así como Pío López Obrador.
En la ciudad de México el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, aseguró que no tiene candidatos o “tapados”, y que la decisión sobre quiénes serán postulados a puestos de elección popular la tomarán los órganos de gobierno del partido, conforme a sus reglas y tradiciones.
El michoacano destacó lo anterior luego de que en la mañana su antecesor, Manuel Espino, dijo que es necesario establecer mecanismos que den transparencia, confiabilidad y mayor legitimidad al proceso de designación de abanderados. Entre los que se podrían aplicar, mencionó, está levantar encuestas y realizar exámenes sobre la tarea legislativa y los principios del PAN, así como tener el aval de 15 por ciento de la militancia de cada distrito.
Lo que se busca es que la designación recaiga en personas que han trabajado en favor del país y no tomando en consideración filias, fobias, grupos, compadrazgos, amiguismo, parentesco o noviazgo, explicó el ex dirigente partidista.
Martínez Cázares respondió que todas las propuestas son bienvenidas, y aclaró que el Comité Ejecutivo Nacional, el secretario general del partido o el presidente nacional no hicieron ninguna propuesta para designar candidatos.
Por otro lado, el perredista Alejandro Encinas informó que Izquierda Unida enfrentará con precandidatos de unidad a Nueva Izquierda en la contienda por las 27 candidaturas a diputados federales, 40 locales y las 16 jefaturas delegacionales de la ciudad de México. En conferencia de prensa, manifestó que hoy dará a conocer los nombres de los aspirantes.
En tanto, se inscribieron en Chiapas el hijo del ex gobernador Roberto Albores Guillén, Roberto Albores Gleasson, y otros priístas que llevan años ocupando cargos públicos en los diferentes niveles de gobierno, entre ellos Sami David David, quien desde hace más de 25 años se mantiene en el poder: ha sido senador y tres veces diputado federal.
Por los indígenas destaca la inscripción de María Gloria Sánchez Gómez, esposa del ex diputado federal Norberto Santiz López, quien representó al distrito indígena de Oxchuc en 1997-1999. Posteriormente éste fue presidente municipal, cargo que le heredó a su esposa en 2005. El matrimonio tiene poder en ese municipio, a pesar de que en 1998 el entonces legislador fue investigado por presuntamente financiar al grupo paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista.
En Baja California Sur, a pesar de haber amarrado una candidatura por la vía plurinominal, el ex dirigente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, ratificó su desacuerdo con la decisión de reservar para la dirigencia nacional la designación de candidaturas.
En San Luis Potosí el ex gobernador Fernando Silva Nieto buscará ser electo en un proceso interno para contender por una diputación federal por el PRI. También por el PRI, pero en Guanajuato, se registró el presidente del sector patronal, Aurelio Martínez Velázquez.
De igual forma, en Tamaulipas el delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, Óscar Martín Ramos Salinas, renunció ayer al cargo para registrarse como precandidato del Partido Nueva Alianza.
En picada, los recursos y el número de observadores para comicios de este año
■ Sus opiniones sólo tendrán valor de “indicio” en las demandas
Con un presupuesto 40 por ciento menor al distribuido en 2006, observadores electorales nacionales y extranjeros participarán en el proceso comicial de este año y sus conclusiones tendrán, en el mejor de los escenarios, valor de “indicio” (sospecha) durante los litigios que sean promovidos ante las autoridades electorales del país, o como generadoras de opinión pública.
Con recursos de origen federal, la bolsa de 2009 para las labores de observación asciende a 25 millones de pesos, esto es, 15 millones menos que en las elecciones de 2006. Con esos fondos deberán asumir diversos compromisos, principalmente para evaluar no sólo el día de la votación, sino también la calidad de las campañas y los materiales proselitistas de partidos y candidatos, que serán difundidos en medios de comunicación.
De acuerdo con cifras oficiales, en el periodo 1994-2006 el número de observadores acreditados por el Instituto Federal Electoral (IFE) pasó de 81 mil 620 a 25 mil 321. En el mismo lapso se reportó un descenso en la cifra de organizaciones autorizadas para ese fin: de 251 a 179.
Hasta el momento no se han difundido previsiones sobre el número de observadores que serán acreditados, aunque, como se mencionó, de 1994 a la fecha la cifra ha ido a la baja: 81 mil 620 en la elección presidencial de 1994; 24 mil 391 en el proceso de 1997, y 38 mil 433 en los comicios de 2000. Tres años más tarde participaron 12 mil 728, y en la de 2006, 25 mil 321. Cabe precisar que no todos los observadores son beneficiados con los recursos oficiales.
Consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron que la disminución tanto de organizaciones como de observadores es muestra de que los procesos electorales en México son cada vez más confiables, lo mismo en procedimientos (organización de la elección) que en fortaleza de la justicia.
Respecto del valor de los reportes de los observadores, Manuel González Oropeza, magistrado del TEPJF, dijo que con esa labor la democracia perfecciona sus procedimientos y elimina los vicios. Sin embargo, agregó, esa actividad no tiene asignados aspectos específicos. “El tribunal podría, si es que las partes así lo establecen (para el análisis de una posible violación), tener los efectos de un indicio, lo cual perfeccionaría las pruebas, de acuerdo con el caso, y sobre todo si la parte agraviada acude al tribunal”, explicó.
Para el proceso de este año –en el cual serán elegidos diputados y, en algunas entidades, presidentes municipales y gobernadores– los observadores pondrán énfasis en el periodo de campaña, con el fin de vigilar elementos que en 2006 fueron tema de disputa y de denuncias ante los organismos electorales. Durante el comienzo de actividades del Fondo de apoyo a la observación electoral, suscrito por el IFE, el TEPJF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 27 de noviembre pasado, se informó acerca de los montos de los proyectos y la integración del comité técnico de evaluación, el cual determinará qué organismos serán acreditados para fungir como observadores. A cada grupo le tocará un subsidio de entre 1.7 y 3.1 millones de pesos.
En conferencia de prensa, los consejeros Virgilio Andrade y Alfredo Figueroa; los magistrados González Oropeza y Salvador Nava, así como Nguyen Huu Dong, del PNUD, señalaron que el objetivo del proyecto de observación electoral tiene como fin apoyar la consolidación de la credibilidad, legitimidad y transparencia en la organización del proceso comicial federal de 2009.
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