Familia adinerada


Los dueños de Grupo México, encabezados por Germán Larrea, forman parte de la élite del dinero y del poder / Según Forbes, es la tercera familia más rica del país / Su contubernio con el gobierno federal panista es evidente y de inmediato se anuncian millonarias inversiones conjuntas para Cananea / el Consejo Coordinador Empresarial brinda su respaldo al desalojo de los trabajadores

MEXICO, D.F., 7 DE JUNIO (APRO).- El sorpresivo desalojo de los trabajadores huelguistas de Cananea, la mayor mina de cobre del país, ocurrido la tarde de ayer, no le significó a Grupo México –su propietaria— mayor descalabro en el mercado bursátil: las acciones de GMéxico cayeron un 3%, al pasar de 29.07 pesos, el viernes, a 28.19 pesos en la jornada de este lunes. Una pérdida de 88 centavos por acción.
Eso no es nada frente al poderío económico de los dueños del Grupo México, la familia Larrea Mota Velasco por delante. Germán es el presidente ejecutivo del conglomerado y su hermano Genaro el vicepresidente.
De hecho, la familia es la tercera más adinerada del país –según la última edición de Forbes—, con 9 mil 700 millones de dólares, sólo después de la de Carlos Slim (53 mil mdd) y la de Ricardo Salinas Pliego (10 mil 100 mdd).
Pese a la enorme distancia con la fortuna de Slim, los Larrea dieron la nota –según Forbes— por su gran salto en el ranking de la revista neoyorquina: tras la crisis internacional, la fortuna de los empresarios mineros se había reducido a 2 mil 600 millones.
Pero sólo un año les bastó para hacerse de 7 mil 100 millones de dólares más, un espectacular aumento de 273% en su fortuna, hecho único entre los multimillonarios del mundo.
Y eso que la huelga en Cananea, según los ejecutivos de la empresa, le ocasionó a Grupo México pérdidas por 1,500 millones de dólares en los casi tres años en que estuvo parada la mina.
Y ya con Cananea en sus manos otra vez –si el conflicto no se agrava—, las ganancias aumentarán seguramente, pues por fin los Larrea podrán echar a andar el proyecto de expansión que fue detenido por la huelga, con el que pretenden, más que duplicar la capacidad de la mina, que hoy es de 190 mil toneladas, subir a 460 mil toneladas.
Pero Cananea –que le compró al gobierno federal en 1990— es apenas uno de los negocios del grupo. Grupo México también es propietario del complejo minero de La Caridad, igualmente en Sonora, que entre otras instalaciones tiene una refinería de metales preciosos con capacidad para producir cada año 15 millones de onzas de plata y 100 mil onzas de oro.

Anuncian millonaria inversión
Después del furtivo desalojo de trabajadores de la mina de Cananea, los gobiernos federal y de Sonora, así como Grupo México, propietario del filón, anunciaron una inversión superior a 113 mil millones de pesos para reactivar la economía de la región.
Un día después del desalojo de trabajadores que, según el sindicato minero, dejó un saldo de tres heridos, el gobierno del estado que encabeza el panista Guillermo Padrés Elías, convocó a un acto público en el Palacio de Gobierno para anunciar “un programa inédito”, denominado “Todos por Cananea”, mediante el cual Grupo México invertirá 58 mil millones de pesos y la administración federal, 55 mil millones.

Respaldo empresarial
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó la toma policiaca de las instalaciones de la mina de Cananea, en Sonora.
El organismo cúpula de los empresarios del país consideró, en un comunicado, que la recuperación de Cananea “cierra un desafortunado capítulo de abuso de los legítimos derechos laborales y constituye una oportunidad para que la mina más grande del país recupere, a la brevedad, su dinamismo, desarrollo y expansión”.
Además, el CCE hizo un llamado para que las acciones, tanto de la empresa como del gobierno federal, garanticen la seguridad física y patrimonial de los mexicanos, especialmente de los trabajadores mineros.
Sostuvo que el respeto a la ley y su aplicación general, sin excepción alguna, es condición indispensable para el desarrollo y prosperidad del país, pero, sobre todo para dar la certeza jurídica que la vida económica, política y social demanda.