Coalición en dilemas
Ilán Semo
En las discusiones que transcurren en el recinto del Senado de la República sobre la reforma energética, sólo una intervención regresó al tono iracundo que había devastado el ambiente desde la toma de las instalaciones del Congreso por los militantes del FAP. Germán Martínez, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, esa suerte de Hulk de la escena panista, rompió lanzas esta vez contra una asamblea que parecía más bien un encuentro académico: en la oposición a las reformas de Felipe Calderón –dijo– “sólo se escucha el resentimiento por la derrota electoral de 2006”. El personaje es inocuo, pero el cargo no lo es. Le da un tono de oficialidad incluso a los arranques más inveterados. Sólo que en esta ocasión, la ontología del resentimiento –la movilización por impedir la privatización del petróleo ya no se explica por razones históricas ni económicas ni políticas, ni siquiera ideológicas, sino por la envidia que desata la astucia panista– abarcó no sólo a las predecibles críticas de ese indiscernible universo que hoy se llama PRD, sino particularmente a la bancada priísta. ¿Pero qué “resentimiento” podría albergar el partido de Beltrones, Labastida y Bartlett sobre las elecciones de 2006 más que el que propició su propia inhabilidad para hacer frente a esos comicios?
Lo que asombra en toda la crisis que se inició desde el mes de febrero en torno a la reforma energética no es la radicalización de franjas cada vez más amplias de la sociedad, sino la sistemática beligerancia con la que la han enfrentado las filas priístas. Nunca antes desde el año 2000, el tricolor se había opuesto con tanto denuedo a una iniciativa de Los Pinos (el voto contra el IVA no alcanzó las proporciones actuales), y nunca antes había hecho naufragar al panismo con un lujo de detalle tan extenuante.
En rigor, aritméticamente hablando, quien impidió que la versión original de la reforma prosperara en el Congreso fue el PRI. O para decirlo con más precisión: el PRD movilizó la impopularidad de la medida, pero el PRI impidió que pasara a su aprobación. Por ejemplo, podría haberla aceptado en las sesiones del Congreso que se realizaban de manera paralela mientras el FAP ocupaba los recintos mayores. Incluso llegó a aprobar las acciones promovidas por AMLO. Y las voces que provienen de sus representantes se escuchan cada día, cada vez, más opuestas a la reforma oficial.
¿Se ha fracturado o está fracturándose la coalición que ha gobernado al país desde 1989, es decir, desde que murió Manuel Clouthier, en la que el PRI y el PAN establecieron un pacto que va mucho más allá de una simple y voluble alianza? ¿O acaso se trata de un diferendo que se circunscribe al asunto de los energéticos?
Hay que decirlo por su nombre: el bloque que ha regido los designios del Estado desde 1989 es una coalición de gobierno que inicialmente se estableció entre la tecnocracia del PRI y la dirigencia del PAN, y después abarcó el universo completo de ambas organizaciones (no sin serias resistencias en ambos partidos).
Ha sido una coalición sui generis. No fue mediada por un pacto formal, ni se fincó en reglas explícitas. Pero todas las características de este tándem político hablan no de una alianza con sus altas y bajas sino de un auténtico gobierno de coalición: secretarios panistas en gobiernos priístas; secretarios priístas en gobiernos panistas; acuerdos mayoritarios estables y permanentes; uso negociado de los fondos públicos; protección compartida, etcétera.
Una de las reglas que rigió a esa coalición era que los votos que conseguía cada quien decidían grosso modo las esferas de influencia que cada partido ejercía, desde la Presidencia hasta los cargos menores. En 2006, esta regla se esfumó. El PRI “transfirió” millones de votos a la candidatura de Felipe Calderón para hacerlo llegar a Los Pinos, ya que su candidato quedó rezagado desde el principio. La pregunta es si el “pago” por esos votos quedó saldado o no.
Hay muchas otras preguntas. Hoy la coalición de gobierno, después de ejercer su mayoría durante casi 20 años, exhibe fisuras en muchos frentes: el tórrido debate en torno a quién maneja los presupuestos de Sedeso (que garantizan triunfos en elecciones locales); el rechazo a aceptar la militarización por parte de gobiernos priístas; el papel que ha cumplido Elba Esther Gordillo y, sobre todo, la reforma energética. En las escasas ocasiones, a lo largo de estos ocho años, que el PRI ha retirado su apoyo al Poder Ejecutivo, el rating del PAN se ha venido abajo en caída libre.
Una fractura del pacto (sin firmar) entre ambos partidos traería un reordenamiento global de toda la política nacional. Y tal vez ese es el tema que hoy se discute a propósito de qué hacer con el petróleo.
Ilán Semo
En las discusiones que transcurren en el recinto del Senado de la República sobre la reforma energética, sólo una intervención regresó al tono iracundo que había devastado el ambiente desde la toma de las instalaciones del Congreso por los militantes del FAP. Germán Martínez, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, esa suerte de Hulk de la escena panista, rompió lanzas esta vez contra una asamblea que parecía más bien un encuentro académico: en la oposición a las reformas de Felipe Calderón –dijo– “sólo se escucha el resentimiento por la derrota electoral de 2006”. El personaje es inocuo, pero el cargo no lo es. Le da un tono de oficialidad incluso a los arranques más inveterados. Sólo que en esta ocasión, la ontología del resentimiento –la movilización por impedir la privatización del petróleo ya no se explica por razones históricas ni económicas ni políticas, ni siquiera ideológicas, sino por la envidia que desata la astucia panista– abarcó no sólo a las predecibles críticas de ese indiscernible universo que hoy se llama PRD, sino particularmente a la bancada priísta. ¿Pero qué “resentimiento” podría albergar el partido de Beltrones, Labastida y Bartlett sobre las elecciones de 2006 más que el que propició su propia inhabilidad para hacer frente a esos comicios?
Lo que asombra en toda la crisis que se inició desde el mes de febrero en torno a la reforma energética no es la radicalización de franjas cada vez más amplias de la sociedad, sino la sistemática beligerancia con la que la han enfrentado las filas priístas. Nunca antes desde el año 2000, el tricolor se había opuesto con tanto denuedo a una iniciativa de Los Pinos (el voto contra el IVA no alcanzó las proporciones actuales), y nunca antes había hecho naufragar al panismo con un lujo de detalle tan extenuante.
En rigor, aritméticamente hablando, quien impidió que la versión original de la reforma prosperara en el Congreso fue el PRI. O para decirlo con más precisión: el PRD movilizó la impopularidad de la medida, pero el PRI impidió que pasara a su aprobación. Por ejemplo, podría haberla aceptado en las sesiones del Congreso que se realizaban de manera paralela mientras el FAP ocupaba los recintos mayores. Incluso llegó a aprobar las acciones promovidas por AMLO. Y las voces que provienen de sus representantes se escuchan cada día, cada vez, más opuestas a la reforma oficial.
¿Se ha fracturado o está fracturándose la coalición que ha gobernado al país desde 1989, es decir, desde que murió Manuel Clouthier, en la que el PRI y el PAN establecieron un pacto que va mucho más allá de una simple y voluble alianza? ¿O acaso se trata de un diferendo que se circunscribe al asunto de los energéticos?
Hay que decirlo por su nombre: el bloque que ha regido los designios del Estado desde 1989 es una coalición de gobierno que inicialmente se estableció entre la tecnocracia del PRI y la dirigencia del PAN, y después abarcó el universo completo de ambas organizaciones (no sin serias resistencias en ambos partidos).
Ha sido una coalición sui generis. No fue mediada por un pacto formal, ni se fincó en reglas explícitas. Pero todas las características de este tándem político hablan no de una alianza con sus altas y bajas sino de un auténtico gobierno de coalición: secretarios panistas en gobiernos priístas; secretarios priístas en gobiernos panistas; acuerdos mayoritarios estables y permanentes; uso negociado de los fondos públicos; protección compartida, etcétera.
Una de las reglas que rigió a esa coalición era que los votos que conseguía cada quien decidían grosso modo las esferas de influencia que cada partido ejercía, desde la Presidencia hasta los cargos menores. En 2006, esta regla se esfumó. El PRI “transfirió” millones de votos a la candidatura de Felipe Calderón para hacerlo llegar a Los Pinos, ya que su candidato quedó rezagado desde el principio. La pregunta es si el “pago” por esos votos quedó saldado o no.
Hay muchas otras preguntas. Hoy la coalición de gobierno, después de ejercer su mayoría durante casi 20 años, exhibe fisuras en muchos frentes: el tórrido debate en torno a quién maneja los presupuestos de Sedeso (que garantizan triunfos en elecciones locales); el rechazo a aceptar la militarización por parte de gobiernos priístas; el papel que ha cumplido Elba Esther Gordillo y, sobre todo, la reforma energética. En las escasas ocasiones, a lo largo de estos ocho años, que el PRI ha retirado su apoyo al Poder Ejecutivo, el rating del PAN se ha venido abajo en caída libre.
Una fractura del pacto (sin firmar) entre ambos partidos traería un reordenamiento global de toda la política nacional. Y tal vez ese es el tema que hoy se discute a propósito de qué hacer con el petróleo.
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