El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que iniciará procesos penales internacionales contra el gobierno de Colombia por las “ejecuciones extrasumariales” presuntamente cometidas durante el ataque lanzado contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. A decir del mandatario, al menos tres de las personas que se encontraban en el refugio de las FARC fueron rematadas a sangre fría por elementos del ejército colombiano, lo que, de confirmarse, reafirmaría el carácter criminal y bárbaro de la operación militar ordenada por Álvaro Uribe, y que ésta no sólo contravino la legalidad internacional, sino también los más elementales principios humanitarios.
Por supuesto, Bogotá ha negado la versión. Sin embargo, el historial de mentiras e inconsistencias de ese gobierno no permite descartar las acusaciones de Correa. Ha de recordarse que en un principio las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; más tarde se aseguró que los soldados colombianos sí habían cruzado la frontera, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, aun cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.
Luego, la Casa de Nariño –sede del gobierno de Colombia– afirmó que contaba con información respecto de supuestos “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, y pretendió fundamentar tales señalamientos con datos obtenidos en las computadoras que presuntamente llevaba el líder guerrillero Raúl Reyes, caído durante el ataque. Hasta ahora, la versión de Uribe no ha podido ser demostrada e incluso ha tenido que desmentir la autenticidad de algunas de sus “evidencias”, como las imágenes que presuntamente mostraban a Reyes en entrevista con el ministro de Seguridad Interna y Externa venezolano, Gustavo Larrea, cuando en realidad se trataba del secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Echegaray.
Ahora el gobierno colombiano afirma que durante la acción militar de principios de marzo no intervino ninguna otra nación. Con ello, Bogotá pretende negar el apoyo de Washington en la operación, lo que pareció evidente desde un principio por el grado de sofisticación y el empleo de tecnología de punta durante el ataque, y porque, como lo señaló el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, hay “razones fundadas para creer que la fuerza aérea colombiana no tiene capacidad para realizar el ataque”.
En cambio, las aseveraciones del presidente Correa no acusan las inconsistencias de su homólogo colombiano, ni representan una suma de improbabilidades para el sentido común. Algunas de ellas, inclusive, han sido confirmadas por actores ajenos al conflicto, como el gobierno francés, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Ante estos elementos de juicio, cobran sentido e importancia las intenciones de esclarecer, de cara a la opinión pública mundial, un hecho que agravió al pueblo de Ecuador, a los principios fundamentales de la soberanía, a la legalidad internacional y a la propia condición humana.
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