MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (Proceso).- Después de cuatro años de tenerlas en custodia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que, por falta de soldados y para racionalizar recursos, regresará las boletas de la elección presidencial de 2006, por lo que el material será trasladado a una bodega de la Ciudad de México.
Pendiente aún la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este semanario en abril de 2008, mediante la cual pidió la apertura de las casillas para un recuento voto por voto con base en la garantía del derecho a la información, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó elaborar un punto de acuerdo que será votado en su sesión del lunes 13.
La propuesta del IFE va en el sentido de colocar en un solo sitio el material electoral que actualmente está repartido en 32 bodegas y girar instrucciones para que los vocales ejecutivos de las juntas locales, los representantes de los partidos y los ciudadanos que actuaron como consejeros durante los comicios efectuados durante 2008-2009 estén presentes en el momento del traslado.
Y aunque por ley el material electoral utilizado en 2006 debió destruirse, las boletas de esos comicios tienen una historia particular:
El 28 de julio de 2006, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LAIPG), este semanario solicitó al IFE una copia de las actas y las boletas electorales de los casi 42 millones de votos emitidos durante la jornada del 2 de julio de aquel año. El propósito: realizar un recuento independiente con el apoyo de ciudadanos (Proceso 1552).
El director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó tres escritos ante la Unidad de Enlace del IFE poco después de las 13:00 horas de aquel 28 de julio. En uno de ellos, el principal, pidió tener acceso al sobre con las boletas de la elección para presidente inutilizadas, así como las de los votos válidos y anulados de todas las casillas.
En los otros dos documentos solicitó copias simples de las actas de la jornada electoral, así como actas circunstanciadas de recepción del paquete electoral y de las actas de cómputo de los 300 distritos de la votación para presidente.
El IFE admitió las peticiones y abrió los expedientes UE/06/00812, UE/06/00813 y UE/06/0014. Y aunque debió responder el viernes 18 de agosto siguiente, no lo hizo sino hasta el lunes 21, porque el día 15 se celebró el Día del Trabajador del IFE y fue inhábil. Luego anunció que se ampliaría el plazo para responder la solicitud el 11 de septiembre de ese año (Proceso 1556).
Para esa fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había desahogado las impugnaciones de la elección presidencial; también había entregado la constancia de mayoría a Felipe Calderón como presidente de la República.
Además, el 5 de septiembre de 2006 el IFE rechazó la solicitud de Rodríguez Castañeda con el argumento de que las boletas no son documentos públicos, por lo que quedarían bajo resguardo de las autoridades electorales, incluso le envió un escrito en el que le advertía que al término del proceso la documentación electoral sería destruida.
Proceso decidió ampararse el 20 de septiembre siguiente para evitar la destrucción del material electoral. Poco antes, el 11 de septiembre, interpuso un recurso de revisión ante el Comité de Información del IFE para garantizar la protección de los derechos políticos del ciudadano.
El propio Felipe Calderón aceptó que las boletas electorales fueran resguardadas el mayor tiempo posible para, dijo, “contribuir al mejor entendimiento de los mexicanos”.
El 21 de septiembre, la juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, desechó la demanda de amparo del semanario y declaró constitucional la norma del Cofipe que prevé la destrucción de la documentación electoral. La juez definió la situación en menos de 24 horas. Su argumento fue que se trataba de un asunto electoral. Proceso interpuso un recurso de revisión.
El IFE argumentó “razones de Estado”. Y negó por segunda vez la solicitud inédita hecha por un medio de comunicación.
El 19 de enero de 2007, el TEPJF aceptó analizar el recurso mediante el cual el solicitante pretendía acceder a las boletas electorales para un recuento ciudadano de los votos. En marzo de ese año, Proceso interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo para evitar la destrucción del material. Meses después, el 3 de septiembre, la SCJN impidió que el material fuera destruido.
En marzo de 2008, la SCJN canceló la posibilidad de tener acceso a las boletas, con lo que dio luz verde para la destrucción del material electoral. No obstante, el 24 de abril siguiente, el semanario presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la CIDH “por violación al derecho a la información”, con lo que logró que no se destruyeran las boletas (Proceso 1643).
La denuncia fue presentada en la oficina del Secretariado Ejecutivo de la Comisión, en Washington, e incluye una solicitud de medidas cautelares para evitar la destrucción de los paquetes electorales, avalada por la SCJN.
Las medidas se mantendrían en tanto la CIDH resuelve si, en efecto, las autoridades administrativas y judiciales del país violaron el derecho a la información de este semanario con la negativa a permitirle el acceso a la papelería electoral de los controvertidos comicios presidenciales de 2006.
El 2 de julio de 2008, dos años después de la elección presidencial, Proceso ganó el primer round al gobierno de Calderón, cuando el organismo interamericano pidió al Estado mexicano evitar que las boletas fueran destruidas.
En agosto de ese año, el gobierno de Calderón solicitó a la CIDH dejar sin efecto esa solicitud. Para entonces la papelería estaba resguardada en bodegas; primero eran 300, luego se redujeron a 32.
Para el 23 de octubre, el director de este semanario demandó a la CIDH que deje vigentes las medidas cautelares de la papelería electoral para hacer valer ante el Estado mexicano el derecho a la información (Proceso 1669).
Y así el material quedó bajo resguardo.
Hoy, a más de cuatro años de los comicios presidenciales de 2006, el Ejército requiere a sus soldados para seguir con la guerra contra el narcotráfico, y pide que el IFE coloque las boletas electorales en una sola bodega, porque no sabe qué hacer con ellas. l
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