Por Tomado de internet / Proceso
Dia de publicación: 2007-12-04
Por: Ricardo Ravelo
La guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, en medio de fuertes decomisos y algunas detenciones, no ha alterado el negocio de las drogas, que sigue creciendo en el territorio nacional con algunos signos alarmantes: policías de por lo menos 20 entidades protegen a los narcos, las batallas de los cárteles han cobrado ya unas 2 mil 500 ejecuciones con inédita crueldad. Y mientras los militares recogen estupefacientes en las calles, las dependencias policiacas responsables de la seguridad nacional languidecen en medio de despidos, disputas e inoperancia…
Cumplidos 12 meses de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y le declaró la guerra al narcotráfico, el balance no sólo es negativo, sino alarmante: la violencia se ha incrementado en el país; los cambios y la rotación de mandos policiacos de nada han servido, y las complicidades de las policías con el crimen organizado siguen estrechándose en la mayoría de las entidades.
A pesar de los cuantiosos decomisos de drogas y la detención de algunos personajes del narcotráfico –acciones que el gobierno ha celebrado en toda oportunidad–, la cocaína y otros alcaloides ingresan en grandes cantidades por las aduanas, puertos y aeropuertos, de suerte que la campaña emprendida por el gobierno federal no ha alterado el negocio de las drogas.
Los cárteles que operan en el país –de Juárez, de Sinaloa, del Golfo y de Tijuana, con todas sus ramificaciones– mantienen estables sus estructuras criminales, no obstante que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública sostienen que se les ha golpeado y que están debilitados. Lo cierto es que las principales arterias del crimen organizado funcionan en casi todo el territorio nacional con la protección de la policía.
Mientras tanto, los cambios de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y las estrategias de su titular, Genaro García Luna, han probado ya su inoperancia. Y la promesa presidencial de recuperar “los espacios de convivencia para la sociedad” no ha podido cumplirse: las balaceras y las ejecuciones se multiplican en todas partes y estremecen a la población.
En el primer año del gobierno de Felipe Calderón, en el país se han cometido, según datos oficiales, poco más de 2 mil 500 ejecuciones, la mayoría de las cuales se mantienen impunes.
Estos primeros 12 meses terminan como iniciaron: agitados por el crimen organizado, como pudo confirmarse apenas el pasado jueves 29 de noviembre, en la jornada de terror que vivieron los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.
En Río Bravo, Tamaulipas, fueron ejecutadas seis personas, entre ellas Juan Antonio Guajardo Anzaldúa –quien fue senador de la República, diputado federal y local, así como dos veces alcalde de ese municipio–, días después de haber denunciado que el crimen organizado estaba infiltrado en el proceso electoral del estado y tras haber cuestionado severamente al gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández, por sus presuntas ligas con el narco.
Guajardo Anzaldúa era una voz crítica de los hombres del poder en Tamaulipas: había señalado, en distintas ocasiones, que el exgobernador Tomás Yarrington estaba relacionado con el cártel del Golfo y que el actual procurador de la entidad, José Guadalupe Herrera, “sirve a los intereses de ese cártel”, pues tiene dos hermanos que operan en esa organización criminal (Proceso 1610).
Semanas atrás, Guajardo fue amenazado de muerte. Por ello la PGR le asignó cuatro escoltas de la AFI para su protección, pero la tarde del pasado jueves, cuando arribó al restaurante La Rockola, propiedad de su hermana, fue asesinado junto con otras cinco personas, dos de las cuales eran agentes federales y otras dos colaboradores cercanos.
En San Luis Potosí fueron ejecutadas cinco personas, en pleno Centro Histórico, por un comando armado que se enfrentó con la policía. Entre los muertos figuran dos escoltas del empresario Roberto García Navarro, propietario de la empresa de chicles Canel’s, a quien presuntamente pretendieron secuestrar.
El mismo día, en Hidalgo, fueron hallados los cuerpos de cinco personas en el interior de una camioneta estacionada en el acotamiento de la carretera México-Laredo, en el municipio de Ixmiquilpan. Los muertos tenían la boca tapada con cinta canela y estaban atados de pies y manos.
En su guerra contra el narcotráfico, el presidente Felipe Calderón tiene un enemigo enquistado en la estructura de poder: los policías. Según datos consultados en la PGR, existen investigaciones en curso –otras más han sido consignadas con detenidos a los juzgados federales– que revelan las vinculaciones de los cuerpos policiacos con el narcotráfico en más de 20 estados del país, sobre todo en aquellas entidades que son asiento o corredores de los cárteles de la droga.
Los casos más críticos son Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Jalisco, Campeche, Tabasco, donde, de acuerdo con datos oficiales, el grupo armado Los Zetas y los miembros del cártel de Sinaloa trabajan directamente con algunos mandos policiacos, tanto estatales como municipales.
Explosivo y sin diques que lo contengan, el narcotráfico y la violencia derivada de esta actividad se recrudecen, como en los primeros meses de gobierno, a pesar de que el presidente Calderón decidió echar mano de unos 22 mil efectivos militares (10% de los elementos del Ejército, conformado por unos 200 mil militares), así como de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Además, el tráfico de drogas –imparable en todo el país– y las ejecuciones, se multiplican a pesar de que el presidente Calderón incorporó a su gabinete a funcionarios de la pasada administración que fueron protagonistas de la “lucha” contra el crimen organizado, cuya experiencia –se dijo– era importante para dar continuidad a la política contra la delincuencia.
Tal es el caso de Eduardo Medina Mora, quien durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), primero, y como secretario de Seguridad Pública, después.
Al segundo cargo llegó por una tragedia atribuida al narcotráfico: el derribamiento y explosión de un helicóptero –el accidente ocurrió el 21 de septiembre de 2005 en San Miguel Mimiapan, Estado de México–, en el que murieron varios funcionarios del Gabinete de Seguridad, entre ellos Ramón Martín Huerta, quien fungía como secretario de Seguridad Pública.
Este caso –que evidenció la vulnerabilidad del gobierno frente al narco y las complicidades de altos funcionarios con el crimen organizado– nunca se aclaró. Por el contrario, el entonces presidente Vicente Fox ordenó guardar la investigación durante 10 años invocando “razones de seguridad nacional”.
Los funcionarios
Ahora que el libro La diferencia, escrito por Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar, reveló los desatinos y titubeos del entonces presidente Fox para nombrar a los miembros de su gabinete, cobra relevancia el hecho de que Medina Mora llegó a la Secretaría de Seguridad Pública a través de una recomendación.
Según datos confirmados por Proceso, Medina Mora se convirtió en el poderoso secretario de Seguridad Pública gracias en buena medida a su cercanía con María Amparo Casar, quien fungió como jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, exjefe de Medina Mora. Creel lo acogió y lo nombró director del Cisen sin considerar su nula experiencia en tareas de inteligencia, pues gran parte de su carrera profesional la desarrolló como abogado corporativo de la empresa Desc, especializada en perfiles de acreedores y clientes (Proceso 1572).
Su nula experiencia fue evidente durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública: puso en marcha, sin éxito, el programa México Seguro para detener la violencia del narcotráfico; realizó cambios en las filas de la Policía Federal Preventiva; rotó a mandos medios y altos; quiso profesionalizar a la corporación… Pero dicha policía terminó sumida en un descrédito que parece irreversible.
A pesar de sus fallas, el presidente Felipe Calderón lo nombró procurador general de la República, cargo en el que ha sido criticado por la falta de articulación de una política criminal integral, lo que con frecuencia lo confronta con el Gabinete de Seguridad Nacional. A la vuelta de un año de gobierno, la PGR –institución legalmente facultada para combatir el crimen organizado– está reducida a servir como una pieza de apoyo del Ejército y la Marina.
Lo mismo ocurrió con Genaro García Luna, ingeniero mecánico de profesión, quien inició su carrera en los sótanos del Cisen al lado de Jorge Tello Peón. Fue director de la AFI durante el régimen foxista, y aunque durante esa administración se le acusó de tener presuntos nexos con el cártel de Sinaloa (Proceso 1519), el presidente Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública.
Poco antes de concluir el sexenio de Fox, García Luna inició una fuerte campaña de autopromoción: a través de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia no sólo difundió sus “aciertos” policiacos, sino que afianzó su nombramiento en la administración de Felipe Calderón con la publicación del libro Contra el crimen: ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?, donde expone la descomposición y los vicios de los cuerpos policiacos, los cuales pretende ahora unificar.
Pero durante su primer año de gestión al frente de la SSP, García Luna no ha podido superar los vicios y fallas que cuestiona en su libro. En el capítulo Vll, titulado “Contra el crimen”, el propio García Luna reconoce la corrupción en las filas policiacas, insuperable hasta la fecha:
Hoy en día más del 93% de la policía en México es municipal y estatal. En los modelos más eficientes de seguridad en el mundo la policía más importante es la de proximidad social, misma que cuenta con formación, sistemas, logística y métodos de vanguardia. En cambio, en nuestro país las policías municipales registran en general el mayor rezago conceptual y estructural; es decir, las corporaciones que están en contacto directo con la sociedad son, paradójicamente, las más abandonadas.
Esto obedece en parte al modelo que aceptó la corrupción como mecánica operativa. Se asumió como ventaja cohabitar con el hampa, se justificó la operación policial con recursos no institucionales. El hecho es que la relación entre sociedad y el principal punto de contacto con la autoridad se rompió, lo que generó un círculo vicioso: una policía despreciada, sin la vigilancia y atención que requiere para su desarrollo; en consecuencia, sin capacidad para prevenir y combatir los delitos.
García Luna no ha podido resolver estos viejos vicios que, por el contrario, se han agudizado en el primer año del gobierno calderonista, con una agravante: el funcionario tiene constantes confrontaciones al interior de la SSP y roces frecuentes con el procurador Eduardo Medina Mora.
El titular de la SSP ha ido de ensayo en ensayo en materia de seguridad pública: ha rotado a la mayoría de los mandos medios y altos y ha despedido a cientos de policías –la mayoría recurrió al amparo porque afirman que fueron corridos injustificadamente–, pero estas medidas no han podido frenar la marejada de violencia que azota al país.
No es todo: al inicio del sexenio, sin la aprobación del Congreso, García Luna incorporó a 10 mil militares a las filas de la PFP y anunció su proyecto de unificar a la PFP y a la AFI en una policía única. Su idea no ha sido aprobada.
Pero lo más grave son las diferencias que se observan en la SSP. Por ejemplo, en marzo de este año Ardelio Vargas Fosado –exfuncionario del Cisen que fue considerado pieza clave en la SSP– renunció a la titularidad del Cuerpo Federal de Policía. La razón: sus enfrentamientos con García Luna. Vargas Fosado tuvo que regresar al lado de su compadre Eduardo Medina Mora, quien lo designó responsable del Centro de Inteligencia de la PGR.
De 2000 a 2007, en la PFP han sido dados de baja 3 mil 728 elementos, según datos oficiales. Entre las bajas destacan 799 por incumplimiento de los requisitos de permanencia, 142 casos de abandono de empleo, 2 mil 187 renuncias y 254 casos con denuncias no especificadas.
El personal que ha causado baja incluye lo mismo altos mandos que cabos de la policía. En la lista figuran 19 comisarios generales, 42 comisarios jefe, 59 comisarios, 75 inspectores generales, 480 subinspectores, mil 107 suboficiales, 316 sargentos primeros, 217 sargentos segundos y 373 cabos, entre otros.
Los ensayos de García Luna se extendieron a lo largo de todo este año: Tras una balacera en Cananea, Sonora, entre policías y presuntos Zetas, el titular de la SSP despidió a cerca de 300 mandos medios y altos de la PFP en el país, por pérdida de confianza. Algunos agentes permanecen en la institución, supuestamente porque siguen siendo investigados por sus presuntas ligas con el crimen organizado.
Pese a su insistencia en el proyecto de crear una policía única –algo así como una Policía Nacional con un solo mando en todo el país–, el Congreso de la Unión no ha entrado a la discusión de este proyecto, que está “congelado”.
Entre tanto, el narco sigue matando como nunca, sin freno ni recato, y con la máxima crueldad…
Cumplidos 12 meses de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y le declaró la guerra al narcotráfico, el balance no sólo es negativo, sino alarmante: la violencia se ha incrementado en el país; los cambios y la rotación de mandos policiacos de nada han servido, y las complicidades de las policías con el crimen organizado siguen estrechándose en la mayoría de las entidades.
A pesar de los cuantiosos decomisos de drogas y la detención de algunos personajes del narcotráfico –acciones que el gobierno ha celebrado en toda oportunidad–, la cocaína y otros alcaloides ingresan en grandes cantidades por las aduanas, puertos y aeropuertos, de suerte que la campaña emprendida por el gobierno federal no ha alterado el negocio de las drogas.
Los cárteles que operan en el país –de Juárez, de Sinaloa, del Golfo y de Tijuana, con todas sus ramificaciones– mantienen estables sus estructuras criminales, no obstante que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública sostienen que se les ha golpeado y que están debilitados. Lo cierto es que las principales arterias del crimen organizado funcionan en casi todo el territorio nacional con la protección de la policía.
Mientras tanto, los cambios de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y las estrategias de su titular, Genaro García Luna, han probado ya su inoperancia. Y la promesa presidencial de recuperar “los espacios de convivencia para la sociedad” no ha podido cumplirse: las balaceras y las ejecuciones se multiplican en todas partes y estremecen a la población.
En el primer año del gobierno de Felipe Calderón, en el país se han cometido, según datos oficiales, poco más de 2 mil 500 ejecuciones, la mayoría de las cuales se mantienen impunes.
Estos primeros 12 meses terminan como iniciaron: agitados por el crimen organizado, como pudo confirmarse apenas el pasado jueves 29 de noviembre, en la jornada de terror que vivieron los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.
En Río Bravo, Tamaulipas, fueron ejecutadas seis personas, entre ellas Juan Antonio Guajardo Anzaldúa –quien fue senador de la República, diputado federal y local, así como dos veces alcalde de ese municipio–, días después de haber denunciado que el crimen organizado estaba infiltrado en el proceso electoral del estado y tras haber cuestionado severamente al gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández, por sus presuntas ligas con el narco.
Guajardo Anzaldúa era una voz crítica de los hombres del poder en Tamaulipas: había señalado, en distintas ocasiones, que el exgobernador Tomás Yarrington estaba relacionado con el cártel del Golfo y que el actual procurador de la entidad, José Guadalupe Herrera, “sirve a los intereses de ese cártel”, pues tiene dos hermanos que operan en esa organización criminal (Proceso 1610).
Semanas atrás, Guajardo fue amenazado de muerte. Por ello la PGR le asignó cuatro escoltas de la AFI para su protección, pero la tarde del pasado jueves, cuando arribó al restaurante La Rockola, propiedad de su hermana, fue asesinado junto con otras cinco personas, dos de las cuales eran agentes federales y otras dos colaboradores cercanos.
En San Luis Potosí fueron ejecutadas cinco personas, en pleno Centro Histórico, por un comando armado que se enfrentó con la policía. Entre los muertos figuran dos escoltas del empresario Roberto García Navarro, propietario de la empresa de chicles Canel’s, a quien presuntamente pretendieron secuestrar.
El mismo día, en Hidalgo, fueron hallados los cuerpos de cinco personas en el interior de una camioneta estacionada en el acotamiento de la carretera México-Laredo, en el municipio de Ixmiquilpan. Los muertos tenían la boca tapada con cinta canela y estaban atados de pies y manos.
En su guerra contra el narcotráfico, el presidente Felipe Calderón tiene un enemigo enquistado en la estructura de poder: los policías. Según datos consultados en la PGR, existen investigaciones en curso –otras más han sido consignadas con detenidos a los juzgados federales– que revelan las vinculaciones de los cuerpos policiacos con el narcotráfico en más de 20 estados del país, sobre todo en aquellas entidades que son asiento o corredores de los cárteles de la droga.
Los casos más críticos son Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Jalisco, Campeche, Tabasco, donde, de acuerdo con datos oficiales, el grupo armado Los Zetas y los miembros del cártel de Sinaloa trabajan directamente con algunos mandos policiacos, tanto estatales como municipales.
Explosivo y sin diques que lo contengan, el narcotráfico y la violencia derivada de esta actividad se recrudecen, como en los primeros meses de gobierno, a pesar de que el presidente Calderón decidió echar mano de unos 22 mil efectivos militares (10% de los elementos del Ejército, conformado por unos 200 mil militares), así como de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Además, el tráfico de drogas –imparable en todo el país– y las ejecuciones, se multiplican a pesar de que el presidente Calderón incorporó a su gabinete a funcionarios de la pasada administración que fueron protagonistas de la “lucha” contra el crimen organizado, cuya experiencia –se dijo– era importante para dar continuidad a la política contra la delincuencia.
Tal es el caso de Eduardo Medina Mora, quien durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), primero, y como secretario de Seguridad Pública, después.
Al segundo cargo llegó por una tragedia atribuida al narcotráfico: el derribamiento y explosión de un helicóptero –el accidente ocurrió el 21 de septiembre de 2005 en San Miguel Mimiapan, Estado de México–, en el que murieron varios funcionarios del Gabinete de Seguridad, entre ellos Ramón Martín Huerta, quien fungía como secretario de Seguridad Pública.
Este caso –que evidenció la vulnerabilidad del gobierno frente al narco y las complicidades de altos funcionarios con el crimen organizado– nunca se aclaró. Por el contrario, el entonces presidente Vicente Fox ordenó guardar la investigación durante 10 años invocando “razones de seguridad nacional”.
Los funcionarios
Ahora que el libro La diferencia, escrito por Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar, reveló los desatinos y titubeos del entonces presidente Fox para nombrar a los miembros de su gabinete, cobra relevancia el hecho de que Medina Mora llegó a la Secretaría de Seguridad Pública a través de una recomendación.
Según datos confirmados por Proceso, Medina Mora se convirtió en el poderoso secretario de Seguridad Pública gracias en buena medida a su cercanía con María Amparo Casar, quien fungió como jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, exjefe de Medina Mora. Creel lo acogió y lo nombró director del Cisen sin considerar su nula experiencia en tareas de inteligencia, pues gran parte de su carrera profesional la desarrolló como abogado corporativo de la empresa Desc, especializada en perfiles de acreedores y clientes (Proceso 1572).
Su nula experiencia fue evidente durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública: puso en marcha, sin éxito, el programa México Seguro para detener la violencia del narcotráfico; realizó cambios en las filas de la Policía Federal Preventiva; rotó a mandos medios y altos; quiso profesionalizar a la corporación… Pero dicha policía terminó sumida en un descrédito que parece irreversible.
A pesar de sus fallas, el presidente Felipe Calderón lo nombró procurador general de la República, cargo en el que ha sido criticado por la falta de articulación de una política criminal integral, lo que con frecuencia lo confronta con el Gabinete de Seguridad Nacional. A la vuelta de un año de gobierno, la PGR –institución legalmente facultada para combatir el crimen organizado– está reducida a servir como una pieza de apoyo del Ejército y la Marina.
Lo mismo ocurrió con Genaro García Luna, ingeniero mecánico de profesión, quien inició su carrera en los sótanos del Cisen al lado de Jorge Tello Peón. Fue director de la AFI durante el régimen foxista, y aunque durante esa administración se le acusó de tener presuntos nexos con el cártel de Sinaloa (Proceso 1519), el presidente Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública.
Poco antes de concluir el sexenio de Fox, García Luna inició una fuerte campaña de autopromoción: a través de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia no sólo difundió sus “aciertos” policiacos, sino que afianzó su nombramiento en la administración de Felipe Calderón con la publicación del libro Contra el crimen: ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?, donde expone la descomposición y los vicios de los cuerpos policiacos, los cuales pretende ahora unificar.
Pero durante su primer año de gestión al frente de la SSP, García Luna no ha podido superar los vicios y fallas que cuestiona en su libro. En el capítulo Vll, titulado “Contra el crimen”, el propio García Luna reconoce la corrupción en las filas policiacas, insuperable hasta la fecha:
Hoy en día más del 93% de la policía en México es municipal y estatal. En los modelos más eficientes de seguridad en el mundo la policía más importante es la de proximidad social, misma que cuenta con formación, sistemas, logística y métodos de vanguardia. En cambio, en nuestro país las policías municipales registran en general el mayor rezago conceptual y estructural; es decir, las corporaciones que están en contacto directo con la sociedad son, paradójicamente, las más abandonadas.
Esto obedece en parte al modelo que aceptó la corrupción como mecánica operativa. Se asumió como ventaja cohabitar con el hampa, se justificó la operación policial con recursos no institucionales. El hecho es que la relación entre sociedad y el principal punto de contacto con la autoridad se rompió, lo que generó un círculo vicioso: una policía despreciada, sin la vigilancia y atención que requiere para su desarrollo; en consecuencia, sin capacidad para prevenir y combatir los delitos.
García Luna no ha podido resolver estos viejos vicios que, por el contrario, se han agudizado en el primer año del gobierno calderonista, con una agravante: el funcionario tiene constantes confrontaciones al interior de la SSP y roces frecuentes con el procurador Eduardo Medina Mora.
El titular de la SSP ha ido de ensayo en ensayo en materia de seguridad pública: ha rotado a la mayoría de los mandos medios y altos y ha despedido a cientos de policías –la mayoría recurrió al amparo porque afirman que fueron corridos injustificadamente–, pero estas medidas no han podido frenar la marejada de violencia que azota al país.
No es todo: al inicio del sexenio, sin la aprobación del Congreso, García Luna incorporó a 10 mil militares a las filas de la PFP y anunció su proyecto de unificar a la PFP y a la AFI en una policía única. Su idea no ha sido aprobada.
Pero lo más grave son las diferencias que se observan en la SSP. Por ejemplo, en marzo de este año Ardelio Vargas Fosado –exfuncionario del Cisen que fue considerado pieza clave en la SSP– renunció a la titularidad del Cuerpo Federal de Policía. La razón: sus enfrentamientos con García Luna. Vargas Fosado tuvo que regresar al lado de su compadre Eduardo Medina Mora, quien lo designó responsable del Centro de Inteligencia de la PGR.
De 2000 a 2007, en la PFP han sido dados de baja 3 mil 728 elementos, según datos oficiales. Entre las bajas destacan 799 por incumplimiento de los requisitos de permanencia, 142 casos de abandono de empleo, 2 mil 187 renuncias y 254 casos con denuncias no especificadas.
El personal que ha causado baja incluye lo mismo altos mandos que cabos de la policía. En la lista figuran 19 comisarios generales, 42 comisarios jefe, 59 comisarios, 75 inspectores generales, 480 subinspectores, mil 107 suboficiales, 316 sargentos primeros, 217 sargentos segundos y 373 cabos, entre otros.
Los ensayos de García Luna se extendieron a lo largo de todo este año: Tras una balacera en Cananea, Sonora, entre policías y presuntos Zetas, el titular de la SSP despidió a cerca de 300 mandos medios y altos de la PFP en el país, por pérdida de confianza. Algunos agentes permanecen en la institución, supuestamente porque siguen siendo investigados por sus presuntas ligas con el crimen organizado.
Pese a su insistencia en el proyecto de crear una policía única –algo así como una Policía Nacional con un solo mando en todo el país–, el Congreso de la Unión no ha entrado a la discusión de este proyecto, que está “congelado”.
Entre tanto, el narco sigue matando como nunca, sin freno ni recato, y con la máxima crueldad…
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