En la revisión de las cuentas públicas correspondientes al sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación encontró en Petróleos Mexicanos irregularidades administrativas e indicios de malos manejos y corrupción… En conjunto, los años del 2001 al 2006 forman un gigantesco hoyo negro en las finanzas del organismo paraestatal –cuya dirección estuvo en manos de Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo-- por el que fluyeron recursos ilimitados y sin control.
Antonio Jáquez/ Proceso
MEXICO, D.F., 26 DE ABRIL / De 2001 a 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sumergió en las aguas profundas de Petróleos Mexicanos con el objetivo de revisar parte de las operaciones de la paraestatal, y, no sorprendentemente, los auditores descubrieron una serie de irregularidades: adquisición de equipo innecesario, adjudicaciones fuera de norma, inversiones accionarias no reportadas, contratos desventajosos, registros omitidos y concesiones extraordinarias y fuera de la normatividad al sindicato petrolero, como el pago de festejos.
Entre los hallazgos de los auditores resaltan fideicomisos asociados a Pemex manejados en las sombras desde su constitución misma en lugares como Delaware y las Islas Caimán, paraísos de la opacidad.
El manejo ineficiente de la paraestatal durante el gobierno de Vicente Fox es uno de los hoyos negros de su sexenio, más hondos, en algunos casos, que los de la era priista. Las revisiones a la cuenta de 2006, cuyos resultados se divulgaron apenas el pasado 27 de marzo, confirmaron la tendencia detectada desde 2001: la empresa opera con controles muy laxos. Algunos ejemplos:
En 2002 se revisaron diversos contratos de obra celebrados por organismos subsidiarios, con los resultados siguientes:
En Pemex Exploración y Producción (PEP) se detectó sobrecosto por conservación de equipos y extensión de garantías (274.6 millones), “inversión ociosa generada por la adquisición de equipos en diciembre de 1998 y que no se habían puesto en operación a la fecha de la revisión” (650.8 millones) y, entre otras anomalías, incorrecta aplicación de precios unitarios.
El sobrecosto y la inversión ociosa, según anexo de la auditoría, se refieren a cuatro paquetes de turbocompresores de alta presión, comprados a la empresa Stewart & Stevenson Internacional en octubre de 1997, para ser instalados en la plataforma marina adyacente al complejo Akal-C. Entregados en el plazo límite, a finales de 1998, los paquetes se almacenaron en Dos Bocas, Tabasco, desde el 4 de febrero de 1999, y ahí se quedaron varios años, como si fueran inservibles.
En Pemex Refinación se detectaron “vicios ocultos” (defectos de construcción disimulados) en tanques de la coquizadora en Cadereyta (por 23 millones de pesos), incorrecta aplicación de precios unitarios (por 16.3 millones de pesos) e incorrecta cuantificación de volúmenes de obra (por 600 mil pesos).
Los cuestionamientos sobre Pemex y las demás entidades revisadas –que sumaron unas 3 mil observaciones– molestaron tanto al gobierno federal que embistió por debajo de la mesa al auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, filtrando a Televisa documentos relativos a sus nexos con Carlos Salinas de Gortari y personajes de su régimen (Proceso 1393).
Igualmente, a comienzos de abril de 2004, González de Aragón fue amordazado por los propios diputados miembros de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quienes le advirtieron que entregara el informe sobre la cuenta pública de 2002 prácticamente en privado y sin divulgar resultados específicos.
“Entregas y te vas”, le dijo a González de Aragón el diputado Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la comisión citada, según reveló días después este semanario.
Pidiregas
En 2003, los auditores revisaron con lupa las cuentas Pidiregas de Pemex, es decir las referidas al mecanismo financiero usado para fondear proyectos de infraestructura a largo plazo. El objetivo de los auditores era verificar si el mecanismo cumplía con los requisitos autorizados, que se pueden resumir en tres puntos: que el proyecto sea financiado con recursos de terceros, que sea viable y autosuficiente, y que su control y registro contable se ajusten a las normas.
En la revisión se descubrió que la paraestatal encontró el modo de sacarle la vuelta a esos requisitos, por ejemplo fondeando proyectos con recursos propios pero encubiertos en fideicomisos, o seleccionando proyectos inviables. Algunos casos:
–Pemex no registró en su contabilidad, no reveló en la Cuenta Pública 2003 ni presentó en su información financiera, como deuda de la paraestatal, el saldo por 185.6 millones de pesos de recursos obtenidos a través de los fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust y F-163.
–Pemex no ha regularizado la autorización de su Consejo de Administración respecto de las contingencias pactadas por un monto estimado de 342.4 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 848 millones de pesos, para el período 1999-2006, en el contrato suscrito con la empresa Compañía de Servicios de Compresión de Campeche.
Se auditaron también los proyectos Cantarell y Burgos. Sobre Cantarell se obtuvieron los resultados siguientes:
–En los cuatro contratos revisados, la forma de pago con recursos Pidiregas no se ajustó a los lineamientos establecidos en el esquema de financiamiento utilizado, toda vez que la obra no generó el necesario flujo de recursos.
–En otro contrato existió falta de coordinación entre el área de construcción y la de instalación de las plataformas.
De la revisión en Burgos, destaca la observación de que el “financiamiento de este proyecto no se ajustó a la Ley General de Deuda Pública ni tampoco a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, toda vez que la obra, al igual que el proyecto Cantarell, no generó el flujo de recursos necesarios para su pago”.
Además, la empresa canceló la construcción de tres ductos, pero construyó otro en un campo que no estaba considerado en el objeto del contrato, lo que ocasionó un sobrecosto de 4.4 millones de pesos.
Fideicomisos
En 2004 se repitió la historia y surgieron más pistas sobre la operación dudosa de organismos subsidiarios de la paraestatal:
–Pemex continúa sin reflejar en sus estados financieros consolidados –afirma la ASF– el saldo de la deuda por 36.6 millones de pesos del remanente de la emisión de bonos que la paraestatal hizo a través de Pemex Finance Ltd. La deuda sólo se reportó como tal, apuntan los auditores, a los mercados de valores de México y de Estados Unidos.
Pemex Finance, según anexo del informe de la ASF, es propiedad del fideicomiso Pemex Finance Trust y se constituyó en Gran Caimán, en 1998. Mediante contrato, Pemex Finance compró cuentas por cobrar provenientes de petróleo crudo de PEP y PMI (Petróleos Mexicanos Internacional, otro organismo subsidiario de Pemex), ya efectuadas o por efectuarse en el futuro.
Las cuentas por cobrar vendidas “son aquellas que se generan por la realización de petróleo crudo tipo Maya a clientes designados en los Estados Unidos, Canadá y Arabia. Los recursos netos obtenidos por PEP en estas operaciones fueron utilizados para financiar proyectos Pidiregas, por derivación de fondos al fideicomiso Master Trust, y esconder así que el fondeo se hace con recursos propios de la paraestatal y no a través de terceros.
–Pemex Finance Ltd. muestra utilidades acumuladas por 2 mil 538 millones de pesos, pero Pemex no acreditó haber realizado acciones para recuperarlas durante 2004.
–La empresa no reveló en la cuenta pública, como deuda, 292.2 miles de millones de pesos de financiamientos captados en el extranjero a través del fideicomiso Master Trust. Con estos recursos liquidó en dólares facturas de proveedores y contratistas de obras Pidiregas en construcción. Como en el caso de Pemex Finance Ltd., los financiamientos se reportaron como deuda sólo en los mercados de valores de México y Estados Unidos.
–El uso de los dos fideicomisos continúa mostrando inconsistencias respecto de la normatividad en el manejo de los recursos para este tipo de proyectos.
Otra veta de manejos anómalos son las 52 empresas en las que Pemex tiene inversión accionaria; 33 de ellas con participación estatal mayoritaria. De esas 33, 12 están registradas como paraestatales y Hacienda autorizó que las 21 restantes no sean consideradas paraestatales aunque la inversión accionaria sea superior al 50%. En nueve empresas no se cuenta con autorización alguna.
Además, la ASF descubrió en la tesorería del corporativo de Pemex una inversión en la empresa Kot Insurance Company (filial de Pemex) en Oil Insurance Limited por 10 millones de dólares que no está reportada como parte de la información de las 52 empresas.
En Pemex Refinación se detectaron irregularidades diversas:
–No se encuentra actualizada la información de las bases de datos de las existencias físicas y de la capacidad de almacenamiento de los productos petrolíferos de las gerencias de Almacenamiento y Distribución.
–En la cartera de clientes al cierre del ejercicio de 2004 se reportaron adeudos por 12 mil 523 millones de pesos, dentro de los cuales se observa un monto de 284 millones de pesos correspondiente a los ejercicios de 1986 a 2003, sobre los cuales no se han realizado acciones para su recuperación y/o depuración.
La ASF detectó indicios de malos manejos en el “Programa de Hidrocarburos”, como la diferencia no aclarada de 8.5 millones de barriles de más entre el volumen de crudo enviado a proceso contra el volumen de producción total obtenido en refinación. En complemento, “no se proporcionó la documentación comprobatoria del rendimiento obtenido de la producción de cada una de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación”.
En el rubro de distribución, la ASF observa que “no se comprobó con documentación la recepción de petróleo crudo adquirido a Pemex Exploración y Producción” por un volumen de poco más de 12 millones de barriles. Señala la ASF que hay “una falta de conciliación de cifras y/o volúmenes entre los diferentes procesos y la entrega de producción para venta, lo cual no permite obtener cifras confiables de los volúmenes de productos transportados”.
Aún más, “no se aclararon ni documentaron las diferencias entre el volumen de petrolíferos comercializados en el mercado interno reportado por la Subdirección Comercial, contra lo reportado por la Subdirección de Finanzas y Administración. Ni tampoco las diferencias entre el volumen de productos petrolíferos producidos y comercializados reportados en el ‘Sistema Nacional de Refinación-Rendimientos del Crudo 2004’ contra el de ventas totales de la Subdirección Comercial.”
Pemex-sindicato: más prebendas
En su revisión de la cuenta pública de 2005, la ASF examinó los compromisos de Pemex con el sindicato. Nadie levantó las cejas con los resultados, pero al menos se documentó esa relación viciada:
–En el Convenio 10257/04 –relativo a las obligaciones de la paraestatal con el sindicato petrolero– se comprometieron recursos sin contar con la suficiencia presupuestal correspondiente, lo cual debió ser aprobado previamente por el Consejo de Administración de Pemex y por las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
–Se entregaron directamente al sindicato petrolero mil 65 millones de pesos por concepto de vivienda para los trabajadores, sin sustento normativo y sin estar contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
–Se le dieron directamente al sindicato 200 millones de pesos por concepto de mantenimiento de instalaciones deportivas, sin sustento normativo y sin estar contemplados en el CCT.
–Otros 459 millones de pesos fueron entregados directamente al sindicato por concepto de ayuda correspondiente al período de 2001 a 2004, pagados en 2005, correspondientes a festejos relacionados con el aniversario de la expropiación petrolera, con el desfile del 1 de mayo y con revisiones anuales al CCT, sin sustento normativo, sin estar contemplados en dicho contrato y sin apego a disposiciones de carácter presupuestal al haberse reconocido indebidamente obligaciones de años anteriores con cargo al presupuesto de 2005.
De nuevo, de la revisión de Pemex Refinación se derivó una serie de observaciones por irregularidades:
–Se constataron adeudos pendientes de cobro por 192.5 millones de pesos, de “Clientes de Gobierno” provenientes de ejercicios anteriores, sin que haya evidencia documental de acciones para su recuperación.
–Hay saldos pendientes de cobro por 119.6 millones de pesos, a “Otros Clientes”, de los cuales se carece de la evidencia documental que sustente los derechos de cobro.
–Se presentó una diferencia de 1.5 millones de barriles del volumen total vendido, entre lo reportado en el Sistema Integral de Información Comercial (618.1 millones de barriles) de la Subdirección de Finanzas y Administración, y lo reportado por el Sistema de Transferencia de Custodia (616.6 millones de barriles) de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Jubilados y contratistas VIP
En 2006, la ASF examinó el rubro de jubilaciones en el Contrato Colectivo de Trabajo 2005-2007, suscrito por Pemex y el sindicato. La revisión encontró que la empresa otorgó “incrementos marginales” que demandaron recursos importantes que, “al no verse acompañados de mayores niveles de productividad laboral, limitaron crecientemente su uso productivo y el desarrollo de la infraestructura de Pemex”.
La jubilación mínima mensual promedio del personal sindicalizado fue poco más de 5 mil pesos y la máxima ascendió a 117 mil pesos, mientras que para el personal de confianza la mínima fue de 7 mil 648 pesos y la máxima de 224 mil 558 pesos, “lo que indica una gran brecha entre ambos tipos de personal y al interior de cada grupo, ya que mientras para los primeros la diferencia entre la mínima y la máxima fue de 23 veces, para los segundos fue de 29.4 veces”.
De acuerdo con la base de datos, se registran diferencias significativas entre las pensiones mínimas y máximas en ambos tipos de jubilados. O sea: hay jubilados comunes y jubilados VIP:
El 74.1 de los jubilados recibió ingresos hasta por 20 mil pesos y participó con el 58.1% del valor de la nómina total que se pagó por este concepto, “mientras que, en el otro extremo, solamente el 4.1% de los beneficiarios obtuvieron percepciones superiores a los 40 mil pesos brutos mensuales”.
Una perla: en una muestra revisada, los auditores encontraron que cuatro jubilados –de los que no se dice su nombre, quizá por pudor– “percibieron un ingreso mensual de entre 100 mil y 200 mil pesos… El caso extremo de los cuatro jubilados es un hombre de 57 años de edad, quien con 33 años de servicio cumplió con lo establecido en el CCT 2005-2007, y percibe una pensión mensual de 173 mil 410 pesos”.
Las revisiones de 2006 detectaron, en PEP, que la paraestatal pagó 97 facturas con datos iguales: en fecha de expedición, concepto, período facturado, tipo de moneda y número de estación, por 875.4 millones de pesos, a las empresas Compañía de Servicios Compresión de Campeche y Cotejar, de cuyos accionistas no se dan datos.
Hubo también auditorías a los servicios técnicos pagados a terceros por PEP, con hallazgos como la existencia de un contrato con la empresa Hay Group que no establece el plazo y lugar de los servicios; o la aplicación indebida del registro presupuestal de un contrato con Dupont por 313.5 millones de pesos, del que, peor aún, no se acreditó la justificación de la adjudicación y los beneficios obtenidos.
El contrato con Dupont “se formalizó” el 15 de noviembre de 2005, un año después que salió de la paraestatal Raúl Muñoz Leos, que fue directivo de esa empresa privada antes de incorporarse al sector público. La ASF señala que “la entidad fiscalizada” (Pemex) no entregó la justificación “para adjudicar el contrato a través de invitación a cuando menos tres personas”, ni tampoco “demostró los beneficios que se obtuvieron de la contratación de estos servicios”.
Los auditores no rastrearon la probable conexión de Muñoz Leos con ese contrato, pero sí documentaron que el mismo se suscribió con el supuesto objetivo de brindar servicios de seguridad y protección ambiental y que en los hechos consistió en la impartición de cursos, de los cuales ni siquiera se proporcionaron informes completos. El servicio de seguridad contratado con Dupont sustituyó al sistema propio que tenía la paraestatal y que, según los auditores, era más eficaz.
Otro contrato discrecional se estableció con la empresa Oceanografía, que ha sido vinculada en indagaciones legislativas y periodísticas con familiares de la exprimera dama, Marta Sahagún.
Señala la ASF que Pemex “modificó los requisitos de las bases de la licitación pública referente a las características técnicas de la velocidad de la embarcación requeridas para los trabajos de mantenimiento concursados y la fecha de inicio de los trabajos”.
A la misma empresa se le adjudicó un contrato específico por 198. 6 millones de pesos y 17 millones de dólares, de los cuales se pagaron 133.7 millones de pesos en el ejercicio 2006. Oceanografía también salió beneficiada con el pago de otro contrato, “sin que entregara los reportes finales que forman parte de la evidencia de ejecución de dichos trabajos”.
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