El conflicto poselectoral interno del PRD no puede prolongarse indefinidamente. Si el 4 de mayo no integra su dirigencia nacional y al día siguiente dejan sus cargos los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional, la sanción del IFE será únicamente la puntilla
Rosalía Vergara/ Proceso
MEXICO, D.F., 26 DE ABRIL /Si el 5 de mayo próximo, día que termina su gestión el Comité Ejecutivo Nacional, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha solucionado su crisis electoral interna, se quedará sin los órganos directivos vitales para su funcionamiento.
De llegar a este escenario, los perredistas violarían el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y el Instituto Federal Electoral (IFE) podría aplicarles una sanción que va desde una amonestación pública hasta la cancelación de su registro como partido político, según el artículo 354 del Cofipe, explica Héctor Romero Bolaños, asesor jurídico del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
Este riesgo se perfila a unos días que se realice el Consejo Nacional extraordinario, convocado para el 4 de mayo, esta vez para nombrar a un presidente sustituto mientras se resuelve el conflicto electoral derivado de la elección para relevar a Leonel Cota y Guadalupe Acosta Naranjo en la presidencia y en la secretaría general de la organización.
Romero sostiene que el meollo de la polémica está en los dos nombramientos, pues Ramírez y Cárdenas no han podido reunir al CEN, pues no tienen facultades para ello, lo que recrudeció la crisis y atizó el encono entre Izquierda Unida (IU) y Nueva Izquierda (NI).
En opinión del asesor jurídico, la salida más prudente era prorrogar el mandato de Cota y Acosta Naranjo en tanto no se resolviera el problema electoral. Ahora, comenta, si en la sesión de consejo del 4 de mayo las partes en conflicto (IU y NI) no se ponen de acuerdo para nombrar a un presidente sustituto, el PRD se quedaría sin dirección, pues al día siguiente los 19 secretarios que conforman el CEN deberán dejar sus cargos.
Si llega a este punto, el PRD tendrá problemas con el IFE porque violaría el Cofipe, cuyo artículo 38, párrafo F, exige al partido “mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios”. En ese sentido, se pronunció por “mantener la normalidad jurídica del partido”.
Cargos sin facultades
Después de dos sesiones del VI Consejo Nacional suspendidas hasta que participaron los consejeros de Izquierda Unida, la madrugada del lunes 21 se determinó que el CEN perredista comisionara a un militante de IU y de NI –que no tendrán derecho a voto– para que ejercieran mancomunadamente la “representación jurídica” del partido.
Aparte de la defensa del petróleo, durante la sesión se trató la situación poselectoral interna. NI impulsó esta propuesta para resolver “la crisis más severa del partido en su historia” pues a mes y medio de la elección no se ha podido definir al nuevo presidente y nuevo secretario general del PRD, cuando su gestión estaba por concluir.
Una de las propuestas fue que se facultara a la Mesa Directiva del Consejo Nacional para asumir funciones de dirección nacional y se convocara a otra sesión del consejo para nombrar al presidente y secretario general sustitutos, quienes permanecerían en el cargo hasta la calificación en todas las instancias legales del proceso electoral interno.
El planteamiento fue desechado porque el presidente de dicha mesa directiva, Camilo Valenzuela, también es candidato a la presidencia nacional del partido. Así se lo dijo la secretaria de Planeación, Dolores Padierna, pero Valenzuela no quería ceder, argumentando que la propuesta no era suya sino de Nueva Izquierda.
El senador René Arce, líder de NI, rechazó aplazar la gestión de los dirigentes por “las afinidades” que mostraron: Cota Montaño por Alejandro Encinas y Acosta Naranjo por Jesús Ortega. Mantenerlos en sus puestos, dijo Arce, “polarizaría más al partido”, por lo que apoyó la idea de los “representantes” argumentando que el partido necesita “una figura que legalmente, jurídicamente, se pueda hacer cargo responsable de la conducción temporal de esto”.
Jesús Ortega habló dos veces con el presidente nacional todavía en funciones, Leonel Cota Montaño, para convencerlo de que impulsara la propuesta de los “representantes jurídicos”. Así lo hizo Cota, y pidió a Camilo Valenzuela que se excusara de asumir dicha “representación”.
Acosta Naranjo secundó: “Creo que Leonel y yo debemos de dar paso a que se construya un periodo de transición, que permita que este partido salga de esta difícil situación y lo logremos salir unidos en el PRD”.
Para reforzar el planteamiento habló Jesús Ortega, quien además de candidato a la presidencia del partido es consejero nacional. Consideró que la propuesta de Cota Montaño era viable y “que este consejo, en circunstancia extraordinaria, nombre a dos compañeros como ‘encargados del despacho’ hasta que el Consejo Nacional en su caso nombre a los dirigentes sustitutos”.
Sin embargo, el secretario de Asuntos Internacionales del CEN, Saúl Escobar, explicó que no existe en los estatutos la figura de “representantes legales” o ‘encargados del despacho’ y la calificó como innecesaria, pues quienes fueran nombrados carecerían de funciones y de facultades políticas.
“Estamos dando una discusión completamente gratuita, porque el estatuto señala que el actual CEN estará en funciones hasta el 5 de mayo y puede ser la dirección hasta que este Consejo Nacional decida y designe a un presidente sustituto. Va a ser una burla, un hazmerreír, una cosa que no puede explicarse, una sinrazón que nos deja peor de cómo estábamos”, advirtió Escobar.
Al reanudarse la sesión, la consejera Malú Micher leyó el resolutivo en que se facultaba al CEN a comisionar a quienes fungirían como representantes jurídicos hasta el 4 de mayo, y convocó a una sesión extraordinaria para ese día, a fin de prorrogar los órganos de dirección en caso de que la elección interna todavía no estuviera calificada, aprobar la convocatoria para el XI Congreso Nacional y prorrogar el mandato del CEN, entre otros asuntos.
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