Caos y corrupción en el INM

Por Tomado de internet / Proceso

Dia de publicación: 2008-08-10

Ricardo Ravelo

Aunque la comisionada del INM, Cecilia Romero, insiste en que los agentes arraigados por el caso de los cubanos indocumentados “son inocentes”, dice a Proceso que hay otros funcionarios migratorios involucrados en las redes de tráfico de personas que esa dependencia denunció y que la PGR debe investigar porque, advierte, ella no es “policía”. Las insuficiencias y lo que Romero misma califica como “caos” operativo del instituto, los atribuye sobre todo a la falta de presupuesto y de personal...

El Instituto Nacional de Migración (INM), menoscabado por falta de personal, bajo presupuesto y corrupción de funcionarios, afronta un grave desfase ante el crecimiento del flujo migratorio del país.

Su titular, Cecilia Romero Castillo, no niega que el incremento de la dinámica turística y la multiplicación de las terminales aéreas y de los vuelos internacionales que ha habido sean buenos para el país, pero, advierte, no hay aumento de plazas para cubrir todas las áreas por donde ingresan miles de inmigrantes, tanto documentados como ilegales.

De manera que, resume en entrevista, ante los fenómenos actuales “hacemos lo que podemos, y hasta lo que no podemos tenemos que hacerlo”.

Exdiputada federal y exsenadora de la República, Cecilia Romero no oculta que la corrupción es un severo problema en el INM, y reconoce que existen amplias redes de traficantes de personas –uno de los “negocios más jugosos”– respaldadas por funcionarios y exfuncionarios del organismo que ella encabeza desde noviembre de 2006.

E inclusive señala que el instituto presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se documentan delitos que implican a miembros del INM que, de resultar culpables, deberán ser separados de sus funciones y encarcelados.

–¿A partir de qué se decide a presentar una denuncia de hechos a la PGR? ¿Quiere decir que usted encontró un gran desorden en el INM? –se le pregunta.

–Es de reconocerse que se han hecho esfuerzos en el pasado, pero avanzamos sobre una serie de investigaciones a partir de la información que conocimos sobre personas que aseguramos para tratar de identificar las redes de traficantes. Y cuando hablo de redes me refiero a que hay una connivencia entre extranjeros y mexicanos, y que entre los mexicanos no me cabe la menor duda de que existen algunos agentes migratorios y funcionarios del INM relacionados con el tráfico de personas.

“Nosotros avanzamos en esa investigación, en torno a la corrupción en el instituto, y el 20 de abril de este año presentamos una denuncia de hechos ante la PGR sobre el tema. Lo curioso es que, mes y medio después, se presentó el evento del 11 de junio”, cuando 33 cubanos ilegales fueron detenidos por la Armada de México en Cancún, Quintana Roo, y posteriormente rescatados por un grupo armado en el trayecto de ese centro turístico a la base migratoria de Tapachula, Chiapas.

–¿Qué lectura tiene para usted el rescate de los cubanos y, sobre todo, la forma en que actuó el comando armado?

–Puso en evidencia lo que nosotros veníamos investigando. Esto está ya en manos de la autoridad correspondiente, y el instituto ha continuado con su papel de coadyuvante en estas investigaciones; hemos aportado cualquier tipo de información que nos ha sido requerida y consideramos que la conclusión a la que se llegue (no sólo en el caso de los cubanos rescatados, sino en la denuncia de hechos) servirá para seguir destapando caños.

Sin embargo, el grupo civil Sin Fronteras, en un estudio sobre la situación que atraviesan las 48 estaciones migratorias en el país, llegó a la conclusión de que el INM –que en 2007 tuvo una ampliación presupuestal de 600 millones de pesos al pasar de una base de mil 300 millones en 2007 a poco más de mil 900 millones este año– no tiene capacidad para tratar a los migrantes con necesidades especiales –enfermos o discapacitados– ni para proporcionarles servicios de recreación, especialmente a niños y adolescentes.

En otros reportes, Sin Fronteras ha establecido que el alojamiento de indocumentados que deben ser repatriados no ocurre en condiciones dignas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2007 seis recomendaciones contra el INM por esas carencias, que consideró injustificadas.

Cuestionada al respecto, la comisionada del INM, Cecilia Romero, se defiende con el argumento de que el flujo migratorio ilegal se ha incrementado porque “tenemos una fuerte precariedad de recursos humanos en el instituto. Hay un rezago impresionante de personal. Nos falta muchísimo para cubrir adecuadamente las estaciones migratorias y los 172 puntos de internación que existen en el territorio nacional.

“Atendemos –justifica– todas las entradas y salidas de mexicanos y extranjeros del país, los vuelos internacionales, las repatriaciones en la frontera norte, el proyecto de la frontera sur, las formas migratorias de trabajadores fronterizos, la cuestión de los permisos de toda la red consular del resto del mundo… En verdad, no nos damos abasto...”

A eso se debe, continúa, que el flujo migratorio indocumentado vaya en aumento, al punto de que sólo en 2007 fueron repatriados 120 mil indocumentados a sus países de origen, de los cuales 14 mil eran centroamericanos, la mitad de ellos guatemaltecos, aunque al parecer –conforme a ciertos datos de la Patrulla Fronteriza– uno de cada cinco o seis ilegales logra cruzar y quedarse en Estados Unidos.

Precisa que el INM sólo cuenta con 4 mil 600 empleados entre agentes migratorios, delegados y funcionarios de medio y alto nivel; una parte del personal es inconstante y, desde hace varios años, la base laboral no ha aumentado.

Desorganización y carencias

Para ilustrar “el caos” que vive el Instituto Nacional de Migración por falta de personal, Cecilia Romero refiere que en Cancún fue construida la Terminal Tres del aeropuerto. En esa nueva estación aeroportuaria, dice, “se colocaron nuevos filtros migratorios y no me dieron más agentes. De manera que, con la nueva obra de Cancún, en la terminal aérea ahora existen 40 filtros y su atención y vigilancia está a cargo de sólo siete agentes de Migración”.

El personal de la frontera sur, asegura, se encarga también de otorgar las formas migratorias para trabajadores fronterizos, procurando legalizar la situación y proteger los derechos humanos de los guatemaltecos que llegan a Chiapas.

“Los trabajadores de la estación migratoria hacen la conducción de indocumentados, presentan la requisición para la compra de material, checan que la alimentación (para migrantes ilegales) esté bien y atienden, además, el filtro migratorio cuando llegan turistas.”

Del mismo modo, prosigue, la construcción de la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México significó un nuevo aprieto para el INM, pero por la misma causa: falta de recursos humanos.

En un análisis retrospectivo, Cecilia Romero refiere que, “en el año 2000, por ejemplo, en el país había 23 aeropuertos y ahora hay cerca de 100. Y lo más preo-cupante, puntualiza, es que actualmente el INM tiene menos personal que en el año 2000”.

Y por lo que respecta al norte, cita un solo caso. “En el estado de Tamaulipas, que es una entidad muy complicada, hay sólo 240 funcionarios, y ellos no se dan abasto para atender 11 puentes internacionales, cinco aeropuertos, dos terminales portuarias (Tampico y Altamira), más estaciones migratorias y regularización, que representan los mayores problemas humanitarios durante todo el año”.

Paralelamente, aumentan los cruceros con turismo internacional que arriban a México, la llegada de hombres de negocios y el ingreso de estudiantes, que no pueden ser atendidos adecuadamente, como ocurre con los mayores flujos de turistas mexicanos que viajan al extranjero y con el paso de 1.8 millones de cruces que se dan en la frontera sur.

–Además de la falta de personal, ¿hay otra razón del desfase? –se le inquiere.

–No, es esa la razón por la cual estamos desfasadísimos. Nos estamos quedando atrás frente al crecimiento de la dinámica migratoria, el incremento de los aeropuertos, el turismo y la repatriación de nuestros paisanos deportados por la Patrulla Fronteriza, a quienes nosotros debemos recibir en las fronteras.

“También brindamos atención a nuestros paisanos, dentro del Programa Paisano, que nosotros coordinamos con todas las instituciones que participan, y al programa para niños y adolescentes inmigrantes no acompañados… Es un mundo la migración.”

–Se entiende que en el INM no están cruzados de brazos, pero en este crítico panorama, ¿hacen lo que se puede?

–Se hace lo que se puede y tenemos que hacer hasta lo que no se puede…

“No soy policía”

El 29 de julio último, la titular del INM compareció ante la Comisión Permanente del Senado de la República, adonde fue requerida para explicar el problema de la migración ilegal y, sobre todo, para responder por el rescate de cubanos, el pasado 11 de junio, en el que aparecen implicados nueve funcionarios del INM actualmente arraigados.

Ante los legisladores, la comisionada Cecilia Romero reconoció que hay corrupción en el INM y anomalías que han derivado en la renuncia y destitución, tan sólo de 2007 a la fecha, de un total de 196 funcionarios que incurrieron en diversos delitos, desde tráfico de personas y malos tratos hasta abuso de autoridad.

Algunos cuestionamientos se centraron en el rescate de los cubanos por un comando armado que derivó en el arraigo de los nueve funcionarios del INM, como Tenorio Villegas y Diteo Domingo Domínguez, delegado y subdelegado del INM en Chetumal, Quintan Roo, respectivamente, quienes están acusados por la PGR de tráfico de personas y de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Proceso 1656).

–De acuerdo con la información que usted tiene, ¿qué pasó con los cubanos que rescató el grupo armado el 11 de junio?

–Tenemos confirmado que todos están en Estados Unidos.

–¿Hubo participación o complicidad de funcionarios del INM?

–Los funcionarios (arraigados) del instituto son inocentes, y puedo pensar que fueron víctimas de lo que sucedió, pero falta que concluyan las investigaciones…

Por lo pronto, señala que tomó la decisión de separar de su cargo a Tenorio Villegas, delegado regional del INM en Chetumal, quien dio la orden de trasladar a los cubanos indocumentados de Cancún a Tapachula.

“Sea cual sea su situación jurídica, si es consignado o liberado, este funcionario no estará más en el instituto”, sentencia, y deduce que la fuga de los cubanos pudo tratarse de un rescate asistido por algunas de las redes que operan en el país con el respaldo de funcionarios del INM.

–Recientemente usted viajó a Cuba. ¿Cómo impactó el caso de los cubanos rescatados?

–No fue tema de la reunión. Tratamos asuntos migratorios. Era un encuentro agendado que no se había efectuado durante varios años y que se revivió a raíz de que el gobierno mexicano decidió reconstruir los vínculos con Cuba. La reunión que sostuvimos en La Habana fue la segunda de tres rondas que vamos a tener previas a la visita, en septiembre de este año, del canciller cubano Felipe Pérez Roque.

–¿Por qué no se tocó el tema de los cubanos rescatados el 11 de junio?

–Ese caso no fue relevante.

–Usted habla de cambios urgentes que requiere el INM, de modificaciones y de saneamiento interno. ¿Le va a alcanzar el sexenio para resolver todo lo que se propone?

–Yo creo que para tener instituciones perfectas y para combatir la corrupción no alcanza la vida. De eso no me cabe duda, pero creo que en este sexenio podemos avanzar mucho si nos proponemos cumplir los objetivos trazados.

–El hecho de que haya tanto flujo de personal en el INM que entra y sale, ¿acaso no representa un riesgo mayor en el incremento de esas redes delictivas dedicadas al tráfico de personas?

–No creo que tengamos mayor movimiento que otras instituciones. El personal entra a trabajar al instituto y se va porque recibió otra oferta laboral o no le gustó el trabajo. De las investigaciones se encarga la PGR, y por eso ahí están las denuncias. Yo conozco el problema del instituto, pero no soy policía...