Sunday, September 14, 2008


Desde hace varios años, la compañía canadiense Minefinders LTD y su subsidiaria mexicana Minera Dolores se asentaron en el ejido chihuahuense de Huizopa con el propósito de explorar vetas de oro y plata. Sus representantes llevaban consigo toda clase de concesiones y permisos, lo mismo que promesas a los ejidatarios: progreso, progreso, progreso... Sin embargo, las cosas se complicaron. Ahora, los dueños originarios de las tierras de Huizopa rechazan las miserias que el consorcio les ofrece y bloquearon temporalmente el acceso a la mina. En respuesta, les enviaron al Ejército, y a las fuerzas federales y estatales...

Gloria Leticia Díaz

HUIZOPA, CHIH.- Despojos y engaños, detenciones arbitrarias e intimidación militar y policiaca, así como destrucción de bosques y deterioro del tejido social, es lo que ha dejado a esta comunidad la compañía canadiense Minefinders LTD y su subsidiaria mexicana Minera Dolores luego de 14 años de exploración de oro y plata.

Estos son los principales motivos por los que el complejo minero, que de acuerdo con las proyecciones de Minefinders en 2006 prevé la extracción de 3.06 millones de toneladas de onzas de oro y 149 millones de onzas de plata, se enfrenta al rechazo de la mayor parte de los pobladores de este ejido, perteneciente al municipio de Madera.

Las familias inconformes, dedicadas a la ganadería y agricultura de autoconsumo, pretenden echar abajo un contrato de usufructo minero suscrito entre el consorcio y la autoridad ejidal, de acuerdo con la información que publica en su edición 1663, de esta semana, la revista Proceso.

El contrato fue aprobado el 18 de noviembre de 2006 con 154 votos a favor, 30 en contra y un voto nulo en la asamblea del ejido. Ampara 15 años de usufructo, con posibilidad de ampliarlo a un período igual con Minera Dolores, representada por Brent Raymond Macfarlane, contó con el aval del entonces presidente del comisariado ejidal, Jesús Romero Sandoval.

El argumento que tienen los ejidatarios para explicar su rechazo a un contrato aprobado en principio es que, afirman, constituye un engaño, además de ser excluyente y ventajoso, pues reportará ganancias multimillonarias a las compañías y, en contraparte, insignificantes derramas económicas para los ejidatarios.

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