Aumentan agresiones contra defensores de derechos humanos
ARTURO RODRíGUEZ GARCíA
MONTERREY, N.L., 25 de noviembre (apro).- Alicia Leal Puerta, fundadora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y presidenta honoraria de la asociación Alternativas Pacíficas (Alpaz), denunció que desde diciembre de 2005, luego de la detención, en Puebla, de la periodista Lydia Cacho, se incrementaron el hostigamiento y las agresiones contra organismos defensores de los derechos humanos.
Luego de comparecer ante el agente del Ministerio Público, Gilberto Emilio Silva Herrera, la activista afirmó que el caso de Lydia Cacho sentó un precedente nocivo para los organismos de defensa de las mujeres víctimas de violencia.
Y es que, dijo, diferentes refugios y agrupaciones dedicadas a la protección de víctimas y promoción de los derechos humanos comenzaron a ser víctimas de la "inquisición judicial" que promueven particulares con influencias en el poder.
"Se trata de un precedente (el caso de Lydia Cacho) muy desafortunado para el país, y con todas las pruebas que se presentaron, de todas maneras se dejó en la indefensión a una defensora con un caso emblemático. Eso ha permitido que aumenten los excesos del poder en contra de refugios de mujeres en todo el país, así como de hostigamiento y agresiones a organismos de derechos humanos", insistió al salid del Centro de Justicia, ubicado a espaldas del penal de Topo Chico.
Leal Puerta denunció que las agresiones que han sufrido las integrantes de Alternativas Pacíficas, así como la violación de la confidencialidad del refugio paras mujeres que opera Alpaz en Monterrey, son muestra de la "inquisición judicial".
La presidenta honoraria de Alpaz denunció que en México existen "fallas graves" en los procesos y procedimientos judiciales que evitan la protección del Estado a las mujeres víctimas de violencia; y por si fuera poco, se incumplen convenios internacionales ratificados por nuestro país, así como recomendaciones hechas por Amnistía Internacional para proteger a las mujeres de la violencia doméstica.
Apro informó el lunes que personal de Alpaz fue retenido de manera arbitraria por las autoridades judiciales del estado y que la confidencialidad del refugio para ayudar a las mujeres víctimas de violencia -que por ley debe permanecer en secreto-- fue violada el pasado 24 de septiembre, por la juez de lo familiar, Luz María Guerrero Delgado.
La juez ordenó a cuatro policías ministeriales que arrebataran a dos menores de edad de las manos de su madre y los sustrajeran del refugio, pese a que la señora estaba protegida por tres amparos. Días después los niños fueron entregados a su progenitora.
Javier Sánchez Cano, padre de los menores, interpuso una denuncia contra Alicia Leal y María del Mar Álvarez, directora de Alpaz, por "dañar su prestigio" al señalarlo como agresor de su esposa, Mónica Alejandra Manzo Baschwitz, y de dos menores.
Además, aseguró que cuenta con dictámenes de profesionales del DIF estatal, en los que se asienta que, por el contrario, su esposa ha causado un grave daño psicológico a los niños, al impedirles verlo y promover tres amparos en los que se le impide la convivencia.
Sobre la comparecencia ante el Ministerio Público, Leal Puerta dijo que el agente Gilberto Emilio Silva Herrera durante el desarrollo de la audiencia insistió en alcanzar una conciliación entre Sánchez Cano y las activistas.
"Nos negamos en todo momento a una conciliación, a pesar de la insistencia del Ministerio Público que, por cierto, consideramos inusual, pues nuestra intención siempre fue declarar. Después de mucha insistencia, nos preguntó que si nos acogíamos al artículo 20 constitucional para no declarar, pero dijimos que por ningún motivo, ya que nuestra intención era declarar, sabemos que no hay delito", expresó tras la audiencia.
"Consideramos incongruente que precisamente este día, que se celebra el Día Mundial de la No Violencia Contra las Mujeres, hayamos sido citadas a comparecer ante el Ministerio Público, por apoyar a una de las afectadas por este fenómeno", dijo.
Álvarez dijo no que está inquieta por la denuncia: "Somos una asociación con respaldo de 12 años de experiencia y el dicho de más de 61 mil personas que han sido beneficiadas; siempre actuamos con buena fe, con profesionalismo, como lo indican los protocolos de la ONU, siempre creyendo en el dicho de las víctimas."
Luego de comparecer ante el agente del Ministerio Público, Gilberto Emilio Silva Herrera, la activista afirmó que el caso de Lydia Cacho sentó un precedente nocivo para los organismos de defensa de las mujeres víctimas de violencia.
Y es que, dijo, diferentes refugios y agrupaciones dedicadas a la protección de víctimas y promoción de los derechos humanos comenzaron a ser víctimas de la "inquisición judicial" que promueven particulares con influencias en el poder.
"Se trata de un precedente (el caso de Lydia Cacho) muy desafortunado para el país, y con todas las pruebas que se presentaron, de todas maneras se dejó en la indefensión a una defensora con un caso emblemático. Eso ha permitido que aumenten los excesos del poder en contra de refugios de mujeres en todo el país, así como de hostigamiento y agresiones a organismos de derechos humanos", insistió al salid del Centro de Justicia, ubicado a espaldas del penal de Topo Chico.
Leal Puerta denunció que las agresiones que han sufrido las integrantes de Alternativas Pacíficas, así como la violación de la confidencialidad del refugio paras mujeres que opera Alpaz en Monterrey, son muestra de la "inquisición judicial".
La presidenta honoraria de Alpaz denunció que en México existen "fallas graves" en los procesos y procedimientos judiciales que evitan la protección del Estado a las mujeres víctimas de violencia; y por si fuera poco, se incumplen convenios internacionales ratificados por nuestro país, así como recomendaciones hechas por Amnistía Internacional para proteger a las mujeres de la violencia doméstica.
Apro informó el lunes que personal de Alpaz fue retenido de manera arbitraria por las autoridades judiciales del estado y que la confidencialidad del refugio para ayudar a las mujeres víctimas de violencia -que por ley debe permanecer en secreto-- fue violada el pasado 24 de septiembre, por la juez de lo familiar, Luz María Guerrero Delgado.
La juez ordenó a cuatro policías ministeriales que arrebataran a dos menores de edad de las manos de su madre y los sustrajeran del refugio, pese a que la señora estaba protegida por tres amparos. Días después los niños fueron entregados a su progenitora.
Javier Sánchez Cano, padre de los menores, interpuso una denuncia contra Alicia Leal y María del Mar Álvarez, directora de Alpaz, por "dañar su prestigio" al señalarlo como agresor de su esposa, Mónica Alejandra Manzo Baschwitz, y de dos menores.
Además, aseguró que cuenta con dictámenes de profesionales del DIF estatal, en los que se asienta que, por el contrario, su esposa ha causado un grave daño psicológico a los niños, al impedirles verlo y promover tres amparos en los que se le impide la convivencia.
Sobre la comparecencia ante el Ministerio Público, Leal Puerta dijo que el agente Gilberto Emilio Silva Herrera durante el desarrollo de la audiencia insistió en alcanzar una conciliación entre Sánchez Cano y las activistas.
"Nos negamos en todo momento a una conciliación, a pesar de la insistencia del Ministerio Público que, por cierto, consideramos inusual, pues nuestra intención siempre fue declarar. Después de mucha insistencia, nos preguntó que si nos acogíamos al artículo 20 constitucional para no declarar, pero dijimos que por ningún motivo, ya que nuestra intención era declarar, sabemos que no hay delito", expresó tras la audiencia.
"Consideramos incongruente que precisamente este día, que se celebra el Día Mundial de la No Violencia Contra las Mujeres, hayamos sido citadas a comparecer ante el Ministerio Público, por apoyar a una de las afectadas por este fenómeno", dijo.
Álvarez dijo no que está inquieta por la denuncia: "Somos una asociación con respaldo de 12 años de experiencia y el dicho de más de 61 mil personas que han sido beneficiadas; siempre actuamos con buena fe, con profesionalismo, como lo indican los protocolos de la ONU, siempre creyendo en el dicho de las víctimas."
Chihuahua, emblema del feminicidio, no lo considera delito
LOURDES GODíNEZ LEAL
MEXICO, D.F., 24 de noviembre (apro-cimac).- Chihuahua fue el primer estado en aprobar su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en enero de 2007, y ha sido pionero también en realizar un juicio oral, en el nuevo sistema de justicia penal, que busca probar el feminicidio en el caso de una mujer, cuya expareja trató de matarla por medio de sicarios.
El feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, documentado por organizaciones civiles de la entidad desde 1993 y a la fecha, revela una cifra de más de 470 mujeres y niñas asesinadas en este periodo y la existencia de más de 6 mil desaparecidas. Ha sido motivo de diversas investigaciones y fue fundamental para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en el Diario Oficial de la federación el 1 de febrero de 2007.
La LGAMVLV es producto de una investigación sobre violencia feminicida que la Comisión Especial para el Feminicidio, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, impulsada por las legisladoras Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña, realizaron en todo el país para demostrar que la falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres conduce a la violencia feminicida.
Esta es, dice la ley, "la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres".
Los casos de Campo Algodonero donde, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim), fueron hallados 8 cuerpos, y del Cerro del Cristo Negro, donde se encontraron más de 20, de 1993 a 2006, son ya emblemáticos del feminicidio en la entidad.
Esmeralda, Berenice, Claudia Ivette, Silvia, Paloma, entre otras mujeres cuyo apellido se omite, fueron halladas con signos de violación, estrangulamiento, mutilación y semidesnudas o desnudas en esos lugares. El caso de las tres primeras fue aceptado en diciembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tratará de demostrar el femincidio.
Laura Berenice despareció en Ciudad Juárez el 22 de septiembre de 2001. Tenía 17 años de edad y su cuerpo fue encontrado desnudo entre el 6 y 7 de noviembre de ese año.
Su madre, Benita Monarrez explicó a la CIDH que las autoridades le notificaron el hallazgo de cuatro cadáveres en Ciudad Juárez, y le dijo que uno de ellos era el de su hija.
Ella quiso asegurarse de que así era, pero no la dejaron verlo ni le mostraron fotografías del levantamiento. Le tomaron muestras para la prueba de ADN, prometiéndole los resultados entre uno y tres meses, pero un año después no se los habían sido entregados por "falta de reactivos".
La familia de Berenice ha intentando aportar pruebas para la supuesta línea de investigación que se sigue en la Procuraduría de Justicia de ese estado, pero han sido ignoradas. La madre afirma que ha sido objeto de humillaciones, calificativos y ha sido tratada de manera prepotente por los elementos de la Policía Judicial, "demostrando con esto su falta de sensibilidad y de respeto ante mi dolor y desesperación".
Testimonió ante la CIDH que ha insistido en que le proporcionen copia del expediente, y lo único que he recibido es la copia del acta de desaparición, "documento plagado de irregularidades y falsedades".
"Como último trámite acudí el 6 de marzo de 2002 ante la Subprocuraduría General de Justicia del estado, Zona Norte, a reconocer el cuerpo de mi hija, y me recibió la nueva Fiscal Especial de Delitos contra las Mujeres, Liliana Herrera López". Ella le dijo que no era posible ver el cuerpo para reconocerlo, ya que lo único que se encontraban eran los restos óseos, pues le fue retirada la piel por motivo de unos estudios, "sin autorización de mi parte en el supuesto de que fuese mi hija".
El Estado mexicano argumentó ante la CIDH que la madre de Berenice y su tío Pablo vieron y reconocieron los restos de la joven, que fueron sometidos a "minuciosos" estudios que permitieron "demostrar" su identidad.
La madre de Berenice y muchas madres más continúan con la incertidumbre de saber si los cuerpos que les fueron entregados corresponden verdaderamente a sus hijas, pues no les dieron resultados de ADN y otras pruebas, y les impiden ver los expedientes.
Existen también más de 6 mil madres cuyas hijas han desaparecido desde 1993, casos en los que priva la negligencia de las autoridades para investigar y que califican estas desapariciones como "fugas" con los novios.
Investigaciones y denuncias presentadas en todo el país por académicas, investigadoras y redes sobre el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua obligaron a reconocer, denunciar y evidenciar la existencia de esta violencia feminicida y a plantearla como un problema nacional, afirma la antropóloga y feminista Marcela Lagarde.
"Los homicidios de mujeres y niñas son un problema grave e inadmisible. Son parte de la violencia feminicida como culminación de sus derechos humanos y evidencian la ruptura del estado de derecho en nuestro país", dice Lagarde.
Sin embargo, la LGAMVLV ha sido entendida por muchos legisladores estatales como una ley "contra la violencia", no como una ley que garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, como lo han reiterado Lagarde y Angélica de la Peña.
La diputada Victoria Chavira promovió, durante 2007, que el Congreso de Chihuahua convirtiera el feminicidio en delito, pero sus colegas lo rechazaron, con el argumento de que no les compete "legislar en esa materia".
El feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, documentado por organizaciones civiles de la entidad desde 1993 y a la fecha, revela una cifra de más de 470 mujeres y niñas asesinadas en este periodo y la existencia de más de 6 mil desaparecidas. Ha sido motivo de diversas investigaciones y fue fundamental para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en el Diario Oficial de la federación el 1 de febrero de 2007.
La LGAMVLV es producto de una investigación sobre violencia feminicida que la Comisión Especial para el Feminicidio, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, impulsada por las legisladoras Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña, realizaron en todo el país para demostrar que la falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres conduce a la violencia feminicida.
Esta es, dice la ley, "la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres".
Los casos de Campo Algodonero donde, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim), fueron hallados 8 cuerpos, y del Cerro del Cristo Negro, donde se encontraron más de 20, de 1993 a 2006, son ya emblemáticos del feminicidio en la entidad.
Esmeralda, Berenice, Claudia Ivette, Silvia, Paloma, entre otras mujeres cuyo apellido se omite, fueron halladas con signos de violación, estrangulamiento, mutilación y semidesnudas o desnudas en esos lugares. El caso de las tres primeras fue aceptado en diciembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tratará de demostrar el femincidio.
Laura Berenice despareció en Ciudad Juárez el 22 de septiembre de 2001. Tenía 17 años de edad y su cuerpo fue encontrado desnudo entre el 6 y 7 de noviembre de ese año.
Su madre, Benita Monarrez explicó a la CIDH que las autoridades le notificaron el hallazgo de cuatro cadáveres en Ciudad Juárez, y le dijo que uno de ellos era el de su hija.
Ella quiso asegurarse de que así era, pero no la dejaron verlo ni le mostraron fotografías del levantamiento. Le tomaron muestras para la prueba de ADN, prometiéndole los resultados entre uno y tres meses, pero un año después no se los habían sido entregados por "falta de reactivos".
La familia de Berenice ha intentando aportar pruebas para la supuesta línea de investigación que se sigue en la Procuraduría de Justicia de ese estado, pero han sido ignoradas. La madre afirma que ha sido objeto de humillaciones, calificativos y ha sido tratada de manera prepotente por los elementos de la Policía Judicial, "demostrando con esto su falta de sensibilidad y de respeto ante mi dolor y desesperación".
Testimonió ante la CIDH que ha insistido en que le proporcionen copia del expediente, y lo único que he recibido es la copia del acta de desaparición, "documento plagado de irregularidades y falsedades".
"Como último trámite acudí el 6 de marzo de 2002 ante la Subprocuraduría General de Justicia del estado, Zona Norte, a reconocer el cuerpo de mi hija, y me recibió la nueva Fiscal Especial de Delitos contra las Mujeres, Liliana Herrera López". Ella le dijo que no era posible ver el cuerpo para reconocerlo, ya que lo único que se encontraban eran los restos óseos, pues le fue retirada la piel por motivo de unos estudios, "sin autorización de mi parte en el supuesto de que fuese mi hija".
El Estado mexicano argumentó ante la CIDH que la madre de Berenice y su tío Pablo vieron y reconocieron los restos de la joven, que fueron sometidos a "minuciosos" estudios que permitieron "demostrar" su identidad.
La madre de Berenice y muchas madres más continúan con la incertidumbre de saber si los cuerpos que les fueron entregados corresponden verdaderamente a sus hijas, pues no les dieron resultados de ADN y otras pruebas, y les impiden ver los expedientes.
Existen también más de 6 mil madres cuyas hijas han desaparecido desde 1993, casos en los que priva la negligencia de las autoridades para investigar y que califican estas desapariciones como "fugas" con los novios.
Investigaciones y denuncias presentadas en todo el país por académicas, investigadoras y redes sobre el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua obligaron a reconocer, denunciar y evidenciar la existencia de esta violencia feminicida y a plantearla como un problema nacional, afirma la antropóloga y feminista Marcela Lagarde.
"Los homicidios de mujeres y niñas son un problema grave e inadmisible. Son parte de la violencia feminicida como culminación de sus derechos humanos y evidencian la ruptura del estado de derecho en nuestro país", dice Lagarde.
Sin embargo, la LGAMVLV ha sido entendida por muchos legisladores estatales como una ley "contra la violencia", no como una ley que garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, como lo han reiterado Lagarde y Angélica de la Peña.
La diputada Victoria Chavira promovió, durante 2007, que el Congreso de Chihuahua convirtiera el feminicidio en delito, pero sus colegas lo rechazaron, con el argumento de que no les compete "legislar en esa materia".
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