http://www.la-verdad.com.mx/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=2633&Itemid=168 Bajo la amenaza del pacto | | | |
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El narcopacto y el plan del gobierno federal para arremeter contra el brazo armado del cártel del Golfo se dan en vísperas de que el presidente Felipe Calderón firme un acuerdo con Estados Unidos para que se aplique en México una réplica del llamado Plan Colombia |
Ricardo Ravelo/ Proceso
MÉXICO, D.F., 11 DE AGOSTO / Al parecer sin mediación oficial, pero monitoreados por los organismos de inteligencia del Gobierno federal, los jefes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, rivales acérrimos en el negocio de las drogas, terminaron sus rondas de negociaciones para acabar con la violencia entre ellos.
Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) consultadas por Proceso sostienen que los capos se reunieron en siete ocasiones, entre mayo y junio, y lograron al menos dos acuerdos básicos: frenar la violencia entre ambas organizaciones y delimitar el nuevo mapa del narcotráfico con la asignación de territorios para uno y otro bando.
Estos inusuales encuentros entre los altos mandos de las organizaciones más poderosas del narcotráfico en México –él último se realizó a finales de los ochenta, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo repartió los territorios que perdió tras su caída– fueron confirmados por un alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) que aceptó dar esta información bajo la exigencia inapelable de mantener su nombre bajo reserva.
En entrevista, el funcionario asegura que los altos mandos del gobierno federal tienen información sobre las negociaciones de los capos, mientras que la DEA da como un hecho que el Gobierno federal está enterado de esos encuentros, como lo difundió este semanario el 1 de julio (Proceso 1600).
—¿Quiénes se reunieron y qué acuerdos establecieron? –inquiere el reportero.
—Fue un hecho la reunión… pero, disculpe usted, no tengo mayores detalles.
—¿Hubo negociaciones?
El funcionario guarda silencio, pero confirma el dato con un movimiento de cabeza.
Sin embargo, otras fuentes –cercanas al aparato antinarco del gobierno y que, igualmente, exigieron anonimato-- que conocieron los pormenores de la ronda de negociaciones aseguran a Proceso que el acercamiento de los capos del narcotráfico preocupa ya a la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que preparan –precisan– una contraofensiva, en particular contra Los Zetas, el grupo más violento del país, al que se le atribuyen los levantones, asesinatos, secuestros y extorsiones en más de la mitad del territorio nacional.
El narcopacto y el plan del gobierno federal para arremeter contra el brazo armado del cártel del Golfo se dan en vísperas de que el presidente Felipe Calderón firme un acuerdo con Estados Unidos para que se aplique en México una réplica del llamado Plan Colombia. El proyecto del gobierno federal incluye apoyo financiero, armamento, equipo aéreo con tecnología de punta, así como entrenamiento por parte de las corporaciones estadunidenses para “eficientar” el trabajo de las policías mexicanas encargadas del combate del tráfico de drogas.
Según las fuentes consultadas, la estrategia gubernamental tiene otra carta guardada: una lista de por lo menos una decena de narcotraficantes donde se incluye a Benjamín Arellano Félix y Albino Quintero Meraz, entre otros, que podrían ser extraditados a Estados Unidos este año, una vez que concluyan los juicios de amparo que éstos capos interpusieron en los tribunales nacionales.
Datos de inteligencia del gobierno y de otras fuentes que conocen los pormenores de la llamada narcocumbre indican que el pacto entre los jefes de los cárteles de Sinaloa y del Golfo quedó prácticamente sellado. Representantes de las dos organizaciones determinaron “no meterse a los territorios ajenos sin avisar a los altos mandos y sin pagar el respectivo derecho de piso, que en buena medida era un detonador de la violencia.
“Ambos cárteles encontraron una solución para no detonar la guerra: entregar a las personas que violen las nuevas reglas y el grupo agraviado decidirá qué hacer con ellos: si los castiga o los ejecuta”, dice una de las fuentes consultadas, quien pidió omitir su identidad.
Según esta versión, en las pláticas Ismael Zambada García, El Mayo, representante del cártel de Sinaloa, y Heriberto Lazcano, El Lazca, del cártel del Golfo, dijeron que sus operadores suelen penetrar territorios con el apoyo de sus contactos, como los policías de la plaza. Y ratificaron una regla inviolable del narcotráfico: “por lo menos avisar quién o quiénes son las personas que van a cruzar droga, qué droga están moviendo y la cantidad”.
“A mí me tienen que avisar que andan aquí”, dijo Lazcano en forma contundente, según la fuente consultada. Y remató: “De lo contrario, lo elimino”.
A pesar del acuerdo, en las últimas semanas se recrudeció la violencia en varios estados del país, sobre todo en Guerrero, Michoacán y Veracruz, territorios que estaban bajo disputa a sangre y fuego.
Según otra versión, salida del seno de los cárteles y a la que este reportero tuvo acceso, la sacudida es parte del pacto, pues ambos cárteles se comprometieron a llevar a cabo una “limpia” en sus respectivas estructuras. El propósito es eliminar a la gente que ya no les funciona.
Lo que sí es un hecho, insisten las fuentes consultadas, es que la guerra del gobierno federal se centra en Los Zetas, escudo protector del cártel del Golfo. Aunque precisan que las diferencias entre los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, dificultan la estrategia, pues ambos funcionarios defienden intereses distintos.
El secuestro de Roberto
A principios de mayo pasado, miembros del cártel del Golfo secuestraron al joven Roberto “N”, quien resultó ser muy estimado entre la cúpula del cártel de Sinaloa. Sus captores lo sometieron a un minucioso interrogatorio y acordaron ejecutarlo o decapitarlo con una sierra eléctrica.
El Mayo Zambada, Ignacio Coronel y los hermanos Beltrán Leyva –El Chapo Guzmán se mantuvo al margen, según las fuentes– intentaron, sin éxito, liberar a su amigo. Pocos días después, este grupo se enteró de que un sobrino de El Lazca, jefe de Los Zetas y alto mando del cártel del Golfo, saldría del reclusorio Oriente junto con otras dos personas.
De acuerdo con los datos obtenidos por Proceso, los representantes del cártel de Sinaloa ordenaron secuestrar al sobrino de El Lazca cuando abandonara el penal. Logrado su objetivo, el sobrino de Lazcano fue llevado, con apoyo de la policía, a Nuevo León. Y horas después, a través de un radio de comunicación, un representante del cártel de Sinaloa habló con El Lazca.
“Tú tienes a mi hermano, hijo de puta, y yo tengo a tu sobrino”, le dijo el sicario a El Lazca, asegura una de las fuentes consultadas. Y agregó: “Si no me lo entregas, mato (a tu pariente) y te mando su cabeza”.
Roberto es hijo de una hermana de Heriberto Lazcano, por lo que el jefe de Los Zetas no quiso convertir el pleito en un baño de sangre. Después de una fuerte discusión, El Lazca llegó a un acuerdo con su interlocutor: entregar con vida a las personas plagiadas. Y fijó el sitio: los límites entre Nuevo León y Tamaulipas.
Convenido el arreglo, el representante del cártel de Sinaloa y Heriberto Lazcano se encontraron frente a frente en el lugar acordado y liberaron a los secuestrados. Eran los últimos días de mayo. De acuerdo con la fuente consultada, después de cumplir con el compromiso, surgió el diálogo entre ambos personajes, quienes, dice, “hicieron química”.
Según el informante, Lazcano lanzó la propuesta: “Dile a tus jefes que ya le bajen, que si quieren nos arreglamos para acabar con todo esto. El único beneficiado es el gobierno porque se queda con todo lo nuestro”. Al de Sinaloa no le desagradó la oferta y llevó el mensaje a sus superiores. Además, Lazcano y su interlocutor intercambiaron los números de radio para mantener la comunicación.
Los miembros de la llamada Federación de narcotraficantes se enteraron de la propuesta de inmediato. Entre ellos: El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Vicente Carrillo, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Los hermanos Beltrán Leyva, El Chapo Guzmán, a quien se vio por aquellos días en el restaurante argentino La Garufa de Torreón, Coahuila, en una cena (este dato lo confirmó la PGR, que también aseguró que estuvo acompañado por un grupo de hombres con aspecto militar), así como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y los cabecillas del cártel del Milenio, afincados en Michoacán.
Por su parte, El Lazca se reunió con sus pares del cártel del Golfo: Eduardo Costilla, El Coss; Ezequiel Cárdenas Guillén, El Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas; Jaime González Durán, El Hummers, y El Lima. Por sus problemas de salud, quedó fuera del grupo Gregorio Sauceda, El Caramuela, pero no su hermano, Tomás, conocido como El Caris.
Los encuentros
Tras analizar el ofrecimiento de establecer una tregua, a principios de junio surgieron las primeras señales y se organizó en primero de los siete encuentros. Fue en Cuernavaca, Morelos, feudo del cártel de Sinaloa. Hasta esa ciudad fue enviado un representante del cártel del Golfo conocido como El Abogado. Los anfitriones lo recibieron con beneplácito.
Hubo mujeres, vino, música
El abogado detalló la ola de muertes cometidas por la gente del cártel de Sinaloa en Tamaulipas y en otros de sus territorios. El encuentro, según las fuentes, aunque pacífico, tuvo momentos ríspidos, sobre todo cuando se habló de los reclamos.
La segunda ronda de negociaciones fue en Reynosa, Tamaulipas, territorio del cártel del Golfo. Los de Sinaloa enviaron a su representante, cuyo nombre se omite, a petición de las fuentes consultadas. El encuentro se realizó en una amplia bodega, propiedad del cártel. Dentro del inmueble había más de cien hombres armados, presuntamente todos eran zetas.
El trato que le dieron al visitante fue ríspido, incluso hubo mentadas de madre cuando se habló de las ejecuciones. A su regreso, el enviado de Sinaloa comunicó a sus jefes la irritación de su contraparte por los asesinatos de algunos integrantes del cártel del Golfo. Y es que, contó, él les había dicho a sus contrapartes que no eran narcos, sino asesinos, secuestradores y extorsionadores.
Según la fuente, el sinaloense les espetó a sus anfitriones: “Una cosa es ser narco y otra asesino. La sangre no se lleva con el negocio”. Lo que siguió después fue un recuento de lis asesinatos de ambos bandos.
El tercer encuentro fue en la ciudad de Toluca, Estado de México. El cártel del Golfo envió a uno de sus representantes de Nuevo Laredo, quien puso sus condiciones para asistir al encuentro: “Sólo pido que no esté presente La Barbie”. La razón: años atrás Édgar Valdez Villarreal asesinó al hermano del enviado, quien le tenía mucho odio porque le mandó el cuerpo destazado. La petición se cumplió a medias, pues aunque La Barbie no participó en la charla, sí estuvo presente.
La cuarta y la séptima charla –asegura la fuente– la negociación versó sobre el reparto del territorio. Con un mapa del país sobre la mesa, comenzó la delimitación de las zonas más importantes del país. Con base en los informes obtenidos por Proceso, se logró saber que el cártel de Sinaloa se quedó con toda la parte norte del país, con excepción de Tijuana y Nuevo León, establecidas en el acuerdo como “zonas libres”. También obtuvo el control del Distrito Federal.
El cártel del Golfo dominará Tamaulipas, su feudo; Veracruz, Tabasco, Zacatecas, una parte de Quintana Roo, una parte de Coahuila, Michoacán y Guerrero. Otras rutas intermedias, como el Estado de México y Jalisco, quedaron bajo el dominio de los cárteles asociados con Sinaloa: el de Juárez y el del Milenio.
La negociación entre los cárteles se efectuó entre la tercera y cuarta semana de mayo. El acuerdo final, lo que selló el pacto, se efectuó a principios de junio. Logrado el acuerdo, a La Barbie se le vio en bares nocturnos en la Ciudad de México, los llamados Bar After, como Love y La Cama, este último fue clausurado el mes pasado luego de un asesinato.
La respuesta del gobierno
A principios de julio, cerrado ya el acuerdo entre los cárteles, la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, removió a todos los jefes regionales de la Policía Federal Preventiva y los mandos de primer nivel de la Agencia Federal de Investigación (AFI), lo que fue interpretado como una decisión para limpiar las líneas de comunicación ante los acuerdos logrados (Proceso 1600).
No obstante, el gobierno continuó con su plan de aprehender a zetas, en particular en Tijuana, Nuevo León y Coahuila. En contraste, en Veracruz y Tabasco, un grupo conocido como Gente Nueva, al parecer una ramificación del cártel de Sinaloa, ejecutó a varias personas en ambas entidades, como parte de la disputa por esos territorios.
El Lazca se quejó y sus contrapartes de Sinaloa detuvieron a sus aliados, a quienes calificaron de “traidores”, y los entregaron a los del Golfo para que decidieran su destino.
Lo paradójico del caso es que, mientras los cárteles se ponen de acuerdo, el gobierno de Felipe Calderón prepara una contraofensiva contra el cártel del Golfo. La guerra ya no es entre los cárteles, sino entre el Gobierno federal y el narcotráfico. Y podría convertirse en la pesadilla del sexenio.
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