El narco capitalino

ricardo ravelo

México, D.F., 13 de febrero (apro).- Durante los gobiernos perredistas que han desfilado por el Distrito Federal de 1997 a la fecha, el narcotráfico no sólo ha estado presente y ha extendido su poder a los estados de México y Morelos, sino que ha contado con la protección de policías capitalinos.

En el período gubernamental de Cuauhtémoc Cárdenas, su procurador de Justicia, Samuel del Villar, nombró director de la Policía Judicial del Distrito Federal a Jesús Carrola, quien resultó relacionado con el cártel de Tijuana y fue ejecutado junto con sus hermanos Marco Antonio y Miguel Ángel. El crimen se le achacó a la extensión criminal que los Arellano Félix manejaban en Tepito.

Y ahora, en el período de Marcelo Ebrard, se produce la presunta vinculación de Ricardo McGregor Maestre –quien era alto mando de la Policía Judicial del Distrito Federal– con el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

McGregor se desempeñaba como director general del Estado Mayor de la Policía Judicial del Distrito Federal desde enero de 2007, pero el pasado 25 de enero renunció luego de haberse enterado –según el mismo reconoció– de que era investigado por la PGR. La causa: su presunto vínculo con el cártel de Sinaloa y, en particular, con El Chapo Guzmán.

Según explicó la PGJDF, al dimitir, el funcionario argumentó “que se enteró de manera informal que está siendo investigado por autoridades federales, por lo que decidió separarse del cargo a fin de no afectar a la Policía Judicial ni a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal...”

Peor aún, dicha renuncia se produjo días después de que algunos elementos de la Policía Judicial capitalina –según lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna– estaban apoyando al grupo de sicarios que en diciembre de 2007 pretendieron ejecutar a José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Los detenidos –de acuerdo con García Luna– estaban al servicio de la célula de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes les fueron cateadas varias residencias en la Ciudad de México donde ocultaban armas, joyas y dinero sin ser molestados por la autoridad.

Lo que ocurre es que los jefes más importantes de los siete cárteles que operan en el país tienen “sucursales” en la Ciudad de México, donde disponen de casas de seguridad y de mansiones para refugiarse y negociar el arribo de cargamentos de droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyo control se disputan ahora tanto la PGR como la PFP y la Policía Judicial del Distrito Federal.

En recientes declaraciones, Marcelo Ebrard exigió a las autoridades federales que se entregue a la policía del Distrito Federal la vigilancia del aeropuerto, por donde circulan grandes cargamentos de pseudoefedrina y cocaína, así como maletas repletas de dinero que los cárteles envían para pagar a sus proveedores colombianos.

El AICM está también en la mira del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, que considera esa terminal aérea como la “puerta de entrada y de salida” de droga, con la complicidad de policías.

Por ejemplo, Zhenli Ye Gon –el empresario de origen chino más protegido en la era foxista– introducía pseudoefedrina por la aduana del aeropuerto, y Diego Espinoza Ramírez, El Tigre –quien vivía tranquilamente con su compañera sentimental, La Reina del Pacífico, en la delegación Álvaro Obregón–, utilizaba mujeres hermosas para cruzar por el aeropuerto maletines de dinero que, según la PGR, enviaba a Colombia, por sus presuntos vínculos con el cártel del Norte del Valle, escisión del cártel de Cali.

Con base en datos históricos y en informes de inteligencia de la PGR y la SSP, la presencia de las grandes y medianas firmas del narco en la Ciudad de México no es nueva, como pretendieron hacer creer autoridades federales y locales tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva.

La SSP acreditó que los Beltrán Leyva –una de las células más sólidas del cártel que lidera El Chapo Guzmán– disponían, antes de la aprehensión de Alfredo, hace dos semanas, de fastuosas propiedades en varias colonias de la capital, donde guardaban armas de alto poder –incluyendo lanzagranadas–, relojes con incrustaciones de piedras preciosas, alhajas, vehículos y dinero en efectivo.

Los Beltrán Leyva habían dispuesto dejar su centro de operaciones –los estados de Guerrero y Sinaloa, de donde son oriundos– para instalarse en la capital del país y disfrutar de la protección de judiciales del D.F., sus presuntos aliados.

Los antecedentes

Documentos de la PGR y de la SSP consultados por Proceso establecen que, en realidad, los cárteles más pujantes y violentos del país han mantenido en la Ciudad de México amplias redes de negocios desde hace más de una década.

Desde fines de los años ochenta, cuando Amado Carrillo Fuentes –socio en alguna época de los Beltrán Leyva– cayó prisionero en el Reclusorio Oriente, aprovechó su reclusión y sus relaciones dentro de la PGR y la Policía Judicial Federal –por aquel tiempo dirigida por Adrián Carrera Fuentes, quien fue su amigo y protector, según las investigaciones de la PGR–, para convertirse en el capo más poderoso de México.

Aunque su base de operaciones era el estado de Chihuahua, el cártel de Juárez –origen de lo que ahora la PGR y la SSP llaman el cártel del Pacífico, representado por El Chapo Guzmán– sostuvo una fuerte presencia en el Distrito Federal.

Amado y su jefe de relaciones públicas, Eduardo González Quirarte, El Flaco, disponían de casas y departamentos en zonas de lujo como Lomas de Chapultepec y Tecamachalco, donde a mediados de 1997 le regalaron un departamento de lujo a quien más tarde fue el principal protector de El Señor de los Cielos: el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Conforme a declaraciones del general Mariano Maldonado Vega –contenidas en el proceso penal federal 12/98 y su acumulado 12/99–, en varias ocasiones se entrevistó con Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado, en casas particulares instaladas en Jardines del Pedregal y Las Lomas, para tratar asuntos relacionados con una posible negociación que, declaró, pretendía entablar el gobierno de Ernesto Zedillo con el cártel de Juárez.

Otros encuentros con el mismo fin –dijo durante su juicio– se efectuaron en el hotel Emporio, ubicado en Paseo de la Reforma, lugar que era habitualmente visitado por Vicente Carrillo y su hermano Rodolfo –en la versión de Maldonado– para cerrar sus negocios, pagar a proveedores y “amarrar” tratos en torno a la protección de los miembros del cártel.

Pero el cártel de Juárez no es el único que se manejaba con libertad y respaldo policiaco antes y durante los gobiernos perredistas del Distrito Federal de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard.

Un caso que detonó un fuerte escándalo por las complicidades entre delincuentes y policías fue el descubrimiento del llamado “cártel de Neza”, cuya base de operaciones estaba en Nezahualcóyotl, aunque se nutría de los cargamentos de droga que los principales operadores de este grupo, Delia Buendía (conocida como Ma Baker) y Carlos Morales, El Águila, recibían en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde contaban con la complicidad de altos jefes policiacos.

Identificado como una extensión del cártel de Tijuana –cuyos tentáculos envolvieron también a Tepito–, el de Neza alcanzó su auge en el año 2002, cuando realizó varias ejecuciones de policías que hasta ahora no han sido aclaradas. Este caso salpicó de sospechas a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, entonces encabezada por el actual jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard,

En aquel tiempo, la PGR, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, evidenció incapacidad para investigar ciertas complicidades de jefes policiacos de la PGR y del Distrito Federal con la organización de Neza.

Inexplicablemente, tanto la PGR como las autoridades capitalinas y del Estado de México dejaron correr el tiempo y el cártel de Neza evolucionó al punto de que un director adjunto de la Feads, Mario Roldán Quirinos, fue ejecutado en capital del país por gatilleros de esa banda.

Hubo tres muertes más, hasta la fecha impunes: la de Arturo Pérez Estrada, responsable de la base Plata en la delegación Iztapalapa; la de Guillermo Robles Liceaga, director de Operaciones Mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F., y la de Nicolás Humberto del Águila Jiménez, agente del Ministerio Público Federal. La PGR acreditó que los dos últimos crímenes fueron cometidos por el cártel de Neza (Proceso 1389), cuyas redes no han sido desmanteladas.

El 29 de abril de 2003, presentó su renuncia como subsecretario de Seguridad Pública del D.F. Raymundo Collins –formado en la escuela de Guillermo González Calderón–, y un poco después hizo públicas sus diferencias con Marcelo Ebrard, a quien incluso le criticaba su protagonismo en las entrevistas televisivas.

No obstante dicho comportamiento, Marcelo Ebrard colocó en 2007 a Raymundo Collins como máxima autoridad en la Central de Abastos, sitio que, se asegura, resulta clave para el manejo de todo tipo de mercancías y tiene un fuerte potencial para el narcomenudeo.

Se calcula que han sido descabezadas 150 bandas dedicadas al narcomenudeo, y el cártel de Neza ha recibido fuertes golpes, pero ese grupo criminal sigue en operación.

También en Tepito la venta de droga parece imparable, y las bandas de la zona se relacionan con policías federales del aeropuerto.

Los primos César Armando y Luis Felipe Villagómez –quienes fueron decapitados y cuyas cabezas aparecieron abandonadas, el pasado 15 de enero, cerca de la terminal aérea– estaban vinculados con el cártel de Tepito.

Al respecto, el procurador capitalino, Rodolfo Félix, dijo: “Esto viene a ser el reflejo del reacomodo de los grupos delictivos; eso así está aconteciendo. Hasta donde se me ha informado, son dos personas del barrio de Tepito. Parece ser que la actividad que realizaban era narcomenudeo”.

En total, en los alrededores del aeropuerto capitalino han sido encontradas cuatro personas decapitadas tan solo en el último mes, lo que para las autoridades significa que las bandas de narcotraficantes se disputan la plaza.

En una averiguación previa –la 756/MPFEADS/2002, cuya copia tiene Proceso– José Félix de la Rosa Islas –un testigo y miembro del cártel de Neza– habla sobre su jefe, Carlos Morales, y explica cómo entraba la droga por el aeropuerto y la manera en que recibían el apoyo de agentes policiacos.

Afirma que “cuando llegaban los aviones, en el aeropuerto se arrojaban maletas para que el personal a cargo de César Vidal Vázquez (quien era comandante de la Policía Judicial Federal) se la entregara en una camioneta a la gente de Carlos”.

Refiere que en una camioneta Lobo color vino, el policía César Vidal le entregaba, cuatro o cinco veces por operación, cinco maletas que contenían “cocaína en forma de ladrillo”.

La misma indagatoria establece que el jefe de José Félix de la Rosa, Carlos Morales, era dueño de varios centros de telefonía Pegaso que servían como centros de distribución de cocaína con la protección de elementos policiacos del Distrito Federal.

Un informe de inteligencia de la SSP señala que las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Coyoacán son las zonas de mayor tráfico de enervantes, y que en esas demarcaciones se concentraron poco más del 56% de las aprehensiones realizadas en 2007 (más de 4 mil 800 capturas) por tráfico de drogas.

El 8 de enero pasado, Francisco Chiguil, jefe de la delegación Gustavo A. Madero, reforzó el informe de inteligencia federal con otros datos contundentes: que en la demarcación que gobierna “se han detectado por lo menos 200 puntos donde se vende droga al menudeo”.

Ante el aumento de la violencia del narco en el Distrito Federal, los gobiernos de las 16 delegaciones pusieron en marcha un programa contra las adicciones, en tanto que Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública, exige que se entregue a la policía que dirige el control de la vigilancia en el aeropuerto capitalino. Según explicó, “para frenar el flujo de drogas que llega al Distrito Federal”.