La creciente violencia desatada por los cárteles de la droga en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, así como la presencia de militares adscritos en esta zona al Operativo Noreste, mantienen a la población en vilo. Y a pesar de que empresarios locales y jefes policíacos admiten que los destacamentos castrenses son necesarios, advierten que no deben prolongarse, pues quienes pagan las consecuencias adversas de sus acciones son los ciudadanos…
PROCESO
REYNOSA, TAMPS., 30 DE MARZO/ Desde que en enero pasado el gobierno federal puso en marcha el Operativo Noreste en esta entidad, la delincuencia organizada desplegó una contra estrategia en la que los habitantes de las ciudades fronterizas son las principales víctimas.
Así, por ejemplo, desde hace varias semanas grupos de pistoleros del cártel del Golfo irrumpen de manera simultánea en restaurantes y discotecas y despojan a los parroquianos de sus pertenencias; lo mismo les quitan relojes que celulares, joyas y dinero. Los comandos, dicen algunos testigos, suelen ir encapuchados y portar armas largas. Visten uniformes militares o de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se movilizan en varios vehículos.
También asaltan residencias de familias adineradas de los municipios fronterizos. Las seleccionan cuidadosamente. Gran parte de sus ataques los realizan en lugares públicos, lo que a veces ocasiona balaceras en las calles, cuando se enfrentan con soldados. A ello se suman los excesos de los uniformados contra la población civil, lo que acrecienta el clima de terror en la frontera tamaulipeca.
De hecho, algunas ciudades llevan ya un mes en virtual toque de queda debido a que la mayoría de las personas evitan salir por las noches. Dueños de restaurantes y de antros de ciudades como Matamoros y Reynosa se quejan incluso de que sus ventas cayeron entre 60 y 70% por falta de clientes.
Lo anterior ha provocado que los jóvenes opten por cruzar la frontera para divertirse en McAllen o Brownsville, o que se vayan de fin de semana a Monterrey, Nuevo León.
El director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Amarante Miranda Morato, reconoce que desde que se incrementó la presencia militar en esta frontera los hechos delictivos no sólo se dispararon, sino que la delincuencia adoptó un patrón más agresivo y de mayor impacto en la sociedad.
Las lecturas que se dan a los ataques contra la población, dice, van en dos sentidos: por una parte, se considera que el crimen organizado pretende exhibir la inoperancia de las estrategias federales para combatirlos, y, por otra, que quiere recuperar el dinero perdido por los decomisos de droga y armas que ha efectuado el Ejército, así como por las dificultades que enfrenta para cruzar cargamentos debido a la presencia de soldados en los puentes internacionales.
Los ataques de los comandos son “una forma de decirle al operativo federal: no sirves”, interpreta otra fuente policiaca consultada por Proceso que pidió el anonimato. “Ése –puntualiza– es un mensaje que le están enviando a la población para que acabe por considerar que la presencia del Ejército en las calles no le sirve”, y además fomentan el descontento popular hacia los militares.
El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región noreste del país, Jorge Pensado Robles, señala que en esta zona la población vive una situación ambivalente. Por un lado, dice, la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con la presencia militar porque se sienten más seguros; pero por otro, se quejan debido a que están en medio de esta guerra que el gobierno federal declaró a los cárteles de la droga, y son ellos quienes resienten los castigos de los grupos de pistoleros al servicio del narcotráfico.
Advierte que hay un clima de confusión creado por los mismos grupos delictivos, pues cuando atacan visten uniformes militares y de la AFI. Además, las manifestaciones ciudadanas de protesta, así como las quejas por los abusos contra los operativos federales, son manipuladas. “La gran mayoría están orientadas a desprestigiar a los militares y a tener bases para exigir que éstos regresen a los cuarteles”, afirma Pensado Robles.
¡Todos al suelo!
El director de la PME, Amarante Miranda, refiere que en las últimas semanas se recibieron unas 20 denuncias formales sobre la irrupción de comandos en residencias de los municipios de Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Miguel Alemán, y otras dos sobre incursiones similares en restaurantes de Reynosa.
Comenta que cuando, a mediados de enero, el Ejército procedió al desarme de todos los policías preventivos de los municipios fronterizos, los grupos delictivos “hicieron su fiesta” en Matamoros, pues en una sola noche se denunciaron 45 robos contra establecimientos comerciales, depósitos y personas en la calle.
La PME sólo recibió denuncia formal de dos asaltos a restaurantes, pero se registraron más casos. En Nuevo Laredo, por ejemplo, la noche del 19 de enero comandos de sicarios atracaron de manera simultánea cuatro bares.
El caso más sonado fue el asalto masivo que cometieron contra cientos de personas que se encontraban en El Silverado, salón de baile de música grupera de esa ciudad. Hombres vestidos de militares sorprendieron a los concurrentes y, al tiempo que les apuntaban con armas AK-47 y R-15, les gritaron: “¡Todos al suelo!”.
“A una muchacha la desnudaron, y a todos nos empujaron y nos obligaron a tirarnos al suelo, todos amontonados. A varios los encañonaron y los golpearon; había muchas mujeres en crisis. Fue algo horrible, creíamos que nos iban a matar”, cuenta una de las víctimas del atraco.
En los días siguientes, los sicarios pusieron en práctica otra operación: entraron de manera simultánea en casas de agentes aduanales de Nuevo Laredo y las saquearon.
En Reynosa hubo asaltos similares en restaurantes concurridos como Chili’s, El Papalote, Sierra Madre, Applebee’s, Rico’s Bar y La Fogata. Sólo los clientes del Chili’s presentaron denuncia.
El pasado 25 de febrero, el priísta César Humberto Issasi Cantú, ex candidato a la Presidencia Municipal, denunció ante las autoridades que un grupo de hombres vestidos de negro que dijeron ser agentes de la AFI se metieron a su casa para robar. Aseguró que los sujetos lo amagaron con armas largas y cortas obligándolo a abrir la caja fuerte, de la cual sustrajeron 3 mil dólares en efectivo, monedas de oro, relojes y otras joyas.
Por esos días, Mario López Villarreal, propietario del local de pollos Buenos Aires, denunció que un grupo de encapuchados secuestraron el 24 de febrero a dos de sus trabajadores, a quienes golpearon y obligaron a que les dieran la combinación de la caja fuerte, de donde se llevaron 100 mil pesos.
Y el 26 de febrero, Carlos Manuel Anda denunció que su padre, Héctor Anda Ríos, propietario de la casa de cambio Drive In y ex comandante del desaparecido Resguardo Aduanal Mexicano, fue secuestrado por un comando de hombres armados vestidos con uniformes similares a los de los agentes de la AFI. Días después Anda Ríos fue liberado
Abusos de militares
Respecto a los atropellos de militares contra la población civil, en la Procuraduría General de Justicia del Estado han sido presentadas alrededor de 20 querellas por ese motivo.
Sergio Meza Varela murió en Reynosa el pasado 16 de febrero cuando un grupo de soldados le disparó desde un retén. Y José Antonio Barbosa, conductor del auto en el que viajaba Meza, resultó herido porque se negó a detener el vehículo en el puesto de revisión, pues los militares lo acusaban de portar unos cigarros de mariguana.
El homicidio de Meza causó tal indignación que sus familiares y amigos, acompañados de cientos de reynosenses, llevaron el féretro hasta el edificio de la Presidencia Municipal para exigir el retiro de los militares.
Los excesos de los soldados también causaron molestia al Episcopado Mexicano, que presentó una queja porque el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz y tres de sus colaboradores fueron golpeados por militares la madrugada del 17 de febrero.
Según la denuncia, el padre Barbosa y sus acompañantes viajaban en una camioneta Lobo 2007 con vidrios polarizados por la carretera de Valle Hermoso a San Fernando, cuando se toparon con unos soldados que acababan de tener un accidente. Los uniformados detuvieron el vehículo, bajaron a los ocupantes y los empezaron a golpear. Al parecer, el accidente fue provocado por un joven en estado de ebriedad que chocó por la parte trasera a una camioneta que llevaba en la caja a varios soldados, los cuales resultaron heridos al salir expulsados de la unidad.
El jefe de la PME, Amarante Miranda, manifiesta que en este caso todo indica que los militares se sintieron atacados al creer que el accidente se debió a una emboscada de narcotraficantes, por lo que sometieron al joven que lo provocó, a agentes de tránsito y a los conductores que pasaron en ese momento por el lugar.
Otro de los incidentes que causó protestas entre la población fue cuando dos trabajadores del periódico La Prensa de Reynosa, Martín Mendo Cantú y Eleazar Vaquera Herrera, murieron calcinados luego de que el vehículo en el que se dirigían a sus casas fue impactado por otro que era perseguido por policías federales.
El descontento social ha crecido al grado de que tanto en Reynosa como en Matamoros se han realizado marchas con la participación de taxistas, prostitutas, meseros de bares y restaurantes, así como colonos. Su demanda es que los militares se retiren del estado.
Julio Almanza, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio en la Región Fronteriza, plantea: “Sabemos que esto es una guerra que tiene el gobierno federal y que todo mundo tiene que sacrificar algo… Nosotros estamos poniendo nuestra parte”.
Y se refiere a las bajas ventas que ha resentido el comercio fronterizo por la ausencia de turistas, así como a la reducción de horarios de negocios nocturnos, como discotecas, bares y restaurantes. Pese a ello, dice que la población se siente más segura por la presencia militar.
Pero también advierte: “Lógicamente, si el gobierno federal mantiene esta presencia militar de manera permanente, va a haber problemas sociales; si el operativo se prolonga, la sociedad va a sacrificar gran parte de su libertad y su tranquilidad, pero después será la economía de la frontera la que resienta (los efectos)”.
Por lo pronto, el viernes 14 de marzo se verificó otro despliegue militar: 2 mil 300 soldados, la mayoría encapuchados, llegaron vía área y terrestre a las ciudades fronterizas tamaulipecas para hacer frente al contraataque del cártel del Golfo.
“A nosotros lo que nos gustaría es que no fuera tan fuerte esa presencia militar ni tan ostentosa”, reitera Almanza.
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