Desprecio por la función judicial
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
¿Por qué redujo la Cámara de Diputados el presupuesto a ejercerse en 2009 por el Poder Judicial de la Federación?
Como se supo, el miércoles 12, la Cámara redujo ese presupuesto en la sensible suma de 5 mil 500 millones de pesos, o sea 14.5% menos de lo que se había aceptado originalmente.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le recortaron 800 millones de pesos, y 5 mil millones al Consejo de la Judicatura Federal. El resto del ajuste lo pusieron los diputados a cargo del presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Como se sabe bien, el Ejecutivo federal anualmente le encarga a su secretario de Hacienda que formule un proyecto de presupuesto aplicable para el siguiente año, que en forma definitiva sólo puede ser acordado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que la Cámara de Senadores en estas cuestiones resulta ser un convidado de piedra.
El titular de la Secretaría de Hacienda calcula el presupuesto que se requiere para las oficinas y servicios del propio Ejecutivo federal. Los requerimientos del Poder Legislativo son atendidos por una de sus cámaras (la de Diputados), aunque se aplique a ambas.
Fundamento mis comentarios:
El último párrafo del artículo 100 constitucional textualmente dice: "La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo (de la Judicatura Federal) lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 (que dispone que el Tribunal Federal Electoral propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial). Los presupuestos así elaborados -continúa el artículo- serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación".
Como puede advertirse, la Constitución Política que nos rige no dispone que el Ejecutivo federal sea el que determine cuál es el presupuesto conveniente para sí y también para el Poder Judicial, sino simplemente ordena que se asigne el presupuesto adecuado para la Suprema Corte, para el Consejo de la Judicatura Federal y para el TEPJF, y son reunidos éstos bajo el procedimiento ordenado por la Constitución.
El presidente de los dos primeros organismos los enviará y debe entenderse que directamente a la Cámara de Diputados (tal y como sí lo hace el Poder Ejecutivo Federal), y ésta aprobarlos o rechazarlos según su parecer.
Nada dice la Constitución sobre cómo responsabilizar a la propia Cámara de Diputados para el caso que ponga en crisis económica a un Poder Federal, distinto a aquél al cual pertenece el Poder Legislativo, cuando que es una cuestión muy importante, pues si la Cámara de Diputados puede resolver a su gusto y placer lo que requieren los otros dos Poderes de la Unión, en realidad dicha cámara se convierte en el Estado mismo, ya que -vía la economía- puede influir en los otros dos Poderes (incluyendo a la Cámara de Senadores) de la Unión.
La presión que con ello proyecta como bólido la Cámara de Diputados la convierte en Estado de Poder Absoluto e Irresponsable.
Primera observación que me urgía plantear en este envío.
La segunda se refiere a la razón por la cual estamos afrontando esta reducción tan notable. La explicación -bien conocida- es que el Ejecutivo federal y su secretario de Hacienda, cuando formularon su presupuesto, contemplaron un estado dado de la nación mexicana y de sus necesidades. Cuando realizaron su estimado, el país no estaba en crisis económica, y aparentemente el Ejecutivo y el secretario no "se olieron" que Estados Unidos y el mundo que ellos rigen estaba a punto de entrar en una crisis económica y financiera.
Cuando ésta llegó al fin y los funcionarios no podían hacer nada para evitarlo se les ocurrió que, para no alarmar mucho a la población y causar una reacción de estampida, era menester hablar de la crisis como si se tratara de un "catarrito".
Lo anterior fue tanto como decirle a los mexicanos: "No le tengas miedo al coco. Es un bromista que se puso una manta pintada para asustarnos. Pero en realidad no existe; no puede existir". Y cuando el coco se hizo presente, ya formulado su primer cálculo de necesidades nacionales para un paraíso soñado, se plantearon, en unión de la Cámara de Diputados: "¿Ahora a quién amolamos?"
Cuando a un particular lo cesan, le reducen sus sueldos, o le falla el sistema de resoluciones tomadas antes de estos siniestros, lo primero que piensa es: "¿En qué puedo ahorrar?"
Yo mismo pasé por esos tragos amargos y me planteaba: "La comida, el vestido, la renta y la educación de las niñas (así en mi caso) son gastos prioritarios que no deben tocarse. Habrá que ahorrar en lo no importante, en lo no trascendente, en lo que puede esperar".
Y así fue como, ante todo, los diputados no sólo aseguraron sus dietas, sino que ¡las aumentaron! Focalizaron la mirada institucional, y fueron ante todo asegurando lo que para ellos es la categoría prioritaria: militares, marinos, policías, sus propios sueldos, y uno que otro "negocito" ("¿Entonces para qué llegamos si no vamos a beneficiarnos?").
Pero eso es sólo la primera parte de la política que evitará el desastre. La segunda: ¿A quién le "bajamos" de aquello que nos pidieron?
Ante todo le llegaron fuerte a sus "colegas senadores". Les redujeron 22% de sus recursos. A la Auditoría Superior de la Federación, que tanto los muele. Al Instituto Federal Electoral (al cabo nadie los quiere), y por supuesto al Poder Judicial de la Federación, al cual le hicieron "manita de puerco". ¡Ah! y 40 millones a los zongolicos.
Conjeturo: Quizá lo hicieron por la gran cantidad de veces que les han invalidado sus leyes inconstitucionales, o por la constante y chocante recomendación de que lean la Constitución en sus descansos.
En todas las empresas privadas, e igualmente en los institutos públicos, el grueso de los gastos lo constituyen los sueldos del personal. En el cálculo presupuestal de todos estos organismos lo primero que se plantea es cuánto ha subido el costo de la vida y en cuánto se ha devaluado la moneda corriente.
Y establecido este acto de realismo humanitario se determina el porcentaje que es necesario aumentar en los sueldos de todo el personal. Con ello los empleados no ganan más: sólo mantienen el mismo salario.
Pero lo que resulta más llamativo (por no decir deplorable) es el recorte al Consejo de la Judicatura.
Ya he recordado que se presupuestan por separado las tres ramas que integran al Poder Judicial Federal. El presupuesto de la Suprema Corte toma principalmente en cuenta los sueldos de los ministros, los secretarios, el personal auxiliar, y los trabajadores de planta y de servicios.
El mantenimiento y los servicios necesarios no resultan excesivamente elevados en la Corte. Contrariamente a lo que se cree, los ministros no tienen más viajes que los de sus vacaciones personales y familiares, que por cierto los cubren de su propio peculio. Quien viaja con relativa frecuencia es su presidente (que también lo es del Consejo de la Judicatura), porque debe tomar nota e inspeccionar a numerosos tribunales, juzgados, bibliotecas, y actividades diversas, en toda la República. La Corte o el Consejo de la Judicatura no cuentan con aviones propios: los viajes indispensables tienen el principal auxilio de las fuerzas militares del país.
El Tribunal Federal Electoral (que por cierto el año entrante tendrá un continuo funcionamiento muy pesado) debe observarse y evaluarse bajo bases muy similares a las de la Corte Suprema.
Pero el Consejo de la Judicatura debe atender a todos los jueces y magistrados (unitarios y colegiados) de la capital y de toda la República.
Ante todo debe atender las necesidades de impartir justicia, que cada año aumenta en forma notable. Debe entenderse que la población crece anualmente (rebasamos los 100 millones) y por ello hay más y más conflictos planteados para resolver en justicia.
Debe atender el continuo requerimiento de más juzgados, más tribunales, más personal (sobre todo profesional, que es el más caro), y más gastos. Casi todos los años la Suprema Corte debe complementar sus altos gastos y requerimientos (máquinas, asentamientos, papel, transporte, etcétera). Todo el dinero extra que se asigne al Consejo será consumido rápidamente por la renta o la compra de inmuebles para instalar juzgados y tribunales con dignidad.
¿Por qué disminuir todos esos servicios fundamentales?
Pero lo que más importa: ¿Qué categoría le conceden los diputados a la administración e impartición de justicia?
¿Modesta? ¿Mediana? ¿Fundamental?
Bueno, dejo de escribir sin saber por qué me repito a mí mismo unos dichos de los mexicanos: "¡Por eso estamos como estamos!" y "¡Lo peor está por llegar!"
Como se supo, el miércoles 12, la Cámara redujo ese presupuesto en la sensible suma de 5 mil 500 millones de pesos, o sea 14.5% menos de lo que se había aceptado originalmente.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le recortaron 800 millones de pesos, y 5 mil millones al Consejo de la Judicatura Federal. El resto del ajuste lo pusieron los diputados a cargo del presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Como se sabe bien, el Ejecutivo federal anualmente le encarga a su secretario de Hacienda que formule un proyecto de presupuesto aplicable para el siguiente año, que en forma definitiva sólo puede ser acordado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que la Cámara de Senadores en estas cuestiones resulta ser un convidado de piedra.
El titular de la Secretaría de Hacienda calcula el presupuesto que se requiere para las oficinas y servicios del propio Ejecutivo federal. Los requerimientos del Poder Legislativo son atendidos por una de sus cámaras (la de Diputados), aunque se aplique a ambas.
Fundamento mis comentarios:
El último párrafo del artículo 100 constitucional textualmente dice: "La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo (de la Judicatura Federal) lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 (que dispone que el Tribunal Federal Electoral propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial). Los presupuestos así elaborados -continúa el artículo- serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación".
Como puede advertirse, la Constitución Política que nos rige no dispone que el Ejecutivo federal sea el que determine cuál es el presupuesto conveniente para sí y también para el Poder Judicial, sino simplemente ordena que se asigne el presupuesto adecuado para la Suprema Corte, para el Consejo de la Judicatura Federal y para el TEPJF, y son reunidos éstos bajo el procedimiento ordenado por la Constitución.
El presidente de los dos primeros organismos los enviará y debe entenderse que directamente a la Cámara de Diputados (tal y como sí lo hace el Poder Ejecutivo Federal), y ésta aprobarlos o rechazarlos según su parecer.
Nada dice la Constitución sobre cómo responsabilizar a la propia Cámara de Diputados para el caso que ponga en crisis económica a un Poder Federal, distinto a aquél al cual pertenece el Poder Legislativo, cuando que es una cuestión muy importante, pues si la Cámara de Diputados puede resolver a su gusto y placer lo que requieren los otros dos Poderes de la Unión, en realidad dicha cámara se convierte en el Estado mismo, ya que -vía la economía- puede influir en los otros dos Poderes (incluyendo a la Cámara de Senadores) de la Unión.
La presión que con ello proyecta como bólido la Cámara de Diputados la convierte en Estado de Poder Absoluto e Irresponsable.
Primera observación que me urgía plantear en este envío.
La segunda se refiere a la razón por la cual estamos afrontando esta reducción tan notable. La explicación -bien conocida- es que el Ejecutivo federal y su secretario de Hacienda, cuando formularon su presupuesto, contemplaron un estado dado de la nación mexicana y de sus necesidades. Cuando realizaron su estimado, el país no estaba en crisis económica, y aparentemente el Ejecutivo y el secretario no "se olieron" que Estados Unidos y el mundo que ellos rigen estaba a punto de entrar en una crisis económica y financiera.
Cuando ésta llegó al fin y los funcionarios no podían hacer nada para evitarlo se les ocurrió que, para no alarmar mucho a la población y causar una reacción de estampida, era menester hablar de la crisis como si se tratara de un "catarrito".
Lo anterior fue tanto como decirle a los mexicanos: "No le tengas miedo al coco. Es un bromista que se puso una manta pintada para asustarnos. Pero en realidad no existe; no puede existir". Y cuando el coco se hizo presente, ya formulado su primer cálculo de necesidades nacionales para un paraíso soñado, se plantearon, en unión de la Cámara de Diputados: "¿Ahora a quién amolamos?"
Cuando a un particular lo cesan, le reducen sus sueldos, o le falla el sistema de resoluciones tomadas antes de estos siniestros, lo primero que piensa es: "¿En qué puedo ahorrar?"
Yo mismo pasé por esos tragos amargos y me planteaba: "La comida, el vestido, la renta y la educación de las niñas (así en mi caso) son gastos prioritarios que no deben tocarse. Habrá que ahorrar en lo no importante, en lo no trascendente, en lo que puede esperar".
Y así fue como, ante todo, los diputados no sólo aseguraron sus dietas, sino que ¡las aumentaron! Focalizaron la mirada institucional, y fueron ante todo asegurando lo que para ellos es la categoría prioritaria: militares, marinos, policías, sus propios sueldos, y uno que otro "negocito" ("¿Entonces para qué llegamos si no vamos a beneficiarnos?").
Pero eso es sólo la primera parte de la política que evitará el desastre. La segunda: ¿A quién le "bajamos" de aquello que nos pidieron?
Ante todo le llegaron fuerte a sus "colegas senadores". Les redujeron 22% de sus recursos. A la Auditoría Superior de la Federación, que tanto los muele. Al Instituto Federal Electoral (al cabo nadie los quiere), y por supuesto al Poder Judicial de la Federación, al cual le hicieron "manita de puerco". ¡Ah! y 40 millones a los zongolicos.
Conjeturo: Quizá lo hicieron por la gran cantidad de veces que les han invalidado sus leyes inconstitucionales, o por la constante y chocante recomendación de que lean la Constitución en sus descansos.
En todas las empresas privadas, e igualmente en los institutos públicos, el grueso de los gastos lo constituyen los sueldos del personal. En el cálculo presupuestal de todos estos organismos lo primero que se plantea es cuánto ha subido el costo de la vida y en cuánto se ha devaluado la moneda corriente.
Y establecido este acto de realismo humanitario se determina el porcentaje que es necesario aumentar en los sueldos de todo el personal. Con ello los empleados no ganan más: sólo mantienen el mismo salario.
Pero lo que resulta más llamativo (por no decir deplorable) es el recorte al Consejo de la Judicatura.
Ya he recordado que se presupuestan por separado las tres ramas que integran al Poder Judicial Federal. El presupuesto de la Suprema Corte toma principalmente en cuenta los sueldos de los ministros, los secretarios, el personal auxiliar, y los trabajadores de planta y de servicios.
El mantenimiento y los servicios necesarios no resultan excesivamente elevados en la Corte. Contrariamente a lo que se cree, los ministros no tienen más viajes que los de sus vacaciones personales y familiares, que por cierto los cubren de su propio peculio. Quien viaja con relativa frecuencia es su presidente (que también lo es del Consejo de la Judicatura), porque debe tomar nota e inspeccionar a numerosos tribunales, juzgados, bibliotecas, y actividades diversas, en toda la República. La Corte o el Consejo de la Judicatura no cuentan con aviones propios: los viajes indispensables tienen el principal auxilio de las fuerzas militares del país.
El Tribunal Federal Electoral (que por cierto el año entrante tendrá un continuo funcionamiento muy pesado) debe observarse y evaluarse bajo bases muy similares a las de la Corte Suprema.
Pero el Consejo de la Judicatura debe atender a todos los jueces y magistrados (unitarios y colegiados) de la capital y de toda la República.
Ante todo debe atender las necesidades de impartir justicia, que cada año aumenta en forma notable. Debe entenderse que la población crece anualmente (rebasamos los 100 millones) y por ello hay más y más conflictos planteados para resolver en justicia.
Debe atender el continuo requerimiento de más juzgados, más tribunales, más personal (sobre todo profesional, que es el más caro), y más gastos. Casi todos los años la Suprema Corte debe complementar sus altos gastos y requerimientos (máquinas, asentamientos, papel, transporte, etcétera). Todo el dinero extra que se asigne al Consejo será consumido rápidamente por la renta o la compra de inmuebles para instalar juzgados y tribunales con dignidad.
¿Por qué disminuir todos esos servicios fundamentales?
Pero lo que más importa: ¿Qué categoría le conceden los diputados a la administración e impartición de justicia?
¿Modesta? ¿Mediana? ¿Fundamental?
Bueno, dejo de escribir sin saber por qué me repito a mí mismo unos dichos de los mexicanos: "¡Por eso estamos como estamos!" y "¡Lo peor está por llegar!"
No comments:
Post a Comment