Investiga la PGR quebrantos por $3 mil 690 millones en el foxismo

■ La dependencia mantiene abiertas 21 averiguaciones previas, a petición de la ASF

■ El mayor desvío de recursos se documentó en Pemex, que hizo entregas irregulares al sindicato

■ En la oficina del titular de Turismo se alteraron facturas, con daño al erario por más de $5 millones

Enrique Méndez

A solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR), mediante su sector central y sus delegaciones, abrió y mantiene 21 averiguaciones previas en contra de distintas instancias federales, principalmente Petróleos Mexicanos (Pemex), por desvío de recursos públicos y peculado durante el sexenio de Vicente Fox.

En el caso de la paraestatal existen tres averiguaciones previas; de éstas, dos por un monto total de 3 mil 145 millones de pesos que su dirección general entregó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sin contar con atribuciones legales para ello, la primera por la entrega irregular de recursos en 2000, de los cuales se transfirieron mil millones a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, y la segunda por una operación similar en la administración foxista.

Las otras 18 averiguaciones implican un daño al erario por 492 millones 239 mil 512 pesos, que van desde uso irregular del presupuesto del Fondo de Desatres Naturales (Fonden), los 31 millones entregados a Jorge Serrano Limón y Provida, e inclusive facturas alteradas por 5 millones de pesos en la oficina del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres.

En el documento, que fue entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se incluyen 106 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria a diversos organismos federales e instituciones de educación superior, como resultado de las revisiones a las cuentas públicas de los cuatro últimos años del gobierno de Vicente Fox.

Respecto de Pemex, existen abiertas tres averiguaciones previas: la 109/UEIDCSPCAJ/2007, iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, por un contrato adjudicado de manera directa en el que Pemex Refinación pagó un sobreprecio de 53 millones 782 mil 59.86 pesos por la renta de buques a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico, en la que los legisladores presumían vínculos con los hijos de Marta Sahagún.

Sin embargo, de acuerdo con la documentación de la ASF, aun cuando la denuncia fue ratificada y se entregaron el dictamen técnico y el expediente, y se desahogaron requerimientos ministeriales, “el agente del Ministerio Público Federal consultó el no ejercicio de la acción penal, por lo cual se espera autorización del agente auxiliar del procurador” para cerrar el caso.

La misma unidad especializada aseguró a la ASF que el Ministerio Público “se encuentra recabando declaraciones de testigos” como parte de la averiguación previa 84/UEIDCSPCAJ/2007, debido a que el ex director de Pemex Raúl Muñoz Leos entregó al STPRM mil 724 millones 518 mil 939.20 pesos sin tener el aval del consejo de administración, y de acuerdo con el convenio el dinero se entregó “para campos deportivos, vivienda y ayudas para desfiles”.

La otra averiguación data de 2003, por la entrega de mil 421 millones 149 mil 746 millones de pesos al STPRM por parte del ex director Rogelio Montemayor Seguy, sin contar con atribuciones ni facultades para ello.

En el expediente, la auditoría superior refiere que ha realizado seis visitas al Ministerio Público Federal y, debido a que el proceso está estancado, el órgano fiscalizador asegura que envió a la PGR sendos oficios “solicitándole señale si requiere información o documentación adicional para ser aportada” por la ASF.

Asimismo, la PGR inició cuatro averiguaciones previas por distintos hechos ilegales en Oaxaca. La primera, la UEIDFF/ FINM15/167/2008, se refiere a una entrega anticipada de recursos para una obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un daño de 4 millones 728 mil 340.66 pesos; la segunda, la SC/51/2004, por la falsificación de las listas de raya del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social, por 49 mil 900 pesos.

Una tercera, por el mismo delito de alteración de las listas de raya del mismo programa, por un daño de 3 millones 471 mil 720 pesos. En este caso, la averiguación 0AX/II/139/03 se encuentra en reserva desde 2003, debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha negado a entregar la documentación requerida por el Ministerio Público de la delegación de la PGR en esa entidad.

Respecto de la investigación iniciada en la Secretaría de Turismo, la ASF detectó que la oficina del titular, Rodolfo Elizondo, alteró dos facturas, una por un millón 43 mil 68.41 pesos, y otra por 4 millones 112 mil 810.36 pesos. La auditoría informó a la Cámara de Diputados que “las facturas utilizadas para comprobar gastos no coinciden con las que expidieron los establecimientos”.

Por ello la PGR inició la averiguación previa 150/UEIDCSPCAJ/06, que se encuentra en trámite a pesar de que los auditores han realizado 58 visitas al Ministerio Público que lleva el caso. El reporte de la ASF refiere: “se llevaron a cabo tres reuniones entre peritos oficiales y auditores para unificar criterios; se desahogaron requerimientos ministeriales formulados por la autoridad investigadora, y el Ministerio Público está compareciendo testigos (sic) para determinar lo procedente”.

También se encuentra “en trámite” la averiguación previa 3905DDF/2004 y su acumulada PGR/DDF/SPE-XIV/1788/06-05, iniciada contra el Comité Nacional Provida, que utilizó 34 millones 278 mil 959 pesos que se le entregaron por intervención del ex diputado panista Luis Pazos de la Torre, actual director de la Comisión de Defensa de Usuarios de Seguros y Fianzas. Esos recursos, que el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto recortó a los programas de atención a enfermos de sida para entregárselos a Serrano Limón, fueron utilizados por éste para la compra de plumas de lujo, trajes e inclusive tangas.

Hasta el momento, la única orden de aprehensión girada contra un funcionario es el caso de un ex subdirector de compras de la Lotería Nacional (la ASF no incluyó su nombre en el informe).