Votar entre zetas

Gerardo Albarrán y Gabriela Hernández


CIUDAD VICTORIA, TAMPS., 29 de junio (Proceso).- Confiado en una singular combinación de ingeniería electoral, mercadotecnia y viejas prácticas de cooptación, el PRI se considera inmune al costo político de la violencia que ha ejercido el narco a lo largo del sexenio de Eugenio Hernández Flores. Si las encuestas están en lo cierto va a ganar las elecciones por tres a uno. Enfrente sólo tiene a un candidato del PAN abandonado por su partido y a un PRD desdibujado; el resto de los partidos se conforma con participar. Sin embargo, en esta entidad la verdadera lucha por el poder es con el narcotráfico.

Paralelo al proceso constitucional, el cártel del Golfo y Los Zetas libran una guerra abierta por el control del estado que desplaza a las autoridades y arrincona a la población. Los propios partidos políticos han resentido las amenazas de los operadores del narco, que han forzado a varios candidatos a renunciar a sus postulaciones. Uno de ellos, el panista Manuel Guajardo, fue asesinado el 13 de mayo, en vísperas de que registrara su candidatura para alcalde de Valle Hermoso. En el atentado murieron también su hijo de 21 años y un empleado.

Al margen del conflicto, el PRI es el único partido que registró candidatos a todos los puestos en disputa este 4 de julio, cuando se elegirán gobernador, 36 diputados (22 de mayoría, 14 de representación proporcional) y 43 presidentes municipales en planillas que incluyen a 55 síndicos y 265 regidores. “Quiero el tráiler completo”, se ufana el presidente del Comité Directivo Estatal priista, Ricardo Gamundi Rosas.

El candidato panista a la gubernatura, el senador con licencia José Julián Sacramento, no cree en pronósticos. Él ganó su escaño en 2006 con 11 puntos de ventaja, pese a ir 18 abajo en los sondeos. “Vamos por la mitad de los municipios”, y para la gubernatura “voy a quedar cabeza con cabeza” con el contrincante priista, Rodolfo Torre Cantú, exsecretario local de Salud.

Aparte de Sacramento, el candidato del PRI no tiene de quién preocuparse: PRD, PT y Convergencia van cada uno por su lado, desarticulada la coalición de 2006 que captó un buen número de votos en el estado. Los petistas postularon a Armando Vera García y Convergencia a Alfonso de León Perales, que no pintan.

Sacramento no ha contado con su partido más allá de la formalidad. Hasta el cierre de edición, el presidente nacional del PAN, César Nava, sólo había pisado el estado para asistir al funeral de Manuel Guajardo; de sus compañeros del Senado sólo ha recibido la visita de Santiago Creel. “Me dejaron solo”, lamenta. En contraste, la abrumadora campaña del priista Torre Cantú tiene el apoyo abierto del PRI nacional y de los senadores Manlio Fabio Beltrones y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Ni siquiera las veladas acusaciones de corrupción por los innumerables negocios que les atribuyen al gobernador Hernández Flores y sus allegados durante el sexenio parecen influir en la intención de los votantes.

Toda posibilidad de protesta es desarticulada gracias a la obsesión del gobernador por controlarlo todo y someter a todos, partidos y sociedad, y por supuesto al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), en el que habría impuesto al presidente Jorge Luis Navarro Cantú, consejero desde 2006, cuyo único objetivo declarado es alcanzar la votación “más copiosa” en la historia del estado.

Hernández Flores metió las manos en las dirigencias de algunos partidos y palomeó candidatos, como en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presidido por su amigo René Castillo de la Cruz, al que también hizo candidato a diputado local, según observadores que piden reservar sus nombres. PRI y verdes forman la coalición Todos Tamaulipas, junto con el Partido Nueva Alianza.

El gobernador también intervino en las disputas internas en el PRD. Un grupo de perredistas ofreció la candidatura a Lino Korrodi, quien habría tenido algunos acercamientos con el dirigente nacional Jesús Ortega; pero se frustró. De acuerdo con el expresidente local del PRD, Rafael Rodríguez Segura, la Secretaría General de Gobierno pagó esquiroles para espantar al examigo de Fox. Al final, el candidato de la izquierda es el empresario panista Julio Almanza Armas, otro buen amigo del gobernador.

En el extremo, panistas como el exdiputado federal Luis Alonso Mejía achacan al gobernador Hernández Flores y sus operadores políticos haber influido en la candidatura de Sacramento para cerrarle el paso al otro precandidato del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, diputado local y exalcalde de Reynosa.

“Se ve que el presidente del Ietam está trabajando para ellos; el candidato del PRD trae lana del gobierno del estado, no de su partido; igual pasa con los demás partidos”, se queja el panista Sacramento.

“El problema del PAN es que tiene una fisura interna muy fuerte por el poder. Y no tiene base, por eso nos pide prestados candidatos”, replica el dirigente estatal del PRI Ricardo Gamundi Rosas, en alusión a los priistas postulados por el PAN para alcaldes de Tampico y Altamira.

La oposición asegura que el gobierno de Hernández Flores y su partido han pactado con el narco. Por eso son los únicos en campaña en todo el estado.

“No es cierto y te lo digo a los ojos”, responde el principal operador político del gobernador, quien rechaza el mote de “mapache mayor” y se acredita como ingeniero electoral.



Narcoelección



A sólo 47 kilómetros de Matamoros y a 35 de la frontera con Roma, Texas, Valle Hermoso se ha convertido en “dormidero” de narcos y hasta hay quien dice que ahí vivía Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, líder de Los Zetas que tenía bajo su control esta ciudad hasta que fue desplazado por el cártel del Golfo hace poco más de cuatro meses.

El asesinato ahí de Mario Guajardo, de 54 años, marcó un antes y un después de los comicios del próximo domingo y exhibió la penetración del narcotráfico en la vida política del estado, pero el fenómeno no es nuevo: en las elecciones locales de 2007 asesinaron a Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, exdiputado federal por el PRD y candidato del PT a la presidencia municipal de Río Bravo, forzaron la renuncia de varios candidatos de oposición y el mismo día de los comicios intimidaron con armas a los votantes frente a las casillas.

Todas las fuentes consultadas por Proceso coinciden en que tanto el cártel del Golfo como Los Zetas pretenden imponer comandantes de las corporaciones policiacas municipales.

“La inseguridad en Tamaulipas es resultado de la complicidad de la mayoría de las policías estatales y municipales con la delincuencia organizada; muchos de los comandantes trabajan para ellos, eso está a la vista de todos”, sostiene José Julián Sacramento. El problema existe en todos los municipios tamaulipecos, comenta.

Los narcos no imprimen boletas ni instalan urnas. Nadie regula sus campañas. La propaganda es sorda. Los contendientes son fantasmas de los que se sabe sólo de boca en boca por los enfrentamientos y masacres que desbordan la censura. Reparten despensas y otorgan favores. Los cobran caro.

En el fuego cruzado mucha gente empieza a tomar partido: unos por el cártel del Golfo, otros por Los Zetas. Ambos intentan mostrarse como el mal menor. Mediante volantes y boletines cada facción pide el apoyo de la ciudadanía para eliminar al contrario. Los dos grupos criminales aseguran que los secuestros, asaltos y asesinatos son responsabilidad de sus enemigos. El discurso es el mismo: cualquiera que gane traerá de nuevo la paz. Los políticos intentan matizar.

El PRI asegura que no compite con los narcos. “A la gente le decimos: el enemigo es el PAN o el PRD. Lo nuestro es político. A la hora de gobernar, la cosa cambia”, concede Gamundi Rosas.

Para Sacramento, el candidato del PRI Rodolfo Torre Cantú “está esposado, no tendrá la libertad de cortar de tajo los vicios de seguridad, la complicidad y la corrupción” que heredaría del gobierno de Hernández Flores. “Yo sí tengo esa libertad porque nunca he pactado ni pactaré con el crimen organizado. Por supuesto que yo sí puedo meterle mano a las corporaciones policiacas de Tamaulipas para su depuración; ellos no”.

El candidato panista a la gubernatura dice que se apoyará en el Ejército, con el que presume una buena relación construida como secretario de la Comisión de Defensa Nacional en la LIX Legislatura, en la que fue diputado, y hasta hace poco como integrante de la Comisión de Defensa y Marina en el Senado. “Yo sí sé cuando vienen operativos, yo sí sé cuando vienen refuerzos de las fuerzas armadas; el gobernador no sabe, porque no hay confianza”.

Sacramento se desespera al evaluar las condiciones en que recibiría el estado en caso de ganar. La violencia e inseguridad lo copan todo y la administración de Felipe Calderón no da visos de poder con el problema.

“Siento que el gobierno federal tiene argumentos de peso para venir por algún funcionario del actual gobierno o del sexenio anterior ligados con la delincuencia organizada y no lo han hecho. Han sido muy complacientes. Yo sé que tienen información y no han actuado. Aquí está en juego no solamente el poder político”.

Repetidamente, el senador con licencia le ha planteado a Calderón la crisis en que vive el estado, pero siempre en reuniones con otros legisladores. “Nunca de manera personal”. No ha tenido respuesta.

“Saben contra quién deben actuar y cuándo, pero siento que no ha habido la voluntad de hacerlo. No sé si por cálculos políticos en otra elección o a cambio de votos priistas en el Congreso, o porque no están contando con Tamaulipas. Qué güeva me daría que fuera esa la razón, pero si fuera por complicidad sería peor… Información hay. No entiendo por qué no hacen nada.”

Reportaje publicado en la edición 1756 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 26 de junio.