Petróleos Zeta
Las tareas energéticas de Los Zetas en la Cuenca de Burgos representan miles de litros de crudo para el mercado negro, cinco trabajadores de Pemex desaparecidos y pérdidas por 300 mdd en extracción ilegal del recurso.
Es hogar para uno de los mayores yacimientos energéticos de México, un territorio tan rico en gas natural y petróleo que en Texas es conocido como “La olla de miel”. Ahora es blanco del crimen organizado, decidido a convertirlo en su nueva caja chica. Considerado por Pemex como una de sus principales reservas —y una de las últimas que le quedan a México—, la Cuenca de Burgos es la nueva apuesta de Los Zetas por hacerse de recursos para financiar su guerra contra el gobierno mexicano y el cártel del Golfo.
En los últimos años, de acuerdo con documentos judiciales estadunidenses y datos de Pemex en poder de M Semanal, las instalaciones petroleras en la zona han sufrido del constante embate del grupo paramilitar mexicano, que no sólo ha aprendido a ordeñar los oleoductos en la región sino que ha establecido una verdadera industria paralela dedicada a la venta de crudo y gas robado.
Cinco trabajadores de Pemex secuestrados; decenas de tomas clandestinas; una estación de compresión de gas literalmente sitiada e inaccesible por vía terrestre; miles de litros de petróleo vendidos en el mercado negro estadunidense y pérdidas por 300 millones de dólares en crudo extraído en la zona: piezas por separado que, unidas, dan una idea del tamaño de las operaciones energéticas de Los Zetas. “En los últimos años el crimen organizado se ha decidido a atacar la producción de gas y petróleo de Pemex Exploración y Producción, en especial de gas condensado, un derivado del petróleo de alto valor producido en Burgos”, revela la queja judicial interpuesta por la paraestatal mexicana ante una corte federal estadunidense de Texas en junio pasado.
La queja detalla que empresas estadunidenses trabaron alianza con Los Zetas para permitir el paso, a través de la frontera entre Tamaulipas y Texas, de al menos una decena de camiones cargados de petróleo para su posterior venta en el mercado estadunidense. Esa información ya es pública. Pero los documentos obtenidos dan detalles adicionales de cómo funcionó, por al menos tres años, una inédita red de tráfico de petróleo robado en México, operación que tuvo su clímax el pasado 27 de junio con una balacera entre soldados y Zetas precisamente en instalaciones petroleras tamaulipecas.
La trama incluye secuestros, espionajes telefónicos transfronterizos, pago de sobornos a administradores de aduanas y la conspiración de prominentes empresas estadunidenses para desfalcar a Pemex.
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La audiencia se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2009, a las 11:45 de la mañana, en un salón privado de la corte federal de Houston. Frente al juez se encontraba Arnoldo Maldonado, un empresario mexicoestadunidense dueño de la compañía Y Griega, dedicada a la importación de energéticos a Estados Unidos. “¿Entiende usted los cargos que se han formulado en su contra?”, preguntó el juez Ewing Werlein, según se desprende de transcripciones judiciales consultadas por este semanario. “Sí, su señoría”, admitió Maldonado, declarándose culpable para obtener una sentencia menor a los cinco años en una cárcel de mediana seguridad estadunidense.
Las evidencias eran tan concretas que cualquier posibilidad de defensa había quedado cancelada de antemano: grabaciones telefónicas entregadas al Buró de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) asentaban plenamente la culpabilidad de Maldonado y su papel central como transportador en una red dedicada a recibir embarques robados de Pemex. “Su señoría”, dijo refiriéndose al fiscal Jim McAlister, “en 2007 el gobierno de México le dio a ICE información concerniente a diferentes compañías e individuos que estaban involucrados en el contrabando de gas natural condensado desde territorio mexicano a Estados Unidos. La investigación subsecuente reveló que el señor Maldonado coordinó la entrega de camiones cisterna mexicanos robados desde México vía la frontera”.
Las transcripciones precisan que Maldonado compraba el gas ilegalmente —se presume que a Los Zetas— y organizaba envíos masivos por la llamada frontera chica, cerca de Brownsville. Por ejemplo, tan sólo el 26 de enero, 10 camiones cisterna cruzaron de sur a norte; el 27 de febrero, otros seis. Y ésas fueron las operaciones de tan sólo dos meses: el negocio duró, se estima, tres años. Las grabaciones telefónicas detallan cómo en una conversación entre Maldonado y su contacto en la empresa Continental Fuels, de nombre Werlein, donde el seis de enero de 2009 se discutió sobre la necesidad de “soltar dinero” para comprar a funcionarios aduanales en ambos países y permitir el pase de los embarques robados. El intercambio entre Werlein y Maldonado arroja luz sobre la naturaleza —y el tamaño— del negocio.
Juez: ¿Cómo hacía usted las entregas?
Maldonado: Alguien me llamaba por la mañana y me hacía saber cuántos camiones querían que se cruzaran. Los problemas a los que nos enfrentamos es que en una ocasión alguien en el puente no estaba cooperando con nuestra gente en México.
Juez: ¿Y este gas condensado valía miles de dólares?
Maldonado: Supongo que sí.
Juez: Bueno, usted sabe del negocio, ¿sí o no?
Maldonado: Sí, señor, aunque sé más de refinación de aceite de motores.
Juez: ¿Aceite de motores?
Maldonado: Sí… sí, su señoría.
Juez: Vaya. Entonces, entiende que esos camiones valían cada uno cientos de miles de dólares.
Maldonado: Sí, señor.
Las ganancias, según ICE, fueron lavadas por Los Zetas en 149 cuentas bancarias de Texas por un total de 49 millones de dólares.
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“El crimen organizado, bajo amenaza de violencia contra los empleados de Pemex, roba el condensado de nuestros depósitos y secuestra los camiones que lo llevan a nuestras refinerías. En ocasiones, lo robado alcanza hasta 40 por ciento de toda la producción de Burgos”, se asienta en la queja judicial 4:10-cv-011997, interpuesta por el gobierno mexicano en Houston. El cálculo de lo perdido desde 2006, según la paraestatal, “asciende a 300 millones de dólares”.
La información disponible indica que después de detectar los constantes faltantes en su producción, Pemex inició una investigación que arrojó como resultado la detención de dos agentes aduanales —uno de ellos mencionado por Maldonado— que colaboraban en el esquema criminal al permitir el paso de los camiones sin solicitar documentos. Sin embargo, la propia paraestatal admitió que sus esfuerzos han sido insuficientes: “El gobierno le ha pedido al Ejército Mexicano que use helicópteros y camiones repletos de soldados cada vez que se detecta una caída en la presión de los gasoductos, pero aun todos los esfuerzos de Pemex no pueden detener las acciones irrefrenables del crimen organizado por adueñarse de sus provisiones de gas condensado”.
Las empresas a las que se responsabiliza de haber participado en la red de robo son Basf Corporation de Alemania, cuyos tanques fueron usados para almacenar lo robado; Murphy Energy Corporation de Oklahoma; Trammo Petroleum de Houston; Valley Fuels, Bio-Un Southwest Inc de Texas y US Petroleum Depot, también texana. Individualmente, los cargos también fueron presentados contra Stephen Pechenik, presidente de Valley Fuels y quien en su currículum vitae presume de contar con “50 años de experiencia en producción, venta y mercadeo de campos petroleros y refinados”. También se incluye a Jonathan Dappen, Timothy Brink y, precisamente, a Arnoldo Maldonado.
Pero por encima de todos los acusados sobresale un nombre cuyas conexiones en Washington han generado un escándalo en Houston, la capital energética de Estados Unidos: Joshua Crescenzi, vicepresidente de Continental Fuels y quien trabajó en la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush como “enlace de medios” entre el presidente y vicepresidente, Dick Cheney. Crescenzi fue quien grabó las conversaciones con Maldonado en un esfuerzo por evitar una condena en una prisión de máxima seguridad. Gracias a su delación, la red de apoyo a Los Zetas quedó desarticulada del lado estadunidense.
Pero en México no. Aun cuando insiste en que ha logrado reducir 40 por ciento el faltante estimado de crudo, gasolina y diesel, Pemex admite también que Tamaulipas es la tercera entidad con mayor incidencia de tomas clandestinas en sus ductos.
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La noticia apareció en medios nacionales el 26 de junio pasado y confirmó la presencia de Zetas en instalaciones de Pemex: soldados de la Octava Zona Militar, con sede en Tamaulipas, se enfrentaron a tiros con sicarios del grupo armado durante un rondín cerca de una estación de la empresa. Los primeros despachos hablaban de que Los Zetas, que habían tomado posesión del pozo de Pemex Arcos número 145, en el municipio de Ciudad Mier, se resistieron a un intento del Ejército por retomarlo. Al final, cinco personas, todos presuntos sicarios, murieron.
La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que detalló que sus soldados repelieron una agresión perpetrada desde las brechas que llevan a la estación 145. Decomisaron 11 mil 336 cartuchos útiles, 99 cargadores, cuatro granadas de fragmentación y dos vehículos robados. Consultada al respecto, la paraestatal admitió que si bien no estaba en calidad de tomada, había perdido contacto con la estación de compresión de gas, en la que fueron secuestrados cinco trabajadores el 23 de mayo cuando arribaban a realizar reparaciones a uno de sus equipos.
Los trabajadores permanecen secuestrados y se desconoce su suerte. “Ya tienen más de un mes desaparecidos y no se tienen noticias. Hay además personal de empresas que trabajan para Pemex que también ha sido privado de su libertad por estos grupos, de tal manera que más que la toma de una instalación se trata de impedir el acceso”, dijo el 24 de junio pasado el titular de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil.
Según la paraestatal, la producción de la estación debió ser suspendida “por algunos días” debido a que Los Zetas se habían adueñado del tránsito en la región. La situación se complicó de forma tal que incluso se ordenó el envío de una misión aérea, con ingenieros, para determinar el estado que guardaban las instalaciones. “Personal de Pemex se había trasladado vía aérea a la estación a fin de revisar sus condiciones generales y arrancar la motocompresora que había estado trabajando de manera automatizada. Aunque (…) no han podido hacerlo por razones de seguridad”, reveló la empresa. La realidad es que ni siquiera pudieron aterrizar.
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