Torturas: la complicidad europea

Leonardo Boix

LONDRES, 13 de julio (apro).- Gran Bretaña, Francia y Alemania utilizaron información de Inteligencia obtenida en el extranjero a través de métodos de tortura y malos tratos en la llamada lucha contra el terrorismo, según denunció un reporte del grupo Human Rights Watch (HRW).

El documento, titulado "No questions asked: Intelligence cooperation with countries that torture" (Sin hacerse preguntas: cooperación de Inteligencia con países que cometen tortura), presentado en Londres el 29 de junio, indicó que el uso por parte de las tres potencias de información de servicios secretos en países que practican las torturas "daña la reputación de toda la Unión Europea (UE)".

También subrayó que a largo plazo los abusos cometidos en nombre de la lucha antiterrorista "inflaman los rencores que llevan a la radicalización y el reclutamiento de terroristas".

"Berlín, París y Londres deberían trabajar juntas para erradicar la tortura, en lugar de depender de información de Inteligencia obtenida en el extranjero a través de la tortura", declaró Judith Sunderland, investigadora de HRW para Europa Occidental.

"Obtener información de torturadores es ilegal y totalmente erróneo", agregó.

Según el documento, las prácticas de los tres países europeos "contradicen las normas contra la tortura de la UE, que buscan erradicar esos abusos como prioridad en sus relaciones con otros países".

HRW destacó que los servicios de Inteligencia en Gran Bretaña, Francia y Alemania "carecen de instrucciones detalladas acerca de cómo evaluar y responder a información de países que cometen torturas".

También denunció que los controles parlamentarios al respecto en los tres países "son inadecuados".

Las tres naciones “pueden establecer cooperación en materia de Inteligencia, pero sin amenazar la prohibición global a la tortura. Para lograrlo, deben investigar genuinamente a los países que proveen información para determinar si éstos utilizaron la tortura como método de obtención de datos de Inteligencia", agregó el informe.

Según HRW, dicha cooperación en materia de Inteligencia "debe ser suspendida" en casos en los que se sospeche de métodos de tortura o malos tratos utilizados para obtener información.

Los servicios de Inteligencia en los tres países sostienen que es imposible saber las fuentes y métodos utilizados para adquirir información de Inteligencia.

Sin embargo, las autoridades en Gran Bretaña y Alemania indicaron públicamente en el pasado que en ciertos casos es aceptable utilizar datos de Inteligencia obtenidos en países donde se practica la tortura.

Dichas posiciones "envían el mensaje equivocado a los gobiernos abusadores", destacó HRW en su informe.

El organismo humanitario subrayó, además, que la información "manchada" por métodos de tortura también fue utilizada en juicios criminales y otros procedimientos penales en Francia y Alemania, a pesar de que estos dos países prohíben el uso de evidencia en cortes obtenida bajo métodos de tortura.

El reporte de HRW citó el caso de Djamel Beghal, cuyo testimonio hecho bajo malos tratos y torturas en los Emiratos Árabes Unidos fue utilizado en su contra en una corte francesa, donde estaba siendo juzgado por supuestamente complotar para llevar a cabo un atentado terrorista.

En otro caso, la supuesta confesión de un hombre conocido como Abu Attiya bajo tortura en Jordania fue utilizada contra sospechosos de terrorismo enjuiciados en Francia.

Las cortes alemanas permitieron el uso de evidencia obtenida a partir de interrogatorios a tres sospechosos de terrorismo que se encontraban sujetos a detenciones ilegales por parte de las fuerzas estadounidenses, como también la evidencia obtenida de declaraciones hechas por Aleem Nasir, un pakistaní con ciudadanía alemana con supuestos vínculos con el terrorismo, mientras estaba bajo custodia de los servicios secretos de Pakistán.

HRW sostuvo que en la práctica el material obtenido de torturas "puede terminar por ser utilizado en las cortes porque en la mayoría de los casos los acusados no pueden demostrar que esa información fue obtenida bajo tortura".

"Las reglas indican que la exclusión de evidencia a base de tortura en las cortes no funciona. Los fiscales deben ser los responsables de demostrar si la evidencia utilizada se originó en países donde se llevan a cabo torturas", afirmó Sunderland.

Y agregó que Europa "ha sido forzada a confrontar su complicidad en los abusos antiterroristas perpetrados por Estados Unidos".

"Es tiempo que Francia, Alemania y Gran Bretaña tomen responsabilidad por sus propios roles en abusos a terceras partes, y garanticen que la cooperación de Inteligencia no perpetúe dichos abusos", concluyó.

HRW instó a los tres países a denunciar como potencias europeas la dependencia de sus cortes al uso de evidencia obtenida en terceros países bajo métodos de tortura y malos tratos.

La ONG destacó que dichas naciones "deben reafirmar la prohibición absoluta al uso de evidencia obtenida por tortura en cualquier procedimiento legal".

"Deben clarificar las reglas de los juicios para que se excluya la evidencia obtenida por tortura en procedimientos civiles y criminales, y determinar que cuando se denuncie que un testimonio fue hecho bajo tortura, sea el Estado quien deba demostrar lo contrario, en lugar del acusado", agregó.

HRW llamó a Gran Bretaña, Francia y Alemania a establecer "guías claras y apropiadas" para sus respectivos servicios secretos, sobre cómo vincularse con otras agencias de Inteligencia sospechadas de torturar para obtener información de sospechosos".

En ese sentido, pidió a los tres países "reforzar los controles parlamentarios a los servicios de Inteligencia nacionales", asegurarse que cualquier forma de complicidad en tortura "sea definida como un delito criminal bajo la ley nacional", y que los agentes de Estados cómplices de tortura en cualquier parte del mundo "sean juzgados, incluidos aquellos que reciben sistemáticamente información de países y agencias que utilizan como metodología la tortura”.

La tortura es una violación seria a los derechos humanos y está estrictamente prohibida por las leyes internacionales. Y puesto que el uso de esa práctica ataca el mismo centro de las libertades civiles y políticas, fue uno de los primeros temas tratados por las Naciones Unidas (ONU) en su desarrollo de estándares de derechos humanos. Una de sus primeras medidas fue abolir el castigo corporal en los territorios coloniales en 1949.

Las leyes internacionales prohíben la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, que son inaceptables bajo cualquier circunstancia.

Tras la publicación del informe de HRW, el nuevo gobierno de coalición británico conservador-liberal democrático, encabezado por David Cameron, confirmó el pasado martes 6 que abrirá una investigación judicial para determinar si los servicios secretos MI5 fueron cómplices de métodos de tortura en el extranjero a sospechosos de terrorismo, y destacó que pagará importantes sumas de dinero como compensación a aquellas víctimas de abusos.

Cameron, que busca así distanciarse de las políticas antiterroristas de sus predecesores Tony Blair y Gordon Brown, informó, en una ponencia especial en la Cámara de los Comunes, que la pesquisa a cargo de un juez buscará determinar si las autoridades del espionaje británico fueron cómplices de torturas a detenidos.

Además de aceptar el pago compensatorio a víctimas, el gobierno indicó que la investigación tendrá como objetivo crear una guía de comportamiento para los espías de los servicios secretos MI5 y MI6 cuando se desempeñan en el extranjero, y evitar que obtengan información de prisioneros a partir de métodos de tortura.

Al menos 15 personas habrían sido torturadas en el extranjero mientras eran detenidas por supuestas actividades de terrorismo, y todas ellas afirmaron que los espías británicos fueron cómplices de esos abusos.

Varias de las víctimas lanzaron demandas en cortes civiles del país, que generaron tensiones con el gobierno acerca de si información clasificada puede ser publicada como parte de evidencia judicial.

Para Cameron, "aunque no haya ninguna prueba [...] cuanto más tardemos en saber la verdad, más grande será la mancha en nuestra reputación como país que cree en la libertad, la justicia y los derechos humanos".

La comisión de investigación estará encabezada por el actual supervisor de los Servicios de Inteligencia, sir Robert Gibson, por Janet Paraskeva, jefe de la Administración Pública, y por Peter Ridell, experiodista de The Times y actual director del Institute for Government, un organismo independiente encargado de evaluar las actuaciones del gobierno.

Cameron espera que todo esté solucionado a finales de año y que en otros 12 meses la comisión pueda presentar un informe. Para llevar a cabo su trabajo, el equipo de Gibson "tendrá acceso a todos los documentos relevantes del gobierno, incluidos aquellos que pertenezcan a los servicios de inteligencia, y estará capacitado para interrogar a cualquier persona, incluidos aquellos que han presentado sus denuncias", aseguró Cameron.

Mientras tanto, y para evitar más denuncias, el gobierno británico entregó una guía con directrices de obligado cumplimiento para sus agentes en el extranjero, que les prohíbe participar en torturas. Se les obliga a informar al gobierno en caso de que otros países las practiquen, y si tuvieran que recurrir al maltrato para conseguir una información que podría salvar vidas, antes tendrían que hablar con sus superiores.

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