Al desnudo en Europa el doble discurso presidencial


Gloria Leticia Díaz


De las 3 mil 598 quejas que la CNDH recibió el año pasado, en mil 791 se señala a integrantes del Ejército como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos. Con datos como éste, más los expedientes de los casos documentados, una delegación de activistas mexicanos fue a Europa para desmentir la propaganda del gobierno de Felipe Calderón. En la versión oficial, el presidente es el más férreo defensor de los derechos humanos; pero aquí se niega a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la ONU, además de descalificar a quienes se atreven a alzar la voz contra la impunidad.

MÉXICO, D.F., 4 de octubre (Proceso).- El doble discurso del gobierno de Felipe Calderón en materia de derechos humanos y el incumplimiento de tratados internacionales sobre el tema firmados por México fueron puestos en evidencia por una delegación de organizaciones civiles mexicanas en Europa.

“La imagen tradicional de México como un gran promotor de los derechos humanos se ha ido deteriorando, sobre todo con Calderón. Esto, porque la misma comunidad internacional se ha dado cuenta de la doble estrategia del Estado: por un lado un gran activismo al exterior, pero con pocos resultados al interior”, reflexiona Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Él es uno de los representantes de organizaciones civiles invitados por la Coordinadora Alemana de Derechos Humanos para dar a conocer en diversos foros de la Unión Europea la situación de los derechos humanos en México, en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. A la gira (del 23 de septiembre al 3 de octubre) se sumaron Cristina Hardaga Fernández, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, y Verónica Corchado, por la organización Pacto por la Cultura de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los activistas se reunieron con representantes de la Comisión Europea y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica; en Ginebra, Suiza, se entrevistaron con representantes de las relatorías especiales de la ONU en los siguientes temas: defensores y defensoras, violencia contra las mujeres, indígenas, y detenciones arbitrarias y desaparición forzada. También tuvieron encuentros con la Organización Mundial contra la Tortura (OMT) y otras agrupaciones.

Su recorrido culminó en Berlín, la capital alemana, donde los representantes de las organizaciones no gubernamentales mexicanas participaron en varios actos públicos con la sociedad civil y las autoridades alemanas.

La preocupación de las ONG internacionales por la situación de los derechos humanos en México en el contexto del combate al crimen organizado se manifestó también en la carta que el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió al presidente Felipe Calderón el 24 de septiembre pasado.

En ella, Vivanco hace referencia a una serie de “mensajes contradictorios sobre derechos humanos” expresados por Calderón en diversos foros, en los cuales se dice su más férreo promotor pero al mismo tiempo descalifica a quienes denuncian violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Ello, dice Vivanco en la carta, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “ha comprobado que en más de 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares”.

En lo que va del gobierno calderonista, agrega, la CNDH ha recibido más de 4 mil quejas contra soldados. En esas ocho cuartillas Vivanco pone en duda la eficacia de la estrategia de Calderón contra el crimen organizado si en ella no se antepone el respeto a las garantías individuales y si se mantiene la impunidad, ya que “durante su gobierno –ejemplifica Vivanco– los tribunales militares han condenado a un solo militar por cometer una violación de derechos humanos”.

Entre los exhortos que Vivanco hace a Calderón destaca el relativo a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de miembros del Ejército en 1974, modificar el Código de Justicia Militar “y asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigados y juzgados por el sistema de justicia ordinario”.

Hacer visibles a las víctimas



El 25 de septiembre, el gobierno de Calderón, a través de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado en el que asevera que su estrategia contra el crimen organizado “respeta los derechos humanos”.

Esa versión se contradice con el informe Retomando el estado de derecho que el CDHM Tlachinollan entregó a funcionarios, políticos y activistas europeos. El documento, fechado en julio pasado, es el resultado de una gira de trabajo por México que realizaron 30 integrantes del Comité de Abogados de Derechos Humanos (BHRC, por sus siglas en inglés) procedentes de Canadá, Alemania, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra y Gales.

Su misión fue analizar “el acceso a la justicia, el respeto al estado de derecho y las garantías que tienen los abogados y defensores para ejercer sus funciones libremente” en México, especialmente en los estados de Guerrero y Oaxaca.

El informe de BHRC, del que Proceso tiene copia, destaca que desde hace años se registran en México casos de represión policiaca y militar, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, pero que “muchas de estas violaciones a los derechos humanos no han sido adecuadamente abordadas, lo que ha dejado serias implicaciones en la impunidad y un incremento en la utilización del sistema interamericano de derechos humanos”.

Los abogados permanecieron en México del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2009 y consultaron incluso al entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. En su documento dicen que corroboraron que “la presencia militar ha contribuido al deterioro de la situación de los derechos humanos en ciertos estados de México”, y advierten que persisten “las fallas para investigar (violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército) de forma pronta, imparcial y efectiva”.

De acuerdo con Luis Arriaga y Cristina Hardaga, en entrevistas por separado, en los foros europeos hay una gran necesidad de corroborar la información que envía el gobierno de Calderón para cumplir con peticiones de información sobre la violencia en México.

Lo anterior, apunta Arriaga, se debe a que “los casos de violaciones a los derechos humanos y la situación, que se ha ido visibilizando en el exterior, han hecho que la imagen del Estado vaya en demérito”.

Para el director del Centro Prodh, “con Calderón se ha dado cuenta de violaciones muy graves a los derechos humanos, que tienen que ver con desapariciones, con torturas, con ejecuciones, con un uso faccioso e indebido del sistema de administración y procuración de justicia que se ha sido visibilizado por casos muy concretos de violaciones a los derechos humanos, como lo sería el de los presos de Atenco o los que están ventilando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales tienen que ver con el fuero militar y la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez”.

A su vez, Hardaga apunta que en Europa los activistas mexicanos “hemos sido muy bien recibidos. Ante un contexto en el que la información que reciben las autoridades y políticos europeos es predominantemente la que emiten las misiones del gobierno de México, consideran valioso recibir otra información que les dé más elementos de análisis. La información que les entregamos no son meras interpretaciones, son historias de personas acompañadas de datos duros, son hechos denunciados ante las instancias correspondientes en nuestro país que reflejan demandas legítimas; todo ello ayuda a contrarrestar la información del Estado”.

Tanto Arriaga como Hardaga entregaron amplios expedientes de casos documentados por sus organizaciones, entre ellos los que han llevado hasta la Corte Interamericana: las violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en 2002, y la detención ilegal y tortura a Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), en 1999. Las víctimas señalan a militares como responsables de los abusos.

A decir de ambos representantes de ONG, la militarización de la lucha contra el narcotráfico es uno de los temas que más le interesaron a sus interlocutores europeos, pero éstos abordaron también las agresiones contra defensores de derechos humanos, la impunidad y la violencia, específicamente la que sufren los migrantes indocumentados centroamericanos.

“En varias reuniones –enfatiza Hardaga– las organizaciones señalaron que constantemente son informadas (por el gobierno de Calderón) de la detención de capos, pero para ellos eso no significa que se esté ‘ganando’ la guerra, como lo reitera el gobierno. En ese sentido, el tema del fuero militar y el de la impunidad han sido recurrentes”.

Y según el director del Centro Prodh, los defensores mexicanos lograron transmitir que “en México la impunidad tiene expresiones muy concretas: la resistencia de los militares a ser juzgados en tribunales civiles, la falta de capacidad para que los gobernantes rindan cuentas sobre sus actos, los cambios cosméticos que pueden tener los cuerpos de la policía y la negativa a realizar un proceso de justicia transicional, es decir, la justicia en los crímenes del pasado”.

Tras recordar que, de acuerdo con la CNDH, de las 3 mil 598 quejas que recibió en 2009, en mil 791 se señaló a integrantes del Ejército como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos, Arriaga dice que con esos datos pudieron comprobar que “no se trata de un problema de denuncias aisladas (como afirma el gobierno federal)… los datos revelan que hay una estrategia de seguridad errónea en el combate a algunos delitos como el tráfico de drogas y el secuestro, pensada en la lógica de confrontación de la delincuencia organizada”.

El director del Centro Prodh apunta que las ONG mexicanas manifestaron en Europa su preocupación por que los abusos de militares son agravados por “la impunidad estructural que impide el acceso a la justicia para las víctimas: esto es, el fuero militar usado indebidamente para juzgar y procesar a militares que cometen dichas violaciones”.

Al respecto, Hardaga resalta el interés de las autoridades y las organizaciones europeas por la situación de los defensores de derechos humanos, sobre todo después de que el CDHM Tlachinollan les informara que el gobierno mexicano incumplió las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana a favor de 107 activistas guerrerenses.

Los abusos militares cometidos en la región de Ayutla de los Libres (entre ellos los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú) derivaron en al menos 13 averiguaciones previas desde 2006, sin que las investigaciones obtengan resultados.

Tal es la presión y la violencia contra los activistas, que el propio director del CDHM Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, fue galardonado este año con el premio Robert Kennedy de Derechos Humanos por ser aquel cuya vida corre mayor riesgo. El próximo noviembre Barrera recibirá el reconocimiento de manos de Ethel Kennedy, viuda del senador asesinado en 1969.

Contra la amnesia colectiva



Para los representantes del Centro Prodh y el CDHM Tlachinollan, la gira por Europa tenía como objetivo confrontar la versión del gobierno de Calderón sobre la situación de los derechos humanos en México, pero también buscar aliados para que se acaten las sentencias de la Corte Interamericana, que hasta ahora ha condenado al Estado mexicano por los casos de Rosendo Radilla y Campo Algodonero, relativo a la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez.

“Creemos importante que no sólo el sistema interamericano, sino otros actores estén atentos a que el Estado mexicano cumpla estas sentencias, sobre todo porque existe una posibilidad alta de que la Corte ordene, en el caso de los ecologistas, que se lleven a cabo reformas para reducir el uso de tortura, y que se garantice que las autoridades civiles sean las encargadas de investigar las violaciones cometidas por militares”, dice Arriaga, el director del Centro Prodh.

En cuanto al CDHM Tlachinollan, Hardaga juzga necesario “crear mecanismos de protección para defensoras y defensores de México; esperamos que las organizaciones internacionales presionen a sus países para que incluyan esta preocupación en sus respectivas agendas”.

Otro de los objetivos de la visita a Europa, resalta Arriaga, fue dar seguimiento a las recomendaciones que se le hicieron a México en el Examen Periódico Universal (EPU), las cuales no se han cumplido.

“Si bien las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes, por tratarse de un organismo internacional deberían ser atendidas por un país como México, que se ha ostentado como promotor de derechos humanos en el mundo”, dice.

“Tenemos firmados y ratificados todos los tratados, convenios y pactos en derechos humanos; desde el exterior te imaginarías que México debe tener otra realidad. Demandamos que México cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que adopte medidas para investigar estas violaciones e impedir que vuelvan a cometerse; queremos acceso a la justicia efectiva y que se proporcionen recursos adecuados para la reparación; en suma, queremos evitar una amnesia colectiva”, resume Arriaga. l