Los magistrados afines al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), apoyaron, practicaron y ordenaron las intromisiones telefónicas ilegales para espiar a periodistas y políticos opositores, según revela un documento publicado por el sitio Web WikiLeaks.
Según relata el cable, el embajador estadounidense en Colombia, William Brownfield, relató tras una reunión que sostuvo con el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, en octubre de 2009, que éste le había manifestado una sospecha de que la orden de las escuchas ilegales procedía del secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y del consejero presidencial, José Obdulio Gaviria.
El texto, difundido también por la publicación francesa Le Monde Diplomatique, indica que Brownfield anotó en su agenda que la confesión de Naranjo era solamente una especulación, no obstante, en el documento agregó que "una especulación del director de la Policía Nacional tiene muchas posibilidades de verificación".
Un mes después a este encuentro, según WikiLeaks, Brownfield comunicó que "Naranjo es la segunda persona más popular de Colombia y sin duda el miembro del Gobierno más inteligente y mejor informado", por lo que hizo un llamado a “tomar en cuenta muy seriamente sus opiniones”.
Por otro lado, WikiLeaks también involucra en el caso al que para ese entonces era vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien en septiembre del 2009 envió un comunicado secreto en una reunión entre diplomáticos en el que se advertía “que Uribe no había comprendido de verdad la profundidad de la crisis" suscitada por las escuchas ilegales.
Como respuesta a estos cables, el fiscal general encargado de Colombia, Guillermo Mendoza, afirmó que se investigaría a fondo la procedencia de los documentos y señaló en declaraciones radiales con los medios locales que “no se descarta llamar a Oscar Naranjo, como testigo en el caso de las chuzadas”.
"Toda persona que tenga información de un hecho que se perfile como delictual es un eventual testigo", expresó Mendoza.
Agregó que, si el oficial tiene un conocimiento directo de los hechos, sería importante su testimonio pero aseveró que, de tratarse sólo de sospechas, no sería útil en una investigación que ya va muy adelantada.
"Sobre estos cables no tenemos mayor información, es el primer conocimiento que tenemos sobre esas sospechas", indicó Mendoza.
El escándalo por las chuzadas comenzó en febrero de 2009, cuando se conoció que Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia), que depende directamente de la Presidencia, hizo seguimientos e interceptó ilegalmente los teléfonos de miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Varios ex funcionarios del DAS están presos y la Fiscalía investiga a los ex directores del organismo Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado, quienes ocuparon el cargo durante la administración Uribe.
En días recientes, la nueva Fiscal General colombiana, Viviane Morales, decidió en conjunto con el fiscal saliente, suspender la audiencia por el caso que se le sigue a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno ex secretario de la presidencia durante el mandato de Uribe, por espionaje telefónico y seguimiento a opositores.
El 28 de noviembre del presente año, WikiLeaks anunció la filtración de al menos 250 mil documentos de comunicaciones entre el Departamento de Estado de EE.UU. y sus embajadas alrededor del mundo.
La mayoría de los escritos revelan que las legaciones diplomáticas de Estados Unidos en América Latina y otros países funcionan como centros de vigilancia por órdenes del Departamento de Estado.
Reconocidos analistas internacionales, como el estadounidense James Petras, han señalado la necesidad de investigar estos archivos, porque puede que “los documentos filtrados en WikiLeaks hayan sido seleccionados para beneficiar a unos países y perjudicar a otros”.
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