Emir Olivares Alonso
Los abusos cometidos por el Ejército, acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demuestran que la actual administración federal aplica una “dictadura policiaco-cívico-militar”, en la que su guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra contra toda la sociedad, pues con los operativos “creen que todos somos traficantes”, señaló Augusto Sánchez Sandoval, especialista en seguridad nacional y política criminal de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM.
“Lo que estamos viendo con estos abusos es una represión grande; una especie de guerra civil en la que se usa al Ejército contra los mismos ciudadanos”, señaló el académico al referirse a los hechos de Coahuila, Michoacán y Sinaloa, donde el organismo encabezado por José Luis Soberanes acreditó graves violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos, abuso sexual y tratos inhumanos.
Para el universitario, las acciones que Felipe Calderón aplica contra la delincuencia organizada son un símbolo “no de gobierno, sino de ejercicio de poder, pues quiere demostrar que él lo ostenta”.
Sánchez Sandoval subrayó que Calderón está otorgando todo tipo de libertades a los militares, lo cual rebasa el estado de derecho. “El mismo Estado vulnera el estado de derecho, con lo que se concluye que estamos en una guerra en regiones específicas, en la cual los soldados hacen lo que se les da la gana: destruyen casas, incendian lo que está a su paso, asesinan, violan, eso es parte de una guerra”.
Señaló que pese a las recomendaciones emitidas ayer por la CNDH no solucionan la problemática, debido a que estos exhortos se quedan sólo en eso sin que se les pueda dar seguimiento. “El discurso respecto a los derechos humanos oculta en realidad la violencia que se ejerce detrás de ese mismo discurso; (en este caso) las garantías fundamentales sirven como parapeto para ocultar la represión”.
En ese sentido, adujo el especialista universitario, actualmente y con la política federal contra la delincuencia organizada “vivimos en una sociedad en la que el ciudadano está desnudo de derechos, pues no hay posibilidad de que el derecho pueda parar al poder pues está al servicio de éste”; y agregó que las comisiones de derechos humanos (estatales y nacional) deben asumir un papel más activo, de denuncia y seguimiento porque de lo contrario los abusos de poder “no los va a parar nadie”.
Por separado, David Mendoza, especialista en asuntos de seguridad, guerra y terrorismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que tras las revelaciones de la CNDH, el Ejército no puede exculpar a sus elementos y debe dar seguimiento y sanción a los responsables y no sólo darlos de baja.
Asimismo, propuso que para evitar que los militares continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía, las autoridades federales deben plantear la posibilidad que a los responsables de estos delitos, también se les juzgue en tribunales civiles para crear antecedentes y evitar la impunidad.
El investigador universitario aseveró que tras las conclusiones de la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que atender las recomendaciones, además de dar seguimiento, en estos y otros casos, a los juicios en contra de sus soldados y no sólo darlos de baja de la institución.
Los abusos cometidos por el Ejército, acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demuestran que la actual administración federal aplica una “dictadura policiaco-cívico-militar”, en la que su guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra contra toda la sociedad, pues con los operativos “creen que todos somos traficantes”, señaló Augusto Sánchez Sandoval, especialista en seguridad nacional y política criminal de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM.
“Lo que estamos viendo con estos abusos es una represión grande; una especie de guerra civil en la que se usa al Ejército contra los mismos ciudadanos”, señaló el académico al referirse a los hechos de Coahuila, Michoacán y Sinaloa, donde el organismo encabezado por José Luis Soberanes acreditó graves violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos, abuso sexual y tratos inhumanos.
Para el universitario, las acciones que Felipe Calderón aplica contra la delincuencia organizada son un símbolo “no de gobierno, sino de ejercicio de poder, pues quiere demostrar que él lo ostenta”.
Sánchez Sandoval subrayó que Calderón está otorgando todo tipo de libertades a los militares, lo cual rebasa el estado de derecho. “El mismo Estado vulnera el estado de derecho, con lo que se concluye que estamos en una guerra en regiones específicas, en la cual los soldados hacen lo que se les da la gana: destruyen casas, incendian lo que está a su paso, asesinan, violan, eso es parte de una guerra”.
Señaló que pese a las recomendaciones emitidas ayer por la CNDH no solucionan la problemática, debido a que estos exhortos se quedan sólo en eso sin que se les pueda dar seguimiento. “El discurso respecto a los derechos humanos oculta en realidad la violencia que se ejerce detrás de ese mismo discurso; (en este caso) las garantías fundamentales sirven como parapeto para ocultar la represión”.
En ese sentido, adujo el especialista universitario, actualmente y con la política federal contra la delincuencia organizada “vivimos en una sociedad en la que el ciudadano está desnudo de derechos, pues no hay posibilidad de que el derecho pueda parar al poder pues está al servicio de éste”; y agregó que las comisiones de derechos humanos (estatales y nacional) deben asumir un papel más activo, de denuncia y seguimiento porque de lo contrario los abusos de poder “no los va a parar nadie”.
Por separado, David Mendoza, especialista en asuntos de seguridad, guerra y terrorismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que tras las revelaciones de la CNDH, el Ejército no puede exculpar a sus elementos y debe dar seguimiento y sanción a los responsables y no sólo darlos de baja.
Asimismo, propuso que para evitar que los militares continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía, las autoridades federales deben plantear la posibilidad que a los responsables de estos delitos, también se les juzgue en tribunales civiles para crear antecedentes y evitar la impunidad.
El investigador universitario aseveró que tras las conclusiones de la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que atender las recomendaciones, además de dar seguimiento, en estos y otros casos, a los juicios en contra de sus soldados y no sólo darlos de baja de la institución.
jorge carrasco araizaga México, D.F. (apro).- Los atentados contra instalaciones de Pemex han derivado en trilladas críticas al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo que ha desviado la atención de los principales responsables de la alegada ineficiencia: la Presidencia de la República y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Sin duda que al director del Cisen, Guillermo Valdés, amigo personal del presidente Felipe Calderón, se le puede atribuir, por su ignorancia en materia de seguridad nacional, una alta responsabilidad en la ocurrencia de los atentados formalmente reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala en los dos meses recientes.
Al igual que el ahora titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien durante cuatro años del gobierno de Vicente Fox ocupó el cargo de director del Cisen, Valdés es un improvisado en la delicada tarea de elaborar inteligencia para la seguridad del Estado mexicano, pues su mérito es el de haber sido el encuestador que ayudó a Calderón a llegar a Los Pinos.
Además, está al frente de un organismo al que desde 2005 Medina Mora se ha encargado de desmantelar.
No es el único, pues el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, ha hecho lo propio, pero el ahora procurador general de la República sacó a importantes funcionarios para llevárselos primero a la SSP y luego a la PGR.
Más allá del encuestador, la responsabilidad de la recurrencia de los atentados recae de forma directa en Calderón y Ramírez Acuña, quien en su comparencia de este martes ante la Cámara de Diputados tendría que explicar lo que se ha presentado como una inoperancia del aparato de seguridad a su cargo.
Calderón es un responsable directo porque la Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Congreso a fines de 2005 creó el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), cuyo titular es él mismo.
El secretario ejecutivo de ese importante Consejo en el que participan nueve secretarías de Estado y el director del Cisen es nada menos que el exgobernador de Jalisco, como titular de Gobernación.
El CSN cuenta además con un poderoso secretario técnico, que es el encargado de coordinar el funcionamiento de dicho consejo, proponer políticas y lineamientos en seguridad nacional, presentar la Agenda Nacional de Riesgos al mismo, realizar el inventario de la infraestructura estratégica del país y mantener la relación con la comisión bicameral de Seguridad Nacional –integrada por tres senadores y tres diputados–, a la que en teoría el Ejecutivo le debe rendir cuentas.
La designación de ese funcionario es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo. Calderón llevó a ese importante cargo a una académica especializada en la materia, Sigrid Arzt Colunga, quien cuenta con recursos propios para el funcionamiento de su oficina adscrita a Los Pinos, y a la que en su primer año de operación le fueron autorizados más de 12 millones de pesos.
Superiores a las atribuciones de Arzt son las de Ramírez Acuña, quien como secretario ejecutivo del Consejo es el encargado, entre otras tareas, de concentrar la información en materia de seguridad nacional producida por las autoridades del país, no sólo las del ámbito federal, sino también los estados y municipios.
De acuerdo con el reglamento de “Coordinación de acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional” publicado por Fox el 29 de noviembre de 2006, un día antes de dejar la Presidencia, el secretario ejecutivo del CSN tiene también la responsabilidad de proponer acciones para enfrentar las amenazas de seguridad nacional, como lo sería la actuación de grupos que atenten contra el Estado.
El secretario ejecutivo tiene además la tarea de promover las políticas públicas para responder a acciones como las alegadas por el EPR y que, de ser ciertas, estarían exhibiendo fallas de todo el aparato de seguridad del Estado mexicano, incluidos los servicios de inteligencia militar.
Calderón y Ramírez Acuña, que hasta ahora han tenido como escudo de las críticas públicas al director del Cisen, tienen una responsabilidad política y legal directa, por lo que deben dar la cara ante la incierta situación en materia de seguridad en que se encuentra el Estado mexicano. (21 de septiembre de 2007)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
Sin duda que al director del Cisen, Guillermo Valdés, amigo personal del presidente Felipe Calderón, se le puede atribuir, por su ignorancia en materia de seguridad nacional, una alta responsabilidad en la ocurrencia de los atentados formalmente reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala en los dos meses recientes.
Al igual que el ahora titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien durante cuatro años del gobierno de Vicente Fox ocupó el cargo de director del Cisen, Valdés es un improvisado en la delicada tarea de elaborar inteligencia para la seguridad del Estado mexicano, pues su mérito es el de haber sido el encuestador que ayudó a Calderón a llegar a Los Pinos.
Además, está al frente de un organismo al que desde 2005 Medina Mora se ha encargado de desmantelar.
No es el único, pues el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, ha hecho lo propio, pero el ahora procurador general de la República sacó a importantes funcionarios para llevárselos primero a la SSP y luego a la PGR.
Más allá del encuestador, la responsabilidad de la recurrencia de los atentados recae de forma directa en Calderón y Ramírez Acuña, quien en su comparencia de este martes ante la Cámara de Diputados tendría que explicar lo que se ha presentado como una inoperancia del aparato de seguridad a su cargo.
Calderón es un responsable directo porque la Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Congreso a fines de 2005 creó el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), cuyo titular es él mismo.
El secretario ejecutivo de ese importante Consejo en el que participan nueve secretarías de Estado y el director del Cisen es nada menos que el exgobernador de Jalisco, como titular de Gobernación.
El CSN cuenta además con un poderoso secretario técnico, que es el encargado de coordinar el funcionamiento de dicho consejo, proponer políticas y lineamientos en seguridad nacional, presentar la Agenda Nacional de Riesgos al mismo, realizar el inventario de la infraestructura estratégica del país y mantener la relación con la comisión bicameral de Seguridad Nacional –integrada por tres senadores y tres diputados–, a la que en teoría el Ejecutivo le debe rendir cuentas.
La designación de ese funcionario es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo. Calderón llevó a ese importante cargo a una académica especializada en la materia, Sigrid Arzt Colunga, quien cuenta con recursos propios para el funcionamiento de su oficina adscrita a Los Pinos, y a la que en su primer año de operación le fueron autorizados más de 12 millones de pesos.
Superiores a las atribuciones de Arzt son las de Ramírez Acuña, quien como secretario ejecutivo del Consejo es el encargado, entre otras tareas, de concentrar la información en materia de seguridad nacional producida por las autoridades del país, no sólo las del ámbito federal, sino también los estados y municipios.
De acuerdo con el reglamento de “Coordinación de acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional” publicado por Fox el 29 de noviembre de 2006, un día antes de dejar la Presidencia, el secretario ejecutivo del CSN tiene también la responsabilidad de proponer acciones para enfrentar las amenazas de seguridad nacional, como lo sería la actuación de grupos que atenten contra el Estado.
El secretario ejecutivo tiene además la tarea de promover las políticas públicas para responder a acciones como las alegadas por el EPR y que, de ser ciertas, estarían exhibiendo fallas de todo el aparato de seguridad del Estado mexicano, incluidos los servicios de inteligencia militar.
Calderón y Ramírez Acuña, que hasta ahora han tenido como escudo de las críticas públicas al director del Cisen, tienen una responsabilidad política y legal directa, por lo que deben dar la cara ante la incierta situación en materia de seguridad en que se encuentra el Estado mexicano. (21 de septiembre de 2007)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
josé gil olmos México, D.F., 19 de septiembre (apro).- Hace cuatro meses Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron capturados en Oaxaca y, hasta la fecha, no se sabe de ellos. Son los primeros desaparecidos políticos del gobierno de Felipe Calderón, el que al parecer está dispuesto a reeditar los instrumentos de la guerra sucia de los años setenta.
En un sistema presidencialista como el de México, es muy difícil creer que el jefe del Ejecutivo desconozca el paradero de los dos activistas del EPR, sobre todo después que dicho grupo ha concretado dos series de sabotajes a ductos de Pemex, con costos millonarios.
Por eso suenan a burla las declaraciones del gobierno federal, del Ejército, aunadas a la comparsa del ombudsman nacional, en el sentido de que no tienen idea de dónde estarán los dos milicianos del EPR desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca, y de que no están ni han estado en cárceles militares, como si en éstas se llevara un registro público de los detenidos.
También suenan a burla las declaraciones del secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Sáynez, así como las del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, de que todo se reduce a un ajuste de cuentas entre la guerrilla.
Es verdad que entre los grupos insurgentes ha habido estos ajustes internos, y que en algunos casos éstos han derivado en asesinatos. Pero siempre han sido en sigilo, para no llamar la atención, y en esta situación en particular, todo indica que se trata de una operación del gobierno federal.
Hay muchas versiones de cómo se dio la captura. La primera fue que policías de Oaxaca los detuvieron fortuitamente en un hotel de la capital llamado “El Arbol” y, cuando descubrieron quiénes eran los activistas, los entregaron a los militares, los que los torturaron varios días, a tal grado que los sacaron en camilla para transportarlos a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México.
Felipe Edgardo Canseco, exguerrillero, abogado e integrante de la organización política Izquierda Democrática Popular, reveló a Proceso esta semana (edición 1611) que el 9 de agosto, poco después del mediodía, un militar de uniforme, que se identificó con credencial del Ejército, acudió a sus oficinas para decirles que había visto a los dos miembros del EPR ingresar a las instalaciones del Campo Militar Número 1, un hecho que el gobierno de Calderón y la propia Sedena han negado en varias ocasiones.
Esta misma información coincide con la que el EPR ha repetido en al menos la mitad de un total de 32 comunicados emitidos desde el 2 de junio pasado, cuando denunció por primera vez que sus dos militantes habían sido detenidos en Oaxaca el 25 de mayo, “entre las 20:00 y 22:00 horas en una acción fortuita de la policía”.
La desaparición de los dos eperristas ha sido desdeñada por el gobierno de Calderón Hinojosa, el cual se ha concentrado en denostar los ataques del grupo rebelde. Pero tendría que responder primero a la clara violación de los derechos humanos que se está perpetrando contra Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes se encuentran desparecidos por pertenecer a un grupo social armado, cuyos objetivos esenciales pugnan por abatir la pobreza, marginación y olvido para más de 50 millones de mexicanos sumidos en la miseria.
Calderón se equivoca, como lo hicieron por 40 años los gobiernos priistas, en utilizar la fuerza militar y policiaca para enfrentar a los grupos insurgentes. Es poco inteligente repetir tácticas que han demostrado su ineficacia: la represión y la violencia institucional sólo radicaliza más a la sociedad y alienta la proliferación de grupos armados. La lección de los setenta es la prueba más fehaciente de que el camino es otro.
Se trata de buscar vías para el diálogo con el EPR, presentar con vida a sus dos activistas para que sean juzgados si son encontrados responsables de algunos delitos y, sobre todo, desplegar programas agresivos contra la pobreza en las regiones marginadas del país.
Es en estos lugares donde se encuentran las bases de apoyo de la guerrilla y también los cultivos del narcotráfico, el que de paso también saca provecho de esta deplorable situación.
En un sistema presidencialista como el de México, es muy difícil creer que el jefe del Ejecutivo desconozca el paradero de los dos activistas del EPR, sobre todo después que dicho grupo ha concretado dos series de sabotajes a ductos de Pemex, con costos millonarios.
Por eso suenan a burla las declaraciones del gobierno federal, del Ejército, aunadas a la comparsa del ombudsman nacional, en el sentido de que no tienen idea de dónde estarán los dos milicianos del EPR desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca, y de que no están ni han estado en cárceles militares, como si en éstas se llevara un registro público de los detenidos.
También suenan a burla las declaraciones del secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Sáynez, así como las del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, de que todo se reduce a un ajuste de cuentas entre la guerrilla.
Es verdad que entre los grupos insurgentes ha habido estos ajustes internos, y que en algunos casos éstos han derivado en asesinatos. Pero siempre han sido en sigilo, para no llamar la atención, y en esta situación en particular, todo indica que se trata de una operación del gobierno federal.
Hay muchas versiones de cómo se dio la captura. La primera fue que policías de Oaxaca los detuvieron fortuitamente en un hotel de la capital llamado “El Arbol” y, cuando descubrieron quiénes eran los activistas, los entregaron a los militares, los que los torturaron varios días, a tal grado que los sacaron en camilla para transportarlos a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México.
Felipe Edgardo Canseco, exguerrillero, abogado e integrante de la organización política Izquierda Democrática Popular, reveló a Proceso esta semana (edición 1611) que el 9 de agosto, poco después del mediodía, un militar de uniforme, que se identificó con credencial del Ejército, acudió a sus oficinas para decirles que había visto a los dos miembros del EPR ingresar a las instalaciones del Campo Militar Número 1, un hecho que el gobierno de Calderón y la propia Sedena han negado en varias ocasiones.
Esta misma información coincide con la que el EPR ha repetido en al menos la mitad de un total de 32 comunicados emitidos desde el 2 de junio pasado, cuando denunció por primera vez que sus dos militantes habían sido detenidos en Oaxaca el 25 de mayo, “entre las 20:00 y 22:00 horas en una acción fortuita de la policía”.
La desaparición de los dos eperristas ha sido desdeñada por el gobierno de Calderón Hinojosa, el cual se ha concentrado en denostar los ataques del grupo rebelde. Pero tendría que responder primero a la clara violación de los derechos humanos que se está perpetrando contra Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes se encuentran desparecidos por pertenecer a un grupo social armado, cuyos objetivos esenciales pugnan por abatir la pobreza, marginación y olvido para más de 50 millones de mexicanos sumidos en la miseria.
Calderón se equivoca, como lo hicieron por 40 años los gobiernos priistas, en utilizar la fuerza militar y policiaca para enfrentar a los grupos insurgentes. Es poco inteligente repetir tácticas que han demostrado su ineficacia: la represión y la violencia institucional sólo radicaliza más a la sociedad y alienta la proliferación de grupos armados. La lección de los setenta es la prueba más fehaciente de que el camino es otro.
Se trata de buscar vías para el diálogo con el EPR, presentar con vida a sus dos activistas para que sean juzgados si son encontrados responsables de algunos delitos y, sobre todo, desplegar programas agresivos contra la pobreza en las regiones marginadas del país.
Es en estos lugares donde se encuentran las bases de apoyo de la guerrilla y también los cultivos del narcotráfico, el que de paso también saca provecho de esta deplorable situación.
... 1300 days isolated.
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