arturo rodríguez garcía * Denuncia presiones para no investigar a los senadores Guillermo Anaya y Ernesto Saro
Saltillo, Coah., 15 de octubre (apro).- El informe de gobierno de Humberto Moreira se convirtió en un foro de denuncia, en donde el mandatario arremetió contra sus opositores del blanquiazul, de quienes acusó se visten de santones pero “están hasta las chanclas en el narcotráfico”.
Una breve entrevista, antes de presentar su informe, bastó para que el gobernador de extracción priista anticipara que “se acabó el silencio” y calificara a los panistas de “rateros, canguros, corrientes y pandilleros”.
“Este día renace una posición distinta: vamos a ir con el mismo trabajo y con la misma vocación, pero este día vamos a desenmascarar a los rateros panistas, así tengan la protección divina de los jerarcas panistas.
“Este día vamos a exigir que aquellos que están involucrados con el narco y que son panistas sean investigados y, de ser necesario, encarcelados”, advirtió.
Las declaraciones surgieron luego de que diputados panistas en el Congreso local advirtieron que abandonarían el recinto legislativo por un desacuerdo en el horario y el formato del segundo Informe. El Ejecutivo estatal había propuso que el evento comenzara a las ocho de la mañana, por lo que los legisladores deberían sesionar en la madrugada.
Moreira Valdés respondió entonces que tenía expedientes guardados de los legisladores panistas, los que exhibiría si abandonaban la sesión solemne del Informe.
Pero los panistas cumplieron.
Declarado el quórum legal, los diputados del blanquiazul protestaron y abandonaron las curules.
Momentos antes de entrar al recinto, Moreira Valdés explicó que esa protesta tenía como origen su negativa a negociar la aprobación de cuentas públicas de exalcaldes panistas que están siendo objeto de investigación en la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso.
“Lo plantearon de una manera burda y corriente, como son: ‘No le hacemos ruido en su Informe a cambio de que nos ayuden con unas cosillas’, como las tranzas del Sistema Municipal de Agua en Torreón; como las tranzas en Frontera; como el cobro del predial, y como lo que viene en la revista Proceso: de los vínculos de Guillermo Anaya con el narcotráfico. Es decir, que no investiguemos y no hagamos ruido”.
Moreira insistió:
“Me pidieron que interviniera, cuando no es ni mi facultad ni mi deseo, para que quienes fueron alcaldes panistas no se les haga nada porque hicieron actos indebidos”. De entre el gentío, ‘Chabela’, una popular dirigente del PRI, gritó: “Son ratas”.
Y Moreira completó:
--No señora, no son ratas: son canguros. No vamos a ayudarle a ninguno de estos ladrones.
Precisó que la petición específica era sobre “un indulto” para el exalcalde de Ciudad Frontera y actual secretario general del PAN en la entidad, Mario Alberto Dávila, a quien se le investiga por el desfalco de casi 8 millones de pesos.
El gobernador de Coahuila expuso que le solicitaron se comprometiera a abandonar la investigación de tráfico de tierras en el municipio de Ramos Arizpe, durante el periodo de Ernesto Saro, actual senador, a quien se acusa de especular con bienes raíces con uso indebido de información privilegiada.
Además, se retiraran las pesquisas sobre una serie de supuestas corruptelas en el ayuntamiento panista de Torreón, que encabezó el actual senador Guillermo Anaya Llamas, a quien Moreira dirigió gran parte de su alocución.
Sostuvo que el hecho de que Guillermo Anaya sea “compadre” del presidente Felipe Calderón echa abajo la supuesta lucha federal contra el narco, tal y como lo reseñó Proceso 1614.
Moreira Valdés se refería a la publicación de un vínculo del senador Guillermo Anaya con el narco, pues su hermana, estuvo casada con Adolfo Villarreal Barragán, hermano de Sergio “El Grande”, a quienes la PGR considera operadores en jefe del cártel del Pacífico en la Comarca Lagunera.
Según diversas versiones, “El Grande” habría estado en el bautizo de la hija de Guillermo Anaya, a la que apadrinó Calderón Hinojosa, aunque el senador lo ha negado reiteradamente.
Moreira Valdés dijo que al igual que Vicente Fox y Marta Sahagún se enriquecieron a su paso por la Presidencia, así mismo lo han hecho los panistas en Coahuila, por lo que cuestionó a sus opositores en el Congreso:
“¿Qué quieren?, ¿que me cruce de brazos cuando vemos que saquean los municipios; que me convierta en esa clase de políticos que llegan a acuerdos en lo oscurito y salvan a ladrones que se están llevando el dinero del pueblo? ¿Que diga sí a la gasolina?
“No voy a decir que sí porque era más fácil reducir 10% del gasto corriente del gobierno federal y hubiéramos obtenido más recursos.
“¿Qué quieren que haga? ¿Que me cruce de brazos cuando vienen y se mueren aquí nuestros mineros de Pasta de Conchos, y luego salen con distractores pegándole a la empresa, cuando el verdadero culpable es el exdelegado del Trabajo (Pedro Camarillo Adame) protegido de Jorge Zermeño? Ese es el asesino.
“¿Qué quieren que haga?, que me cruce de brazos cuando hay hermanos nuestros que no tienen lo indispensable para vivir con dignidad? Eso no lo voy a hacer”, dijo en respuesta a los señalamientos de “populista” que le han hecho.
Ya para cerrar y presentar su Informe, los reporteros le preguntaron si no lo habían amenazado, a lo que Moreira respondió que se necesitaban muchos pantalones para amenazarlo, aunque responsabilizó a Felipe Calderón, a Guillermo Anaya, al líder nacional panista Manuel Espino y al propio blanquiazul de lo que pudiera ocurrirle a él y a su familia.
Una breve entrevista, antes de presentar su informe, bastó para que el gobernador de extracción priista anticipara que “se acabó el silencio” y calificara a los panistas de “rateros, canguros, corrientes y pandilleros”.
“Este día renace una posición distinta: vamos a ir con el mismo trabajo y con la misma vocación, pero este día vamos a desenmascarar a los rateros panistas, así tengan la protección divina de los jerarcas panistas.
“Este día vamos a exigir que aquellos que están involucrados con el narco y que son panistas sean investigados y, de ser necesario, encarcelados”, advirtió.
Las declaraciones surgieron luego de que diputados panistas en el Congreso local advirtieron que abandonarían el recinto legislativo por un desacuerdo en el horario y el formato del segundo Informe. El Ejecutivo estatal había propuso que el evento comenzara a las ocho de la mañana, por lo que los legisladores deberían sesionar en la madrugada.
Moreira Valdés respondió entonces que tenía expedientes guardados de los legisladores panistas, los que exhibiría si abandonaban la sesión solemne del Informe.
Pero los panistas cumplieron.
Declarado el quórum legal, los diputados del blanquiazul protestaron y abandonaron las curules.
Momentos antes de entrar al recinto, Moreira Valdés explicó que esa protesta tenía como origen su negativa a negociar la aprobación de cuentas públicas de exalcaldes panistas que están siendo objeto de investigación en la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso.
“Lo plantearon de una manera burda y corriente, como son: ‘No le hacemos ruido en su Informe a cambio de que nos ayuden con unas cosillas’, como las tranzas del Sistema Municipal de Agua en Torreón; como las tranzas en Frontera; como el cobro del predial, y como lo que viene en la revista Proceso: de los vínculos de Guillermo Anaya con el narcotráfico. Es decir, que no investiguemos y no hagamos ruido”.
Moreira insistió:
“Me pidieron que interviniera, cuando no es ni mi facultad ni mi deseo, para que quienes fueron alcaldes panistas no se les haga nada porque hicieron actos indebidos”. De entre el gentío, ‘Chabela’, una popular dirigente del PRI, gritó: “Son ratas”.
Y Moreira completó:
--No señora, no son ratas: son canguros. No vamos a ayudarle a ninguno de estos ladrones.
Precisó que la petición específica era sobre “un indulto” para el exalcalde de Ciudad Frontera y actual secretario general del PAN en la entidad, Mario Alberto Dávila, a quien se le investiga por el desfalco de casi 8 millones de pesos.
El gobernador de Coahuila expuso que le solicitaron se comprometiera a abandonar la investigación de tráfico de tierras en el municipio de Ramos Arizpe, durante el periodo de Ernesto Saro, actual senador, a quien se acusa de especular con bienes raíces con uso indebido de información privilegiada.
Además, se retiraran las pesquisas sobre una serie de supuestas corruptelas en el ayuntamiento panista de Torreón, que encabezó el actual senador Guillermo Anaya Llamas, a quien Moreira dirigió gran parte de su alocución.
Sostuvo que el hecho de que Guillermo Anaya sea “compadre” del presidente Felipe Calderón echa abajo la supuesta lucha federal contra el narco, tal y como lo reseñó Proceso 1614.
Moreira Valdés se refería a la publicación de un vínculo del senador Guillermo Anaya con el narco, pues su hermana, estuvo casada con Adolfo Villarreal Barragán, hermano de Sergio “El Grande”, a quienes la PGR considera operadores en jefe del cártel del Pacífico en la Comarca Lagunera.
Según diversas versiones, “El Grande” habría estado en el bautizo de la hija de Guillermo Anaya, a la que apadrinó Calderón Hinojosa, aunque el senador lo ha negado reiteradamente.
Moreira Valdés dijo que al igual que Vicente Fox y Marta Sahagún se enriquecieron a su paso por la Presidencia, así mismo lo han hecho los panistas en Coahuila, por lo que cuestionó a sus opositores en el Congreso:
“¿Qué quieren?, ¿que me cruce de brazos cuando vemos que saquean los municipios; que me convierta en esa clase de políticos que llegan a acuerdos en lo oscurito y salvan a ladrones que se están llevando el dinero del pueblo? ¿Que diga sí a la gasolina?
“No voy a decir que sí porque era más fácil reducir 10% del gasto corriente del gobierno federal y hubiéramos obtenido más recursos.
“¿Qué quieren que haga? ¿Que me cruce de brazos cuando vienen y se mueren aquí nuestros mineros de Pasta de Conchos, y luego salen con distractores pegándole a la empresa, cuando el verdadero culpable es el exdelegado del Trabajo (Pedro Camarillo Adame) protegido de Jorge Zermeño? Ese es el asesino.
“¿Qué quieren que haga?, que me cruce de brazos cuando hay hermanos nuestros que no tienen lo indispensable para vivir con dignidad? Eso no lo voy a hacer”, dijo en respuesta a los señalamientos de “populista” que le han hecho.
Ya para cerrar y presentar su Informe, los reporteros le preguntaron si no lo habían amenazado, a lo que Moreira respondió que se necesitaban muchos pantalones para amenazarlo, aunque responsabilizó a Felipe Calderón, a Guillermo Anaya, al líder nacional panista Manuel Espino y al propio blanquiazul de lo que pudiera ocurrirle a él y a su familia.
josé gil olmos México, D.F., 16 de octubre (apro).- Este lunes el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, lanzó una acusación grave: la vinculación de miembros importantes del PAN con el narcotráfico. Aunque se han querido negar o esconder, este es un hecho con una larga historia de nombres desde hace más de una década.
Las versiones de una estrecha vinculación entre panistas distinguidos y jefes de algunos de los carteles más importantes no son nuevas. Cuando Francisco Barrio llegó al gobierno de Chihuahua surgieron acusaciones de que negociaba con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”; y a Ernesto Rufo, como gobernador de Baja California, se le vinculó con los hermanos Arellano Félix. Cuando era gobernador de Morelos, a Sergio Estrada Cajigal se le descubrió una relación con Nadia Esparragoza, la hija de Juan José Esparragoza, “El Azul”, uno de los jefes del cartel de Juárez.
Otro de los casos es el del actual embajador de México en Canadá, el sinaloense Emilio Goicoechea, quien fuera secretario particular de Vicente Fox en Los Pinos y quien en 1992 quiso ser gobernador de su estado. La revista Proceso (1590) publicó un amplio reportaje en el que se exponían fotos de Goicochea con Genaro Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, tomadas cuando hacía campaña por la gubernatura de Sinaloa.
En 12 fotografías se comprobaba la versión que por años había transcurrido: que Goicoechea había tenido un encuentro con Genaro Caro y que su campaña había tenido apoyo del narcotráfico. Pero ese no fue el único escándalo en el que estuvo involucrado el panista sinaloense. Cuando era secretario particular de Fox, contrató a Nahum Acosta como director de giras de la Presidencia, quien fue detenido el 3 de febrero de este año bajo la acusación de haber filtrado la agenda del Ejecutivo Federal a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
El texto escrito por el reportero Alejandro Gutiérrez sobre las fotos de Goicoechea y el hermano de Caro Quintero no tuvo ninguna respuesta del panista y tampoco del gobierno de Felipe Calderón, a quien representa en Canadá. Y el que calla otorga.
Un caso más es el de Saúl Rubio, quien era candidato a diputado, y Wilfrido Veliz Figueroa, aspirante a presidente municipal de Culiacán. Ambos asistieron al sepelio del narcotraficante Miguel Ángel Beltrán, “El Ceja Güera”. Aunque en noviembre del 2004 recibieron el apoyo del dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, al final tuvieron que ser sustituidos, pues fueron denunciados penalmente por el PRI.
El caso más reciente y que atañe directamente a Felipe Calderón es el que denunció el profesor Moreira en su pasado Informe de Gobierno: “Queremos que se investigue a quienes tienen vínculos con el narcotráfico y son panistas (…) No he recibido amenazas, pero ahorita que destapo que están vinculados con el narcotráfico como lo dijo la revista Proceso, ellos van a estar atacando, además son unos rateros y lo podemos demostrar”, declaró el gobernador de Coahuila y responsabilizó de su seguridad al propio presidente de la República y al senador del PAN, Guillermo Anaya.
En su número 1583 de marzo de este año Proceso publicó un reportaje sobre la ampliación del narcotráfico en la comarca lagunera (Durango y Coahuila) y la presunta vinculación del capo Sergio Villarreal, “El Grande”, con el senador del PAN, Guillermo Anaya y con la exalcadesa Rosario Castro Lozano, hermana del exasesor jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación.
La acusación de Moreira vincula directamente a Felipe Calderón, si tomamos en cuenta que, como se publicó en Proceso, el 24 de agosto del 2006, asistió a una fiesta para apadrinar a la hija del senador Guillermo Anaya Llamas y en el ágape estaba nada más y nada menos que Sergio Villareal “El Grande”, quien es investigado por la PGR por presuntos vínculos con el narcotráfico y es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana del legislador del PAN.
Es imposible que para entonces el Estado Mayor Presidencial, que cuidaba a Felipe Calderón, no estuviera al tanto de la relación de la familia de Guillermo Anaya con el hermano del narcotraficante. El compadrazgo ahí concretado tendría graves repercusiones que hoy ya vemos.
El gobernador de Coahuila ha pedido que se investigue la relación de los dos panistas con “El Grande”, sobre todo porque, según lo publicado en Proceso (número 1583) Rosario Castro Lozano es señalada como protectora del narcotraficante.
“Fuentes del más alto nivel del gobierno de Durango la señalan como protectora de Sergio Villarreal, sucesor de “El Chaky”. Aseguran que durante un operativo que encabezó en Lerdo, Durango, el comandante de la Décima Región Militar, Roberto Miranda, para detener al narcotraficante, Rosario le pidió que no entrara”.
Moreira, luego de entregar su segundo Informe lanzó el reto: “Los panistas tienen miedo a las investigaciones por su parentesco con el narcotráfico y el alto mando tiene compadrazgos con los narcotraficantes, luego dicen que lleguemos a acuerdos en lo oscurito, que les perdonemos los 7 millones y medio (de pesos) que se robó uno de esos panistas, pero no vamos a perdonarles nada, vamos a desenmascarar a aquellos que tienen doble moral; no vamos a negociar nada, ellos pueden decir que son amigos de los pobres, y como dijo Lucerito: ‘¿Y qué?’.”
Esas palabras suenan a reto. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ya pidió pruebas e inició así la estrategia del gobierno calderonista de aislar el problema, dejarlo que se muera solo en los medios y “no hacer olas”. Pero las pruebas las hay, están en la PGR y este asunto seguramente crecerá con el tiempo y en algún momento reventará en Los Pinos.
Las versiones de una estrecha vinculación entre panistas distinguidos y jefes de algunos de los carteles más importantes no son nuevas. Cuando Francisco Barrio llegó al gobierno de Chihuahua surgieron acusaciones de que negociaba con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”; y a Ernesto Rufo, como gobernador de Baja California, se le vinculó con los hermanos Arellano Félix. Cuando era gobernador de Morelos, a Sergio Estrada Cajigal se le descubrió una relación con Nadia Esparragoza, la hija de Juan José Esparragoza, “El Azul”, uno de los jefes del cartel de Juárez.
Otro de los casos es el del actual embajador de México en Canadá, el sinaloense Emilio Goicoechea, quien fuera secretario particular de Vicente Fox en Los Pinos y quien en 1992 quiso ser gobernador de su estado. La revista Proceso (1590) publicó un amplio reportaje en el que se exponían fotos de Goicochea con Genaro Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, tomadas cuando hacía campaña por la gubernatura de Sinaloa.
En 12 fotografías se comprobaba la versión que por años había transcurrido: que Goicoechea había tenido un encuentro con Genaro Caro y que su campaña había tenido apoyo del narcotráfico. Pero ese no fue el único escándalo en el que estuvo involucrado el panista sinaloense. Cuando era secretario particular de Fox, contrató a Nahum Acosta como director de giras de la Presidencia, quien fue detenido el 3 de febrero de este año bajo la acusación de haber filtrado la agenda del Ejecutivo Federal a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
El texto escrito por el reportero Alejandro Gutiérrez sobre las fotos de Goicoechea y el hermano de Caro Quintero no tuvo ninguna respuesta del panista y tampoco del gobierno de Felipe Calderón, a quien representa en Canadá. Y el que calla otorga.
Un caso más es el de Saúl Rubio, quien era candidato a diputado, y Wilfrido Veliz Figueroa, aspirante a presidente municipal de Culiacán. Ambos asistieron al sepelio del narcotraficante Miguel Ángel Beltrán, “El Ceja Güera”. Aunque en noviembre del 2004 recibieron el apoyo del dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, al final tuvieron que ser sustituidos, pues fueron denunciados penalmente por el PRI.
El caso más reciente y que atañe directamente a Felipe Calderón es el que denunció el profesor Moreira en su pasado Informe de Gobierno: “Queremos que se investigue a quienes tienen vínculos con el narcotráfico y son panistas (…) No he recibido amenazas, pero ahorita que destapo que están vinculados con el narcotráfico como lo dijo la revista Proceso, ellos van a estar atacando, además son unos rateros y lo podemos demostrar”, declaró el gobernador de Coahuila y responsabilizó de su seguridad al propio presidente de la República y al senador del PAN, Guillermo Anaya.
En su número 1583 de marzo de este año Proceso publicó un reportaje sobre la ampliación del narcotráfico en la comarca lagunera (Durango y Coahuila) y la presunta vinculación del capo Sergio Villarreal, “El Grande”, con el senador del PAN, Guillermo Anaya y con la exalcadesa Rosario Castro Lozano, hermana del exasesor jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación.
La acusación de Moreira vincula directamente a Felipe Calderón, si tomamos en cuenta que, como se publicó en Proceso, el 24 de agosto del 2006, asistió a una fiesta para apadrinar a la hija del senador Guillermo Anaya Llamas y en el ágape estaba nada más y nada menos que Sergio Villareal “El Grande”, quien es investigado por la PGR por presuntos vínculos con el narcotráfico y es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana del legislador del PAN.
Es imposible que para entonces el Estado Mayor Presidencial, que cuidaba a Felipe Calderón, no estuviera al tanto de la relación de la familia de Guillermo Anaya con el hermano del narcotraficante. El compadrazgo ahí concretado tendría graves repercusiones que hoy ya vemos.
El gobernador de Coahuila ha pedido que se investigue la relación de los dos panistas con “El Grande”, sobre todo porque, según lo publicado en Proceso (número 1583) Rosario Castro Lozano es señalada como protectora del narcotraficante.
“Fuentes del más alto nivel del gobierno de Durango la señalan como protectora de Sergio Villarreal, sucesor de “El Chaky”. Aseguran que durante un operativo que encabezó en Lerdo, Durango, el comandante de la Décima Región Militar, Roberto Miranda, para detener al narcotraficante, Rosario le pidió que no entrara”.
Moreira, luego de entregar su segundo Informe lanzó el reto: “Los panistas tienen miedo a las investigaciones por su parentesco con el narcotráfico y el alto mando tiene compadrazgos con los narcotraficantes, luego dicen que lleguemos a acuerdos en lo oscurito, que les perdonemos los 7 millones y medio (de pesos) que se robó uno de esos panistas, pero no vamos a perdonarles nada, vamos a desenmascarar a aquellos que tienen doble moral; no vamos a negociar nada, ellos pueden decir que son amigos de los pobres, y como dijo Lucerito: ‘¿Y qué?’.”
Esas palabras suenan a reto. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ya pidió pruebas e inició así la estrategia del gobierno calderonista de aislar el problema, dejarlo que se muera solo en los medios y “no hacer olas”. Pero las pruebas las hay, están en la PGR y este asunto seguramente crecerá con el tiempo y en algún momento reventará en Los Pinos.
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