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En este documento se demuestra que el gobierno del ex presidente ERNESTO ZEDILLO operó una maquinación perversa y dolosa para encarcelar y someter a juicio a MARIO VILLANUEVA MADRID con acusaciones que no tienen ningún sustento. Los hechos que más adelante se describen de manera resumida, se basan en la experiencia directa del principal implicado y se cuenta con las pruebas y testigos que sustentan la veracidad de lo que aquí se expone.
A mediados del año dos mil siete se cumplieron ocho años y medio del inicio de las acusaciones contra MARIO VILLANUEVA, de los cuales más de seis años los ha pasado preso en una cárcel de máxima seguridad, sometido a proceso penal. En todo este lapso, algunos funcionarios de la Procuraduría General de la República han actuado de manera dolosa al presionar al Poder Judicial Federal y maniobrar con argucias legales para mantener preso al ex Gobernador de Quintana Roo, demorando y obstaculizando su proceso, como se documenta en estas notas.
ORIGEN DE LAS
ACUSACIONES
En mil novecientos noventa y ocho las autoridades federales mexicanas presentaban resultados exiguos y de poca importancia en el combate al narcotráfico. Esta falta de resultados era constantemente cuestionada por el Gobierno de los Estados Unidos de América y ponía en riesgo el otorgamiento de la Certificación anual correspondiente a mil novecientos noventa y ocho, que el Gobierno del vecino país debía decidir en marzo de mil novecientos noventa y nueve.
En este contexto, durante el segundo semestre de mil novecientos noventa y ocho, en diversos medios de comunicación se difundió información sobre investigaciones de la Procuraduría General de la República en las que se involucraba a varios políticos mexicanos relacionándoles con actividades de narcotráfico, con base en declaraciones de testigos protegidos de la Procuraduría. De este modo se mencionaron los nombres de los gobernadores de los Estados de Chihuahua, Yucatán, Campeche, Morelos, Sonora, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, así como de algunos miembros del Gabinete Presidencial.
En los últimos meses de mil novecientos noventa y ocho, el Gobierno Federal, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República, empezaron a actuar únicamente en contra del entonces Gobernador de Quintana Roo, MARIO VILLANUEVA MADRID.
La Procuraduría no actuó contra los demás políticos de alto nivel a los que había involucrado en el narcotráfico, sin informar las razones de ello, pero los nombres de esas personas y las imputaciones en su contra permanecen en el expediente sin haber sido aclaradas las acusaciones, aunque de su sola lectura se observa que son evidentemente falsas, fabricadas todas con interés doloso.
Entre diciembre de mil novecientos noventa y ocho y marzo de mil novecientos noventa y nueve, con una rapidez inusitada, la Procuraduría General de la República integró un expediente contra MARIO VILLANUEVA MADRID con base en acusaciones cuyo único sustento son las declaraciones de testigos protegidos que, a cambio de diversos beneficios, se prestaron a fabricar hechos falsos en colaboración con la mencionada Procuraduría. Este expediente fue consignado el cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve ante el Juez obteniendo la orden de aprehensión en esa misma fecha, precisamente el día en que MARIO VILLANUEVA debía entregar el Gobierno del Estado, tal y como públicamente se había anunciado en los medios de comunicación.
Por primera vez se ejercía acción penal contra un político de ese nivel, del partido en el poder. Las razones por las cuales se decidió sacrificar a MARIO VILLANUEVA MADRID tuvieron su origen en varias diferencias de fondo con el entonces Presidente de la República que podrían calificarse como una grave indisciplina política, inusual en el sistema político vigente en esa época. Entre esas diferencias destacan las siguientes:
1.- La oposición de MARIO VILLANUEVA MADRID a intervenir para cancelar ilegalmente una elección de diputado local en Cancún, Quintana Roo, que ya había sido calificada y validada por el Tribunal Estatal Electoral. El entonces Secretario de Gobernación Federal solicitó a MARIO VILLANUEVA que operara de forma extralegal para anular dicha elección por instrucciones del Presidente de la República, pues esa diputación formaba parte de una negociación con el Partido Acción Nacional para que este partido apoyara la “Reforma del Estado”.
Ante la negativa del entonces Gobernador de Quintana Roo, fundada en el riesgo político que dicha acción provocaría en el Estado, lo que le explicó en forma personal al Presidente, este último, visiblemente molesto, respondió que enviaría una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que las elecciones locales quedaran en manos de un Tribunal Federal, lo que efectivamente hizo.
2.- MARIO VILLANUEVA MADRID se negó a participar en la imposición de un candidato a diputado federal por Quintana Roo, propuesto por el Presidente de la República en contra de la decisión del priísmo estatal. Al final, el Presidente, a través del Secretario de Gobernación, terminó por imponer como candidato a diputado a una persona distinta a la que originalmente había propuesto.
3.- MARIO VILLANUEVA MADRID le propuso al Presidente la necesidad de democratizar el Partido Revolucionario Institucional a través de una consulta nacional y de que la selección del candidato de ese partido a la Presidencia de la República se hiciera mediante una elección interna. Estas propuestas fueron recibidas con molestia y enojo por el Presidente.
4.- Los periódicos POR ESTO! de Quintana Roo y de Yucatán realizaron una campaña contra el señor ROBERTO HERNANDEZ, entonces Director General y socio principal del Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), acusándolo de ser narcotraficante. El Secretario de Gobernación manifestó a MARIO VILLANUEVA que el Presidente de la República responsabiliza a éste acusándolo de ser el instigador de la campaña y de ser socio de los periódicos mencionados, por lo que se le ordenaba que dicha campaña cesara de inmediato. Esto no era cierto, el entonces Gobernador se lo explicó personalmente al Presidente, pero éste nunca aceptó los argumentos y pruebas de MARIO VILLANUEVA. La campaña continuó porque se derivaba de un conflicto personal entre el Director General de los periódicos, MARIO RENATO MENENDEZ RODRIGUEZ, y el Director de BANAMEX, así como el Presidente de la República, por adeudos que se reclamaban a la propia presidencia por los citados periódicos. Esto fue manifestado en forma abierta y directa por el señor MARIO RENATO MENENDEZ RODRIGUEZ y tuvieron conocimiento de ello tanto el Secretario de Gobernación como el Presidente.
5.- Con disgusto del Presidente de la República, el entonces Gobernador interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Gobierno del Estado de Campeche, en virtud de que el territorio del Estado de Quintana Roo se afectaba en cerca de diez mil kilómetros cuadrados a favor de los Estados de Campeche y Yucatán, debido a que el Gobierno de Campeche creó un municipio que modificaba los límites entre los tres Estados.
El Secretario de Gobernación indicó a MARIO VILLANUEVA que el Presidente consideraba inconveniente e innecesaria la controversia, por lo que no debía interponerse, sugiriendo que únicamente enviara el entonces Gobernador una carta a la Suprema Corte manifestando su inconformidad por la decisión del Gobierno de Campeche (esto no tenía ningún efecto jurídico).
Se realizaron varias reuniones con el Secretario de Gobernación entre el Gobernador de Campeche y MARIO VILLANUEVA, quien solicitó que se modificara el decreto de creación del Municipio en cuanto a la superficie que comprendía para no afectar los límites entre los Estados.
Ante la negativa del Gobernador de Campeche y la solución que sugirió el Secretario de Gobernación, MARIO VILLANUEVA encargó al Maestro IGNACIO BURGOA ORIHUELA que hiciera un estudio jurídico del problema, concluyendo el jurista que debía interponerse la controversia constitucional, para lo cual la Constitución Federal fijaba un plazo no mayor de noventa días, pues de otro modo se incurriría en consentimiento del acto realizado por el Gobierno de Campeche y Quintana Roo perdería el territorio antes señalado.
6.- El entonces Gobernador se negó a apoyar la realización de diversos negocios en los que intervenían familiares directos del Presidente de la República, porque se pretendía financiarlos con deuda pública del Gobierno Estatal. Entre esos proyectos destacan la carretera Cancún-Tulum, el Sistema de Agua Potable y Drenaje de Cancún y un hospital de alto nivel para esa misma ciudad. Al final este último proyecto no se realizó, mientras que los otros dos sí se llevaron al cabo, pero sin generarle deuda al Gobierno del Estado y prácticamente sin inversión por parte de éste. MARIO VILLANUEVA rechazó tanto los financiamientos propuestos por los familiares del Presidente, los cuales provenían de bancos españoles, como la participación de los parientes del Presidente en los proyectos.
Por las razones antes descritas, aunadas a la urgente necesidad del Gobierno mexicano por presentar resultados espectaculares en el combate contra el narcotráfico para obtener la Certificación del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (comúnmente conocido como CISEN), instrumentó dos acciones contra el entonces Gobernador: una campaña de desprestigio tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos de América, vinculando a MARIO VILLANUEVA con el narcotráfico y en paralelo la creación de un expediente penal con el que se obtuvo la orden de aprehensión en su contra. Todo esto se llevó al cabo en el último trimestre de mil novecientos noventa y ocho y el primer trimestre de mil novecientos noventa y nueve, últimos meses del mandato del Gobernador, quien entregaría el Gobierno a su sucesor el cinco de abril de 1999.-
(continuará)
A mediados del año dos mil siete se cumplieron ocho años y medio del inicio de las acusaciones contra MARIO VILLANUEVA, de los cuales más de seis años los ha pasado preso en una cárcel de máxima seguridad, sometido a proceso penal. En todo este lapso, algunos funcionarios de la Procuraduría General de la República han actuado de manera dolosa al presionar al Poder Judicial Federal y maniobrar con argucias legales para mantener preso al ex Gobernador de Quintana Roo, demorando y obstaculizando su proceso, como se documenta en estas notas.
ORIGEN DE LAS
ACUSACIONES
En mil novecientos noventa y ocho las autoridades federales mexicanas presentaban resultados exiguos y de poca importancia en el combate al narcotráfico. Esta falta de resultados era constantemente cuestionada por el Gobierno de los Estados Unidos de América y ponía en riesgo el otorgamiento de la Certificación anual correspondiente a mil novecientos noventa y ocho, que el Gobierno del vecino país debía decidir en marzo de mil novecientos noventa y nueve.
En este contexto, durante el segundo semestre de mil novecientos noventa y ocho, en diversos medios de comunicación se difundió información sobre investigaciones de la Procuraduría General de la República en las que se involucraba a varios políticos mexicanos relacionándoles con actividades de narcotráfico, con base en declaraciones de testigos protegidos de la Procuraduría. De este modo se mencionaron los nombres de los gobernadores de los Estados de Chihuahua, Yucatán, Campeche, Morelos, Sonora, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, así como de algunos miembros del Gabinete Presidencial.
En los últimos meses de mil novecientos noventa y ocho, el Gobierno Federal, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República, empezaron a actuar únicamente en contra del entonces Gobernador de Quintana Roo, MARIO VILLANUEVA MADRID.
La Procuraduría no actuó contra los demás políticos de alto nivel a los que había involucrado en el narcotráfico, sin informar las razones de ello, pero los nombres de esas personas y las imputaciones en su contra permanecen en el expediente sin haber sido aclaradas las acusaciones, aunque de su sola lectura se observa que son evidentemente falsas, fabricadas todas con interés doloso.
Entre diciembre de mil novecientos noventa y ocho y marzo de mil novecientos noventa y nueve, con una rapidez inusitada, la Procuraduría General de la República integró un expediente contra MARIO VILLANUEVA MADRID con base en acusaciones cuyo único sustento son las declaraciones de testigos protegidos que, a cambio de diversos beneficios, se prestaron a fabricar hechos falsos en colaboración con la mencionada Procuraduría. Este expediente fue consignado el cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve ante el Juez obteniendo la orden de aprehensión en esa misma fecha, precisamente el día en que MARIO VILLANUEVA debía entregar el Gobierno del Estado, tal y como públicamente se había anunciado en los medios de comunicación.
Por primera vez se ejercía acción penal contra un político de ese nivel, del partido en el poder. Las razones por las cuales se decidió sacrificar a MARIO VILLANUEVA MADRID tuvieron su origen en varias diferencias de fondo con el entonces Presidente de la República que podrían calificarse como una grave indisciplina política, inusual en el sistema político vigente en esa época. Entre esas diferencias destacan las siguientes:
1.- La oposición de MARIO VILLANUEVA MADRID a intervenir para cancelar ilegalmente una elección de diputado local en Cancún, Quintana Roo, que ya había sido calificada y validada por el Tribunal Estatal Electoral. El entonces Secretario de Gobernación Federal solicitó a MARIO VILLANUEVA que operara de forma extralegal para anular dicha elección por instrucciones del Presidente de la República, pues esa diputación formaba parte de una negociación con el Partido Acción Nacional para que este partido apoyara la “Reforma del Estado”.
Ante la negativa del entonces Gobernador de Quintana Roo, fundada en el riesgo político que dicha acción provocaría en el Estado, lo que le explicó en forma personal al Presidente, este último, visiblemente molesto, respondió que enviaría una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que las elecciones locales quedaran en manos de un Tribunal Federal, lo que efectivamente hizo.
2.- MARIO VILLANUEVA MADRID se negó a participar en la imposición de un candidato a diputado federal por Quintana Roo, propuesto por el Presidente de la República en contra de la decisión del priísmo estatal. Al final, el Presidente, a través del Secretario de Gobernación, terminó por imponer como candidato a diputado a una persona distinta a la que originalmente había propuesto.
3.- MARIO VILLANUEVA MADRID le propuso al Presidente la necesidad de democratizar el Partido Revolucionario Institucional a través de una consulta nacional y de que la selección del candidato de ese partido a la Presidencia de la República se hiciera mediante una elección interna. Estas propuestas fueron recibidas con molestia y enojo por el Presidente.
4.- Los periódicos POR ESTO! de Quintana Roo y de Yucatán realizaron una campaña contra el señor ROBERTO HERNANDEZ, entonces Director General y socio principal del Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), acusándolo de ser narcotraficante. El Secretario de Gobernación manifestó a MARIO VILLANUEVA que el Presidente de la República responsabiliza a éste acusándolo de ser el instigador de la campaña y de ser socio de los periódicos mencionados, por lo que se le ordenaba que dicha campaña cesara de inmediato. Esto no era cierto, el entonces Gobernador se lo explicó personalmente al Presidente, pero éste nunca aceptó los argumentos y pruebas de MARIO VILLANUEVA. La campaña continuó porque se derivaba de un conflicto personal entre el Director General de los periódicos, MARIO RENATO MENENDEZ RODRIGUEZ, y el Director de BANAMEX, así como el Presidente de la República, por adeudos que se reclamaban a la propia presidencia por los citados periódicos. Esto fue manifestado en forma abierta y directa por el señor MARIO RENATO MENENDEZ RODRIGUEZ y tuvieron conocimiento de ello tanto el Secretario de Gobernación como el Presidente.
5.- Con disgusto del Presidente de la República, el entonces Gobernador interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Gobierno del Estado de Campeche, en virtud de que el territorio del Estado de Quintana Roo se afectaba en cerca de diez mil kilómetros cuadrados a favor de los Estados de Campeche y Yucatán, debido a que el Gobierno de Campeche creó un municipio que modificaba los límites entre los tres Estados.
El Secretario de Gobernación indicó a MARIO VILLANUEVA que el Presidente consideraba inconveniente e innecesaria la controversia, por lo que no debía interponerse, sugiriendo que únicamente enviara el entonces Gobernador una carta a la Suprema Corte manifestando su inconformidad por la decisión del Gobierno de Campeche (esto no tenía ningún efecto jurídico).
Se realizaron varias reuniones con el Secretario de Gobernación entre el Gobernador de Campeche y MARIO VILLANUEVA, quien solicitó que se modificara el decreto de creación del Municipio en cuanto a la superficie que comprendía para no afectar los límites entre los Estados.
Ante la negativa del Gobernador de Campeche y la solución que sugirió el Secretario de Gobernación, MARIO VILLANUEVA encargó al Maestro IGNACIO BURGOA ORIHUELA que hiciera un estudio jurídico del problema, concluyendo el jurista que debía interponerse la controversia constitucional, para lo cual la Constitución Federal fijaba un plazo no mayor de noventa días, pues de otro modo se incurriría en consentimiento del acto realizado por el Gobierno de Campeche y Quintana Roo perdería el territorio antes señalado.
6.- El entonces Gobernador se negó a apoyar la realización de diversos negocios en los que intervenían familiares directos del Presidente de la República, porque se pretendía financiarlos con deuda pública del Gobierno Estatal. Entre esos proyectos destacan la carretera Cancún-Tulum, el Sistema de Agua Potable y Drenaje de Cancún y un hospital de alto nivel para esa misma ciudad. Al final este último proyecto no se realizó, mientras que los otros dos sí se llevaron al cabo, pero sin generarle deuda al Gobierno del Estado y prácticamente sin inversión por parte de éste. MARIO VILLANUEVA rechazó tanto los financiamientos propuestos por los familiares del Presidente, los cuales provenían de bancos españoles, como la participación de los parientes del Presidente en los proyectos.
Por las razones antes descritas, aunadas a la urgente necesidad del Gobierno mexicano por presentar resultados espectaculares en el combate contra el narcotráfico para obtener la Certificación del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (comúnmente conocido como CISEN), instrumentó dos acciones contra el entonces Gobernador: una campaña de desprestigio tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos de América, vinculando a MARIO VILLANUEVA con el narcotráfico y en paralelo la creación de un expediente penal con el que se obtuvo la orden de aprehensión en su contra. Todo esto se llevó al cabo en el último trimestre de mil novecientos noventa y ocho y el primer trimestre de mil novecientos noventa y nueve, últimos meses del mandato del Gobernador, quien entregaría el Gobierno a su sucesor el cinco de abril de 1999.-
(continuará)
... un asesino SOLITARIO.
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