Álvaro delgado
México, D.F., 19 de noviembre (apro).- Salvo la retención del gobierno de Baja California, en cuya estrategia electoral fue clave la intervención del aparato gubernamental para aplastar a Jorge Hank Rhon, el Partido Acción Nacional (PAN) sólo recogió derrotas en el año electoral que ya concluyó, pero ahora se sabe que en buena medida esto obedeció a Felipe Calderón, pero no sólo por su incompetencia al frente del gobierno federal, sino, sobre todo, por pactos mafiosos con el priismo.
¿Un acuerdo semejante o idéntico al que establecieron, a partir de 1988, Carlos Salinas y el PAN para beneficiarse mutuamente con el reparto del poder político en México y que, en buena medida explica, la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000 y la extensión de ese proyecto otros seis años? Parece que sí.
Manuel Espino, el saliente presidente del PAN, afirma que desde Los Pinos se han tramado pactos con el priismo para que su partido resulte derrotado en elecciones clave, como en su momento la de Yucatán, el 20 de mayo, cuando se “cedió” la gubernatura; y las más recientes en Oaxaca, de Ulises Ruiz; Veracruz, de Fidel Herrera; Puebla, de Mario Marín; Tamaulipas, de Eugenio Hernández; y Michoacán, de los Cárdenas.
En la entrevista publicada en la más reciente edición del semanario Proceso, Espino revela detalles de cómo en las últimas elecciones de este año, apenas el 11 de noviembre, Mario Marín hizo lo que le vino en gana para operar electoralmente y logró aplastar al PAN, que sólo pudo ganar uno de los 26 distritos electorales y un pequeño número de alcaldías, cuando se trata del gobernador más desprestigiado, a raíz de la acreditada colusión con el empresario Kamel Nacif para reprimir a la periodista Lydia Cacho.
En Puebla el activismo del gobierno estatal para favorecer al PRI fue obvio, en ejercicio de los presupuestos estatal y federal para, tal como se hacen ahora las elecciones, con toda la fuerza del aparato, levantarse con el triunfo, pese al elevado abstencionismo. Marín lo hizo con total impunidad.
Calderón no intervino tampoco para, conforme a sus facultades, evitar la arbitraria intervención del gobernador, igual que no actuó ante Ulises Ruiz en la elección estatal de Oaxaca ni en Veracruz, ni en Tamaulipas, elecciones que han exhibido mayor ostentación de los gobiernos estatales priistas. En este último estado, la acción del crimen organizado en la acción política alcanzó niveles nunca vistos.
Espino, quien en tres semanas entregará la presidencia del PAN a Germán Martínez, a quien Calderón designó por dedazo, asegura que operadores del gobierno federal han interferido en los procesos electorales para, en cumplimiento de “acuerdos en los oscurito", ponerse por encima de las dirigencias estatales y candidatos, y evitar los triunfos panistas. En esos "arreglijos", aclara, la dirigencia nacional se ha mantenido al margen.
No se trata de una imputación cualquiera: Espino podrá estar desprestigiado a los ojos de muchos panistas, sobre todo los que han sido siempre sus enemigos o quienes ya se han acomodado con la fuerza hegemónica, incluyendo a sus “jilgueros”, pero es todavía el presidente del PAN y sus declaraciones son de inobjetable interés público.
Las aseveraciones de Espino tienen sentido: Calderón, con el déficit de legitimidad con el que recibió el triunfo que le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, requería de un pacto con el PRI, que ha obrado como en su momento lo hizo Salinas con el PAN, y que comenzó con la asistencia de los diputados y senadores priistas a la toma de posesión, hace casi un año.
El pacto se ha traducido en muchas ganancias económicas para el PRI y, sobre todo, sus gobernadores, utilizados para el clientelismo político y la adulteración de la voluntad popular: A cambio de presupuestos abultados, Calderón ha ganado margen de maniobra en el Congreso y ha logrado que se aprueben reformas tan regresivas como la del ISSSTE, que fue otro pago de facturas a Elba Esther Gordillo.
El caso de Puebla es claro: Marín no sólo logró evitar el juicio político que ya debería estar desahogado la Cámara de Diputados, sino que la Procuraduría General de la República debió ya haber consignado a un juez las averiguaciones previas contra el gobernador, la procuradora Blanca Laura Villeda y otros funcionarios por el caso de Lydia Cacho. Y nada.
Al contrario, Calderón ha ido repetidas veces a Puebla para retratase, sin sonrojo, con quien es identificado como el góber precioso, contra quien el PAN pensó que podía obtener dividendos electorales hasta que, el 11 de noviembre, se topó con que fue todo lo contrario.
Y eso a nivel del estado está todavía más claro: El diputado federal Alfonso Bello declaró, también al semanario Proceso, que el pacto de Calderón con Marín se puede acreditar no con dichos, sino con hechos: En tres meses, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se negaron a recibir a los legisladores federales panistas para informarles del involucramiento de Marín en el proceso electoral.
Ambos funcionarios allegados a Calderón no sólo les dieron largas para las entrevistas solicitadas, sino que a última hora, ante la inminencia de las elecciones, las cancelaron, aseguró el diputado Bello Pérez, quien también reveló que el juicio político contra Marín no ha avanzado por decisión de Diódoro Carrasco, exgobernador priista de Oaxaca y actual diputado federal del PAN.
Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Carrasco Altamirano fue propuesto por Calderón a Espino para inscribirlo en la lista de candidatos plurinominales a diputados, como parte de los pactos con un sector del priismo que hizo durante la campaña; y ha sido el operador para robustecer éstos, como el que mantiene con Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, quien en las elecciones locales también aplastó a la oposición.
En este espacio se había escrito, hace más de un año, que Calderón estableció un pacto mafioso con el PRI para dejar hacer lo que le dé la gana a los gobernadores en sus estados, porque a cambio recibiría apoyo para tomar posesión y después para aprobar reformas que a él le importaban y, con ello, cumplir los compromisos que hizo con quienes financiaron su campaña.
Habrá quienes desde el PAN, con la misma abyección que tuvieron los priistas con Carlos Salinas, ignoren y hasta descalifiquen las revelaciones de Espino y Bello, pero sólo evidenciarán el retroceso que padece el país con estos pactos de mafia instrumentados por Calderón, quien no puede alegar que ignora lo que hacen subordinados como Mouriño o Ramírez Acuña, salvo que sea un pusilánime hasta para ellos.
Apuntes
Nada justifica la irrupción de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en la Catedral Metropolitana, este domingo, no sólo porque los fieles tienen derecho a visitar con seguridad y tranquilidad ese centro religioso, sino porque en general un derecho no se ejerce negando otro. La acción del clero y específicamente de Norberto Rivera Carrera --y sus acólitos políticos-- es lo de menos, porque ya se sabe a quiénes vende sus bendiciones, pero es inadmisible todo acto de intolerancia, aunque en sus orígenes sea un montaje de quienes pretenden reabrir el expediente cristero.
¿Un acuerdo semejante o idéntico al que establecieron, a partir de 1988, Carlos Salinas y el PAN para beneficiarse mutuamente con el reparto del poder político en México y que, en buena medida explica, la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000 y la extensión de ese proyecto otros seis años? Parece que sí.
Manuel Espino, el saliente presidente del PAN, afirma que desde Los Pinos se han tramado pactos con el priismo para que su partido resulte derrotado en elecciones clave, como en su momento la de Yucatán, el 20 de mayo, cuando se “cedió” la gubernatura; y las más recientes en Oaxaca, de Ulises Ruiz; Veracruz, de Fidel Herrera; Puebla, de Mario Marín; Tamaulipas, de Eugenio Hernández; y Michoacán, de los Cárdenas.
En la entrevista publicada en la más reciente edición del semanario Proceso, Espino revela detalles de cómo en las últimas elecciones de este año, apenas el 11 de noviembre, Mario Marín hizo lo que le vino en gana para operar electoralmente y logró aplastar al PAN, que sólo pudo ganar uno de los 26 distritos electorales y un pequeño número de alcaldías, cuando se trata del gobernador más desprestigiado, a raíz de la acreditada colusión con el empresario Kamel Nacif para reprimir a la periodista Lydia Cacho.
En Puebla el activismo del gobierno estatal para favorecer al PRI fue obvio, en ejercicio de los presupuestos estatal y federal para, tal como se hacen ahora las elecciones, con toda la fuerza del aparato, levantarse con el triunfo, pese al elevado abstencionismo. Marín lo hizo con total impunidad.
Calderón no intervino tampoco para, conforme a sus facultades, evitar la arbitraria intervención del gobernador, igual que no actuó ante Ulises Ruiz en la elección estatal de Oaxaca ni en Veracruz, ni en Tamaulipas, elecciones que han exhibido mayor ostentación de los gobiernos estatales priistas. En este último estado, la acción del crimen organizado en la acción política alcanzó niveles nunca vistos.
Espino, quien en tres semanas entregará la presidencia del PAN a Germán Martínez, a quien Calderón designó por dedazo, asegura que operadores del gobierno federal han interferido en los procesos electorales para, en cumplimiento de “acuerdos en los oscurito", ponerse por encima de las dirigencias estatales y candidatos, y evitar los triunfos panistas. En esos "arreglijos", aclara, la dirigencia nacional se ha mantenido al margen.
No se trata de una imputación cualquiera: Espino podrá estar desprestigiado a los ojos de muchos panistas, sobre todo los que han sido siempre sus enemigos o quienes ya se han acomodado con la fuerza hegemónica, incluyendo a sus “jilgueros”, pero es todavía el presidente del PAN y sus declaraciones son de inobjetable interés público.
Las aseveraciones de Espino tienen sentido: Calderón, con el déficit de legitimidad con el que recibió el triunfo que le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, requería de un pacto con el PRI, que ha obrado como en su momento lo hizo Salinas con el PAN, y que comenzó con la asistencia de los diputados y senadores priistas a la toma de posesión, hace casi un año.
El pacto se ha traducido en muchas ganancias económicas para el PRI y, sobre todo, sus gobernadores, utilizados para el clientelismo político y la adulteración de la voluntad popular: A cambio de presupuestos abultados, Calderón ha ganado margen de maniobra en el Congreso y ha logrado que se aprueben reformas tan regresivas como la del ISSSTE, que fue otro pago de facturas a Elba Esther Gordillo.
El caso de Puebla es claro: Marín no sólo logró evitar el juicio político que ya debería estar desahogado la Cámara de Diputados, sino que la Procuraduría General de la República debió ya haber consignado a un juez las averiguaciones previas contra el gobernador, la procuradora Blanca Laura Villeda y otros funcionarios por el caso de Lydia Cacho. Y nada.
Al contrario, Calderón ha ido repetidas veces a Puebla para retratase, sin sonrojo, con quien es identificado como el góber precioso, contra quien el PAN pensó que podía obtener dividendos electorales hasta que, el 11 de noviembre, se topó con que fue todo lo contrario.
Y eso a nivel del estado está todavía más claro: El diputado federal Alfonso Bello declaró, también al semanario Proceso, que el pacto de Calderón con Marín se puede acreditar no con dichos, sino con hechos: En tres meses, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se negaron a recibir a los legisladores federales panistas para informarles del involucramiento de Marín en el proceso electoral.
Ambos funcionarios allegados a Calderón no sólo les dieron largas para las entrevistas solicitadas, sino que a última hora, ante la inminencia de las elecciones, las cancelaron, aseguró el diputado Bello Pérez, quien también reveló que el juicio político contra Marín no ha avanzado por decisión de Diódoro Carrasco, exgobernador priista de Oaxaca y actual diputado federal del PAN.
Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Carrasco Altamirano fue propuesto por Calderón a Espino para inscribirlo en la lista de candidatos plurinominales a diputados, como parte de los pactos con un sector del priismo que hizo durante la campaña; y ha sido el operador para robustecer éstos, como el que mantiene con Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, quien en las elecciones locales también aplastó a la oposición.
En este espacio se había escrito, hace más de un año, que Calderón estableció un pacto mafioso con el PRI para dejar hacer lo que le dé la gana a los gobernadores en sus estados, porque a cambio recibiría apoyo para tomar posesión y después para aprobar reformas que a él le importaban y, con ello, cumplir los compromisos que hizo con quienes financiaron su campaña.
Habrá quienes desde el PAN, con la misma abyección que tuvieron los priistas con Carlos Salinas, ignoren y hasta descalifiquen las revelaciones de Espino y Bello, pero sólo evidenciarán el retroceso que padece el país con estos pactos de mafia instrumentados por Calderón, quien no puede alegar que ignora lo que hacen subordinados como Mouriño o Ramírez Acuña, salvo que sea un pusilánime hasta para ellos.
Apuntes
Nada justifica la irrupción de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en la Catedral Metropolitana, este domingo, no sólo porque los fieles tienen derecho a visitar con seguridad y tranquilidad ese centro religioso, sino porque en general un derecho no se ejerce negando otro. La acción del clero y específicamente de Norberto Rivera Carrera --y sus acólitos políticos-- es lo de menos, porque ya se sabe a quiénes vende sus bendiciones, pero es inadmisible todo acto de intolerancia, aunque en sus orígenes sea un montaje de quienes pretenden reabrir el expediente cristero.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
... Véala hasta que esté solo.
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