Jorge Carrasco y Arturo Rodríguez
Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, quien contendió por la presidencia municipal de Río Bravo, Tamaulipas, sabía quiénes eran los operadores del cártel del Golfo en ese estado. Y se atrevió a denunciarlos. Lo hizo durante su campaña y también ante los medios de circulación nacional, incluido Proceso. Dio nombres y apellidos, así como las formas en que operan las piezas que esa organización tiene enquistadas en el gobierno y en los partidos, e implicó también al propio gobernador Eugenio Hernández Flores…
RÍO BRAVO, TAMPS.- Las del 11 de noviembre fueron las elecciones más sucias y peligrosas que ha vivido Tamaulipas.
Hubo de todo durante el proceso electoral: señalamientos públicos entre los contendientes, algunos de los cuales fueron incluso tildados de narcopolíticos; denuncias penales; amagos con armas de fuego; el secuestro de un candidato panista en Reynosa; atentados…
Y apenas conocidos los resultados de los comicios, el 29 de noviembre fue asesinado el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, quien ya había sido alcalde de esa localidad.
Ese escenario turbulento coadyuvó para que el PRI se quedara prácticamente con todo, pues, según los resultados del Instituto Estatal Electoral, ahora gobernará a 93% de los tamaulipecos.
Como en los comicios de 2004, cuando ganó el gobierno del estado, el PRI acaparó el Congreso y la mayoría de las presidencias municipales.
La contienda electoral también estuvo marcada por dos hechos delictivos importantes de los que sólo se conoció uno: el decomiso de 12 toneladas de cocaína en el puerto de Altamira, el 5 de octubre, cinco semanas antes de la jornada electoral, precisamente el día en que el presidente Felipe Calderón realizó una gira por esta entidad.
El otro ocurrió el 27 de noviembre, dos días antes de la ejecución de Guajardo: el decomiso de unos 120 mil litros de combustible –conocido como condensado de campo– en una pensión cercana al puente internacional Reynosa-Pharr. Ese día, efectivos de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, aseguraron 18 tractocamiones y 30 autotanques con el energético. El 25 de noviembre los militares habían incautado 700 mil litros de ese mismo combustible.
Fue un duro golpe a la delincuencia organizada de la zona, señalada por Guajardo no sólo como la responsable del tráfico de drogas en la región, sino también del robo y venta clandestina del combustible procedente de la Cuenca de Burgos.
El día de la primera incautación, la subgerencia de Representaciones Regionales y Eventos Especiales de Pemex emitió el comunicado 101/2007, fechado en Reynosa el 25 de noviembre a las 18:00 horas.
Pero antes de que se difundiera en los noticiarios y en la prensa del estado, la propia oficina pidió que se detuviera. Poco antes personal de la paraestatal recibió una amenaza telefónica: que no se diera a conocer el hecho.
Y el 29 de noviembre, en un operativo en el que previamente se interrumpieron las telecomunicaciones en la zona donde Guajardo Anzaldúa se encontraba en compañía de varias personas, incluidos cuatro policías federales, el político petista fue asesinado.
Las conexiones
La ejecución de Guajardo Anzaldúa ocurrió en medio de la disputa poselectoral con el PRI, cuyo candidato, Roberto Benet Ramos, pelea aún el gobierno de ese municipio. Guajardo impugnó los comicios ante las autoridades electorales por múltiples irregularidades cometidas a lo largo de la campaña. Allegados al petista insisten en que la elección debe ser anulada en Río Bravo.
El 6 de noviembre, días antes de la jornada electoral, Guajardo Anzaldúa sufrió un primer atentado, a raíz del cual su partido presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del estado. La querella forma parte del recurso interpuesto por el agraviado ante el Tribunal estatal electoral el 15 de noviembre, en el que pide la anulación de la elección por considerar que “no hubo equidad en la competencia electoral, ni condiciones de libertad para la emisión del sufragio”.
Guajardo Anzaldúa no fue el único que denunció la narcopolítica en las elecciones del 11 de noviembre. También lo hicieron legisladores federales y locales del PAN y un candidato del Partido Alternativa. El PRI nacional negó los señalamientos en un desplegado publicado el 2 de octubre en los diarios locales.
Pero el candidato a presidente municipal del PT fue el más incisivo de los denunciantes. Lo fue durante su campaña y también hizo sus denuncias ante la prensa nacional. Cercano al Ejército, en una conversación con Proceso realizada el 3 de octubre Guajardo proporcionó nombres y apellidos de quienes, dijo, representaban al cártel del Golfo en las campañas del PRI, “como si fueran las cuotas de poder de la CTM y la CNC”. Por su seguridad, pidió que la información se mantuviera en reserva.
Guajardo Anzaldúa se refirió en aquella ocasión al priista Servando López Moreno, quien ganó la presidencia municipal de Miguel Alemán y acaba de nombrar como tesorero municipal a Juan Felipe Hinojosa, padre de Carlos Hinojosa El Charly. Según la PGR, los Hinojosa son operadores del cártel del Golfo en Miguel Alemán y Camargo.
Miguel Alemán y Río Bravo fueron dos de los municipios donde hace unos meses hubo manifestaciones de rechazo al Ejército, que fueron atribuidas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional a delincuentes organizados y en las que, según Guajardo Anzaldúa, participaron priistas.
El petista también dijo a este semanario que López Moreno era abogado de Efraín Teodoro Torres, El Z-14, pues defendió a la suegra de éste en un proceso judicial. Y señaló que Iván Macías Hinojosa, alcalde electo de Mier, era notario del cártel del Golfo.
Guajardo también se refirió a la madre del procurador de justicia en la entidad, Norma Bustamante, candidata a regidora por el PRI en Río Bravo. El procurador José Herrera Bustamante y sus hermanos han sido vinculados desde hace tiempo con el mismo cártel (Proceso 1610).
Pero la connivencia va más allá del PRI, sostuvo Guajardo en aquella ocasión. Durante su campaña mencionó que el dirigente estatal del PRD y candidato a la alcaldía de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, estuvo implicado en el robo de condensados de campo. En particular se refirió al aseguramiento de 45 mil litros del hidrocarburo realizado el 21 de marzo pasado en una bodega manejada por el perredista.
En esa acción, de acuerdo con información de Pemex, el Ejército decomisó dos cisternas, cinco autotanques, una pipa, cuatro coples para conexión de mangueras de alta presión, una bomba para llenado de autotanques y cuatro válvulas de carga.
Guajardo vinculó también a Almaraz con los aseguramientos, el 6 de mayo, de un tráiler de Autotransportes Nieto, S.A. de C.V. y otro de Transportes Fergo, S.A. de C.V., cargados con combustible robado. La paraestatal no dio nombres, pero según Guajardo, en el operativo fue detenido Juan Luis Maldonado Balderas, sobrino de Almaraz.
Así mismo, identificó a Abdías Pineda, hasta hace poco líder nacional del sindicato de Sagarpa y ahora secretario general adjunto del comité estatal del PRI en la zona norte del estado, como encargado de llevar dinero a los candidatos priistas de los municipios de la “frontera chica” (Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Guerrero y Nuevo Laredo).
En 2005, a la presidencia municipal de Reynosa llegó el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora candidato plurinominal electo, aunque en Ciudad Victoria, asiento del poder político del estado. Sin embargo, se desconoce si asumirá la curul, pues está ilocalizable desde el 29 de noviembre, día en que fue ejecutado Guajardo.
El 1 de noviembre fueron ejecutados el capitán primero Álvaro Fuentes Ramírez y el sargento primero Hugo Enrique Martínez Durán, ambos asignados a labores de inteligencia militar en Miguel Alemán.
Sus cuerpos fueron encontrados en el lavado de autos RyR CarWash, ubicado en la avenida Novena, en una propiedad donde también se ubica el billar Reforma y la vivienda del jefe de policía municipal de esa ciudad, Cruz Ramírez Hernández.
En aquella conversación del 3 de octubre Guajardo comentó que el billar era administrado por Ricardo Rodríguez García, exsecretario del ayuntamiento en Miguel Alemán y candidato a diputado suplente por el PRI en el distrito X de este municipio.
Cruz Ramírez pertenece al grupo de Rubén Galván Martínez, operador de Óscar Luebbert, el candidato del PRI que ganó la alcaldía de Reynosa. Galván fue director de seguridad pública municipal cuando el propio Luebbert ocupó la presidencia municipal entre 1996 y 1998.
En el caso de Galván Martínez, el señalamiento en su contra no fue hecho sólo por Guajardo. En plena campaña electoral, el candidato del Partido Alternativa, Jesús Saldaña, denunció que en el sitio electrónico youtube aparecía un video en el que Galván habla de las medidas a seguir tras la detención y el decomiso de armas en una vivienda ubicada en la calle Aristóteles 709, de la colonia Country La Silla, de Monterrey, que fue cateada por el Ejército el 26 de febrero pasado.
El día del crimen
El 29 de noviembre hubo una orden para que todos los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales se ausentaran de la zona de Río Bravo donde Guajardo sería ejecutado por la tarde.
El servicio de Nextel simplemente dejó de operar en una cuadra a la redonda. Los asesinos colocaron camionetas para bloquear el paso justo en el momento en que Guajardo salía de su oficina para abordar su vehículo y dirigirse a Reynosa. Tenía pensado retornar esa misma noche a Río Bravo para agradecer el apoyo de su equipo a la campaña y festejar su cumpleaños 49, que celebraría el 30 de noviembre.
Pocos testigos han querido narrar los hechos. Apenas si mencionan que fueron tres vehículos los que arrancaron a toda velocidad al momento que Guajardo caminaba por la banqueta alrededor de las 5:40 de la tarde.
En ese momento comenzaron los disparos. Provenían de dos camionetas cerradas, una Suburban y una Cherokee. Desde otra pick up en marcha otro sicario abrió fuego contra el político y sus acompañantes. Después se bajó con toda calma para rematar a Guajardo de tres tiros en la cabeza.
Los seis cuerpos masacrados, uno de ellos con la masa encefálica expuesta, permanecieron tirados en la banqueta durante más de dos horas, hasta que el Ministerio Público del fuero común ordenó levantarlos. Tiempo suficiente para que los reporteros gráficos los fotografiaran y los lugareños vieran la escena.
Para la gente cercana a Guajardo, la ejecución es un mensaje para disuadir a quienes intenten enfrentarse al crimen organizado. Así interpretan también el hecho de que el cadáver del político haya sido entregado hasta la madrugada del sábado 1 de diciembre, casi 36 horas después del crimen.
El mismo día de la ejecución, los medios de comunicación de Tamaulipas recibieron llamadas telefónicas desde Matamoros. “La gente”, como se le conoce aquí al cártel del Golfo, quería que la nota sobre la ejecución de Guajardo Anzaldúa tuviera un “estricto manejo informativo”.
Al día siguiente del crimen –30 de noviembre–, los periódicos de la capital del estado destacaron la noticia, algunos con gran despliegue gráfico de los cuerpos acribillados. Todas coincidieron en un hecho: omitieron mencionar que Guajardo había participado en los comicios del 11 de noviembre.
En la mayoría de las notas se le identificó como exalcalde y exdiputado federal y local, pero no se publicó ni una palabra sobre su activismo político, mucho menos se mencionó que había denunciado a la delincuencia organizada y al propio gobernador Eugenio Hernández Flores durante su campaña, ni que había impugnado el resultado de los comicios en Río Bravo ante el Tribunal Electoral estatal y que se anularan.
No se publicó nada que enturbiara el sabor de triunfo que había dejado al PRI y al gobierno estatal los comicios en los que prácticamente arrasaron.
Entre los allegados de Guajardo se comenta que el político, que también realizaba actividades empresariales, durante los últimos meses había puesto especial empeño en un nuevo negocio. Tenía una mesa llena de libros, expedientes y oficios y esperaba que se le otorgara un permiso aduanal para importar ropa usada.
La lógica de Guajardo era que, así como se autoriza la introducción de vehículos extranjeros usados, debería permitirse la importación de ropa. De autorizarse este permiso, exponen algunos de sus amigos, el ríobravense habría afectado fuertes intereses del crimen organizado, que tiene en el contrabando de ropa usada uno más de sus “negocios”, en el que intervienen aduanas y otras dependencias locales y federales.
Tres semanas antes de la ejecución, Guajardo sufrió un atentado. Fue un aviso. Seis camionetas que transportaban a unos 40 sicarios rodearon el edificio en el que se encontraba su oficina de campaña. Él adjudicó ese ataque a Los Zetas y consideró que se debía a los discursos de campaña, así como a lo que declaró a una televisora del Valle de Texas.
En esa entrevista acusó al mandatario tamaulipeco de ser incapaz de garantizar la seguridad de Tamaulipas porque había otorgado impunidad al crimen organizado: “Responsabilizo al gobernador Eugenio Hernández Flores de lo que pueda ocurrirme a mí o a mi familia y sólo le advierto que será ojo por ojo y diente por diente”.
Antes, el 10 de septiembre, envió una carta a Hernández Flores en la que le dijo que algunos priistas participaron en las manifestaciones contra el Ejército, y le reprochó: “Nos extraña su silencio y aceptación tácita”. Incluso le preguntó: “¿Le sigue usted los pasos a Mario Villanueva? (el exgobernador de Quintana Roo)”.
Las represalias de la delincuencia organizada no sólo se ejercieron contra Guajardo. También alcanzaron a los panistas Carlos Flores Macías, hermano del subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Rubén Flores, quien aspiraba a encabezar el ayuntamiento de Ciudad Nuevo Guerrero, y a Zenón García, aspirante a la alcaldía de Mier. Los dos declinaron luego de recibir amenazas por teléfono.
Y el candidato a la alcaldía de Reynosa por el PAN, Gerardo Peña, también aseguró a Proceso que “un comando enviado por el PRI” le exigió abandonar la contienda. Pese a ello, dice, él mantuvo su campaña porque el PAN nacional y el gobierno federal le prometieron protección, pero ésta nunca llegó.
Así mismo, la noche del 10 de noviembre, la víspera de los comicios fue secuestrado Rodrigo Moreno Ricart, candidato a regidor en la planilla del PAN en Reynosa. Recuperó su libertad el 22 de noviembre, al vencer el plazo para impugnar los resultados electorales.
RÍO BRAVO, TAMPS.- Las del 11 de noviembre fueron las elecciones más sucias y peligrosas que ha vivido Tamaulipas.
Hubo de todo durante el proceso electoral: señalamientos públicos entre los contendientes, algunos de los cuales fueron incluso tildados de narcopolíticos; denuncias penales; amagos con armas de fuego; el secuestro de un candidato panista en Reynosa; atentados…
Y apenas conocidos los resultados de los comicios, el 29 de noviembre fue asesinado el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, quien ya había sido alcalde de esa localidad.
Ese escenario turbulento coadyuvó para que el PRI se quedara prácticamente con todo, pues, según los resultados del Instituto Estatal Electoral, ahora gobernará a 93% de los tamaulipecos.
Como en los comicios de 2004, cuando ganó el gobierno del estado, el PRI acaparó el Congreso y la mayoría de las presidencias municipales.
La contienda electoral también estuvo marcada por dos hechos delictivos importantes de los que sólo se conoció uno: el decomiso de 12 toneladas de cocaína en el puerto de Altamira, el 5 de octubre, cinco semanas antes de la jornada electoral, precisamente el día en que el presidente Felipe Calderón realizó una gira por esta entidad.
El otro ocurrió el 27 de noviembre, dos días antes de la ejecución de Guajardo: el decomiso de unos 120 mil litros de combustible –conocido como condensado de campo– en una pensión cercana al puente internacional Reynosa-Pharr. Ese día, efectivos de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, aseguraron 18 tractocamiones y 30 autotanques con el energético. El 25 de noviembre los militares habían incautado 700 mil litros de ese mismo combustible.
Fue un duro golpe a la delincuencia organizada de la zona, señalada por Guajardo no sólo como la responsable del tráfico de drogas en la región, sino también del robo y venta clandestina del combustible procedente de la Cuenca de Burgos.
El día de la primera incautación, la subgerencia de Representaciones Regionales y Eventos Especiales de Pemex emitió el comunicado 101/2007, fechado en Reynosa el 25 de noviembre a las 18:00 horas.
Pero antes de que se difundiera en los noticiarios y en la prensa del estado, la propia oficina pidió que se detuviera. Poco antes personal de la paraestatal recibió una amenaza telefónica: que no se diera a conocer el hecho.
Y el 29 de noviembre, en un operativo en el que previamente se interrumpieron las telecomunicaciones en la zona donde Guajardo Anzaldúa se encontraba en compañía de varias personas, incluidos cuatro policías federales, el político petista fue asesinado.
Las conexiones
La ejecución de Guajardo Anzaldúa ocurrió en medio de la disputa poselectoral con el PRI, cuyo candidato, Roberto Benet Ramos, pelea aún el gobierno de ese municipio. Guajardo impugnó los comicios ante las autoridades electorales por múltiples irregularidades cometidas a lo largo de la campaña. Allegados al petista insisten en que la elección debe ser anulada en Río Bravo.
El 6 de noviembre, días antes de la jornada electoral, Guajardo Anzaldúa sufrió un primer atentado, a raíz del cual su partido presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del estado. La querella forma parte del recurso interpuesto por el agraviado ante el Tribunal estatal electoral el 15 de noviembre, en el que pide la anulación de la elección por considerar que “no hubo equidad en la competencia electoral, ni condiciones de libertad para la emisión del sufragio”.
Guajardo Anzaldúa no fue el único que denunció la narcopolítica en las elecciones del 11 de noviembre. También lo hicieron legisladores federales y locales del PAN y un candidato del Partido Alternativa. El PRI nacional negó los señalamientos en un desplegado publicado el 2 de octubre en los diarios locales.
Pero el candidato a presidente municipal del PT fue el más incisivo de los denunciantes. Lo fue durante su campaña y también hizo sus denuncias ante la prensa nacional. Cercano al Ejército, en una conversación con Proceso realizada el 3 de octubre Guajardo proporcionó nombres y apellidos de quienes, dijo, representaban al cártel del Golfo en las campañas del PRI, “como si fueran las cuotas de poder de la CTM y la CNC”. Por su seguridad, pidió que la información se mantuviera en reserva.
Guajardo Anzaldúa se refirió en aquella ocasión al priista Servando López Moreno, quien ganó la presidencia municipal de Miguel Alemán y acaba de nombrar como tesorero municipal a Juan Felipe Hinojosa, padre de Carlos Hinojosa El Charly. Según la PGR, los Hinojosa son operadores del cártel del Golfo en Miguel Alemán y Camargo.
Miguel Alemán y Río Bravo fueron dos de los municipios donde hace unos meses hubo manifestaciones de rechazo al Ejército, que fueron atribuidas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional a delincuentes organizados y en las que, según Guajardo Anzaldúa, participaron priistas.
El petista también dijo a este semanario que López Moreno era abogado de Efraín Teodoro Torres, El Z-14, pues defendió a la suegra de éste en un proceso judicial. Y señaló que Iván Macías Hinojosa, alcalde electo de Mier, era notario del cártel del Golfo.
Guajardo también se refirió a la madre del procurador de justicia en la entidad, Norma Bustamante, candidata a regidora por el PRI en Río Bravo. El procurador José Herrera Bustamante y sus hermanos han sido vinculados desde hace tiempo con el mismo cártel (Proceso 1610).
Pero la connivencia va más allá del PRI, sostuvo Guajardo en aquella ocasión. Durante su campaña mencionó que el dirigente estatal del PRD y candidato a la alcaldía de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, estuvo implicado en el robo de condensados de campo. En particular se refirió al aseguramiento de 45 mil litros del hidrocarburo realizado el 21 de marzo pasado en una bodega manejada por el perredista.
En esa acción, de acuerdo con información de Pemex, el Ejército decomisó dos cisternas, cinco autotanques, una pipa, cuatro coples para conexión de mangueras de alta presión, una bomba para llenado de autotanques y cuatro válvulas de carga.
Guajardo vinculó también a Almaraz con los aseguramientos, el 6 de mayo, de un tráiler de Autotransportes Nieto, S.A. de C.V. y otro de Transportes Fergo, S.A. de C.V., cargados con combustible robado. La paraestatal no dio nombres, pero según Guajardo, en el operativo fue detenido Juan Luis Maldonado Balderas, sobrino de Almaraz.
Así mismo, identificó a Abdías Pineda, hasta hace poco líder nacional del sindicato de Sagarpa y ahora secretario general adjunto del comité estatal del PRI en la zona norte del estado, como encargado de llevar dinero a los candidatos priistas de los municipios de la “frontera chica” (Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Guerrero y Nuevo Laredo).
En 2005, a la presidencia municipal de Reynosa llegó el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora candidato plurinominal electo, aunque en Ciudad Victoria, asiento del poder político del estado. Sin embargo, se desconoce si asumirá la curul, pues está ilocalizable desde el 29 de noviembre, día en que fue ejecutado Guajardo.
El 1 de noviembre fueron ejecutados el capitán primero Álvaro Fuentes Ramírez y el sargento primero Hugo Enrique Martínez Durán, ambos asignados a labores de inteligencia militar en Miguel Alemán.
Sus cuerpos fueron encontrados en el lavado de autos RyR CarWash, ubicado en la avenida Novena, en una propiedad donde también se ubica el billar Reforma y la vivienda del jefe de policía municipal de esa ciudad, Cruz Ramírez Hernández.
En aquella conversación del 3 de octubre Guajardo comentó que el billar era administrado por Ricardo Rodríguez García, exsecretario del ayuntamiento en Miguel Alemán y candidato a diputado suplente por el PRI en el distrito X de este municipio.
Cruz Ramírez pertenece al grupo de Rubén Galván Martínez, operador de Óscar Luebbert, el candidato del PRI que ganó la alcaldía de Reynosa. Galván fue director de seguridad pública municipal cuando el propio Luebbert ocupó la presidencia municipal entre 1996 y 1998.
En el caso de Galván Martínez, el señalamiento en su contra no fue hecho sólo por Guajardo. En plena campaña electoral, el candidato del Partido Alternativa, Jesús Saldaña, denunció que en el sitio electrónico youtube aparecía un video en el que Galván habla de las medidas a seguir tras la detención y el decomiso de armas en una vivienda ubicada en la calle Aristóteles 709, de la colonia Country La Silla, de Monterrey, que fue cateada por el Ejército el 26 de febrero pasado.
El día del crimen
El 29 de noviembre hubo una orden para que todos los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales se ausentaran de la zona de Río Bravo donde Guajardo sería ejecutado por la tarde.
El servicio de Nextel simplemente dejó de operar en una cuadra a la redonda. Los asesinos colocaron camionetas para bloquear el paso justo en el momento en que Guajardo salía de su oficina para abordar su vehículo y dirigirse a Reynosa. Tenía pensado retornar esa misma noche a Río Bravo para agradecer el apoyo de su equipo a la campaña y festejar su cumpleaños 49, que celebraría el 30 de noviembre.
Pocos testigos han querido narrar los hechos. Apenas si mencionan que fueron tres vehículos los que arrancaron a toda velocidad al momento que Guajardo caminaba por la banqueta alrededor de las 5:40 de la tarde.
En ese momento comenzaron los disparos. Provenían de dos camionetas cerradas, una Suburban y una Cherokee. Desde otra pick up en marcha otro sicario abrió fuego contra el político y sus acompañantes. Después se bajó con toda calma para rematar a Guajardo de tres tiros en la cabeza.
Los seis cuerpos masacrados, uno de ellos con la masa encefálica expuesta, permanecieron tirados en la banqueta durante más de dos horas, hasta que el Ministerio Público del fuero común ordenó levantarlos. Tiempo suficiente para que los reporteros gráficos los fotografiaran y los lugareños vieran la escena.
Para la gente cercana a Guajardo, la ejecución es un mensaje para disuadir a quienes intenten enfrentarse al crimen organizado. Así interpretan también el hecho de que el cadáver del político haya sido entregado hasta la madrugada del sábado 1 de diciembre, casi 36 horas después del crimen.
El mismo día de la ejecución, los medios de comunicación de Tamaulipas recibieron llamadas telefónicas desde Matamoros. “La gente”, como se le conoce aquí al cártel del Golfo, quería que la nota sobre la ejecución de Guajardo Anzaldúa tuviera un “estricto manejo informativo”.
Al día siguiente del crimen –30 de noviembre–, los periódicos de la capital del estado destacaron la noticia, algunos con gran despliegue gráfico de los cuerpos acribillados. Todas coincidieron en un hecho: omitieron mencionar que Guajardo había participado en los comicios del 11 de noviembre.
En la mayoría de las notas se le identificó como exalcalde y exdiputado federal y local, pero no se publicó ni una palabra sobre su activismo político, mucho menos se mencionó que había denunciado a la delincuencia organizada y al propio gobernador Eugenio Hernández Flores durante su campaña, ni que había impugnado el resultado de los comicios en Río Bravo ante el Tribunal Electoral estatal y que se anularan.
No se publicó nada que enturbiara el sabor de triunfo que había dejado al PRI y al gobierno estatal los comicios en los que prácticamente arrasaron.
Entre los allegados de Guajardo se comenta que el político, que también realizaba actividades empresariales, durante los últimos meses había puesto especial empeño en un nuevo negocio. Tenía una mesa llena de libros, expedientes y oficios y esperaba que se le otorgara un permiso aduanal para importar ropa usada.
La lógica de Guajardo era que, así como se autoriza la introducción de vehículos extranjeros usados, debería permitirse la importación de ropa. De autorizarse este permiso, exponen algunos de sus amigos, el ríobravense habría afectado fuertes intereses del crimen organizado, que tiene en el contrabando de ropa usada uno más de sus “negocios”, en el que intervienen aduanas y otras dependencias locales y federales.
Tres semanas antes de la ejecución, Guajardo sufrió un atentado. Fue un aviso. Seis camionetas que transportaban a unos 40 sicarios rodearon el edificio en el que se encontraba su oficina de campaña. Él adjudicó ese ataque a Los Zetas y consideró que se debía a los discursos de campaña, así como a lo que declaró a una televisora del Valle de Texas.
En esa entrevista acusó al mandatario tamaulipeco de ser incapaz de garantizar la seguridad de Tamaulipas porque había otorgado impunidad al crimen organizado: “Responsabilizo al gobernador Eugenio Hernández Flores de lo que pueda ocurrirme a mí o a mi familia y sólo le advierto que será ojo por ojo y diente por diente”.
Antes, el 10 de septiembre, envió una carta a Hernández Flores en la que le dijo que algunos priistas participaron en las manifestaciones contra el Ejército, y le reprochó: “Nos extraña su silencio y aceptación tácita”. Incluso le preguntó: “¿Le sigue usted los pasos a Mario Villanueva? (el exgobernador de Quintana Roo)”.
Las represalias de la delincuencia organizada no sólo se ejercieron contra Guajardo. También alcanzaron a los panistas Carlos Flores Macías, hermano del subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Rubén Flores, quien aspiraba a encabezar el ayuntamiento de Ciudad Nuevo Guerrero, y a Zenón García, aspirante a la alcaldía de Mier. Los dos declinaron luego de recibir amenazas por teléfono.
Y el candidato a la alcaldía de Reynosa por el PAN, Gerardo Peña, también aseguró a Proceso que “un comando enviado por el PRI” le exigió abandonar la contienda. Pese a ello, dice, él mantuvo su campaña porque el PAN nacional y el gobierno federal le prometieron protección, pero ésta nunca llegó.
Así mismo, la noche del 10 de noviembre, la víspera de los comicios fue secuestrado Rodrigo Moreno Ricart, candidato a regidor en la planilla del PAN en Reynosa. Recuperó su libertad el 22 de noviembre, al vencer el plazo para impugnar los resultados electorales.
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