La ineficiencia policiaca no puede ser combatida con restricción de garantías, señalan
Elisur Arteaga, Aguilar Zinser, Gómez Mont, Xavier Olea y Juan Velásquez critican proyecto
Alfredo Méndez, Jesús Aranda y Laura Poy
Las reformas calderonistas en materia de procuración de justicia y justicia penal que se debaten en el pleno de la Cámara de Diputados, mismas que plantean la posibilidad de que las corporaciones policiacas accedan a domicilios sin una orden judicial, fueron recibidas con “temor” por especialistas, porque “nos llevarían a vivir en un Estado policiaco e inquisitorial”.
Los juristas exhortaron a los legisladores a “pensar dos veces” antes de aprobar la propuesta de reforma constitucional en los términos planteados por el presidente Felipe Calderón, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público (MP) y de nuestras policías, que no están a la altura de los cambios”.
Entre lo rescatable de la reforma, puntualizaron algunos, destaca el hecho de que en ningún caso se le permitirá al MP hacer presunciones para no investigar suficientemente las cuestiones de delincuencia organizada, es decir, no se le quita “la carga de la prueba al Estado”; al contrario, se le dota de mayores libertades para que pruebe mejor sus imputaciones penales.
Alonso Aguilar Zinser coincidió con Fernando Gómez Mont, Xavier Olea y Juan Velásquez en que los cateos sin orden judicial vulneran una garantía fundamental, que es la inviolabilidad del domicilio. No se puede responder a la ineficiencia de la investigación policiaca mediante la restricción de garantías, subrayaron.
Por su parte, Elisur Arteaga Nava, catedrático en derecho constitucional en la UAM-Azcapotzalco, apuntó que la decisión de los legisladores confirma la tendencia de los gobiernos panistas de terminar con el estado de derecho y llevarlo hacia un Estado policiaco, porque sólo pueden perseguir a los delincuentes con base en sacrificar los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos.
Ya se ha comprobado que estas estrategias no son más que el advenimiento del Estado fascista, pues con estas acciones no se acaba con la corrupción ni la incapacidad de las policías, como ha quedado demostrado con la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, que “no han servido para nada”, expuso.
Con iniciativas como el allanamiento y cateo de domicilio sin orden judicial, por citar un ejemplo, se crean condiciones de mayor indefensión para el ciudadano y, en el caso de supuestos derechos concedidos a presuntos delincuentes, éstos ya los señalaba la Constitución, por lo que tampoco hay nada nuevo en ese sentido.
Por su parte, el ministro en retiro Juventino V. Castro subrayó la importancia de que la reforma mantenga la institución del MP, que se le siga perfeccionando, “no me importa que no sean los cambios que yo esperaba”.
Juan Velásquez añadió que se trata de una reforma inquisitorial y que, igual que a los tribunales de la Inquisición les servían leyes, así también le servirán a las autoridades mexicanas. Si los legisladores aprueban esta reforma cometerán un grave error, aseveró.
Mientras, Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, apuntó que la reforma prende una verdadera alerta roja, porque se trata de la formación de un Estado policial. La reforma dice que deberá existir un registro inmediato de la actuación policiaca, “pero cómo vamos a garantizar que ese registro opere”.
El tema a debate es qué tipo de controles se pondrán en una ley secundaria para garantizar que la policía no incurra en actos arbitrarios.
Por su parte, el penalista Américo Delgado de la Peña sostuvo que estas reformas fracturarán el sistema de derecho mexicano y dejarán en la indefensión a cualquier inculpado que carezca de recursos para contratar un abogado.
“Es una iniciativa que violaría las garantías fundamentales. Al admitirse una propuesta de esa índole, las funciones de los órganos jurisdiccionales quedarían al arbitrio absoluto del MP y sin control de ninguna naturaleza”, añadió.
Samuel González Ruiz, ex fiscal de la PGR, sostuvo que la iniciativa de Calderón busca mejorar la seguridad y la justicia penal del país, y planteó que en lo relativo a las facultades del MP y de la policía habrá que precisarlas en una legislación general o secundaria.
Los juristas exhortaron a los legisladores a “pensar dos veces” antes de aprobar la propuesta de reforma constitucional en los términos planteados por el presidente Felipe Calderón, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público (MP) y de nuestras policías, que no están a la altura de los cambios”.
Entre lo rescatable de la reforma, puntualizaron algunos, destaca el hecho de que en ningún caso se le permitirá al MP hacer presunciones para no investigar suficientemente las cuestiones de delincuencia organizada, es decir, no se le quita “la carga de la prueba al Estado”; al contrario, se le dota de mayores libertades para que pruebe mejor sus imputaciones penales.
Alonso Aguilar Zinser coincidió con Fernando Gómez Mont, Xavier Olea y Juan Velásquez en que los cateos sin orden judicial vulneran una garantía fundamental, que es la inviolabilidad del domicilio. No se puede responder a la ineficiencia de la investigación policiaca mediante la restricción de garantías, subrayaron.
Por su parte, Elisur Arteaga Nava, catedrático en derecho constitucional en la UAM-Azcapotzalco, apuntó que la decisión de los legisladores confirma la tendencia de los gobiernos panistas de terminar con el estado de derecho y llevarlo hacia un Estado policiaco, porque sólo pueden perseguir a los delincuentes con base en sacrificar los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos.
Ya se ha comprobado que estas estrategias no son más que el advenimiento del Estado fascista, pues con estas acciones no se acaba con la corrupción ni la incapacidad de las policías, como ha quedado demostrado con la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, que “no han servido para nada”, expuso.
Con iniciativas como el allanamiento y cateo de domicilio sin orden judicial, por citar un ejemplo, se crean condiciones de mayor indefensión para el ciudadano y, en el caso de supuestos derechos concedidos a presuntos delincuentes, éstos ya los señalaba la Constitución, por lo que tampoco hay nada nuevo en ese sentido.
Por su parte, el ministro en retiro Juventino V. Castro subrayó la importancia de que la reforma mantenga la institución del MP, que se le siga perfeccionando, “no me importa que no sean los cambios que yo esperaba”.
Juan Velásquez añadió que se trata de una reforma inquisitorial y que, igual que a los tribunales de la Inquisición les servían leyes, así también le servirán a las autoridades mexicanas. Si los legisladores aprueban esta reforma cometerán un grave error, aseveró.
Mientras, Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, apuntó que la reforma prende una verdadera alerta roja, porque se trata de la formación de un Estado policial. La reforma dice que deberá existir un registro inmediato de la actuación policiaca, “pero cómo vamos a garantizar que ese registro opere”.
El tema a debate es qué tipo de controles se pondrán en una ley secundaria para garantizar que la policía no incurra en actos arbitrarios.
Por su parte, el penalista Américo Delgado de la Peña sostuvo que estas reformas fracturarán el sistema de derecho mexicano y dejarán en la indefensión a cualquier inculpado que carezca de recursos para contratar un abogado.
“Es una iniciativa que violaría las garantías fundamentales. Al admitirse una propuesta de esa índole, las funciones de los órganos jurisdiccionales quedarían al arbitrio absoluto del MP y sin control de ninguna naturaleza”, añadió.
Samuel González Ruiz, ex fiscal de la PGR, sostuvo que la iniciativa de Calderón busca mejorar la seguridad y la justicia penal del país, y planteó que en lo relativo a las facultades del MP y de la policía habrá que precisarlas en una legislación general o secundaria.
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