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Rosalía Vergara/ Proceso
MEXICO, DF, 19 DE ENERO /El artífice de la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón para permitir la incursión del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex) es Juan Camilo Mouriño, recién estrenado secretario de Gobernación, acusó el senador perredista Graco Ramírez.
Pese a que la propuesta oficial aún no se presenta al Congreso de la Unión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera que Mouriño asumió el cargo para que se concrete dicha reforma, y prepara una estrategia encabezada por el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador para “la defensa de Pemex como propiedad de la nación”, aseguró el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, en la reunión plenaria de la bancada del viernes 18.
Su compañero Graco Ramírez, entrevistado por Proceso antes de que se oficializara el nombramiento de Mouriño, afirmó que éste elaboró una propuesta de reforma energética para modificar el Consejo de Administración de Pemex de forma que tuviera 70% de representantes del gobierno federal y 30% de “capital social”, es decir empresas privadas que cotizarían como tales en la Bolsa de Valores.
El exjefe de la Oficina de la Presidencia y actual encargado de la política interna del país “es el artífice de este plan que contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para aceptar la inversión privada en contratos de riesgo. Con esto se convertiría en el zar del petróleo, con los nuevos amigos de Calderón”, reiteró Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado.
En la reunión mencionada, Navarrete explicó: “Si das esa tajada de 30% de Petróleos Mexicanos a inversionistas privados, les estás dando casi la mitad de la riqueza petrolera mexicana”, por eso “el gobierno ha colocado a su jefe de staff en Gobernación para dirigir la maniobra de entrega de Pemex al capital extranjero”.
Para contrarrestar esa intención, Graco Ramírez elaboró el documento Propuesta de reformas en el sector energético. Pemex, que presentaría en privado a legisladores priístas y perredistas entre el jueves 17 y el viernes. Sin embargo, en su reunión plenaria los senadores del PRD acordaron que no presentarán una iniciativa alterna, sino esperarán a que el gobierno federal “se quite la careta y de una vez proponga la privatización de Pemex” en la iniciativa de reforma que atribuye a Mouriño.
Navarrete incluso instó al gobierno a que formalice de una vez su propuesta, para enfrentarla con una estrategia parlamentaria y la movilización nacional de un “frente común” conformado por legisladores, militantes del PRD y de la Convención Nacional Democrática encabezada por López Obrador, así como algunos sindicatos.
El senador Graco Ramírez coordina la estrategia, que comenzará entre febrero y abril, durante el período extraordinario del Congreso de la Unión, para que coincida con las sesiones sobre la reforma energética. Y el 18 de marzo los senadores perredistas encabezarán junto con López Obrador una concentración para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera.
“Prepararemos el Estado Mayor de la Defensa de Pemex con López Obrador a la cabeza de un intenso movimiento donde los senadores estaremos en primera fila –adelantó Navarrete–. La batalla está cantada, el tema es concreto: Pemex en manos privadas o Pemex en manos de la nación. Son dos proyectos de nación distintos, irreconciliables para lo cual los senadores del PRD estamos listos”.
Designio salinista
De acuerdo con el senador Ramírez, las maniobras para privatizar Pemex comenzaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que descentralizó a la paraestatal y creó las cuatro subsidiarias: Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica.
Después, bajo el mandato de Ernesto Zedillo se crearon los Proyectos de Impacto Diferido a los Registros de Gasto (Pidiregas), que endeudaron a la paraestatal, y en la llamada “transición democrática”, con Vicente Fox al frente del Ejecutivo, se le exprimieron recursos económicos extraordinarios.
Como resultado, dijo el legislador, en la actualidad los activos y pasivos de Pemex son iguales, por lo que la empresa está técnicamente quebrada.
Por eso, añadió el legislador, no se ha construido una sola refinería desde la década de los ochenta, se importa el 40% de las gasolinas que necesita el país, se sobreexplotan pozos y yacimientos, no se ha ensanchado el horizonte de reservas petroleras y no avanza en la exploración y producción de crudo para garantizar las reservas probadas.
El propio Calderón sabe que Pemex es viable porque tiene nueve años y medio de reservas petroleras –prosiguió Ramírez–, se pueden extraer de 30 a 50 mil barriles de petróleo en el Golfo de México y los yacimientos de la línea transfronteriza en el Hoyo de Dona. Pese a esto, Calderón se propone explorar los 3 mil metros de aguas profundas que tiene México sin explotar, a fin de incrementar las reservas. No obstante, al carecer de la tecnología idónea, se le planteó a Satoil y Petróleo de Brasil (Petrobras) que se alíen con Pemex para explorar y extraer crudo, lo que estas empresas han rechazado argumentando que no les interesan las alianzas, sino los contratos de riesgo.
Además, estas empresas quieren perforar y compartir tanto la inversión como el hidrocarburo, lo que está prohibido en la Constitución. Esta es la razón por la que Calderón pretende aprobar su reforma, afirmó el senador.
Sin embargo, el proyecto de reforma elaborado por Ramírez sostiene que el propósito de Calderón, de explorar aguas profundas para extraer más crudo, no tiene fundamento técnico y científico porque más del 70% de aguas someras y en territorio nacional están sin explorar.
Autonomía e inversión
El eje principal de la iniciativa perredista es que “se seguirá garantizando la exclusividad del Estado en materia de hidrocarburos, la exploración, la explotación, transporte y almacenamiento, comercialización, así como los procesos industriales inherentes a éste”.
La propuesta prevé reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional para desaparecer las cuatro empresas subsidiarias de Pemex.
De igual manera, propone modificar el Consejo de Administración de Pemex para que sea autónomo. Estaría integrado por 11 miembros: seis designados por el Ejecutivo, un representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) “y cuatro consejeros representantes sociales”, electos en ternas propuestas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el director del Instituto Politécnico Nacional. Los consejeros deberán ser ratificados al menos por dos terceras partes del Senado.
Por parte del Ejecutivo, integrarían el consejo el secretario de Energía (presidente de dicho órgano) y los de Hacienda, de Medio Ambiente y de Economía, así como los titulares del Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los secretarios de despacho y los directores de industrias estratégicas como Pemex y la CFE también serían ratificados por la Cámara de Senadores.
Para demostrar que “es absurdo vender una riqueza que podemos potenciar”, el documento puntualiza que Pemex es la empresa petrolera que genera más utilidades antes de impuestos en el mundo, después de Exxon. Además, México cuenta con la tercera reserva petrolera de América.
De acuerdo con datos sobre los ingresos petroleros de este año, Pemex produce 3.1 millones de barriles diarios; exporta 1 millón 687 mil barriles diarios; exporta 630 millones de barriles al año a un precio que oscila entre 70 y 80 dólares por barril; y su ingreso adicional asciende a 130 mil millones de pesos, recursos equivalentes al monto de la reforma fiscal aprobada el año pasado.
La iniciativa plantea, así mismo, dotar a Pemex de autonomía presupuestal, es decir de facultades para aprobar sus proyectos de presupuesto; autonomía técnica para realizar proyectos de inversión que garanticen el máximo rendimiento para la nación, así como autonomía de gestión, a fin de que la paraestatal cumpla con su objeto social contemplado en el Plan de Política y Desarrollo de la Industria Petrolera.
Para garantizar dicha autonomía de gestión sin que el Estado pierda el control de la industria se creará la figura de Contrato Plan de Política y Desarrollo de la Industria Petrolera.
Con objeto de lograr la autosuficiencia en gasolinas para 2012, el documento prevé la construcción de una nueva refinería con una inversión de 82 mil millones de pesos, que entraría en funciones dentro de cinco años y procesaría 350 mil barriles diarios de crudo, o bien la construcción de dos refinerías “con costo de 35 mil millones de pesos cada una, que refinarían 150 mil barriles diarios”.
Adicionalmente, se debe cambiar la política de generar electricidad con gas natural porque es más barato y conveniente generar combustibles líquidos;
reactivar la industria petroquímica y dejar de importar gas de Estados Unidos.
Acerca de los ductos, propone que compañías extranjeras dejen de diseñarlos, construirlos, darles mantenimiento y operarlos porque desde hace 69 años Pemex ha tenido la capacidad de realizar esas labores.
Ya en la entrevista, Graco Ramírez planteó que el mal funcionamiento de los ductos obliga a transportar los hidrocarburos vía terrestre, lo cual es caro y está “monopolizado” porque es parte del negocio de Mouriño y su familia, propietaria del Grupo Energético del Sureste (GES) “que tiene cientos de pipas”.
En su página de internet, GES dice contar con 38 estaciones de servicio en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz, y poseer una flota transportista “cuya función primordial es suministrar productos de Pemex a nuestra red de estaciones de servicio”.
El documento del PRD enfatiza: “La propuesta que hacemos es viable financieramente, se puede invertir el superávit primario que es de 124 mil millones de pesos y 10 mil millones de excedente del precio de este año. Por lo tanto es un falso dilema incorporar inversión privada con fines de privatización o participación como copropietarios en la construcción y operación de instalaciones”.
De igual forma, destaca la conveniencia de reformar el sector eléctrico y la CFE.
Propuesta “alternativa”
Ante la posibilidad de que se apruebe la reforma energética de Calderón, el 19 de noviembre de 2007 el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador presentó su Proyecto alternativo para rescatar y desarrollar al sector energético.
Los encargados de elaborar la propuesta fueron los secretarios del “gobierno legítimo”: Claudia Sheinbaum, de Patrimonio Nacional; Mario di Costanzo, de Hacienda Pública; y para la Honestidad y Austeridad Republicana, Octavio Romero.
El proyecto coincide en varios puntos con el del senador Graco Ramírez. Sostiene que parte de las maniobras para la privatización consisten en que las reservas de crudo se reduzcan a niveles peligrosos, “negándole a Pemex los recursos para invertir en refinación y obligando a la reducción de producción en las plantas petroquímicas”, lo que ninguna empresa petrolera del mundo permite.
Por eso propone corregir la expansión del gasto corriente del sexenio pasado (que creció a 607 mil millones de pesos) para aumentar la inversión, y que se fusionen las empresas subsidiarias de Pemex.
Igualmente, plantea invertir en la producción de crudo en los campos ya existentes, principalmente en aguas someras, donde se encuentran cuando menos 15 mil millones de barriles de reservas; cambiar la forma de contratación de los proyectos de inversión de Pemex y prescindir de los Pidiregas.
“De aplicarse esta propuesta tendríamos ahorros directos de divisas para el sector público de 10 mil millones de dólares por año, en menores importaciones de gasolina y gas”.
Sin embargo, anticipa este proyecto, “Calderón nos va a salir con que la única salida para una crisis energética y financiera es vender nuestra industria energética. Esto sería irresponsable y antipatriota, pero no obstante, sería consistente con lo que han hecho los últimos gobiernos desde principios de los ochenta”.
Nada detiene a los panistas en su afán por impulsar la reforma energética con la que se abrirá la puerta al capital extranjero. Si en 2004 la Auditoría Superior de la Federación acusó a Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez-Jácome Friscione de otorgar permisos de generación de energía ilegales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de eximirlos. Además, al asumir como secretario de Gobernación, Mouriño insistió en que su prioridad es concretar las reformas energética y laboral. Y las compañías españolas generadoras de energía eléctrica ya se frotan las manos
Jesusa Cervantes /Proceso
MEXICO, DF, 20DE ENERO /La breve trayectoria de Juan Camilo Mouriño Terrazo en la administración pública se ha caracterizado por su impulso abierto a la inversión extranjera, particularmente la española, en el sector energético, con lo que de paso intenta beneficiar a su familia.
El nuevo secretario de Gobernación ha sabido aprovechar sus posiciones políticas –desde la presidencia de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados durante la LVIII Legislatura, hasta su paso por la subsecretaria de Electricidad en 2004– para frenar cualquier investigación o anulación de permisos de generación de energía a empresas extranjeras considerados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como ilegales.
En su primera conferencia como encargado de la política interna del país el miércoles 16, habló de “concretar las prioridades legislativas de este gobierno que, sin duda, serán “la reforma energética y la reforma laboral”.
El martes 15, horas antes de que fuera nombrado oficialmente en su nuevo cargo se anotó un triunfo más, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el caso de una controversia constitucional promovida por el propio Mouriño y su entonces jefe en la Secretaría de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, en contra de la ASF.
Así, con la resolución de la Corte, ni él ni Calderón Hinojosa ni el recién nombrado subsecretario de Egresos, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, podrán ser investigados por la autorización de permisos de generación de energía.
Indignado por la resolución de la SCJN, el exsenador Manuel Bartlett Díaz, promotor ante la ASF para que se investigaran los permisos de energía eléctrica a empresas extranjeras, que concluyó con la resolución final de la Corte, comenta a Proceso: “El efecto, el resultado de este (fallo) es que esos funcionarios que violaron la ley, que entregaron permisos por millones y millones de dólares de manera ilegal y que cometieron violaciones a la ley están muy tranquilos”.
Y pregunta: ¿Sabe usted quién fue el que firmó la controversia constitucional en contra de la auditoria? Fue, dice, “Felipe Calderón, como secretario de Energía. Estaba ya señalado como reo de responsabilidades serias y ahora resulta que se borra todo”.
En resumen, “Calderón, Mouriño y Pérez-Jácome quedaron exonerados de toda culpa y de que continuaran las investigaciones en su contra por la defensa a este tipo de permisos. Además, los contratos a empresas extranjeras podrán continuar… por el momento”, advierte el exsenador poblano.
La llave del futuro
El trabajo de Mouriño a favor de la inversión extranjera en el ramo eléctrico comenzó en 2000, cuando llegó a San Lázaro en la época en que Calderón Hinojosa coordinaba a los diputados panistas. De hecho fue él quien le entregó a Mouriño la presidencia de la Comisión de Energía.
Desde ahí el joven político, quien tenía 28 años, comenzó a trabajar sus contactos con los funcionarios del ramo, comenta el exdiputado federal del PRD, Francisco Javier Carrillo Soberón. Malicioso, asegura que justo en esa época la familia Mouriño incrementó las franquicias de gasolineras y consolidó el Grupo Energético del Sureste (GES).
“Como presidente de la Comisión de Energía, como representante del Poder Legislativo frente a Pemex, es la época en que su posición se fortalece mucho en la distribución de gasolina”, sostiene.
Carrillo Soberón, quien fue diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006), no duda en asegurar que Mouriño haya utilizado “información privilegiada” para beneficiar a la empresa Gándara-Censa, que en sociedad con GES elabora las torres que se utilizan para la generación de energía eólica.
Al concluir la LVIII Legislatura, en agosto de 2003, Mouriño dejó pasar un mes sin participar en la vida política. Pero al asumir Felipe Calderón la Secretaría de Energía (Sener), el joven español fue nombrado coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional de esa dependencia, cargo que sólo ocupó algunos meses. A principios de 2004 fue ascendido a subsecretario de Electricidad en esa misma institución.
Y fue desde esa nueva posición que Mouriño elaboró, junto con otros miembros de la Sener, una nueva ley que impulsa la participación privada, sobre todo de inversionistas españoles, en la generación de energía eólica, la llave del futuro ante la disminución y el elevado precio de los hidrocarburos.
Manuel Bartlett, quien en esa época se desempeñaba como senador de la República, comenta que la promoción de la llamada Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía empezó desde que Mouriño era diputado federal en la LVIII Legislatura.
Y Carrillo Soberón, diputado por el PRD durante el trienio 2003-2006, explica que esa iniciativa fue aprobada durante el último período de sesiones y se envió como minuta al Senado de la República. Sólo el PRD votó en contra.
La ley se impulsó desde la Sener en 2004, cuando Mouriño era el subsecretario de Energía. Por esas fechas, su familia adquirió la empresa española Gándara-Censa, S.A., que desde julio de ese año encabeza Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo. La línea de producción de esta compañía son molinos, hornos y torres de viento, todos los aditamentos para construir una planta generadora de energía eólica, llamada fuente de energía renovable; la fuente del futuro.
En su edición del 6 de enero, Proceso publicó que el presidente de GES anunció que incursionará en el sector eléctrico al fabricar torres eólicas de última generación “en coinversión con una empresa española”, la Gándara-Censa. Así mismo, destacó que el gerente de esta última, Javier Gómez, declaró al periódico La Voz de Galicia que entre sus planes de expansión la empresa busca asentarse en México como empresa auxiliar de consorcios españoles que tienen en la mira a los mercados mexicano y estadunidense.
La nueva Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, impulsada por Mouriño, incluye la creación de un fideicomiso que se formará con el dinero que el Ejecutivo federal destine a través del presupuesto de egresos.
Su objetivo es dar “incentivos” a las empresas que incursionen en la generación de energía eólica. El dinero, según se establece en el artículo 17, será para “cubrir, en su caso, la diferencia que, a juicio de la Secretaría de Energía, exista entre los recursos requeridos para alcanzar la viabilidad financiera” de los proyectos eólicos y los costos de una planta convencional.
Carrillo Soberón, quien fue secretario de la Comisión de Energía en la LIX Legislatura, asegura que esto no es más que un subsidio. Y explica que la generación de energía eólica es nueva, por lo que será más cara que la convencional. Recuerda incluso que durante la discusión de la ley en el pleno se pretendía dar un subsidio de mil millones de pesos. “Pero quedó peor porque ahora –dice– se deja abierto el subsidio y a juicio del titular de Energía”.
El exsenador Manuel Bartlett califica la citada ley como “una barbaridad” y explica que sólo es parte de los lineamientos que establece el Banco Mundial mediante los cuales se pretende que los españoles y los extranjeros que construyen la tecnología para las plantas eólicas recuperen parte de su inversión.
“Es una barbaridad que se subsidie a los españoles, violando la ley con esos permisos que son ilegales”, dice. Y asegura que el último día de sesiones de la LIX Legislatura en el Senado de la República, el 27 de abril de 2006, logró detener la aprobación de la citada ley, la cual sólo alcanzó la primera lectura.
Al llegar la nueva legislatura, en septiembre de 2006, comenta a Proceso el líder de la fracción priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, el gobierno pretendió que se aprobara dicha iniciativa, “pero detectamos que había 20 minutas más que venían de la Cámara de Diputados, por lo que mediante un acuerdo los senadores decidieron enviarlas todas nuevamente a comisiones, y la Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía se turnó a cuatro: las de Energía, Agricultura, Medio Ambiente y la de Estudios Legislativos. Será difícil que pase”, asegura.
Pese a todo, Juan Camilo Mouriño, en su primera conferencia como secretario de Gobernación, insistió en que su prioridad será concretar la reforma energética, en la cual se incluye la citada ley que favorece a los generadores de energía eólica.
Las empresas de la familia
En México existen sólo 11 plantas generadoras de energía eólica, nueve de esos permisos fueron entregados por Dionisio Pérez-Jácome Friscione durante el tiempo que estuvo al frente de la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente todas están en construcción; cinco permisos están en manos de empresas españolas, tres son estadunidenses, una más es francesa, otra corresponde al Instituto de Investigaciones Eléctricas y la última a la empresa Vientos del Istmo, S.A. de C.V.
Las empresas españolas que tienen el permiso en México son Iberdrola, Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V., Eoliatec del Pacífico, S.A. P.I. de C.V., Acciona y Gamesa.
Gándara-Censa, que en 2004 fue adquirida por la familia Mouriño, es, según sus propios informes, proveedora de torres de viento de las empresas Acciona y Gamesa. Pero de acuerdo con las declaraciones de Javier Gómez a La Voz de Galicia, Ecotecnia, de la que Gándara-Censa también es proveedora, pretende instalarse en México.
En otras palabras, una de las empresas de la familia del secretario de Gobernación es la proveedora de las principales generadoras de energía eólica asentadas en Oaxaca y que próximamente entrarán en operación.
Hasta la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha entregado 690 permisos para la generación de energía, 11 de los cuales corresponden a proyectos eólicos. Por su clasificación, las autorizaciones son de autoabastecimiento (nueve de las eólicas son de este tipo), de cogeneración, de producción, de exportación y de importación. Durante los ocho meses que Felipe Calderón estuvo en la Sener y Juan Camilo Mouriño era su subsecretario de Electricidad, se otorgaron 28 permisos de generación de energía a empresas extranjeras.
En 2004, Bartlett Díaz presentó ante la ASF una denuncia contra estos funcionarios, alegando que los permisos otorgados por la Sener eran ilegales. La ASF revisó los permisos otorgados y dio entrada a la querella. Solicitó a la CRE que los anulara por considerar que eran inconstitucionales.
El gobierno de Vicente Fox se molestó y el encargado de Energía, Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional contra la ASF ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual le dio entrada.
A su vez, el subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño, expresó: “El objetivo de la controversia contra la ASF es delimitar los verdaderos alcances que tiene en términos de llevar a cabo investigaciones sobre actos administrativos como son el otorgamiento de permisos de la CRE. La ASF debe revisar el uso de recursos públicos, no el de cuestionar el marco jurídico con el que está operando el sector energético en general”.
Un fallo lamentable
Tres años después, la Corte determinó que la ASF no puede determinar que son inconstitucionales, pero abrió otra puerta, que fue aprovechada por Manuel Bartlett, quien volvió a denunciar ante la ASF a las autoridades de energía por haber violado diversos preceptos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demostrar que los permisionarios se estaban dedicando a la venta de electricidad y no al autoabastecimiento, entre otros delitos.
La ASF de nuevo revisó los mismos permisos, esta vez basándose en una revisión de “excepcionalidad”, ya que no correspondían a la revisión de la cuenta pública que se analizaba en ese momento. Esta acción está respaldada en el artículo 36 de ley de la propia a ASF, la cual considera este tipo de revisiones “cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío”, y que se presuma un daño al Estado en su hacienda pública federal.
Luego de la revisión de los permisos, la ASF consideró fundada la denuncia y respondió que “existen circunstancias de las que se puede presumir un daño a la hacienda pública federal”. Por ello demandó a Dionisio Pérez- Jácome Friscione, presidente de la CRE, realizar una “revisión sobre el otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; la fijación de tarifas, y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, en virtud de que el otorgamiento de dichos permisos pudieran ocasionar un daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro… para que rinda un informe a la ASF, y en su caso, de las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores públicos involucrados”. Es decir, Calderón, Mouriño y Pérez-Jácome.
Entre el cúmulo de irregularidades en el uso de los permisos detectados por la ASF están la venta de electricidad cuando ello sólo está reservado al Estado; simulaciones de sociedades para vender la energía, permisionarios que operan un servicio público paralelo al que la constitución reserva al Estado o, en su caso, que hacen uso de prestanombres.
Todas estas irregularidades aparecen documentadas en el oficio de 15 cuartillas que la ASF envió a la CRE. También establece que en los permisos de producción independiente se trata de permisionarios que son filiales de compañías extranjeras, donde 43% está en manos de inversionistas españoles; 19%, de estadunidenses, y el resto, de otras nacionalidades, pero ninguna en manos de mexicanos.
En el caso de los permisos de autoabastecimientos los permisionarios no son reales, lo cual es “un fraude a la ley”.
Este mismo oficio sirvió a la CRE para interponer otro juicio contra la ASF ante la Corte bajo el argumento de que no se pueden hacer revisiones de excepcionalidad cuando se está revisando la cuenta pública de otro año.
La Corte resolvió finalmente el martes 15 por ocho votos a favor y dos en contra –los de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Guillermo Ortiz Mayagoitia– que el gobierno federal tenía razón. Esa decisión abre la puerta a la impunidad, aseguran los ministros que votaron en contra.
Y Bartlett Díaz asegura que ese fallo deja aparentemente firme una inversión extranjera en contra de la Constitución y fortalece las acciones subrepticias e ilegales del gobierno de Vicente Fox y ahora de Calderón. Este fallo, insiste, consolida la ilegalidad de los gobiernos panistas y la impunidad del grupo de Calderón, Mouriño y Pérez-Jácome.
–¿Se les exonera?
–Sí. Ese es el efecto. Ellos estaban en una situación de indiciados por la auditoría.
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