La semana sangrienta que acaba de vivir es reflejo de la Tijuana de hoy. La narcoviolencia cobra nuevas víctimas cada día, pero hay más: la ola de deportaciones de migrantes indocumentados y de residentes de origen hispano. Muchos de ellos son enfermos y adictos a diversas drogas, sobre todo las sintéticas. Autoridades locales exigen al Gobierno federal considerar a Tijuana como un asunto de seguridad nacional .
El mito fundacional dice que Tijuana nació a finales del siglo XIX y que su nombre se deriva del mote de una madama: La tía Juana, quien regenteaba un prostíbulo en este lugar.
De ahí le vino su reputación como "ciudad del vicio", mote con la que se hizo alusión a ella durante muchos años.
Hoy, del vicio quedan algunos rastros. Pero la nueva marca es la violencia cotidiana que produce el tráfico de personas, drogas y armas, así como la industria del secuestro.
Así lo admite el presidente de este municipio, Jorge Ramos Hernández, sucesor nada menos que de Jorge Hank Rohn.
El funcionario panista pide que, al igual que otras ciudades de la frontera con Estados Unidos, Tijuana sea considerada como "un asunto de seguridad nacional".
Apenas la noche del lunes 14 y la madrugada del martes 15 un comando de sicarios ejecutó a seis personas, entre ellas al jefe y al subjefe de la delegación La Mesa, José de Jesús Arias Rico y Elbert Escobedo Márquez, respectivamente, cuando éstos circulaban por uno de los bulevares de Tijuana. Horas después, fue asesinado en su domicilio Margarito Saldaña, subjefe policiaco en la demarcación Los Pinos, y su hija menor. Su esposa, Sandra Benítez, y otra mujer que no ha sido identificada, fallecieron horas más tarde en un hospital, víctimas de ese ataque.
El jueves 17, cuando terminaban las exequias de los policías muertos hubo otro enfrentamiento de soldados y policías con un grupo de sicarios en la misma delegación de La Mesa. Durante la refriega, que duró más de tres horas, los agentes policiacos tuvieron que desalojar a los niños de la guardería Mi Alegría que quedó en medio de la zona de fuego. Al final, el Ejército aseguró la casa donde se descubrió una fosa con siete cadáveres. El saldo del operativo: cinco detenidos, un policía muerto y tres más heridos de gravedad.
La ola de violencia entre la policía y las bandas delictivas vinculadas a los hermanos Arellano Félix, a quienes los tijuanenses llaman Los Aretes, así como los secuestros, son parte de la "guerra" que se vive en este municipio, dice en entrevista Jesús Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Tijuana.
Tan sólo en 2007 hubo 100 secuestros, según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Este fenómeno se acrecentó durante los últimos cuatro años, período en el que más de mil familias emigraron a Estados Unidos.
Los secuestros y levantones son algo cotidiano en Tijuana. Ocurren a cualquier hora, incluso frente a las propias autoridades, como el del martes 8. Ese día, el Consejo Ciudadano de Seguridad del estado realizó un encuentro al que asistió el procurador de Justicia, Rommel Moreno. Al término del evento, uno de los participantes fue secuestrado por un comando armado que se apostó a la entrada del hotel donde se realizó el encuentro.
Rommel asegura que la procuraduría estatal tiene registrados 26 levantones del 1 de diciembre a la fecha. Todos, dice, tienen que ver con "ajustes de cuentas". Sin embargo, las cifras extraoficiales triplican el número.
"Son traidores"
Las ejecuciones son otro fenómeno que sufre Tijuana. Del pasado 1 de diciembre, cuando hubo cambio de gobierno estatal y municipal, a la fecha han ocurrido 14, entre ellas las del jefe policiaco de la Delegación Centenario en Tijuana, Jesús Alberto Rodríguez Meraz, y la del agente Saúl Ovalle Guerrero, cuyos cuerpos fueron descubiertos el jueves 3, a 30 kilómetros de la ciudad, en el cañón de Rosarito. Ambos tenían huellas de tortura.
Rodríguez y Ovalle fueron levantados cinco días antes, lo que provocó un despliegue inusual del Ejército y la Policía Federal Preventiva. Según el semanario Zeta, el 31 de diciembre los dos policías robaron una tonelada de mariguana a miembros de la banda de José Jorge Briseño López, uno de los líderes del cártel de los Arellano, y la vendieron en 35 mil dólares. Todo indica, pues, que la ejecución de los dos agentes fue un ajuste de cuentas.
Según Capella, las propias autoridades municipales señalan que algunos de los secuestros, levantones y atentados contra los funcionarios del gobierno estatal los realizan policías estatales y hasta federales. Son "traidores", acusa.
Y pone como ejemplo de lo anterior la deserción de 10 policías municipales de Rosarito, quienes presuntamente estuvieron involucrados en el atentado al secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Jorge Eduardo Montero. Este hecho provocó el desarme de los policías de Rosarito y la entrada del Ejército para cuidar esa ciudad.
Un caso más ocurrió en las calles de Tijuana el viernes 4. En pleno centro de la ciudad fueron detenidos tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI): José Gálvez Rodríguez, de 27 años, Evaristo Morales Pérez, de 45, y Erasto Fortino Trujano Sánchez, de 28, quienes iban a bordo de un vehículo donde transportaban a un hombre que habían secuestrado horas antes.
Ese día el presidente municipal de Tijuana y su jefe de seguridad pública tuvieron que enfrentar a otros funcionarios de la AFI que pretendían liberar a sus compañeros. Pero la acción se detuvo luego de que las autoridades tijuanenses hablaron por teléfono con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), Tijuana es una de las 13 zonas metropolitanas que concentran más de la mitad de los delitos que ocurren en el territorio nacional, pues duplica la media nacional de 11 mil 246 delitos por cada 100 mil habitantes.
Ante el aumento de los índices delictivos y de la violencia, las calles de esta ciudad son vigiladas no sólo por los agentes municipales y estatales, sino por 3 mil 296 soldados, marinos y elementos de la Policía Federal Preventiva y de la AFI, quienes participan en el Operativo Tijuana en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada iniciado a principios de este mes.
Sin embargo, quienes conocen la situación que priva en la entidad estiman que las acciones tomadas por el gobierno federal sólo tendrán un efecto disuasivo porque la maña, como llaman a las bandas delictivas, seguirá pasando la droga desde este lugar a California, el mercado de mayor consumo de todo el mundo.
"La plaza está caliente"
La madrugada del 27 de noviembre el sonido de ráfagas de armas de alto poder rompió el silencio de Playas de Tijuana. Los ladridos de un perro alertaron a Jesús Alberto Capella, entonces presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, quien al asomarse por la ventana de su recámara observó en la calle a un grupo de 20 hombres armados dispuestos a entrar a su casa.
Conocedor de las acciones del crimen organizado, tomó un rifle de asalto R15 que le dejó uno de sus escoltas y lanzó unas ráfagas para repeler a los sicarios, quienes ya subían por las paredes con una escalera de mano. La respuesta vino de inmediato y comenzó la refriega.
Un fotógrafo que vive a unas calles del domicilio de Capella escuchó el tiroteo. Prendió el scanner de radio para ubicar los movimientos de la policía pero sólo escuchó a los agentes dialogar sin decidirse a actuar. Media hora después oyó las primeras sirenas de las patrullas y se trasladó al domicilio del funcionario policiaco.
Capella disparaba a la puerta y luego subía corriendo a la recámara y desde la ventana volvía a disparar. "Escuché que decían que iban a entrar. De pronto busqué el mejor lugar para resguardarme y el único era en medio del cubo de la escalera", dice a Proceso.
Días después del atentado Capella fue nombrado director de Seguridad Pública de Tijuana. Desde entonces lo acompaña permanentemente una escolta de 20 agentes de las policías municipal, estatal y federal. Así mismo, la familia del funcionario se encuentra resguardada en un lugar desconocido.
El 2 de enero, al encabezar el Día del Policía, apenas cumplido un mes como director de Seguridad Pública, Capella pronunció un inusual discurso en el que llamó "traidores" a ciertos policías municipales.
Dijo: "Nunca en la historia de nuestra entidad habíamos tenido un desafío tan grande como el que la delincuencia actual nos presenta& miles de tijuanenses viven diariamente la zozobra y el temor de ser ellos o sus familias víctimas de un acto criminal. Aunado a ello, el desprestigio y la deshonra que los malos elementos de nuestra corporación han generado de la misma por su deshonestidad y actuar cobarde e irresponsable ha llevado a un panorama muy poco esperanzador para la sociedad que nos toca cuidar y proteger."
La policía municipal de Tijuana tiene 2 mil 500 elementos, pero Capella intenta despedir al 15% ciento. "Debe haber una reducción, sólo así podremos tener mayor control, depurar la corporación y recuperar la tranquilidad", sostiene.
En entrevista, Ramos Hernández adelanta que una agencia estadunidense, integrada por expolicías de varios estados de ese país, realizó un diagnóstico de la corporación policiaca de Tijuana y enviarán 472 recomendaciones para mejorar el trabajo de los agentes de este municipio, entre éstas las relativas al tipo de armamento, equipo, profesionalización y reclutamiento de elementos; además, evaluarán a 600 policías con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal.
Los "comandos negros"
Durante 15 años el PAN gobernó la ciudad de Tijuana hasta que en 2004 triunfó Jorge Hank Rhon. Y en sólo dos años de administración priista los índices delictivos se elevaron notablemente.
Datos del Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California señalan que entre 2005 y 2006, cuando Hank anunció su salida para lanzarse como candidato a gobernador, se registraron 294 asesinatos y 300 secuestros. Esos sucesos hicieron que 500 empresarios y profesionistas se mudaran con sus familias a Estados Unidos, huyendo de la inseguridad.
En Tijuana se recuerda aún a "comandos negros" que trabajaron bajo la tutela de Ernesto Santillana, el secretario de Seguridad Pública de Jorge Hank, Estaban conformados por elementos provenientes del Distrito Federal y del Estado de México y se vieron implicados en secuestros y presuntamente en ejecuciones de empresarios ligados al narcotráfico, como lo documentaron el semanario tijuanense Zeta y Proceso (número 1491).
¿Qué hizo Hank de Tijuana? se le pregunta al presidente de este municipio.
La hizo retroceder en los servicios, en las finanzas y en la seguridad pública. No se puede negar que ya había inseguridad en la ciudad con los gobiernos del PAN, pero no la de los criminales desde el gobierno.
Jesús Alberto Capella, por su parte, asegura que Jorge Hank tiene una responsabilidad por el incremento de la delincuencia y la inseguridad en Tijuana. Expone: "Como político prometió muchas cosas, y si no cumplió tiene que responderle a la sociedad. El sentir generalizado es que la situación terminó por descomponerse en Tijuana en los últimos tres años".
Drogas e indigencia
En el bordo del canal que cruza Tijuana se reúnen día y noche migrantes y adictos a diversas drogas. Muchos de ellos mueren a la ribera de las aguas pestilentes y otros bajan a la ciudad a conseguir dinero para mantener su adicción. Se calcula que en las márgenes de este río que cruza la frontera viven 300 personas, pero en realidad nadie sabe el número exacto de esta población fantasma.
Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos (CBDH), estima que en Tijuana hay unos 120 mil adictos a diferentes drogas, principalmente a las sintéticas o derivadas de las metanfetaminas, que se venden en unas 20 mil tienditas escondidas en las mil 300 colonias existentes en la ciudad.
No es difícil encontrar a migrantes deportados, adictos o enfermos, que vagan por las principales calles de esa urbe Revolución, Constitución y Coahuila pidiendo dinero. Otros acuden a la Casa del Migrante, donde reciben ayuda por seis días. El responsable de este lugar, el padre brasileño Luiz Kendzierski, dice que cada año reciben a 9 mil migrantes, de los cuales 7 mil 500 son deportados, entre ellos muchos residentes estadunidenses.
"El pasado 18 de diciembre, Día del Migrante, Felipe Calderón dijo que habría una política pública de ayuda a los deportados, pero no ha habido nada. Este es un problema que va a crecer por la política migratoria de Estados Unidos y México no se está preparando", advierte el padre Kendzierski.
Otro de los refugios de los migrantes es el albergue Las Memorias, donde son atendidos los enfermos de VIH-Sida, tuberculosis, hepatitis C y los adictos. Construido en las orillas de la ciudad, este lugar se sostiene con la ayuda de la sociedad civil y una mínima parte de recursos públicos.
Llegar a las instalaciones de este albergue resulta difícil, pues casi nadie conoce su ubicación. Tiene nueve años de servicio, los dos últimos como asociación civil, y está dirigido por un exadicto, Antonio Granillo. Actualmente sólo atiende a 14 enfermos, incluidos dos bebés.
El presidente del Centro de Integración y Recuperación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CIRAD), José Luis Ávalos López, asegura que la política migratoria restrictiva del gobierno de Estados Unidos expulsará hacia Tijuana a más migrantes de este tipo.
"México no está haciendo nada para crear un mecanismo de contención y de atención a estas personas que en su mayoría son delincuentes, con problemas de conducta, de adicción y de salud, y que ya están creando problemas en la frontera", observa Ávalos.
A unos kilómetros de Las Memorias nombre que evoca a los migrantes que han muerto por enfermedad o por adicción, el coordinador de la policía Beta-Tijuana, José Luis Hernández, repite casi las mismas palabras, mientras observa las torres de vigilancia y el muro de metal construido por la administración Bush sobre la frontera.
"No es sólo para detener a los migrantes, es una política de defensa militar", sostiene, puesto que los agentes migratorios estadunidenses están equipados con armas potentes, lentes para ver en la noche llamados "ojos de gato" que utilizan los soldados en la guerra de Irak, helicópteros, aviones, cámaras empotradas en torres de 60 metros y patrullas terrestres que vigilan día y noche.
Ante esta situación, el presidente municipal de Tijuana propone que el gobierno federal cree una fiscalía especial para atender la problemática de las ciudades de la frontera norte y que se les considere como "un asunto de seguridad nacional".
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, por las garitas de Tijuana y Mexicali se registraron entre 2003 y 2007 casi un millón de repatriaciones de connacionales, de los cuales una tercera parte ocurrieron el año pasado.
En la colonia La Libertad, por ejemplo, desde hace un par de meses se han suscitado hechos de violencia sobre el muro. Desde Tijuana los migrantes arrojan piedras a la policía fronteriza estadunidense y ésta les responde con bombas lacrimógenas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya presentó una carta diplomática de protesta, pero los incidentes son cada vez más continuos.
José Gil Olmos/Proceso
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