| “Tráfico de personas”… desde gobernación |  |  |  |
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Jenaro Villamil/ Proceso
MEXICO, DF, 19 DE ENERO /En franca violación a lo establecido en la Ley General de Población, el coordinador de Regulación Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Tonatiuh García Castillo, autorizó el ingreso a México de ocho ciudadanos iraquíes bajo el estatus de “visitantes con actividad lucrativa”.
El documento de internación, con el número de folio 12582/1/07, del cual Proceso obtuvo una copia, sólo asienta que el ingreso ocurrió a través de Ankara, Turquía, pero no aclara si se trata de asilados o refugiados políticos.
No menciona tampoco si la autorización obedece a una causa humanitaria, ni especifica las actividades que realizarán los nuevos huéspedes, ni en qué domicilio vivirán durante su estancia en territorio mexicano.
En suma, los ocho iraquíes podrán “dedicarse al ejercicio de cualquier actividad siempre y cuando sea lícita y honesta”.
Una de las fuentes que proporcionó la documentación del caso a Proceso afirma que lo anterior “es una prueba clara de que una de las cabezas más importantes de la política migratoria está involucrado en el tráfico de migrantes”.
Los ocho nombres que aparecen en el documento, fechado el 7 de diciembre de 2007, son: Seror Sameer Mikha, Rifa Salim Marroquí, Saifan Jirjees Abdulmaseeh, Doler Koraseel Mansoor, Manal Shaba Sadeq, Sama Nadhim Hirmiz, Shaba Sadeq Mansoor y Saada Younis Yaqo. A todos ellos se les otorga el estatus de “no inmigrantes visitantes con actividad lucrativa” y se les autoriza el ejercicio “de cualquier actividad”.
En los dos casos, Tonatiuh García Castillo firmó como coordinador de Regulación Migratoria. Y en ambos instruyó al ministro Daniel Hernández Joseph, director general de Protección y Asuntos Consulares de la cancillería, para que autorizara el ingreso a México de los iraquíes mediante la representación consular ubicada en Ankara, Turquía.
Abogados especializados en migración consultados por este semanario aseguran que el número de folio del permiso de internamiento es el mismo que se utilizó para autorizar el ingreso a México de los menores iraquíes Justin Manal Shaba y Varen Manal Shaba, para que vivan bajo la dependencia económica de Samier Sabrey Amein Al Najar, otro ciudadano iraquí radicado en México.
Para los litigantes, la documentación es una “clara prueba” de que existe tráfico de personas orquestado desde la Secretaría de Gobernación. Incluso uno de ellos asegura que “por lo menos él (Tonatiuh) obtuvo entre 70 y 100 mil dólares por cada uno de los iraquíes autorizados”.
Y advierten sobre el riesgo de que México se convierta no sólo en un punto de tráfico organizado de cubanos, chinos y sudamericanos hacia Estados Unidos, sino también de iraquíes y de otras nacionalidades cuyo tráfico responda más a mafias organizadas y que constituyan un riesgo para la seguridad nacional.
Al parecer, el de los ocho iraquíes no es un caso aislado, sino un ejemplo del “doble discurso” que maneja el área central de la política migratoria mexicana. Por un lado, las autoridades delegan responsabilidades fundamentales, como la atención de las estaciones migratorias a las 32 delegaciones regionales; por otro, otorgan permisos de internamiento sin verificación ni control.
La autorización de internamiento para ocho ciudadanos iraquíes y dos menores de la misma nacionalidad contradice la propia circular que García Castillo giró el 7 de febrero de 2007. En ésta avisaba que su coordinación sólo atendería los trámites relativos a “ministros de culto, asilados, refugiados, corresponsales, observadores de derechos humanos, observadores para conocer procesos electorales, visitantes distinguidos e inmigrados”.
En el caso de los iraquíes no se especifica ninguna condición especial, ni se aclara si se trata de “visitantes distinguidos”. En contraste, se les otorga un permiso que les permite el “ejercicio de cualquier actividad”.
Los dos oficios, cuya copia obtuvo Proceso, también revelan que García Castillo no informó de esta autorización a su superior inmediata: Cecilia Romero Castillo, la propia comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM).
Por la libre
Desde su llegada a la Secretaría de Gobernación en la época de Santiago Creel, Tonatiuh García Castillo presumió a sus subordinados que tenía una estrecha relación con Armando Salinas Torre, El Charro, entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Hasta la llegada de Juan Camilo Mouriño a Gobernación, Salinas Torre seguía desempeñándose como subsecretario de Enlace Legislativo.
Tanto Salinas Torre como García Castillo sobrevivieron a los diferentes cambios que se registraron desde la salida de Santiago Creel, a finales de 2005. Ni Carlos Abascal ni Francisco Ramírez Acuña modificaron sustancialmente el control que ambos funcionarios tienen de dos de las ocho coordinaciones clave del Instituto Nacional de Migración: la coordinación de Control y Verificación Migratoria y la coordinación de Regulación Migratoria. A través de ambas, tuvieron “la llave” de la migración a México.
Como coordinador de Control y Verificación Migratoria, en el último tramo del sexenio foxista, García Castillo fue señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como uno de los funcionarios responsables en el motín y evasión de 31 indocumentados de la estación migratoria de Iztapalapa en julio de 2005. García Castillo se deslindó de esos hechos.
Con la llegada de Cecilia Romero al INM en diciembre pasado, Tonatiuh sobrevivió en el área migratoria, pero ahora como responsable de Regulación. Bajo el pretexto de descentralizar las funciones, García Castillo decidió delegar su responsabilidad en los 32 delegados regionales del Instituto Nacional de Migración.
A partir de entonces, la situación en las estaciones migratorias es más caótica. Se disparó, por ejemplo, el tráfico de cubanos a través de lanchas rápidas que llegan a las playas de Quintana Roo para dirigirse a la frontera con Estados Unidos, a cambio de una “módica” cooperación de 10 mil dólares.
También se incrementó el tráfico de chinos que llegan a Tijuana con todos sus papeles en regla y posteriormente ingresan de manera irregular a Estados Unidos. En el caso del tráfico de chinos, se habla incluso de un cobro que va de 60 a 70 mil dólares por migrante. Un porcentaje se destina a la corrupción de los funcionarios en las estaciones migratorias.
Los motines y rebeliones al interior de las estaciones migratorias se han vuelto comunes en Tapachula, Chiapas, y en Chetumal, Quintana Roo. En agosto pasado, un grupo de 40 cubanos se amotinó en la estación de Tapachula. Y apenas en días pasados hubo otro amotinamiento en esa misma estación.
La precariedad y el maltrato para todos aquellos migrantes que no forman parte del “negocio” del tráfico de personas son claros en el caso de los centroamericanos. El análisis El flujo migratorio centroamericano hacia México elaborado por la Cámara de Diputados en octubre pasado subraya que “la precariedad, la falta de protección legal y el desamparo convierten a la inmigración centroamericana en una masa vulnerable, objeto de abusos y materia de violación de derechos humanos tanto por las autoridades oficiales como de personas que aprovechan social, laboral discriminatoria o criminalmente la situación”.
“Esto se ve agravado por el endurecimiento de las políticas y las normas migratorias mexicanas y el incremento de las presiones estadunidenses para que México detenga o disminuya ese flujo en su frontera sur y, en todo caso, antes de que llegue a su frontera norte y sur de Estados Unidos”, indica el documento.
En consonancia con esa política de doble rasero, desde el INM y bajo la supervisión de Tonatiuh García Castillo la lista de naciones “delicadas” se cambia con frecuencia de forma discrecional y con criterios xenófobos.
Según la circular 006/2006 del 7 de agosto de 20006, en el grupo 1, donde se agrupaban las “nacionalidades con acceso restringido”, destacaban 63 países, entre éstos Colombia, Cuba, China Popular, Irak, Irán, India, Turquía, así como todos los países del Medio Oriente, del Sudeste Asiático y las exrepúblicas soviéticas más cercanas al entorno islámico (Azerbaiján, Armenia, Tadjikistán, Turkmenistán).
Para el 10 de abril de 2007, la circular 002/2007 redujo de 63 a 46 el número de nacionalidades restringidas. China y Cuba, las dos naciones con más altos casos de tráfico de migrantes en México en los últimos dos años, pasaron al Grupo 2. En el caso de Colombia, se mantuvo la restricción aclarando que será “únicamente cuando se trate de solicitud de internación para actividades vinculadas con áreas financieras y bienes raíces”. Irak se mantuvo en las dos listas en el grupo 1.
La denuncia
El 10 de septiembre de 2007 un grupo de 100 abogados dedicados exclusivamente a la materia migratoria presentó una denuncia de hechos contra Tonatiuh García Castillo ante la Secretaría de la Función Pública, dirigida entonces por Germán Martínez Cázares. Hasta la fecha, la dependencia no ha respondido.
En su querella, los abogados encabezados por María Eugenia Trillo y Mauricio González Ulloa arguyen que García Castillo se extralimita en sus funciones al girar instrucciones que sólo le corresponden a la titular del INM, al confundir criterios “ya que no es lo mismo encauzar el problema migratorio a ponerle diques” y a generar un caos que lleve a la pérdida del control sobre los procesos migratorios.
Y agregaban: “Si el sector central se niega a conocer y resolver los trámites migratorios, las consecuencias a mediano plazo serán que se perderá el control sobre los procesos migratorios y cada delegación regional comenzará a operar como un pequeño instituto independiente; será mucho más difícil implementar políticas migratorias homogéneas; se facilitarán actos de corrupción y se pondrá en riesgo la seguridad nacional, ya que la falta de un control central puede fomentar que extranjeros vinculados ya sea con el narcotráfico o con el terrorismo internacional entren al país.”
Así mismo, recordaban a Martínez Cázares –quien 17 días después renunció para buscar la presidencia del PAN– que “la política migratoria debe estar, en todo momento, en manos de las más altas autoridades y no debe perderse la facultad de conocer y resolver por parte del sector central, ya que eso implicaría, necesariamente, su debilitamiento y eventual desaparición… Por tratarse de decisiones que afectan directamente la seguridad nacional, no pueden dejarse en manos de funcionarios de tercer nivel que, en la mayoría de los casos, no tienen trayectoria política y desconocen el marco legal que debe ser aplicado”.
Pese a las múltiples quejas en su contra y a la denuncia interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública, el coordinador de Regulación Migratoria no se inmuta. Incluso se da tiempo para, en sus ratos libres, atender personalmente el Bar Delia, del que es propietario, ubicado en la calle de Francisco Márquez 134, en la colonia Condesa.
En ese negocio, más bien sencillo, García Bravo recibe con frecuencia a sus amigos, con quienes comparte viandas y bebidas. Por las tardes trabajan ahí tres jóvenes de origen haitiano. Y en el piso superior del bar vive el propio coordinador de Regulación Migratoria.
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