John Saxe-Fernández1
* La privatización de PEMEX consiste en aumentar la extracción de gas y petróleo a como dé lugar, mediante recursos públicos mexicanos, para subvencionar los negocios de firmas nacionales y/o extranjeras que operan al margen de la Constitución
“El reto es cómo esta riqueza, el petróleo, debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales”.2 Con estas palabras, Raúl Muñoz Leos, el ex gerente de Dupont designado por el presidente Vicente Fox (2000-2006) al frente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sintetizó de manera diáfana lo que Aníbal Quijano denomina la “colonialidad”3 que caracteriza al esquema oligárquico-imperial vigente en Latinoamérica. La frase también retrata el pensamiento de la cúpula de los dueños del poder político en México, los neo-porfiristas4 que, desde la crisis deudora de 1982, han hegemonizado el Estado y prevalecido en la instrumentación del recetario político, económico y de seguridad e integración regional energética dictado por Washington.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue establecido entre la clase dominante de una potencia dominante y las clases gobernantes de dos economías menores subordinadas a ella, la canadiense y la mexicana. Las asimetrías entre el hegemón y sus socios comerciales son abismales: la economía de EU, determinada por una estrecha relación –una virtual simbiosis– entre su aparato empresarial de corte monopólico y su sector estatal, se ha caracterizado, desde la Segunda Guerra Mundial, por la permanente movilización bélica-industrial. Su PNB ya rebasa los 13 billones (13 millones de millones) de dólares y su gasto público es récord: sólo el del gobierno federal se estima en 3 billones de dólares en 2008-2009, lo que equivale al PNB de Alemania. La erogación en el rubro “seguridad” es de 1 billón de dólares, mayor al PNB mexicano. La cifra es superior al expendio combinado en ese rubro del resto del mundo.
Durante el limitado debate que se suscitó en México antes de la formalización del TLCAN, un empresario llamaba la atención a quienes minimizaban la asimetría entre las dos economías utilizando parámetros como el PNB, arguyendo que la mexicana sólo era menor a la estadunidense una veintena o treintena de veces. El empresario señalaba que la distancia es mucho mayor: basar la diferencia en el PNB equivaldría a medir la riqueza comparativa de dos personas de acuerdo a los pagos de intereses que perciben anualmente, en lugar de comparar la riqueza real acumulada por cada una de ellas. Sería mejor, en cambio, comparar la riqueza de los dos países, que incluye el valor monetario de carreteras, puertos, aeropuertos, edificios, plantas industriales, sectores habitacionales, flota vehicular y otros bienes. Con esta medición5, se estima que la riqueza acumulada en EU es 200 o 300 veces mayor que la mexicana. El empresario se preguntaba: “¿se asociaría usted con alguien 250 veces más rico? De hacerlo, ¿sería usted realmente su socio o su empleado?”.6
En el contexto del TLCAN como iniciativa e instrumento de proyección de poder de clase, conceptos como “presidencia imperial”, y su relación con el capital monopólico, o la noción de imperio con “imperialismo”7, resultan más adecuados para describir y explicar estos mecanismos de “integración” comercial y energética. Alejándose del “globalismo pop”, varios estudiosos se preguntaban: ¿después de todo, qué es lo que distingue a un imperio de una alianza o un tratado de libre comercio? Su respuesta resulta crucial: “un imperio es el principal actor en el sistema internacional y su poder está basado en la subordinación de diversas elites nacionales que, ya sea bajo compulsión o por convicciones compartidas, aceptan los valores de aquellos que gobiernan al centro dominante o metrópolis. La inequidad de poder, recursos e influencia es lo que distingue a un imperio de una alianza (aunque los tratados de alianza a menudo formalizan o sirven de disfraz para una estructura imperial)”.8 Este es el caso del TLCAN y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN).
La naturaleza parasitaria del capitalismo monopolista y su economía permanente de guerra observa dos vertientes: la interna, en el sentido apuntado de depredar los recursos humanos, materiales y de capital fresco, y la externa, dirigida a subsanar el deterioro de las reservas nacionales de abastecimientos de materia prima estratégica, por la vía de lanzarse sobre las líneas de menor resistencia. Reagan impulsó un amplio esquema de guerra política al interior de la estructura de poder de Arabia Saudita, principal productor de petróleo del mundo, para inducir mayores exportaciones de crudo. Logró abatir los precios. Algo similar se hizo en México, desde tiempos de Díaz Serrano en PEMEX, intensificándose la privatización de facto y el desmantelamiento de la empresa bajo un guión elaborado por el Banco Mundial (BM). En la Venezuela de antes de Chávez ocurrió lo mismo; en este caso se trata de la mayor reserva de petróleo convencional de todo el hemisferio occidental –y probablemente del mundo–, por lo que los intentos y programas del presidente Hugo Chávez, orientados a la recuperación del patrimonio nacional, enfrentan una sistemática ofensiva política y cuasi-militar por parte del aparato de seguridad de EU.
En lo relacionado con el intento de estimular otras fuentes de abastecimiento petrolero y de gas geográficamente localizadas en América Latina y el Caribe (México –y el Golfo de México–, Canadá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador), se procedió con el diseño y despliegue de instrumentos político-económicos y de seguridad, estimulándose la creación de mecanismos de integración profundamente asimétricos.
Durante el gobierno de Bush Jr. se acentuó la política reaganiana de agresión ambiental y deterioro presupuestal de los programas de investigación y desarrollo (IyD) de alternativas energéticas. El acceso logrado por el BM al proceso de toma de decisiones en México por medio de préstamos altamente condicionados, así como la inducción para que PEMEX restringiese su programa de mantenimiento y, desde luego, de ampliación de la planta refinadora y aumentara inusitadamente las exportaciones de crudo,9 entre otros factores importantes, alentó la tendencia parasitaria de EU en relación con su socio comercial y «aliado geopolítico al sur de la frontera», una frase que empezó a popularizarse desde tiempos de Bush padre, y que su hijo ha retornado, impulsando el acuerdo energético de la América del Norte diseñado en función del voraz apetito de crudo y gas natural de EU,10 con el entusiasta y torpe endoso de Fox y Calderón, quienes han seguido el ímpetu entreguista de sus antecesores, De la Madrid, Salinas y Zedillo. En los dos últimos años de su periodo Fox aspiró a dejar irreversiblemente avanzada la entrega de PEMEX-CFE y Compañía de Luz y Fuerza a empresas extranjeras e integrado el país a la mencionada ASPAN, una iniciativa bloquista de viejo cuño colonial que abate la soberanía mexicana y canadiense so pretexto de la «seguridad de la América del Norte» y que requiere «contar con medidas coordinadas y sin fisuras, dentro y más allá de nuestra fronteras, para ofrecer a nuestros pueblos y a nuestra infraestructura el máximo nivel común posible de protección contra terroristas y otros criminales, así como contra desastres naturales comunes».11
Detrás de esta Alianza hay un gran esfuerzo diplomilitar que se intensificó pocos meses después de firmado el TLCAN, que los hacendistas locales presentaron a la opinión como un esquema meramente comercial. En materia de integración –y absorción–, hay continuidad entre republicanos y demócratas. En mayo de 1994 el Secretario de Defensa de Clinton visitó Ottawa y desde ahí insistió de nueva cuenta en la necesidad de «complementar al TLCAN con una integración militar para América del Norte y el hemisferio occidental».12 Mientras el secretario de Defensa William Perry hacía estas declaraciones, el Congreso de EU votaba negativamente la propuesta para cerrar la Escuela de las Américas de Fort Benning, conocida en Panamá como la «escuela del terror institucionalizado».13
La Alianza es la más reciente expresión de esa aspiración imperialista de agregar, al manejo comercial, financiero y de inversión, la sombrilla de la seguridad. El TLCAN es mucho más que un mero asunto comercial.14 La metástasis del TLCAN rápidamente se trasladó del comercio a otros de sus objetivos centrales: el dominio irrestricto sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), la estrategia monetaria, la instauración de candados al nivel de seguridad nacional y el manejo, administración y usufructo del espacio geográfico mexicano y sus vastos recursos humanos, minerales y de combustibles fósiles.
La Alianza no es la misma gata, revolcada. Contiene nuevos elementos de sometimiento enarbolados bajo la sangrienta bandera del 11-9. Además de colocar bajo el aparato de seguridad nacional de EU el manejo de los movimientos de personas, bienes y servicios que cruzan las fronteras, la iniciativa insiste en el aperturismo a favor de empresas de EU en México, especialmente «en comercio, investigación y educación». Se incluye la instalación de cinco estaciones del sistema de localización satelital en Canadá y México para incrementar la precisión de la navegación aérea en América del Norte y la armonización de estándares de navegación. Se mencionan estrategias para la siderúrgica, la creación de un consejo automotriz trinacional para identificar los temas que tienen impacto sobre la industria y la de autopartes, mientras promueve de manera central la integración energética, bajo la retórica manejada por el BM de un esquema sustentable, dirigido a «crear las condiciones políticas que promuevan el abasto y uso sustentable de energía». La propuesta promueve la posibilidad de un esfuerzo trilateral de «confiabilidad eléctrica» y una mayor cooperación en el intercambio comercial de inversión en gas natural.15
Ésta es la sombrilla de seguridad nacional para profundizar la ofensiva empresarial-petrolera de la Casa Blanca sobre los recursos energéticos de México y Canadá, encabezados al sur del Bravo por la empresa de servicios petroleros Halliburton.
En mayo de 2004 John Gibson uno de los sucesores de Dick Cheney como presidente y CEO de Halliburton, dio a conocer que su empresa había recibido un contrato de dos años –parte del rosario de 156 contratos de Halliburton con PEMEX valorados en 1,222 millones de dólares desde que Fox llegó a Los Pinos hasta mayo de 2005– para la perforación de 27 pozos del proyecto Iride-Samaria. Gibson considera que ésta es una operación que «amplía la ya importante relación» de Halliburton con PEMEX, «y solidifica nuestro crecimiento en este muy importante mercado».16 Ello porque se trata de una alianza estratégica, en este caso en torno al primer proyecto de servicios integrados PEMEX-Halliburton encaminado al aumento de la extracción del crudo mexicano y al uso de tecnología de punta, meta central del esquema energético para la América del Norte de Bush-Cheney, centrado en aumentar la oferta de crudo y, de paso, hacer buenos negocios. En relación con estas alianzas estratégicas que el liderato privatizador-neoliberal que maneja PEMEX también se está planteando en relación a la exploración y explotación del petróleo localizado en aguas profundas, el analista Víctor Rodríguez Padilla advirtió que cualquier tipo de alianza con empresas extranjeras en exploración y producción implica compartir los resultados en producción o en valor, situación que no permite la Constitución en su artículo 27: «Las alianzas tecnológicas son una ficción y están diseñadas para compartir los resultados de la exploración y explotación», por ello, para poder realizar estas asociaciones se tendrían que hacer modificaciones a la Constitución y en caso de que así sucediera se allanaría el camino para entregar concesiones.17
Información recabada por el analista Israel Rodríguez indica que, aun bajo estas limitaciones legales y constitucionales, PEMEX, además de la magna operación con Halliburton, adjudicó el primero de noviembre de 2004 un contrato multianual a la empresa franco-estadunidense Shlumberger, para la perforación de 350 nuevos pozos en la Cuenca de Burgos, localizada entre Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El acuerdo tendría vigencia hasta el 15 de julio de 2007 y es de los más cuantiosos.18 Pero estos ejemplos no son más que la punta del témpano del proceso de «desmantelamiento hormiga» que forma parte central de la agenda neoporfirista para el complejo petroeléctrico mexicano, es decir, PEMEX Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyos parámetros centrales han sido delineados por el BM y cuya infraestructura ahora estaría bajo la vigilancia tripartita del tiburón y las dos sardinitas vecinas.19
En materia de petróleo, gas y electricidad, Fox, como sus antecesores neoporfiristas, responde a intereses extranjeros y a los de una cúpula de hombres de negocios local, intermediaria en los lucrativos negocios de la compra-venta de México. Su agenda profundiza los dispositivos puestos en marcha desde los años ochenta para la desarticulación administrativa y financiera y la inducción de la privatización y extranjerización del complejo petroeléctrico. Por ejemplo, el desfinanciamiento crónico de PEMEX-CFE, por la vía de un focalizado ataque fiscal, que promueve su creciente endeudamiento. Hoy, gracias al esfuerzo acumulado de 20 años, PEMEX, con una integración vertical debilitada por diseño del BM, es la empresa petrolera más endeudada del mundo.
Los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, o Pidiregas, han sido usados para impulsar la privatización del sector. Ya en 2005 una gran proporción del presupuesto de PEMEX se dedicó al pago de los Pidiregas: tres mil millones de un total de 10 mil millones de dólares. Datos de PEMEX Exploración y Producción, indican que de 2001 a 2004 se destinó 75% de la inversión al pago de la deuda. Las urgentes necesidades de EUA en torno a su exorbitante consumo de combustibles fósiles y su estrategia orientada a diversificar las fuentes de suministro forman el núcleo de la agenda de la Casa Blanca/ Los Pinos. Además, el impulso de Bush, Fox y Calderón a la privatización de PEMEX consiste en aumentar la extracción de gas y petróleo a como dé lugar, por la vía de usar los recursos públicos mexicanos para subvencionar los negocios de firmas nacionales y/o extranjeras que operan en PEMEX, al margen de la Constitución. Es el caso de Cantarell, el principal campo petrolero del país localizado en la bahía de Campeche, cuyo orden de magnitud original se estimó en 35 mil millones de barriles en 1979. Sometido a una sobreexplotación, su producción empezó a declinar en 1996 por lo que al año siguiente, con el respaldo del BM, del Departamento de Energía (DdE) de EU y del entusiasmo entreguista de Zedillo, se diseñó un contrato de 15 años, a favor de un consorcio integrado por BOC Gases, Marubenti Corporation, Setcoast Energy, ICA Fluor Daniel y Linde para inyectar nitrógeno e incrementar la producción, que en 2002 llegó a 1.88 millones de barriles diarios, el doble de lo producido en 1995. La agenda de Fox y Calderón, que es la del BM, incluye de manera prominente los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), especial aunque no exclusivamente en torno a la explotación del gas no asociado de la Cuenca de Burgos que fue dividida –y subastada– en siete bloques: Repsol-YPF se encarga del bloque Reynosa-Monterrey; a Teikoku Oil de Japón y Grupo Diavaz de México se les asignaron Cuervito y Fronterizo. Tecpetrol, domiciliada en Argentina, junto a Industrial Perforadora de Campeche, ganaron el contrato para la Misión. Fox inauguró el año 2004 otorgándole al grupo Lewis Energy de Texas el CSM para Olmos el 9 de febrero. En medio del aplauso de la Casa Blanca y de la censura del Senado mexicano, la racha antinacional panista continuó impertérrita. Se asignó el CSM de Pandera-Anáhuac a Industrial Perforadora de Campeche y Compañía de Desarrollo de Servicios Petroleros. En 2005 se entregó Pirineo y Monclova. No son necedades panistas, sino oportunidades empresariales y necesidades geoestratégicas de EUA derivadas de su despilfarro energético. Fox seguido por Calderón impulsan las reformas estructurales del BM encaminadas a dar cobertura legal a a las inconstitucionales operaciones en curso.
El “mercado” (léase, empresas como Repsol) se encarga de los grandes negocios del gas (regasificación, distribución, etc.) a lo largo y ancho del país, especialmente en la frontera norte: en Altamira están Royal Dutch, Shell, Total y Mitsui con la participación de Unión FENOSA de España; en la Costa Azul, Sempra Energy y Royal Dutch Shell; en la Península de Baja California, cerca de las Islas de Coronado, Chevron-Texaco; en Lázaro Cárdenas, Repsol-YPF; en Tijuana, Maratón con Golar LNG Limited y Grupo GGs; en Sonora, DKRW Energy.
El «México Country Analysis Brief» del Departamento de Energía de EU (noviembre de 2004) apoyaba entusiasta la gestión de Fox ya que sus iniciativas, como los CSM (que son las de la Casa Blanca y su BM), «aparecen como un paso positivo hacia la apertura gradual de la producción de gas natural de México a favor de las compañías privadas extranjeras». Bush, Cheney, Halliburton y su subsidiaria, Kellog, Brown and Root, Bechtel y las petroleras, gaseras y empresas eléctricas asociadas –y otras como Repsol e Iberdrola de España– mostraron alegría y agradecimiento con el ex gerente de la Coca Cola que se sentó en la silla presidencial con el voto ciudadano. Pero ahora impulsan un despojo mayor bajo el eufemismo de una “reforma estructural energética”. Lo quieren todo y lo quieren “hoy hoy hoy”.
1 Docente e Investigador de la UNAM. Es autor, entre otros de Petróleo y Estrategia (Siglo XXI, 1980; La Compra-Venta de México, (Plaza & Janés, 2002), Terror e Imperio (Random House, 2006).
2 Raúl Muñoz Leos, citado por Rafael Decelis Contreras, “Misivas sin Respuestas II”, Costa-Amic Editores, México 2004 p. 3
3 Aníbal Quijano,”América Latina en la economía mundial”, Problemas del Desarrollo, Vol. XXIV, N.95, México, Octubre-diciembre 1993; “Coloniality of power and its institutions”, University of New York at Binghamton, Nueva York, April, 1999 (mimeo).
4 Uso el termino de “neoporfiriato” en lugar de “neoliberalismo”, para centrar la atención en la dimensión librecambista, del laissez-faire decimonónico que en gran medida se reproduce actualmente. Se considera también que los liberales decimonónicos tenían más sentido de la patria y además propiciaban la separación de la Iglesia y el Estado y la educación pública laica, en contraste con el actual liderato.
5 El cálculo se basa en metodología elaborada por Seymour Melman del Departamento de Diseño Industrial de Columbia Univeristy –Nueva York. S. Melman, Profits Without Production, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1987.
6 Me he referido extensamente a este asunto en John Saxe-Fernández, “After the Cold War. New Strategies in Latin American-United States Relations”, International Journal of politics culture and society, Vol.8, N.2, Winter 1994, New York, p 232 y ss.
7 John Saxe-Fernández, “La Presidencia Imperial en México”, Nueva Sociedad, N. 188, Caracas, 2003; John Saxe-Fernández, “Irak & Gewaltgeschäfte”, Das Argument N. 263, Berlín, 2005, pp 108-116. John Saxe-Fernández, “Presidencia Imperial y Capital Monopolista”, Mundo Siglo XXI, N. 4 Primavera de 2006, México Instituto Politécnico Nacional, pp 13-19.
8 Es una noción que contrasta con el manejo ideológico y sesgado que dan Negri y Hart al término. Para una aclaración consultar Lloyd Gardner and Marilyn B. Young, et al, The New American Empire, New York, London, The New Press, 2005 p xii-xiii.
9 Algo similar trató de hacer Washington con Pdvsa, la empresa petrolera venezolana. No obstante, los venezolanos lograron adquirir empresas distribuidoras de gasolinas y otros derivados del petróleo en EU, manteniendo esquemas de refinación. En contraste, PEMEX fue sometida a restricciones severas por lo que se refiere a la inversión en el mantenimiento y ampliación de la planta refinadora.
10 Sobre este diseño imperialista consultar John Saxe-Fernández, Petróleo y estrategia, México, Siglo XXI,1980.
11 Sección del texto oficial de ASPAN, citada por José Carreño, Atan seguridad y mejora económica a proyecto regional, El Universal, 27 de junio de 2005, p. A18.
12 J. Saxe-Fernández, “La seguridad internacional: consecuencias para el NAFTA”, Excélsior, 31 de mayo de 1994, p. 7 A.
13 El Financiero, 24 de mayo de 1994, p. 54.
14 La visión de estrecho economicismo fue popularizada por medio de una masiva campaña de convencimiento desplegada durante el régimen de Salinas, por personajes como Serra Puche desde una Secretaría de Comercio que parecía un apéndice vergonzante y vergonzoso del Departamento de Comercio de EU.
15 Carreño, op. cit.
16 Scandinavian Oil and Gas Journal.
17 Citado por Israel Rodríguez, Carece Pemex de marco legal para hacer alianzas con otras petroleras, LaJornada, 8 de febrero de 2005.
18 Id.
19 En La compra-venta de México, op. cit.
“El reto es cómo esta riqueza, el petróleo, debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales”.2 Con estas palabras, Raúl Muñoz Leos, el ex gerente de Dupont designado por el presidente Vicente Fox (2000-2006) al frente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sintetizó de manera diáfana lo que Aníbal Quijano denomina la “colonialidad”3 que caracteriza al esquema oligárquico-imperial vigente en Latinoamérica. La frase también retrata el pensamiento de la cúpula de los dueños del poder político en México, los neo-porfiristas4 que, desde la crisis deudora de 1982, han hegemonizado el Estado y prevalecido en la instrumentación del recetario político, económico y de seguridad e integración regional energética dictado por Washington.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue establecido entre la clase dominante de una potencia dominante y las clases gobernantes de dos economías menores subordinadas a ella, la canadiense y la mexicana. Las asimetrías entre el hegemón y sus socios comerciales son abismales: la economía de EU, determinada por una estrecha relación –una virtual simbiosis– entre su aparato empresarial de corte monopólico y su sector estatal, se ha caracterizado, desde la Segunda Guerra Mundial, por la permanente movilización bélica-industrial. Su PNB ya rebasa los 13 billones (13 millones de millones) de dólares y su gasto público es récord: sólo el del gobierno federal se estima en 3 billones de dólares en 2008-2009, lo que equivale al PNB de Alemania. La erogación en el rubro “seguridad” es de 1 billón de dólares, mayor al PNB mexicano. La cifra es superior al expendio combinado en ese rubro del resto del mundo.
Durante el limitado debate que se suscitó en México antes de la formalización del TLCAN, un empresario llamaba la atención a quienes minimizaban la asimetría entre las dos economías utilizando parámetros como el PNB, arguyendo que la mexicana sólo era menor a la estadunidense una veintena o treintena de veces. El empresario señalaba que la distancia es mucho mayor: basar la diferencia en el PNB equivaldría a medir la riqueza comparativa de dos personas de acuerdo a los pagos de intereses que perciben anualmente, en lugar de comparar la riqueza real acumulada por cada una de ellas. Sería mejor, en cambio, comparar la riqueza de los dos países, que incluye el valor monetario de carreteras, puertos, aeropuertos, edificios, plantas industriales, sectores habitacionales, flota vehicular y otros bienes. Con esta medición5, se estima que la riqueza acumulada en EU es 200 o 300 veces mayor que la mexicana. El empresario se preguntaba: “¿se asociaría usted con alguien 250 veces más rico? De hacerlo, ¿sería usted realmente su socio o su empleado?”.6
En el contexto del TLCAN como iniciativa e instrumento de proyección de poder de clase, conceptos como “presidencia imperial”, y su relación con el capital monopólico, o la noción de imperio con “imperialismo”7, resultan más adecuados para describir y explicar estos mecanismos de “integración” comercial y energética. Alejándose del “globalismo pop”, varios estudiosos se preguntaban: ¿después de todo, qué es lo que distingue a un imperio de una alianza o un tratado de libre comercio? Su respuesta resulta crucial: “un imperio es el principal actor en el sistema internacional y su poder está basado en la subordinación de diversas elites nacionales que, ya sea bajo compulsión o por convicciones compartidas, aceptan los valores de aquellos que gobiernan al centro dominante o metrópolis. La inequidad de poder, recursos e influencia es lo que distingue a un imperio de una alianza (aunque los tratados de alianza a menudo formalizan o sirven de disfraz para una estructura imperial)”.8 Este es el caso del TLCAN y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN).
La naturaleza parasitaria del capitalismo monopolista y su economía permanente de guerra observa dos vertientes: la interna, en el sentido apuntado de depredar los recursos humanos, materiales y de capital fresco, y la externa, dirigida a subsanar el deterioro de las reservas nacionales de abastecimientos de materia prima estratégica, por la vía de lanzarse sobre las líneas de menor resistencia. Reagan impulsó un amplio esquema de guerra política al interior de la estructura de poder de Arabia Saudita, principal productor de petróleo del mundo, para inducir mayores exportaciones de crudo. Logró abatir los precios. Algo similar se hizo en México, desde tiempos de Díaz Serrano en PEMEX, intensificándose la privatización de facto y el desmantelamiento de la empresa bajo un guión elaborado por el Banco Mundial (BM). En la Venezuela de antes de Chávez ocurrió lo mismo; en este caso se trata de la mayor reserva de petróleo convencional de todo el hemisferio occidental –y probablemente del mundo–, por lo que los intentos y programas del presidente Hugo Chávez, orientados a la recuperación del patrimonio nacional, enfrentan una sistemática ofensiva política y cuasi-militar por parte del aparato de seguridad de EU.
En lo relacionado con el intento de estimular otras fuentes de abastecimiento petrolero y de gas geográficamente localizadas en América Latina y el Caribe (México –y el Golfo de México–, Canadá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador), se procedió con el diseño y despliegue de instrumentos político-económicos y de seguridad, estimulándose la creación de mecanismos de integración profundamente asimétricos.
Durante el gobierno de Bush Jr. se acentuó la política reaganiana de agresión ambiental y deterioro presupuestal de los programas de investigación y desarrollo (IyD) de alternativas energéticas. El acceso logrado por el BM al proceso de toma de decisiones en México por medio de préstamos altamente condicionados, así como la inducción para que PEMEX restringiese su programa de mantenimiento y, desde luego, de ampliación de la planta refinadora y aumentara inusitadamente las exportaciones de crudo,9 entre otros factores importantes, alentó la tendencia parasitaria de EU en relación con su socio comercial y «aliado geopolítico al sur de la frontera», una frase que empezó a popularizarse desde tiempos de Bush padre, y que su hijo ha retornado, impulsando el acuerdo energético de la América del Norte diseñado en función del voraz apetito de crudo y gas natural de EU,10 con el entusiasta y torpe endoso de Fox y Calderón, quienes han seguido el ímpetu entreguista de sus antecesores, De la Madrid, Salinas y Zedillo. En los dos últimos años de su periodo Fox aspiró a dejar irreversiblemente avanzada la entrega de PEMEX-CFE y Compañía de Luz y Fuerza a empresas extranjeras e integrado el país a la mencionada ASPAN, una iniciativa bloquista de viejo cuño colonial que abate la soberanía mexicana y canadiense so pretexto de la «seguridad de la América del Norte» y que requiere «contar con medidas coordinadas y sin fisuras, dentro y más allá de nuestra fronteras, para ofrecer a nuestros pueblos y a nuestra infraestructura el máximo nivel común posible de protección contra terroristas y otros criminales, así como contra desastres naturales comunes».11
Detrás de esta Alianza hay un gran esfuerzo diplomilitar que se intensificó pocos meses después de firmado el TLCAN, que los hacendistas locales presentaron a la opinión como un esquema meramente comercial. En materia de integración –y absorción–, hay continuidad entre republicanos y demócratas. En mayo de 1994 el Secretario de Defensa de Clinton visitó Ottawa y desde ahí insistió de nueva cuenta en la necesidad de «complementar al TLCAN con una integración militar para América del Norte y el hemisferio occidental».12 Mientras el secretario de Defensa William Perry hacía estas declaraciones, el Congreso de EU votaba negativamente la propuesta para cerrar la Escuela de las Américas de Fort Benning, conocida en Panamá como la «escuela del terror institucionalizado».13
La Alianza es la más reciente expresión de esa aspiración imperialista de agregar, al manejo comercial, financiero y de inversión, la sombrilla de la seguridad. El TLCAN es mucho más que un mero asunto comercial.14 La metástasis del TLCAN rápidamente se trasladó del comercio a otros de sus objetivos centrales: el dominio irrestricto sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), la estrategia monetaria, la instauración de candados al nivel de seguridad nacional y el manejo, administración y usufructo del espacio geográfico mexicano y sus vastos recursos humanos, minerales y de combustibles fósiles.
La Alianza no es la misma gata, revolcada. Contiene nuevos elementos de sometimiento enarbolados bajo la sangrienta bandera del 11-9. Además de colocar bajo el aparato de seguridad nacional de EU el manejo de los movimientos de personas, bienes y servicios que cruzan las fronteras, la iniciativa insiste en el aperturismo a favor de empresas de EU en México, especialmente «en comercio, investigación y educación». Se incluye la instalación de cinco estaciones del sistema de localización satelital en Canadá y México para incrementar la precisión de la navegación aérea en América del Norte y la armonización de estándares de navegación. Se mencionan estrategias para la siderúrgica, la creación de un consejo automotriz trinacional para identificar los temas que tienen impacto sobre la industria y la de autopartes, mientras promueve de manera central la integración energética, bajo la retórica manejada por el BM de un esquema sustentable, dirigido a «crear las condiciones políticas que promuevan el abasto y uso sustentable de energía». La propuesta promueve la posibilidad de un esfuerzo trilateral de «confiabilidad eléctrica» y una mayor cooperación en el intercambio comercial de inversión en gas natural.15
Ésta es la sombrilla de seguridad nacional para profundizar la ofensiva empresarial-petrolera de la Casa Blanca sobre los recursos energéticos de México y Canadá, encabezados al sur del Bravo por la empresa de servicios petroleros Halliburton.
En mayo de 2004 John Gibson uno de los sucesores de Dick Cheney como presidente y CEO de Halliburton, dio a conocer que su empresa había recibido un contrato de dos años –parte del rosario de 156 contratos de Halliburton con PEMEX valorados en 1,222 millones de dólares desde que Fox llegó a Los Pinos hasta mayo de 2005– para la perforación de 27 pozos del proyecto Iride-Samaria. Gibson considera que ésta es una operación que «amplía la ya importante relación» de Halliburton con PEMEX, «y solidifica nuestro crecimiento en este muy importante mercado».16 Ello porque se trata de una alianza estratégica, en este caso en torno al primer proyecto de servicios integrados PEMEX-Halliburton encaminado al aumento de la extracción del crudo mexicano y al uso de tecnología de punta, meta central del esquema energético para la América del Norte de Bush-Cheney, centrado en aumentar la oferta de crudo y, de paso, hacer buenos negocios. En relación con estas alianzas estratégicas que el liderato privatizador-neoliberal que maneja PEMEX también se está planteando en relación a la exploración y explotación del petróleo localizado en aguas profundas, el analista Víctor Rodríguez Padilla advirtió que cualquier tipo de alianza con empresas extranjeras en exploración y producción implica compartir los resultados en producción o en valor, situación que no permite la Constitución en su artículo 27: «Las alianzas tecnológicas son una ficción y están diseñadas para compartir los resultados de la exploración y explotación», por ello, para poder realizar estas asociaciones se tendrían que hacer modificaciones a la Constitución y en caso de que así sucediera se allanaría el camino para entregar concesiones.17
Información recabada por el analista Israel Rodríguez indica que, aun bajo estas limitaciones legales y constitucionales, PEMEX, además de la magna operación con Halliburton, adjudicó el primero de noviembre de 2004 un contrato multianual a la empresa franco-estadunidense Shlumberger, para la perforación de 350 nuevos pozos en la Cuenca de Burgos, localizada entre Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El acuerdo tendría vigencia hasta el 15 de julio de 2007 y es de los más cuantiosos.18 Pero estos ejemplos no son más que la punta del témpano del proceso de «desmantelamiento hormiga» que forma parte central de la agenda neoporfirista para el complejo petroeléctrico mexicano, es decir, PEMEX Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyos parámetros centrales han sido delineados por el BM y cuya infraestructura ahora estaría bajo la vigilancia tripartita del tiburón y las dos sardinitas vecinas.19
En materia de petróleo, gas y electricidad, Fox, como sus antecesores neoporfiristas, responde a intereses extranjeros y a los de una cúpula de hombres de negocios local, intermediaria en los lucrativos negocios de la compra-venta de México. Su agenda profundiza los dispositivos puestos en marcha desde los años ochenta para la desarticulación administrativa y financiera y la inducción de la privatización y extranjerización del complejo petroeléctrico. Por ejemplo, el desfinanciamiento crónico de PEMEX-CFE, por la vía de un focalizado ataque fiscal, que promueve su creciente endeudamiento. Hoy, gracias al esfuerzo acumulado de 20 años, PEMEX, con una integración vertical debilitada por diseño del BM, es la empresa petrolera más endeudada del mundo.
Los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, o Pidiregas, han sido usados para impulsar la privatización del sector. Ya en 2005 una gran proporción del presupuesto de PEMEX se dedicó al pago de los Pidiregas: tres mil millones de un total de 10 mil millones de dólares. Datos de PEMEX Exploración y Producción, indican que de 2001 a 2004 se destinó 75% de la inversión al pago de la deuda. Las urgentes necesidades de EUA en torno a su exorbitante consumo de combustibles fósiles y su estrategia orientada a diversificar las fuentes de suministro forman el núcleo de la agenda de la Casa Blanca/ Los Pinos. Además, el impulso de Bush, Fox y Calderón a la privatización de PEMEX consiste en aumentar la extracción de gas y petróleo a como dé lugar, por la vía de usar los recursos públicos mexicanos para subvencionar los negocios de firmas nacionales y/o extranjeras que operan en PEMEX, al margen de la Constitución. Es el caso de Cantarell, el principal campo petrolero del país localizado en la bahía de Campeche, cuyo orden de magnitud original se estimó en 35 mil millones de barriles en 1979. Sometido a una sobreexplotación, su producción empezó a declinar en 1996 por lo que al año siguiente, con el respaldo del BM, del Departamento de Energía (DdE) de EU y del entusiasmo entreguista de Zedillo, se diseñó un contrato de 15 años, a favor de un consorcio integrado por BOC Gases, Marubenti Corporation, Setcoast Energy, ICA Fluor Daniel y Linde para inyectar nitrógeno e incrementar la producción, que en 2002 llegó a 1.88 millones de barriles diarios, el doble de lo producido en 1995. La agenda de Fox y Calderón, que es la del BM, incluye de manera prominente los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), especial aunque no exclusivamente en torno a la explotación del gas no asociado de la Cuenca de Burgos que fue dividida –y subastada– en siete bloques: Repsol-YPF se encarga del bloque Reynosa-Monterrey; a Teikoku Oil de Japón y Grupo Diavaz de México se les asignaron Cuervito y Fronterizo. Tecpetrol, domiciliada en Argentina, junto a Industrial Perforadora de Campeche, ganaron el contrato para la Misión. Fox inauguró el año 2004 otorgándole al grupo Lewis Energy de Texas el CSM para Olmos el 9 de febrero. En medio del aplauso de la Casa Blanca y de la censura del Senado mexicano, la racha antinacional panista continuó impertérrita. Se asignó el CSM de Pandera-Anáhuac a Industrial Perforadora de Campeche y Compañía de Desarrollo de Servicios Petroleros. En 2005 se entregó Pirineo y Monclova. No son necedades panistas, sino oportunidades empresariales y necesidades geoestratégicas de EUA derivadas de su despilfarro energético. Fox seguido por Calderón impulsan las reformas estructurales del BM encaminadas a dar cobertura legal a a las inconstitucionales operaciones en curso.
El “mercado” (léase, empresas como Repsol) se encarga de los grandes negocios del gas (regasificación, distribución, etc.) a lo largo y ancho del país, especialmente en la frontera norte: en Altamira están Royal Dutch, Shell, Total y Mitsui con la participación de Unión FENOSA de España; en la Costa Azul, Sempra Energy y Royal Dutch Shell; en la Península de Baja California, cerca de las Islas de Coronado, Chevron-Texaco; en Lázaro Cárdenas, Repsol-YPF; en Tijuana, Maratón con Golar LNG Limited y Grupo GGs; en Sonora, DKRW Energy.
El «México Country Analysis Brief» del Departamento de Energía de EU (noviembre de 2004) apoyaba entusiasta la gestión de Fox ya que sus iniciativas, como los CSM (que son las de la Casa Blanca y su BM), «aparecen como un paso positivo hacia la apertura gradual de la producción de gas natural de México a favor de las compañías privadas extranjeras». Bush, Cheney, Halliburton y su subsidiaria, Kellog, Brown and Root, Bechtel y las petroleras, gaseras y empresas eléctricas asociadas –y otras como Repsol e Iberdrola de España– mostraron alegría y agradecimiento con el ex gerente de la Coca Cola que se sentó en la silla presidencial con el voto ciudadano. Pero ahora impulsan un despojo mayor bajo el eufemismo de una “reforma estructural energética”. Lo quieren todo y lo quieren “hoy hoy hoy”.
1 Docente e Investigador de la UNAM. Es autor, entre otros de Petróleo y Estrategia (Siglo XXI, 1980; La Compra-Venta de México, (Plaza & Janés, 2002), Terror e Imperio (Random House, 2006).
2 Raúl Muñoz Leos, citado por Rafael Decelis Contreras, “Misivas sin Respuestas II”, Costa-Amic Editores, México 2004 p. 3
3 Aníbal Quijano,”América Latina en la economía mundial”, Problemas del Desarrollo, Vol. XXIV, N.95, México, Octubre-diciembre 1993; “Coloniality of power and its institutions”, University of New York at Binghamton, Nueva York, April, 1999 (mimeo).
4 Uso el termino de “neoporfiriato” en lugar de “neoliberalismo”, para centrar la atención en la dimensión librecambista, del laissez-faire decimonónico que en gran medida se reproduce actualmente. Se considera también que los liberales decimonónicos tenían más sentido de la patria y además propiciaban la separación de la Iglesia y el Estado y la educación pública laica, en contraste con el actual liderato.
5 El cálculo se basa en metodología elaborada por Seymour Melman del Departamento de Diseño Industrial de Columbia Univeristy –Nueva York. S. Melman, Profits Without Production, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1987.
6 Me he referido extensamente a este asunto en John Saxe-Fernández, “After the Cold War. New Strategies in Latin American-United States Relations”, International Journal of politics culture and society, Vol.8, N.2, Winter 1994, New York, p 232 y ss.
7 John Saxe-Fernández, “La Presidencia Imperial en México”, Nueva Sociedad, N. 188, Caracas, 2003; John Saxe-Fernández, “Irak & Gewaltgeschäfte”, Das Argument N. 263, Berlín, 2005, pp 108-116. John Saxe-Fernández, “Presidencia Imperial y Capital Monopolista”, Mundo Siglo XXI, N. 4 Primavera de 2006, México Instituto Politécnico Nacional, pp 13-19.
8 Es una noción que contrasta con el manejo ideológico y sesgado que dan Negri y Hart al término. Para una aclaración consultar Lloyd Gardner and Marilyn B. Young, et al, The New American Empire, New York, London, The New Press, 2005 p xii-xiii.
9 Algo similar trató de hacer Washington con Pdvsa, la empresa petrolera venezolana. No obstante, los venezolanos lograron adquirir empresas distribuidoras de gasolinas y otros derivados del petróleo en EU, manteniendo esquemas de refinación. En contraste, PEMEX fue sometida a restricciones severas por lo que se refiere a la inversión en el mantenimiento y ampliación de la planta refinadora.
10 Sobre este diseño imperialista consultar John Saxe-Fernández, Petróleo y estrategia, México, Siglo XXI,1980.
11 Sección del texto oficial de ASPAN, citada por José Carreño, Atan seguridad y mejora económica a proyecto regional, El Universal, 27 de junio de 2005, p. A18.
12 J. Saxe-Fernández, “La seguridad internacional: consecuencias para el NAFTA”, Excélsior, 31 de mayo de 1994, p. 7 A.
13 El Financiero, 24 de mayo de 1994, p. 54.
14 La visión de estrecho economicismo fue popularizada por medio de una masiva campaña de convencimiento desplegada durante el régimen de Salinas, por personajes como Serra Puche desde una Secretaría de Comercio que parecía un apéndice vergonzante y vergonzoso del Departamento de Comercio de EU.
15 Carreño, op. cit.
16 Scandinavian Oil and Gas Journal.
17 Citado por Israel Rodríguez, Carece Pemex de marco legal para hacer alianzas con otras petroleras, LaJornada, 8 de febrero de 2005.
18 Id.
19 En La compra-venta de México, op. cit.
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