Amicus curiae en Guerrero

Miguel Concha

Organizaciones civiles extranjeras y mexicanas de derechos humanos y ambientales denunciaron nuevamente la semana pasada violaciones internacionales por la implementación del proyecto hidroeléctrico de La Parota. Ello se suma a la solicitud que los relatores especiales de la ONU sobre la Vivienda Adecuada y sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas hicieron en marzo pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que el gobierno suspenda ese proyecto hasta garantizar la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las personas afectadas.

En junio de 2006 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU invitó al gobierno a atender esta situación. En marzo de ese mismo año el Tribunal Latinoamericano del Agua había recomendado la cancelación de la hidroeléctrica.

La Parota es un proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que plantea la construcción de una gran presa en la cuenca del río Papagayo, a menos de 50 kilómetros de Acapulco, con una cortina de 192 metros de alto, que inundaría una área aproximadamente igual a Guadalajara.

La CFE lo califica como una “alternativa viable, para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área central del país”. Sin embargo, las evidencias de los problemas ambientales y de derechos humanos exigen una evaluación integral de las alternativas y de la forma de su implementación. Desde 2003 se creó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), un grupo de comuneros afectados que suman más de 15 mil habitantes de los ejidos de Los Huajes, La Palma, Dos Arroyos y Bienes Comunales de Cacahuatepec, quienes han defendido sus derechos por medio de acciones legales y políticas para proteger sus tierras y el agua que han usado por décadas. Argumentan que la obra fue autorizada sin consulta ni información adecuada, que no conocen estudios integrales de los impactos de la presa y la manera de evitarlos, mitigarlos y compensarlos. Existen, además, riesgos sísmicos, afectaciones a la calidad de agua, potencial deterioro de la salud de las personas en la zona y daños ambientales irreparables que no han sido adecuadamente evaluados. Por ello el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), junto con el CECOP, presentaron una demanda de amparo el año pasado contra la CFE, la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por la inconstitucionalidad de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Equilibrio Ecológico, en virtud de que no prevén el derecho de audiencia a las partes afectadas, y con ello violan los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Dada la gravedad para los derechos humanos, la juez Livia Lizbeth Larumbe, del octavo juzgado de distrito en Acapulco, otorgó el 14 de agosto de 2007 la suspensión provisional de todas las obras del proyecto, y el 13 de septiembre la suspensión definitiva de las actividades de la CFE, hasta el final del proceso judicial. Por ello a la fecha la CFE se encuentra legalmente impedida para ejecutar cualquier obra que tienda a la materialización del proyecto. Sin embargo, el 31 de octubre de 2007 la misma juez dicta otra sentencia, en la que resuelve ilegalmente sobreseer el juicio de amparo, por considerar que todavía no hay afectación directa a los comuneros. Esta acción fue apelada y está pendiente de resolución ante un tribunal colegiado de Guerrero. Considerando la importancia del caso para el país, se le pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo atraiga y lo resuelva.

Justamente por su gran relevancia nacional y mundial, más de 10 organizaciones nacionales e internacionales presentaron el pasado 27 de marzo un escrito de amicus curiae (amigos de la corte) ante el tribunal de Acapulco. La figura del amicus es un medio de participación ciudadana en torno a temas y problemas de interés público, que internacionalmente se usa para que personas expertas aporten a los jueces elementos esenciales en un proceso, sobre todo cuando se trata de proteger derechos humanos.

El amicus de La Parota, novedoso en México, destaca las más importantes violaciones de derechos humanos y ambientales contenidos en tratados internacionales, como la Convención Americana, el Protocolo de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención sobre la Biodiversidad, y las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas. Las organizaciones llaman la atención sobre el riesgo de que la implementación de La Parota no tenga en cuenta experiencias nefastas en otros países, ni las medidas y acciones existentes para evitarlos. Recuerdan que a escala mundial ya no se construyen en los países más desarrollados represas de este tamaño, y que incluso la Comisión Mundial de Represas, organizada con el respaldo del Banco Mundial, recomendó evitar construirlas e implementar opciones alternativas.

Por lo anterior, las organizaciones piden al tribunal ordenar al gobierno atender las normas internacionales, considerar todas las alternativas posibles, aprender de las experiencias mundiales, respetar los derechos humanos de los afectados y proteger el ambiente de todos los mexicanos.