LA SSP DEGRADA A MILITARES Y CONTRATA A DELINCUENTES



Alentados por el presidente Felipe Calderón, cientos de oficiales dejaron el Ejército para reforzar a la Secretaría de Seguridad Pública en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la dependencia encabezada por Genaro García Luna no cumplió las promesas de mejoría laboral y salarial, los puso a las órdenes de mandos con antecedentes penales e incluso tolera que se les imponga un trato degradante. Pero de nada les sirve denunciar sus casos, ya que García Luna no le responde ni siquiera al secretario de la Defensa Nacional.

Cientos de oficiales dejaron el Ejército para reforzar a la Secretaría de Seguridad Pública en la lucha contra el narcotráfico
Álvaro Delgado
MEXICO, DF, 13 de diciembre (proceso).- Nombre: Manuel Jesús García Santos. Puesto: Inspector jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP). Resultado: “Criminal”.
Nombre: Julio César Monge Peraza. Puesto: Subinspector de la misma corporación que tiene a su cargo las Fuerzas Federales de Apoyo. Resultado: “Criminal”.
Gerardo Barriga Almonte, oficial; Omar Lander Ángeles, suboficial; Raúl Leal Polito, sargento, y Jesús Daniel Yánez Yáñez, cabo, todos miembros de la PFP, tienen un registro idéntico: “Criminal”.
Uno por uno, policía por policía, decenas de miembros de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que encabeza Genaro García Luna, aparecen en oficios que acreditan que quienes deben combatir a los criminales tienen, paradójicamente, antecedentes penales por conductas delincuenciales, conforme a la revisión que la misma dependencia hizo de ellos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según documentos de la SSP clasificados como “confidenciales”, y que fueron obtenidos por Proceso, la evaluación practicada por la Dirección General de Control de Confianza de la PFP es un trámite inútil, porque mandos y efectivos –entre ellos los mencionados– se encuentran en activo, lo que pone en entredicho la Operación Limpieza difundida por el gobierno de Felipe Calderón.
Firmados por Gabriela Peláez Acero, directora general de Control de Confianza, son decenas y decenas los oficios –cientos, se dice dentro de la corporación– que prueban que elementos policiacos tienen registros “criminales” en la Procuraduría General de la República (PGR), en las procuradurías de Justicia de los estados y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La inocuidad de los controles, el disimulo de los antecedentes penales de elementos policiacos y los “compadrazgos” en la asignación de grados y ascensos han generado corrupción al interior de la SSP, particularmente en las Fuerzas Federales de Apoyo, que se ha denunciado formalmente ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Presidencia de la República.
“Todo el aparato que hoy funciona (es) para favorecer el ejercicio de la corrupción y la mezquindad”, asevera el mayor Julio Alberto Noé Franco en una carta que envió a García Luna el 22 de septiembre pasado, y en la que describe a detalle las anomalías y corruptelas que padece la PFP.
La carta del militar forma parte de un grueso expediente sobre las denuncias que se han traducido en encubrimiento a los señalados y en represalias contra los quejosos porque el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SSP, Edgardo Flores Campbell, es amigo íntimo de García Luna y fue coordinador de giras y logística de eventos de la campaña presidencial de Felipe Calderón, quien al inicio de su gestión lo nombró secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Otra “falacia” de Calderón
El fenómeno de policías con antecedentes penales en activo en la secretaría que encabeza García Luna es parte de un problema mayor, relacionado con otra promesa incumplida de Calderón: la mejoría laboral que, al inicio de su gestión, ofreció a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que voluntariamente se integraran a la policía federal.
Hace dos años, el 13 de diciembre de 2006, Calderón instruyó a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) a transferir 10 mil elementos a la SSP –7 mil 500 de la primera y 2 mil 500 de la segunda– con el fin de reforzar la “guerra” que declaró al crimen organizado y que en dos años ha provocado más de 8 mil muertes.
Conforme a la instrucción presidencial, a un teniente coronel del Ejército le correspondía en la PFP el grado de inspector general; un mayor sería inspector jefe; un capitán primero, inspector; capitán segundo, subinspector; un teniente sería oficial; subteniente, suboficial, y los cabos y sargentos también ascenderían un grado con el cambio.
Pero la promesa de Calderón de mejorar sueldos y jerarquía a los militares resultó “una falacia”, como la calificó el mayor José de Jesús Anguiano Rodríguez en la carta de renuncia que le envió a García Luna el 22 de julio del 2007, cinco meses después de que no obtuvo en la PFP el grado que le correspondía.
Según el convenio de transferencia Sedena-SSP, por haberse retirado del Ejército como mayor, le correspondía el grado de inspector jefe, pero no sólo le dieron un grado menor (sólo inspector y comandante de compañía) sino que días después, “por órdenes superiores”, fue relevado de la comandancia por un capitán segundo, al que por grado no le correspondía tal jerarquía.
Anguiano Rodríguez, Diplomado de Estado Mayor y con estudios de maestría en administración pública, denunció ante García Luna estas y otras anomalías, entre ellas el incumplimiento de las expectativas económicas por las que se retiró del Ejército.
“Cabe resaltar que en esta situación resulta directamente afectada mi familia por abandonar el servicio activo por una falacia en que se convirtió la propuesta de trabajo laboral (sic) ofrecida por esta Secretaría de Seguridad Pública, debido al movimiento del cargo dentro de la planilla orgánica, que resultó ilegal”, definió.
Aunque no pudo reingresar al Ejército porque éste no fue responsable del incumplimiento, el militar logró que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván –“como muestra de apoyo a mi persona y a mi familia”, dijo Anguiano– le enviara una carta a García Luna el 10 de mayo para pedirle explicaciones sobre el incumplimiento del convenio, pero el jefe policiaco ni siquiera respondió.
Así, Anguiano Rodríguez presentó su renuncia dirigida a García Luna, a quien le advirtió que “no es la institución sino las personas encargadas de su cumplimiento las que harán que la orden del señor presidente no se concrete y solamente quede en buenas intenciones por la falta de voluntad política y social, falta de calidad humana en los niveles de mando”.
Puros cuates
El del mayor Jesús Anguiano Rodríguez es uno de los numerosos casos de oficiales que solicitaron su retiro del Ejército para aspirar en la PFP a mejores condiciones laborales y económicas, mientras que otros individuos son los beneficiados, la mayoría de ellos también militares, aunque éstos no se acogieron al programa de transferencia ofrecido por Calderón para fortalecer a la PFP.
Por ejemplo, al mayor ingeniero industrial Julio Alberto Noé Franco le correspondía ser inspector jefe y sólo obtuvo el grado de subinspector; el capitán primero Manuel Trejo Hernández debería ser inspector general y sólo obtuvo grado de subinspector, y el capitán segundo Juan Enrique Patiño Ortega debería ser subinspector y es sólo oficial.
El teniente coronel Procopio Eduardo Cárdenas Noble debería ser inspector general y es inspector jefe; el teniente Rafael Ibarra Celestino es suboficial y debería ser oficial; el cabo Juan Enríquez Chávez debería ser sargento y tiene el mismo grado que en el Ejército.
Otros: el teniente Fernando Gómez Guzmán es suboficial y le corresponde ser oficial, mientras que el capitán segundo Juan González Márquez debería ser subinspector y es sólo oficial.
El caso del mayor Noé Franco es ilustrativo. De acuerdo con su expediente –que ha enviado a todas las instancias de la SSP, de la Secretaría de la Función Pública, la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados–, al retirarse del Ejército le correspondía el grado de inspector jefe y comandante de agrupamiento, con un salario de 47 mil 973 pesos.
Cuando Franco hacía los trámites para ingresar a la PFP, a partir del 1 de abril de 2007, le dijeron que podía inclusive ser inspector general por sus estudios de posgrado y cursos en países como Estados Unidos y China, con un ingreso de 68 mil pesos mensuales.
Sin embargo, ya dentro de la corporación, sólo le fue otorgado el grado de subinspector de nivel jefe de departamento, con un sueldo de 19 mil 432 pesos, menos de la mitad de lo ofrecido –incluso menos de lo que percibía en el Ejército– y con un grado que corresponde a un capitán segundo.
El general Rodolfo Cruz López, coordinador general de las Fuerzas Federales de Apoyo, le pidió a Franco que fuera paciente para que lo incorporaran pronto a uno de los agrupamientos que estaban en formación, pero nada ocurrió. No sólo no obtuvo el grado que le corresponde, sino que fue asignado a una subdirección de operaciones con un solo ayudante y una computadora en mal estado.
Por el incumplimiento y el “acoso laboral”, el mayor Noé Franco –quien fue director de las fábricas de vestuario y calzado de la Sedena– procedió a demandar a la SSP el 10 de agosto del 2007, ante el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo.
A partir del 1 de marzo pasado el militar fue adscrito al Servicio de Protección Federal –cuerpo policiaco creado este martes 9 por decreto presidencial–, pero no se le ha entregado vestuario ni equipo, acceso a comedor, pago de “operatividad” –viáticos–, identificación como miembro de la PFP ni licencia para portar armas.
Tras casi un año sin solución a su problema, Noé Franco recurrió a Felipe Calderón mediante una carta que le envió el 17 de enero de este año. La respuesta fue un oficio firmado por Bernardo Altamirano, jefe de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, y remitido a García Luna para “que se brinde la atención que el caso amerite”.
Pero nada pasó con esa carta y con otros oficios que Altamirano envió a García Luna y al secretario técnico del Secretariado de Seguridad Pública, Daniel Castro.
Tampoco ocurrió nada con las denuncias que el militar retirado formuló ante el OIC de la SSP, a cargo de Flores Campbell, en las que detalla la discrecionalidad con la que se conducen los mandos y las arbitrariedades que cometen.
Por ello, en una carta enviada a García Luna el 22 de septiembre de este año, el ingeniero militar le dice que en la SSP “todo el aparato que hoy funciona (es) para favorecer el ejercicio de la corrupción y la mezquindad”, como lo demuestra la falta de cumplimiento de la “oferta laboral”.
“El que roba, miente o engaña, tras las rejas; pero ahora el que roba, miente y engaña está en nuestras filas. Hay tantos ejemplos que nos dejan claro que algunos de los compinches, soplones y protectores de los delincuentes traen uniforme, y es el de la Policía Federal.”
En su comunicación, Noé Franco insiste: “No hubo una buena selección de personal en Fuerzas Federales. Es por ellos que hay muchos con antecedentes penales que están en nuestras filas, que van desde inspector jefe hasta cabo.”
Pero además, conforme a un grueso expediente del que el reportero tiene copia, en la PFP se asignan grados y ascensos de manera discrecional en función de las relaciones personales y en perjuicio de los militares que ingresaron a la corporación por la vía de la “oferta laboral” de Calderón de diciembre del 2006:
Miguel Ángel Rosas Pérez, quien era mayor del Ejército, es inspector general, cuando le corresponde ser inspector jefe; el teniente Gerardo Barriga Almonte, quien debería ser sólo oficial, es subinspector; el marinero Enrique Sánchez Pozos es inspector, pero debería ser sólo sargento segundo; el teniente Miguel Ángel Rosas Ortega debería ser oficial y es inspector.
Más: el sargento segundo Héctor Sánchez Soto debería ser sargento primero y es suboficial; el capitán segundo Praxedis Gerardo Torres González debería ser subinspector y es inspector, y el teniente Pedro Benito Manzano Vega es inspector, cuando debería ser sólo oficial.
Y un caso peculiar: el capitán primero Carlos Gómez Fontanel tiene el grado que corresponde a la “oferta laboral”, inspector, pero presuntamente es desertor.
Trato degradante
La discrecionalidad es nítida en el caso del teniente Alejandro Zapata Meza, comandante de agrupamiento, pues la mayoría de sus propuestas de ascensos brincan dos y hasta cuatro grados.
Dos ejemplos: un cabo brincó a oficial, cuando debería ser previamente sargento primero, sargento segundo y suboficial.
Y Zapata Meza propuso que un suboficial ascienda a inspector, cuando los grados siguientes son oficial y subinspector.
En cuanto a los grados por nivel de estudio, hay también numerosos ejemplos de la discrecionalidad en la PFP.
Mientras que Luis Nolasco Hernández, licenciado con estudios de posgrado y que estudia un doctorado, es cabo de la PFP, Jesús Matus Badillo, con apenas la secundaria, es inspector. Es el mismo caso de Alejandro Romero Carrasco, quien tiene estudios de licenciatura y es cabo, en tanto que Leonardo Roberto Vargas Cruz, con sólo secundaria, es inspector.
Los inspectores generales Fernando Faustino Mejía Ocampo, Alfonso Covarrubias López, Ricardo Álvarez Andrade y Gabriel Hernández Velasco tienen estudios sólo de bachillerato, nivel académico de Fernando Fierro Bello y Alejandro García González, con grado de inspector jefe cada uno.
En la SSP también se da el extremo de que personal con menor grado tenga a sus órdenes a sus superiores jerárquicos: en el caso del subinspector Noé Franco, mayor en el Ejército, estaba subordinado al teniente Felipe Valdés González, quien es director de logística, encargado del mantenimiento vehicular, gasolina, armamento, vestuario y equipo de protección.
Más aún, como lo denuncia por escrito Noé Franco, Valdés González ha dado un trato degradante a uno de sus superiores jerárquicos, aunque bajo sus órdenes por disposición del inspector general Federico Rivas Valdés: al inspector jefe Arturo Álvarez Muñiz, comandante del segundo Agrupamiento de Reacción y Alerta Inmediata, le asignó hacerse cargo del aseo de los sanitarios y supervisar la limpieza de los baños portátiles.
“Cabe hacer mención que por atención y consideración al cargo y grado del inspector jefe, éste no debería estar realizando estas funciones y bajo el mando del oficial”, reprocha Noé Franco.
Y en la carta que le envía a García Luna, el mayor le pregunta: “¿Quién nos mintió o nos engañó con la oferta laboral? ¿Acaso fue el propio presidente de la República, ya que fue su orden? ¿Fue la falta de supervisión de un secretario, al cual su equipo no le informa la realidad, esperando que el personal preparado mejor renuncie porque estorba a sus planes? ¿O sólo es un capricho o desobediencia al propio presidente de la República?”