Congreso reprobado

Autor: Paulina Monroy	Sección: Especial
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5 Julio 2009

Frente a la escasa credibilidad ciudadana en el desempeño de los diputados, la LX Legislatura presenta un déficit de atención y transparencia en derechos humanos, presupuesto y cuenta pública, así como en equidad y género, según un análisis de Fundar. Comisiones que no se reúnen, iniciativas que se “dictaminan” en los pasillos, ausentismo de legisladores, entre las deficiencias señaladas por la organización no gubernamental

A tres meses de presentar las conclusiones del Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Itzel Checa Gutiérrez, Haydeé Pérez Garrido y Melissa Ortiz Massó, investigadoras y responsables del proyecto, concluyen que la LX Legislatura presenta un balance deficiente en derechos humanos, presupuesto y cuenta pública, y equidad y género. Pese a la importancia de los temas, en la Cámara de Diputados los avances son mínimos, observan.

Al inicio de la LX Legislatura, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos fue dividida para “fortalecer la capacidad de acción de cada una”, según se desprende del boletín 0193 de la Cámara de Diputados; sin embargo, advierte Itzel Checa Gutiérrez, los derechos humanos no fueron una prioridad.

Déficit en derechos humanos

La investigadora de Fundar define que el respeto a esas garantías es uno de los pilares básicos en el Estado para alcanzar el imperio de la ley y una democracia sólida. Describe que al darle un estatus diferenciado, la cámara contribuyó en ese sentido, sobre todo en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad pública, de estigmatización de la protesta social, de indefensión, de resoluciones judiciales y de comisiones que no garantizan la función de salvaguarda y defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, indica, la comisión no sorteó los retos de la mejor manera. Aunque incluido en la reforma del Estado, la reforma constitucional en derechos humanos no se logró. Se planteaba modificar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la obligación del Estado a respetar los derechos humanos; se introdujo el principio de privilegiar la norma que proteja más esas garantías; se estableció que un principio de la política exterior debe ser el respeto a derechos humanos, y que un extranjero puede tener libre audiencia antes de ser expulsado del país (siempre que sea frente a una instancia administrativa y la decisión sea inapelable); además de disponer que las comisiones estatales tengan autonomía presupuestaria y de gestión.

El alto comisionado de las Naciones Unidas firmó un convenio de colaboración con el Congreso de la Unión, que tenía como objetivo impulsar la reforma. La investigadora menciona que organizaciones civiles y académicas hicieron una propuesta que, aunque mínima, contemplaba cuatro ejes: conceptualización y fortalecimiento de los derechos humanos, obligaciones del Estado, jerarquía a los tratados internacionales y principios de protección como la no discriminación, la igualdad, la progresividad y la universalidad.

Otro eje fue la revisión y armonización de los derechos contenidos en el marco legal con los tratados internacionales; el fortalecimiento de los mecanismos en materia judicial y de organismos públicos, y la inclusión de la perspectiva de género.

Pese a las 93 propuestas realizadas, la iniciativa se estancó. Checa Gutiérrez considera que la reforma realizada no cubre con los mínimos suficientes para decir que sea integral: “Al final quedaron cinco artículos que es una base muy minúscula para las obligaciones que tiene México en el exterior”.

Opina que algunas reformas violan los principios del debido proceso, como la de la expulsión de extranjeros, mientras que otras son contradictorias, pues se privilegia la norma que proteja mejor los derechos humanos, mientras existen otras que no los respetan, como las modificaciones en materia judicial y penal, aprobadas también por esta legislatura: “Los partidos políticos tienen sus prioridades y se puede notar en las reformas que se realizaron: en el sistema de seguridad pública y las de justicia penal. So pretexto de ellas, hay medidas muy regresivas y que restringen la vigencia de los derechos humanos. La reforma en esa materia no hace un contrapeso efectivo para contrarrestar las facultades excesivas al Ejército ni los abusos que otras reformas proponen”.

Advierte que la modificación no se discutió en el seno de la comisión. En su lugar, relata, se tuvieron que conseguir las firmas en los pasillos y en las oficinas de los integrantes: “Vemos una actividad poco profesional con deficiencias de este sistema de comisiones que no permiten que se logre de la mejor manera el trabajo”.

Ejemplifica que la Comisión de Derechos Humanos se reunió sólo ocho veces con el quórum reglamentario durante la legislatura. Por ley, explica, tuvo que convocar cada mes a una sesión ordinaria y si bien sí se cumplió, sólo en ocho hubo el número de legisladores necesario para tomar acuerdos.

Al respecto, la investigadora opina que no fueron asuntos tan transcendentales ni se discutieron reformas sustantivas: “Únicamente implicaron las comparecencias de algunos funcionarios y éstas se dieron en un marco donde los integrantes no cuestionaron los temas que se trataban: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y Ernestina Ascencio”.

En el primer caso, comenta, el ombudsman nacional José Luis Soberanes rindió un informe sobre las violaciones, y los integrantes no lo cuestionaron, no hicieron un análisis posterior ni llamaron a comparecer a los supuestos responsables. Asegura que en el caso de la mujer que fue supuestamente violada y asesinada por elementos militares en Zongolica, Veracruz, fue la misma tónica: “No asumieron con responsabilidad el hacer un contrapeso en los abusos de poder”.

Comenta que en el trabajo legislativo, la comisión no terminó con todos los asuntos que le fueron turnados, y por no contar con el quórum suficiente no hubo oportunidad de presentar los dictámenes ante el pleno; por lo que no se tradujo en leyes sustantivas.

Otro asunto que debía trabajar la legislatura, era analizar el informe rendido por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, no lo hizo. Tampoco, dice, las funciones de control se realizaron de la mejor manera, pues hubo deficiencias y una participación poco activa de los diputados.

Presupuesto y cuenta pública, sin control

Encargada de aprobar el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos, las cuentas públicas y dar seguimiento al ejercicio de los recursos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “no cumplió con su función de control”, advierte Haydeé Pérez Garrido.

La investigadora de Fundar observa centralización y opacidad en la negociación del presupuesto. Expone que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los procesos de negociación habían empezado a realizarse de manera más ordenada. Sin embargo, para este año hubo retrocesos. En los últimos 15 días de aprobación se cerraron las puertas para la ciudadanía y los medios, y se realizó el intercambio político.

Sobre la negociación del presupuesto, apunta que fue compleja, pues a la mitad la propuesta del Ejecutivo se inscribió en una política anticíclica o de inversión en infraestructura para contrarrestar la crisis económica. Aprobados por el pleno, los recursos no fueron ejercidos, según se observa en el primer informe trimestral.

Advierte que ese presupuesto sería designado a educación, salud y agricultura: “Se entrega el informe y la cámara no ha hecho nada con él. Parece como si los diputados ya hubieran concluido su mandato y no estuvieran interesados en llamar a comparecer a los responsables de que los recursos no se estén ejerciendo”.

Uno de los “puntos más álgidos en el trabajo legislativo”, según la especialista, es el rezago de la comisión en dictaminar las cuentas públicas a partir de 2002.

En su artículo “La cuenta pública: ¿pan y circo o rendición de cuentas?”, de mayo de 2009, menciona que la comisión tenía como obligación emitir un dictamen para su votación a más tardar seis meses después de recibida la cuenta pública, el 30 de septiembre de 2004.

A cuatro meses de que terminara su mandato, la actual legislatura discutió y rechazó las cuentas de 2002 y 2003 por considerar que hubo mal uso de recursos. Un proceso que debió durar un año nueve meses, tardó seis años ocho meses en llegar al pleno para su discusión. Probablemente, dice Pérez Garrido en su artículo, el dictamen de las revisiones se herede a la LXI Legislatura.

“El Poder Legislativo, al postergar su tarea de revisión, incumple uno de sus mandatos constitucionales: aquel que le otorga la facultad para controlar a los otros poderes del Estado. La consecuencia directa de esto es inhabilitar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas horizontal y vertical, es decir, entre poderes y hacia la ciudadanía, respectivamente”, concluye.

Después de que la Auditoría Superior de la Federación hizo su revisión y fiscalización, a decir de la investigadora en entrevista, y pese a haber malversación, falta de transparencia y un problema sistémico de subejercicios, el Poder Legislativo nuevamente falla en su función de control del Ejecutivo, dejando que esas faltas queden en la impunidad.

Equidad y género

Melissa Ortiz Massó describe que el Estado mexicano tiene una deuda con las mujeres en varios temas. Relata que la Comisión de Equidad y Género entra en un momento de encono político, pero “con ciertos avances sustanciales”.

Dos de ellos, enuncia, fueron la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que le permitieron a la comisión comenzar un trabajo integral con los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y en la articulación de políticas públicas. Expone que fue una comisión que también se enfocó en el presupuesto etiquetado y dirigido a mujeres en el tema de salud, educación, campo y violencia.

No obstante, observa, quedaron muchos pendientes y se alcanzaron los mínimos indispensables. Define que la comisión es sui géneris, porque a diferencia de otras pretende abarcar una cantidad de temas que para 30 integrantes es demasiado.

“Los resultados no son los idóneos, son resultados desde el análisis de corto plazo, limitados, que responden a intereses particulares y no necesariamente de la población. En el término de equidad y género, las deudas tienen que ver con eso”.

De este modo, expone, en el tema de salud sexual y reproductiva prepondera una visión conservadora, donde la mujer no tiene alcance a derechos. La investigadora apunta que en igualdad laboral, de presupuesto con visión de género y acceso a justicia tampoco hubo progresos.

En tanto que en el acceso a la política y a puestos públicos, en la composición del propio legislativo, hay retrocesos: “A los propios partidos políticos les cuesta cumplir. Es más, hay que asignarles cuotas para que las mujeres lleguen al poder. Aun asignando estas cuotas, las incumplen o hacen triquiñuelas para meter a candidatas en los últimos lugares de la lista plurinominal”.

Indica que el modelo de política pública no necesariamente se ha construido para que haya igual acceso e iguales derechos entre hombres y mujeres. Sostiene que la sociedad mexicana está preparada para más avances y que el Legislativo “se está viendo corto”.

Opacidad

El sistema político, refiere Itzel Checa Gutiérrez, se caracterizó por 71 años de un presidencialismo que desdibujó al Poder Legislativo y lo supeditó a los intereses del Ejecutivo. Subraya que la legislatura debe jugar el papel de contrapeso y control entre los poderes.

Melissa Ortiz Massó resalta que una de las principales razones para vigilar el trabajo legislativo es que es el poder más cercano a la ciudadanía; no obstante, señala, en esta vinculación no hay transparencia que facilite conocer cómo se construye la política pública y qué hacen los legisladores para representar los intereses de la población.

Describe que la información es muy limitada, por lo que la ciudadanía no puede conocer ni participar de esos procesos: “No hay posibilidades para opinar y esa participación sólo se da con el voto”. Por ello, expone que la importancia del monitoreo es que permite observar cuáles son las buenas y las malas prácticas e incluir mecanismos de participación que permitan una representación efectiva de los intereses.

Las investigadoras opinan que el Poder Legislativo da cuenta muy poco de sus acciones y decisiones, y bajo qué criterios lo hace. Para Checa Gutiérrez la rendición de cuentas no debe ir dirigida sólo a la ciudadanía, sino a los otros poderes y organismos autónomos, “que sirvan de control para mejorar las prácticas y las políticas públicas”.

Poca credibilidad en trabajo legislativo

Sobre el porqué de la poca credibilidad de la ciudadanía en los legisladores (sólo tienen 4 por ciento de aceptación), el exvicepresidente de la Mesa Directiva, Cristián Castaño Contreras observa que hay poca cultura de seguimiento y control al trabajo parlamentario. Expone que el ciudadano no sigue, porque no es de su interés inmediato y cotidiano, lo que están y no logrando los diputados.

El también secretario de la Comisión de Gobernación agrega que, mientras el conflicto, la confrontación y el debate áspero son noticia, una labor sin escándalos no. Además, “por la deficiencia que tenemos en nuestro sistema legal para la reelección, el diputado seguirá más una línea cercana a las decisiones de los líderes de partido que a la voluntad del ciudadano”.

Al respecto, sostiene que corresponde a los legisladores dar seguimiento a las demandas o iniciativas de la ciudadanía, pero “no hay reelección o incentivos para que vaya de manera continua con sus electores a consultar el sentido de su voto”.

Reforma de Pemex, entre los “logros” panistas

Casi en la recta final de la LX Legislatura, el exvicepresidente de la Mesa Directiva, Cristián Castaño Contreras, concluye que las fuerzas parlamentarias sumaron esfuerzos: “Se comenzó con tambores de guerra y unos días después se lograron consensos inéditos”.

De acuerdo con el portal de la Cámara de Diputados, se dictaminaron 373 nuevas leyes, reformas y decretos. Hasta el 24 de junio, la legislatura saliente aprobó 204 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a leyes vigentes. Según el conteo, al 17 de junio 25 de esas modificaciones fueron de orden constitucional.

El legislador expone que “se hicieron cambios constitucionales relevantes, fortaleciendo el federalismo y consolidando la cultura de la transparencia”. Ejemplifica que en materia tributaria se avanzó con la reforma fiscal, aunque, dice, fue limitada.

El secretario de la Comisión de Gobernación agrega la reforma energética que, según el legislador, le dio mayor autonomía, capacidad de gestión y transparencia a Petróleos Mexicanos, garantizó la reinversión de recursos públicos a la paraestatal y fortaleció las estrategias para fuentes energéticas alternativas.

Otro eje importante, según Castaño, fue la reforma judicial que unificó los criterios para el funcionamiento de las instancias de seguridad pública y estableció controles y pruebas obligatorias de confianza a los policías. Abunda que estableció también un nuevo orden en los juicios para garantizar que la justicia sea pronta y expedita: “Esto es de lo más trascendente. Es una reforma radical al sistema de los juzgados”.

En relación con el tema de derechos humanos, describe que hubo una representación permanente en reuniones con organismos no gubernamentales en las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y del Consejo de Europa para hablar del cumplimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Respecto de los asuntos que quedan pendientes, enumera la reforma laboral y la reforma educativa. El panista explica que se intentó llegar a acuerdos básicos para avanzar en el tema de la calidad y convocar a los actores involucrados, pero no ocurrió.

Indica que otro punto en el que no se pudo avanzar fue la reelección en el Congreso. (PM)

Otras reformas constitucionales

Obligación de la Federación, estados y municipios para garantizar el acceso a la información

Principios para fiscalizar, administrar y revisar las cuentas públicas

Suspensión de derechos y prerrogativas a los sujetos de un proceso penal hasta que exista una pena de prisión

Se considere prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta preescrita la acción penal

Derecho al acceso a la cultura y deber del Estado a promover las manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa

Legislación en materia de derechos de autor y otras figuras de propiedad intelectual

Educación media superior obligatoria

La educación preescolar y primaria impartida a pueblos indígenas debe ser bilingüe

Promoción de la igualdad en el acceso y permanencia en el sistema educativo y fomento de la no discriminación, la paz, la diversidad cultural, el cuidado al medio ambiente y la participación social en los planes de estudio

Remuneraciones a servidores públicos no pueden ser iguales o mayores a su superior jerárquico ni a la mitad establecida para el presidente de la República

Titulares de entidades paraestatales y órganos autónomos deben comparecer ante el Congreso de la Unión cuando se requiera información adicional para el análisis del Informe de Gobierno

Fuente: Cámara de Diputados

Las inasistencias

Faltas con y sin justificación a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la LX Legislatura hasta noviembre de 2008: 829

Número de diputados sin asistir: 297

Número de diputados del PRD sin asistir: 161

Número de diputados del PAN sin asistir: 103

Número de diputados del Convergencia sin asistir: 23

Número de diputados del PT sin asistir: 18

Número de diputados del PVEM sin asistir: 12

Número de diputados del PRI sin asistir: 8

Número de diputados del PSD sin asistir: 6

Número de diputados de Nueva Alianza sin asistir: 2

Fuente: Cámara de Diputados

Más de 2 mil 200 iniciativas a la congeladora

De las 2 mil 685 iniciativas presentadas y turnadas a comisiones, sólo 416 fueron aprobadas, mientras que 1 mil 954 están pendientes. Es decir que el 72 por ciento de las propuestas realizadas por el Ejecutivo Federal, el Senado, las legislaturas estatales, los partidos políticos y los diputados independientes corresponde a asuntos no resueltos.

Según el Estadístico por iniciativas presentadas y turnadas a comisiones agrupadas por período y origen, publicado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios en el portal de la Cámara de Diputados, se aprobaron 416 proyectos y 315 fueron desechados.

A lo largo del periodo legislativo ninguna iniciativa que proviniera del Ejecutivo fue rechazada. Sin embargo, cinco de sus proyectos están congelados: el que sugiere una aportación de seguridad social para atender enfermedades originadas por el tabaquismo; el que aumenta las responsabilidades tributarias de las entidades federativas, y el que incrementa la pena máxima de prisión de 60 a 70 años e incorpora la cadena perpetua.

Además, el que faculta al Congreso de la Unión para establecer delitos, faltas y sanciones contra la Federación cuando viole valores fundamentales, y el que da a los trabajadores facilidades para acceder a los recursos de sus subcuentas de vivienda.

Cerca de 100 iniciativas del Senado también están pendientes. En el tema del fomento a las micro y pequeñas empresas, propuso considerar estímulos fiscales a aquellas que contraten a personas con capacidades diferentes, madres solteras y adultos mayores de 40 años y jóvenes sin experiencia.

El Senado también sugirió la eliminación de la tenencia que desde 2006 fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Además la eliminación de las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación; del impuesto a los depósitos en efectivo; del impuesto empresarial a tasa única, y de los incrementos graduales al diésel.

Otras propuestas no resueltas son la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario; del Fondo para el Fortalecimiento de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología; del Fondo Federal de Inversiones Productivas, y de la Comisión Intersecretarial e Intersectorial para la Administración del Comercio Exterior de maíz blanco y frijol.

También en espera de resolución está la iniciativa de agregar al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal la operación de las instalaciones penitenciarias, la manutención, atención médica, medicinal, sicológica, social y jurídica de los internos; la instauración de programas de readaptación social, el seguimiento y la evaluación de las acciones señaladas.

En el ámbito laboral sugirió la inclusión de un seguro por pérdida involuntaria del empleo, al que tendrán derecho los trabajadores cesados sin causa justificada. Mientras que en el tema de conservación y protección al medio ambiente proyectó que las entidades de la administración pública federal fomenten la conservación de las tierras. Del Senado queda también aplazada la iniciativa para permitir la importancia y exportación de la planta cannabis o marihuana.

La fracción parlamentaria con el mayor número de iniciativas pendientes es el Partido de la Revolución Democrática, con 503; le sigue el Partido Revolucionario Institucional, con 470; el Partido Acción Nacional, con 400; el Verde Ecologista, con 147; Convergencia, con 99; Nueva Alianza, con 88; el Partido Socialdemócrata, con 45, y el Partido del Trabajo, con 31.

De manera conjunta, los grupos realizaron 83 proyectos, de los que 51 están congelados, es decir que sólo tres relativos al proceso electoral y partidos políticos fueron aprobados. Estas reformas aumentaron a 4 por ciento la votación requerida en dos periodos consecutivos para mantener el registro; prohibieron la contratación en radio y televisión e hicieron precisiones en las modalidades de coalición y candidaturas comunes.

Respecto de las 51 iniciativas que no están resueltas, destacan las propuestas relacionadas con la obligación del Estado a promover condiciones para que la igualdad de todas las personas sea real y efectiva; para reconocer como derechos humanos el acceso a la alimentación, nutrición, agua y carrera, y para incluir que toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia.

Del mismo modo, las fracciones sugirieron que se establezca como procedente el amparo por violaciones a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y que el sistema penitenciario debe ser organizado con base al respeto de los derechos humanos. De esta manera, los sentenciados tendrían derecho a un trabajo remunerado, a la seguridad social y al desarrollo integral de su personalidad.

También la tipificación de los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y la regulación de los juegos con apuestas y los sorteos son temas que quedaron a la espera de solución. Así como la creación de las comisiones de apoyo para deudores de la banca y de competitividad, y la inclusión de delito electoral a la contratación de tiempo en medios electrónicos e impresos de ciudadanos, para orientar el sentido del voto. Otras más están relacionadas con la protección de animales, auditorías ambientales y la obligación del Estado para promover acciones que prevengan las enfermedades mentales.

Ocho asuntos sin concluir corresponden a propuestas de los diputados sin partido: Félix Castellanos Hernández, Eduardo Sergio de la Torre y Humberto López Lena. El 30 de abril pasado, el último presentó iniciativa de reformas a los artículos 30, 41, 43 y 116 constitucionales, para que los ciudadanos que deseen ser candidatos sin partido político puedan solicitar su registro ante la autoridad electoral. Además para que se respeten los derechos de los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario.

Por separado, los legisladores sugirieron la creación de una Procuraduría Federal del Militante que proteja los derechos de los integrantes de los partidos políticos y que a los partidos de reciente registro no se les otorguen prerrogativas hasta que obtengan el 2.5 por ciento de la votación.

En trámite también están sus iniciativas sobre la declaración de la tierra como patrimonio familiar y la regulación de la expropiación, ocupación temporal, total o parcial. Asimismo, la promoción del desarrollo económico, social, cultural y ecológico en la comunidad en la que se ejecuten proyectos de generación de energías renovables. Y la modificación al Reglamento de la Ley General de Salud a fin de que se compruebe la información anunciada de los productos “milagro” ante la Secretaría de Salud y un notario público. (PM)

PRI- PAN, alianza que impidió avances: González Garza

Javier González Garza, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, dice que no se avanzó en temas importantes por la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI): “El problema fue que el segundo negociaba con el primero para darle quórum”.

El diputado señala que se salvó la agenda legislativa del PRD en algunos casos y en otros lograron que se aprobaran sólo ciertos puntos. Recuerda que por 17 días el PRD tomó la tribuna contra la reforma energética. Gracias al trabajo del partido, asegura, el paquete de modificaciones fue totalmente contrario a lo propuesto por Felipe Calderón. Sin embargo, expone que dos asuntos graves sucedieron en la legislatura: la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y la reforma del Estado.

De la primera, dice, se aprobó en condiciones muy “extrañas”. Ese proyecto de ley, recuerda, no fue conocido por ningún legislador. Por el contrario, se trató de un pacto entre la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, y el jefe del Ejecutivo. Relata que al presentarse la iniciativa en el pleno, el PAN y el PRI ya habían llegado a un arreglo. El partido del sol azteca sólo pudo detener su aprobación por nueve días.

Mientras, la segunda no se tradujo en leyes, con excepción de la reforma electoral. También parte de la reforma del Estado, las modificaciones sobre la obligatoriedad de la educación media y derechos humanos todavía no han sido aprobadas por el Senado.

Respecto de las reformas laboral y educativa, González Garza menciona que no hubo avances por las dificultades con el PAN y el PRI, pues se rehusaron a aprobar mecanismos de participación ciudadana. A la vez, la reforma judicial “quedó ensombrecida por modificaciones que introdujeron ambos partidos y el presidente: el allanamiento, el arraigo, el sistema de testigos protegidos y la intervención de comunicaciones”.

Como fracaso, califica el que la legislatura no haya logrado ningún juicio político. Entre ellos, enumera el de los gobernadores Enrique Peña Nieto, por lo sucedido en San Salvador Atenco; Ulises Ruiz, por los actos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; Mario Marín, por el caso de Lidia Cacho. “No ocurrieron por el pacto entre el PAN y el PRI para no tocarlos”.

A iniciativa del PRD se formó la Comisión Especial de Seguimiento de los Contratos de Pemex-Refinación de 1997 a la fecha, que investigaba las relaciones entre Ivancar, propiedad de la familia Mouriño y Petróleos Mexicanos. Pese a las más de 190 firmas para su creación, explica que el PRI se prestó para que ninguno de los firmantes fuera integrante de ella: “Hicieron una comisión ad hoc, presidida por el Partido Verde, con el propósito de declarar inocente a Mouriño”. (PM)